La apuesta de Renfe por crear una nueva empresa de autobuses que sirva para cubrir sus servicios especiales cuando haya problemas con el sistema ferroviario ha generado muchas dudas en el sector. Las patronales han asegurado que es una medida que atenta contra la competencia, y desde el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) se ha tomado la decisión de congelar la licitación, al menos temporalmente.
Aun así, la empresa pública ha defendido la necesidad de esta medida. Por un lado, señalan que les ahorraría millones de euros en casos como el de este año, cuando han tenido que ofrecer una parte del trayecto en autobús para seguir transportando a los usuarios hasta Málaga. Pero, además, han señalado directamente a las patronales del sector de autobuses como un «cártel» por los precios abusivos en este tipo de situaciones.
Para Renfe, se trata de un problema de «dinámicas de mercado que han tensionado los precios» y de situaciones en las que ha tenido que afrontar «precios abusivos» por parte de estas empresas. Pero, según El Economista, la posición es todavía radical internamente, señalando fuentes internas que definen los movimientos del sector del autobús en estas situaciones como un «oligopolio». Es una situación compleja, pues la decisión de los tribunales de frenar la licitación no ha evitado que haya hasta nueve empresas interesadas, según el portal de contratación.
De hecho, parte de las empresas de la principal patronal del sector en España, Confebus, se han presentado a la licitación. Entre ellas se incluyen Alsa y Avanza, las dos empresas del sector que tienen la capacidad de conseguir el acuerdo sin el apoyo de otro competidor. De momento tendrán que esperar a que se reanude el proyecto, si es que ocurre, aunque desde Renfe lo han considerado una pieza clave para evitar sobreprecios en los próximos años.
EL RETO DE CONSEGUIR LAS EMPRESAS PARA LOS SERVICIOS ALTERNATIVOS
Según la propia Renfe, la empresa ha tenido problemas en el pasado cuando ha tenido que buscar opciones alternativas a sus servicios ferroviarios. La empresa pública señala que, en ocasiones, los concursos que han abierto para buscar la empresa que preste el servicio temporal han quedado desiertos en primera instancia, y han dejado a la pública sin más opciones que aumentar el precio del contrato por encima de lo que consideraban necesario.
En cualquier caso, la empresa pública considera este contrato como una forma de blindar sus datos. A pesar de que el contrato está valorado casi en 1.000 millones de euros, su cálculo es que un solo acuerdo con una gran empresa, en lugar de buscar una solución en cada una de las incidencias, puede acabar ahorrándole alrededor de 195 millones de euros en los próximos diez años.
Parte del problema es que las exigencias mínimas de la licitación solo dejan a unas pocas empresas españolas con posibilidad de presentarse en solitario para la misma. El punto clave es la cantidad de autobuses necesarios para presentarse en la licitación, que solo deja a Alsa y Avanza entre las opciones españolas.
De cualquier modo, el reto clave, además de superar los problemas legales de la oferta, es que las empresas interesadas se mantengan. La realidad es que, con la negativa de la patronal, queda en manos de la empresa pública intentar calmar las aguas o, de lo contrario, pueden encontrarse con un proceso legal que haga inviable la licitación, incluso si acaban por ganarla.
¿RENFE ESPERA PROBLEMAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS?
La realidad es que las críticas no han llegado solo de las patronales del sector del autobús y del transporte. En la práctica, se ha señalado el movimiento de Renfe como una forma de tapar por adelantado los problemas que el servicio asume que tendrá, en lugar de revisarlo para evitar algunos de los grandes contratiempos que han tenido en los últimos años. Además, la oferta ha aparecido en un año marcado por el accidente en Adamuz y los problemas del servicio de Rodalies.
En cualquier caso, desde Renfe se insiste en la necesidad de crear esta nueva empresa. Si el proyecto llega a buen puerto, la operadora controlará el 51% de la misma, mientras que la ganadora de la licitación controlará el 49%, lo que permitirá contar siempre con autobuses disponibles para el servicio alternativo.
MADRID TAMBIÉN PROTESTA CONTRA EL NUEVO «CHIRINGUITO» DE RENFE
La patronal no ha sido la única que ha reclamado contra el nuevo proyecto de Renfe. Desde Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha insistido en que la medida puede expulsar del mercado al «99%» de las empresas del sector.
Tras reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra), Rodrigo ha reiterado que este «chiringuito» creado para «tapar fallos» dejará fuera a más de 480 compañías y cerca de 10.000 puestos de trabajo directos.
