La actividad de las empresas de ‘desokupación’ se ha consolidado como uno de los fenómenos más polémicos del mercado inmobiliario español. Lo que comenzó como un nicho empresarial vinculado a la recuperación de viviendas ocupadas se ha convertido, con el paso de los años, en un foco constante de controversia política, mediática y judicial.
En paralelo, el debate sobre su regulación sigue bloqueado: el PSOE rechaza impulsar cambios legislativos específicos, pese a las reiteradas demandas de Podemos para limitar o prohibir este tipo de compañías.
El resultado es un escenario cada vez más tensionado, donde los conflictos que estas empresas gestionan —o dicen gestionar— acaban con creciente frecuencia en los tribunales. La falta de un marco claro no ha frenado su expansión, pero sí ha multiplicado las dudas sobre sus métodos.
Firmas como Desokupa se presentan como intermediarias que actúan en conflictos relacionados con la posesión de viviendas. Esta firma asegura que se dedica a la mediación y en facilitar acuerdos entre propietarios y ocupantes.
Sin embargo, su forma de actuar ha sido objeto de críticas recurrentes. Según su propio modelo operativo, estas empresas suelen verificar la situación legal del inmueble y, en una primera fase, intentan negociar la salida de los ocupantes. Si no hay acuerdo, pasan a controlar el acceso a la vivienda, vigilando entradas y salidas para impedir que quienes abandonan el inmueble puedan volver a entrar.
Este punto es clave: aunque algunas interpretaciones sostienen que ese control puede ser legal en determinadas circunstancias, también existen advertencias jurídicas sobre posibles vulneraciones del Código Penal, especialmente en materia de coacciones. La ambigüedad es evidente. No se trata de actuaciones claramente ilegales en todos los casos, pero tampoco de un terreno completamente seguro desde el punto de vista jurídico.
El caso de Guardamar: síntoma de un problema mayor
Un ejemplo reciente que ilustra esta tensión ha ocurrido en la provincia de Alicante. Según El Salto, en la localidad de Guardamar se produjo un intento de desalojo extrajudicial por parte de la compañía Desokupaciones Team CR que terminó con personas heridas y daños materiales. De acuerdo con esa información, un grupo ligado a la citada empresa trató de expulsar a una mujer de su vivienda pese a que esta contaba con un contrato de alquiler en vigor.
La situación, lejos de resolverse mediante negociación, derivó en un episodio de hostigamiento continuado. La afectada denunció haber sufrido presiones durante meses, incluyendo cortes de suministros básicos, intentos de acceso a la vivienda y episodios de violencia física.
El relato incluye agresiones, rotura de puertas y ventanas y la sustracción de objetos personales, además de un clima constante de intimidación que obligó a la inquilina a reforzar su propia casa para evitar nuevas entradas. Durante uno de los incidentes más graves, varias personas del entorno de apoyo resultaron heridas, una de ellas tras ser arrastrada por el suelo. La Guardia Civil acudió al lugar, aunque su intervención se limitó a identificar a los presentes. Tras su marcha, los episodios de presión habrían continuado, tal y como señala el citado medio.
Más allá de un caso aislado
Aunque situaciones como la de Guardamar concentran la atención mediática, no son episodios completamente excepcionales. En los últimos años se han documentado intervenciones conflictivas en distintos puntos del país, algunas de las cuales han derivado en investigaciones judiciales. A partir de 2024, la controvertida actividad de estas empresas ha experimentado una creciente judicialización.
Se han abierto diligencias por presuntos delitos que van desde coacciones hasta allanamiento de morada, y en algunos operativos se han producido detenciones. En otros casos, los procedimientos han terminado en sanciones por vulneración de derechos, como el uso de imágenes sin consentimiento. También se han registrado episodios con enfrentamientos físicos y disturbios, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para clarificar el marco legal.
Desokupa, la más famosa del sector
La actividad de Desokupa ha estado rodeada de episodios concretos que han alimentado su polémica pública y su creciente presencia en los tribunales. Uno de los ejemplos más claros se produjo en la pedanía de La Alberca (Murcia) en 2024, durante un operativo conjunto con otras empresas.
Según las denuncias recogidas en la investigación, varios trabajadores accedieron a viviendas sin autorización judicial, forzando puertas y cambiando cerraduras incluso con moradores en el interior. Los afectados denunciaron amenazas, coacciones y daños materiales, lo que derivó en un operativo policial con detenciones y la apertura de diligencias por posibles delitos como allanamiento de morada.
Otro caso relevante tuvo lugar en Vallecas (Madrid) en 2025, donde una intervención vinculada a este entorno acabó en una reyerta multitudinaria con varios heridos y detenidos. En el ámbito judicial, también destaca la condena de 2023 contra la empresa por vulnerar el derecho a la imagen de una persona grabada durante una actuación.
Además, la Fiscalía ha abierto investigaciones en distintos momentos contra su entorno por cuestiones como posibles delitos de odio vinculados a declaraciones públicas de su polémico fundador, Daniel Esteve, lo que ha ampliado la controversia más allá de las intervenciones presenciales.
