El Parlamento francés ha dado marcha atrás. La Asamblea Nacional ha retirado la propuesta que obligaba a los ciudadanos a declarar sus wallets de autocustodia de bitcoin y otras criptomonedas, es decir, los monederos personales que cada usuario gestiona por su cuenta sin depender de un exchange. La razón oficial: registrar quién tiene cripto y dónde lo guarda exponía a los titulares a robos, secuestros y extorsiones.
La decisión llega después de meses de debate y de varios episodios violentos en Francia contra empresarios y figuras conocidas del sector cripto. El argumento de los diputados que tumbaron la medida es sencillo: una lista oficial de propietarios de bitcoin con sus direcciones es, en la práctica, una guía para delincuentes.
Qué iba a obligar la norma y por qué se ha caído
El texto retirado planteaba ampliar el régimen fiscal francés para incluir los monederos no custodiados, los que controla directamente el usuario mediante una frase semilla (las doce o veinticuatro palabras que dan acceso a los fondos). Hasta ahora, los franceses ya declaran sus cuentas en exchanges extranjeros como Coinbase o Binance. La novedad habría sido tener que reportar también los monederos personales, esos que no dependen de ninguna empresa intermediaria.
Según ha trascendido del debate parlamentario, varios diputados advirtieron de que ese registro creaba un riesgo físico para los contribuyentes. Francia ha vivido en los últimos dos años una oleada de ataques dirigidos contra perfiles vinculados al sector: secuestros exprés, intentos de extorsión y agresiones a familiares de empresarios cripto. La idea de centralizar quién posee qué, en un país con esa casuística, terminó pesando más que el objetivo recaudatorio.
Conviene recordar que la autocustodia es uno de los pilares originales de Bitcoin: la posibilidad de guardar el dinero sin pedir permiso a un banco ni a una plataforma. Quien tiene la frase semilla, tiene los fondos. Esa misma característica es la que complica cualquier intento regulatorio de saber con precisión cuánto cripto hay y en manos de quién, y la que ha hecho saltar las alarmas sobre la seguridad de los registros oficiales.
Qué supone para los usuarios y para el resto de Europa
Para el ciudadano francés con bitcoin guardado en un Ledger o un Trezor (las dos marcas más conocidas de monedero físico), la noticia es directa: no tendrá que comunicar a Hacienda la existencia de esos monederos ni sus direcciones. Las obligaciones fiscales sobre las plusvalías al vender o intercambiar cripto siguen vigentes, eso no cambia. Lo que se ha caído es el registro previo de la herramienta, no el impuesto sobre la ganancia.
El movimiento francés llega además en pleno despliegue de MiCA, el reglamento europeo de mercados de criptoactivos que entró en vigor de forma plena a finales de 2024. MiCA regula a los proveedores de servicios (exchanges, emisores de stablecoins, custodios profesionales), pero deja deliberadamente fuera de su alcance la autocustodia individual. Lo puedes consultar en la página oficial de la Comisión Europea sobre criptoactivos. Que un Estado miembro como Francia intente endurecer por su cuenta lo que MiCA dejó al margen, y que después rectifique, marca un precedente que otros parlamentos europeos seguirán con atención.
Una rectificación con lectura más amplia
La marcha atrás francesa no es solo un detalle técnico fiscal. Es el reconocimiento, por parte de un parlamento de un país del G7, de que regular cripto sin entender sus particularidades puede provocar daños mayores que el problema que se quería resolver. El precedente más claro está en India: cuando en 2022 el gobierno impuso una retención del 1% sobre cada operación cripto, el volumen en los exchanges locales se desplomó más de un 70% en pocos meses, según los datos públicos de las propias plataformas. La actividad no desapareció, se desplazó a canales informales y a plataformas extranjeras.
Aquí el riesgo era distinto pero la lógica parecida. Obligar a registrar wallets personales no habría hecho aflorar más dinero a Hacienda; habría empujado a parte de los usuarios a moverse fuera del radar oficial y, en el peor escenario, habría dejado expuesta una lista jugosa para cualquiera con malas intenciones. Que los propios diputados lo reconozcan en voz alta es algo que no se veía hace cinco años, cuando el debate público sobre cripto en Europa oscilaba entre el rechazo frontal y el silencio.
Hay un matiz importante, eso sí. Esta retirada no es una bendición regulatoria al sector ni significa que Francia vaya a relajar el resto de obligaciones. Las plusvalías siguen tributando, los exchanges franceses siguen sometidos al régimen MiCA y la Autorité des Marchés Financiers mantiene su exigencia de licencia para los proveedores. Lo que se reconoce es algo más concreto: la autocustodia, por su naturaleza, es difícil de fiscalizar sin generar efectos secundarios serios.
La pregunta que queda abierta es si otros países europeos seguirán el mismo camino o intentarán fórmulas intermedias. España, Alemania e Italia han mirado de reojo el debate francés. Cualquier movimiento en una de esas capitales, en los próximos meses, va a leerse a la luz de lo que acaba de pasar en París.
