Finalmente el entramado de promesas, alianzas, concesiones y condonaciones urdido por Pedro Sánchez ha dado su fruto y, tres meses después de las elecciones, el Gobierno en funciones da paso a un Ejecutivo plenipotenciario. Lo hace en un ambiente crispado, con la calle en ebullición, una imagen deteriorada y muchos frentes abiertos en economía; uno de ellos es el de la energía, cuyo tejido productivo está entre los más frustrados por las políticas que se han llevado a cabo durante la anterior legislatura y su posterior interregno.
LOS DESVARÍOS TARIFARIOS
El momento histórico que vivimos es una encrucijada: ante España se abren dos caminos; uno lleva a una transición energética ordenada y con garantías y el otro se pierde en una descarbonización caótica, problemática y conflictiva.
La brutal inestabilidad de los precios eléctricos apunta a lo segundo: durante las últimas semanas la tarifa regulada ha pasado de provocar migrañas a los consumidores con picos de más de 150 euros el megavatio hora (MW/h) a acercarse a la jauja de los 0 MW/h. Las duras tormentas que azotaron la península a principios de noviembre ‘dieron cuerda’ a los molinos eólicos de tal manera que la generación resultante deshinchó unos precios de la luz atrapados en una suerte de ‘burbuja’.
En suma, las borrascas dejaron frío, inundaciones y destrozos; pero también trajeron un regalo: un tramo de producción energética abundante, barata y limpia. Sin dudas se trata de un tanto que el parque de energías renovable español se puede apuntar, pero también evidencia la inestabilidad de un mercado eléctrico demasiado vinculado a los antojos del clima.
UNA REFORMA ELÉCTRICA A LA MEDIDA DE FRANCIA
Conseguir un mercado eléctrico comunitario más seguro y estable es precisamente uno de los objetivos de la reforma que se está gestando en el seno de la Unión Europea (UE) y que el pasado 17 de octubre superó uno de los obstáculos más prominentes para su desarrollo. Aquel día, los veintisiete alcanzaron un principio de acuerdo que sentaba las bases regulatorias del cambio; el problema es que para alcanzar el consenso los países miembros tuvieron que pasar por el aro impuesto por París.
Los contratos eléctricos por diferencia (CDF), uno de los puntos fundamentales de la ‘fumata blanca’, finalmente incluyeron a las nucleares, aspecto introducido para satisfacer a Francia, la primera potencia atómica de Europa. En este tipo de contratos, el vendedor de la energía se compromete con el comprador -generalmente un Estado- a pagar la diferencia entre el precio en el momento de la compra y el momento de la firma. La generalización de esta forma de contratación se considera fundamental para estabilizar los precios eléctricos y reducir la volatilidad.
Inicialmente los CDF estaban pensados para la generación renovable, pero su aplicación a la energía extraída de las plantas de uranio fue una victoria política para el Elíseo, que fortalece aún más su posición de privilegio como ‘Rey Midas’ de la energía en el Viejo Continente. Eso no impidió que la ministra para la Transición Ecológica española, Teresa Ribera, celebrase exultante haber cumplido su objetivo, que no era otro que el de desbloquear el acuerdo. «Me enorgullece decir que hemos dado un paso estratégico hacia el futuro de la UE», dijo.
EL PNIEC Y LA INVERSIÓN EN REDES
Todo el sector eléctrico ha lanzado un grito unívoco: la inversión en redes que prevé el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no es la adecuada ni es suficiente. Tanto a nivel colectivo como individual, los actores del panorama energético español han advertido que si no se eliminan las limitaciones, la transición ecológica y los objetivos de renovables podrían ser papel mojado.
Por el momento, las inversiones estimadas en este apartado están en torno a los 53.000 millones de euros. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que integra a Iberdrola, Endesa y EDP España, advirtió que, para cumplir los objetivos de descarbonización de la economía, la gobernanza debe ser más ambiciosa en la política de financiación. «Se debe ser consciente de la importancia que supone tanta integración de renovables», dijo la presidenta, Marina Serrano.
De igual modo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no dudó en sumarse a esta corriente subrayando la necesidad de «incrementar las inversiones en redes eléctricas para hacer posible la transición energética». Galán condicionó el éxito de la descarbonización a la ampliación de estas partidas: «Por cada euro que se invierta en renovables debe invertirse un euro en redes eléctricas», agregó.
UN GOBIERNO EMPECINADO CON EL ABANDONO NUCLEAR
Otro de los aspectos en que el Ejecutivo de Sánchez ha ido, y seguirá yendo, a contracorriente es el de las nucleares. Mientras en la UE esta energía goza de un renovado reconocimiento, en España uno de los términos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, clave en la investidura, es el de acabar con el parque atómico español. Sin excepciones, sin condiciones y sin vuelta atrás.
Dado el enorme peso que tiene la nuclear dentro del ‘mix’ eléctrico español -un 20,2% de la generación total, según datos de Red Eléctrica Española (REE)- no han faltado las voces que califican esta medida de puramente política y alejada de cualquier consideración técnica o económica.
Recientemente, el Círculo de Empresarios tomó la palabra en el debate haciendo un alegato contra los «posicionamientos ideológicos» que a su juicio condicionan el ‘cerrojazo’ atómico, abogando por la prolongación de la vida útil de las centrales.
LOS VIENTOS SEMBRADOS CON EL ‘IMPUESTAZO’ GERMINAN EN TEMPESTADES
Si hay una decisión que ha levantado polvareda en el escenario de la energía nacional es el de la tasa extraordinaria a los beneficios de las empresas energéticas. Organizaciones como Endesa y Repsol han visto reflejado en sus balances el negativo impacto del gravamen, que de mantenerse, amenaza con desatar un aguacero de consecuencias en las finanzas del sector y represalias por parte de su gobernanza.
Las proyecciones no son nada displicentes con la influencia del ‘impuestazo’: hace escasas fechas, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha advertido de que su prórroga, contemplada en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Sumar, «pone en riesgo 16.500 millones de inversiones para la transición energética».
La compañía que ha mostrado más beligerancia respecto al tributo ha sido Repsol, cuyo CEO, Josu Jon Imaz, advirtió durante la presentación de resultados que la petrolera «podría replantearse su negocio en España» si la tasa se mantiene.
