Renfe sigue buscando distintas formas de justificar el proyecto de creación de una nueva empresa de autobuses dedicada específicamente a cubrir los servicios especiales cuando la empresa deba interrumpir alguna de sus rutas de tren. Esta nueva empresa, de la que controlará el 51% una vez que se elija el ganador de la licitación, ha generado críticas tanto desde la Comunidad de Madrid como desde las patronales del sector del autobús, pero para la empresa pública sigue siendo una prioridad.
Su presidente, Álvaro Fernández Heredia, insiste en que esta operación es necesaria no solo por los problemas que han tenido los servicios de Renfe —desde el Cercanías hasta la Alta Velocidad— en los últimos años, sino por los planes de obras de Adif para los próximos 10 años. Para el directivo no se trata solo de los más de 10 millones de euros que se podrían ahorrar en este periodo, sino de prepararse para los cambios necesarios en las vías, más allá de los problemas generados por el accidente en Adamuz.
Y es que hay varios proyectos que parecen necesarios en los próximos años, como ha dejado claro la empresa. No es solo la mejora de las vías en los servicios de Cercanías, sino la modernización de las rutas de alta velocidad del norte del país para llevarlas todas al ancho internacional; un problema que han señalado Ouigo e Iryo en la CNMC, pues no ha permitido que se avance en la segunda etapa de la liberalización del sistema.
De todos modos, la apuesta sigue siendo complicada. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha puesto una pausa forzosa al proceso de licitación, alegando que el proceso de contratación podría generar «perjuicios de difícil o imposible reparación» de seguir adelante en las condiciones actuales. Aun así, algunas empresas del sector ya habían presentado su oferta inicial, y desde la empresa pública se espera que puedan seguir adelante.
UN PLAN QUE NO GUSTA EN EL SECTOR
Lo cierto es que dentro del sector del autobús no ha gustado demasiado el nuevo plan de Renfe. Es un problema complejo dentro de la industria, sobre todo por el riesgo real que existe de que el proyecto se convierta en un oligopolio que, además, afecte a un sector que cuenta con los contratos públicos como una pieza clave del plan empresarial.
La empresa pública, por su parte, ha acusado al sector del autobús de funcionar como un cártel que abusa de su posición cuando desde Renfe se requiere un contrato temporal para reforzar un trayecto o reemplazar el servicio del tren cuando hay una interrupción en las vías. Es un problema que este año ha sido clave para la empresa por la interrupción de algunos trayectos de tren por las obras de reparación e inspección de todo el sistema realizadas por Adif tras el accidente en Adamuz.
RENFE ESPERA FACILITAR PROCESOS
Según la propia Renfe, la empresa ha tenido problemas en el pasado cuando ha tenido que buscar opciones alternativas a sus servicios ferroviarios. La empresa pública señala que, en ocasiones, los concursos que han abierto para buscar la empresa que preste el servicio temporal han quedado desiertos en primera instancia, y han dejado a la pública sin más opciones que aumentar el precio del contrato por encima de lo que consideraban necesario.
En cualquier caso, la empresa pública considera este contrato como una forma de blindar sus datos. A pesar de que el contrato está valorado casi en 1 000 millones de euros, su cálculo es que un solo acuerdo con una gran empresa, en lugar de buscar una solución en cada una de las incidencias, puede acabar ahorrando alrededor de 195 millones de euros en los próximos diez años.
Parte del problema es que las exigencias mínimas de la licitación solo dejan a unas pocas empresas españolas con posibilidad de presentarse en solitario para la misma. El punto clave es la cantidad de autobuses necesarios para presentarse en la licitación, que solo deja a Alsa y Avanza entre las opciones españolas.
UN MOMENTO DELICADO PARA RENFE
La realidad es que Renfe ha tenido problemas para afrontar la situación del inicio de este año por los problemas tanto del sistema de alta velocidad como el de Cercanías, sobre todo en el primer trimestre del año. No es un dato secundario, sobre todo porque, mientras pasan las semanas, la directiva de la empresa se siente más cómoda señalando a Adif por la situación.
Esta misma semana, el presidente de Renfe ha asegurado que son una «víctima más» del accidente de Adamuz, lo que muestra un quiebre complicado con la encargada de las vías de tren del país. Dado que son dos empresas públicas, es una situación interesante, pues puede marcar cambios reales en el futuro de esta industria.
