El desalojo previsto para hoy del asentamiento de Sa Joveria, en Ibiza, no es un episodio aislado ni una anomalía en el paisaje balear. Es, más bien, la expresión más visible de una crisis estructural que combina precios desbordados, falta de vivienda asequible y respuestas institucionales que llegan tarde o no llegan. Mientras las administraciones actúan con rapidez para vaciar poblados chabolistas, la capacidad para garantizar alternativas habitacionales sigue siendo, en el mejor de los casos, limitada.
El mes pasado, el precio de la vivienda en Baleares alcanzó los 5.236 euros por metro cuadrado, con un incremento del 9,1 % respecto al mismo mes del año anterior. El alquiler, por su parte, se situó en 19,7 euros por metro cuadrado, un 6,3 % más interanual, según datos de Idealista. Son cifras que consolidan al archipiélago como uno de los mercados más tensionados de España y que explican, en gran medida, la proliferación de asentamientos informales en los últimos años.
Sa Joveria llegó a acoger el pasado verano a cerca de medio millar de personas repartidas en unas 200 chabolas. Trabajadores, en su mayoría jóvenes, muchos empleados en la construcción, que encontraron en ese terreno la única alternativa posible ante la imposibilidad de acceder a un alquiler. Con el final de la temporada turística, la población del asentamiento se redujo progresivamente, también empujada por los avisos constantes de desalojo.
En los días previos a la intervención, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional recorrieron la zona informando a los residentes. Carteles, visitas puerta a puerta y una salida escalonada marcaron el ritmo de un proceso que culmina con el abandono definitivo del terreno. Los últimos habitantes, muchos de origen magrebí, empaquetaban sus pertenencias sin tener claro cuál sería su próximo destino.
Tras de sí dejan estructuras precarias de madera, enseres inservibles y residuos acumulados durante meses. Pero también dejan una pregunta abierta: ¿dónde van ahora? Para los últimos en marcharse, el Ayuntamiento ha anunciado la presencia de técnicos de servicios sociales. Una respuesta que, aunque necesaria, resulta claramente insuficiente ante un problema de escala mucho mayor.
El contraste dentro del propio asentamiento ilustra la complejidad del fenómeno. En una zona más reducida, cerca del hospital y el colegio de Can Misses, permanecen unas 25 caravanas donde aún residen familias, incluidas mujeres y niños. Algunos de sus ocupantes ya han pasado por desalojos anteriores, como el de Can Rova, y afrontan este nuevo episodio con la experiencia amarga de quien sabe que la solución difícilmente será definitiva.
La escena resulta casi surrealista: niños en el recreo, pacientes en el hospital cercano y, a escasos metros, personas que sobreviven en vehículos en estado ruinoso. Es la convivencia forzada de dos realidades que rara vez se cruzan en el debate público, pero que comparten un mismo territorio. Mientras tanto, en Mahón, unas 200 personas salieron a la calle el pasado sábado para denunciar una situación que califican sin ambages: «un drama social».
La protesta, convocada por la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne, puso el foco en el creciente éxodo de residentes incapaces de asumir los precios del alquiler. En su manifiesto, advirtieron de que la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible es «una emergencia colectiva» derivada de un modelo que «ha convertido la vivienda en un negocio».
No se trata, insistieron, de «un problema individual» ni de «casos aislados», sino de una tendencia estructural que amenaza con intensificarse en los próximos meses pese a la oportunidad que se ha abierto con la prórroga del alquiler de la vivienda tras la aprobación de un decreto por parte del Consejo de Ministros.
El trasfondo de esta situación se remonta, según distintos análisis, a décadas de presión inmobiliaria deivada por factores como la inversión internacional, el auge del alquiler turístico y el impacto de la pandemia, que actuó como acelerador de la revalorización inmobiliaria.
Qué hacer con la vivienda en Baleares
En este contexto, el debate político gira en torno a las herramientas disponibles para contener los precios y ampliar la oferta de vivienda asequible. La ley estatal de vivienda contempla mecanismos como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres, pero su aplicación depende en gran medida de las comunidades autónomas.
En Baleares, el Govern, presidido por Marga Prohens del Partido Popular, ha descartado por ahora activar estas medidas. La decisión, alineada con la dirección nacional del partido, ha sido objeto de críticas por parte de colectivos sociales y organizaciones que reclaman una intervención más decidida del mercado.
Para estos grupos, la negativa a aplicar instrumentos de contención contribuye a perpetuar un escenario en el que los precios continúan al alza sin freno efectivo. El resultado es un modelo en el que conviven indicadores económicos de éxito —revalorización inmobiliaria, atracción de inversión— con síntomas crecientes de exclusión residencial.
