El proyecto de ley por el que se crea la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y bancos, afrontará este jueves su último trámite en el Congreso con su debate y votación en Pleno.
Salvo sorpresa de última hora, la Cámara Baja aprobará este proyecto de ley después de haber superado su fase en comisión con el único rechazo de Vox –que presentó en su momento una enmienda a la totalidad por no considerar necesaria la Autoridad– y la abstención del PP y de Junts. Eso sí, para haber conseguido los apoyos suficientes, el texto original ha sido enmendado por varios grupos durante la tramitación parlamentario.
La modificación más relevante, y que era la que más escollos levantó al principio, era la tasa con la que se financiaría este nuevo organismo. En un principio, el Gobierno proponía una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que pagar cada vez que la Autoridad admitiera a trámite una reclamación de un cliente. Esta idea fue rechazada por varios grupos parlamentarios y también por el sector bancario.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos se abrió a negociar la financiación del ente, de modo que la fórmula final es bastante diferente al planteamiento original. Así, varios grupos llegaron a un acuerdo mediante una enmienda transaccional para aplicar un nuevo sistema que premie a los bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes y castigue más a aquellos que menos cumplan.
La nueva idea, que ya se incluyó en el informe de la Ponencia, ya no será exigir 250 euros por reclamación, sino que la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual que variará en función de la entidad y los acuerdos alcanzados.
ENMIENDA SOBRE MOROSIDAD
Pero el proyecto de ley no sólo regula la creación de este nuevo ente. También incluye otras modificaciones legislativas relativas al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en materia de subvenciones.
Sobre este último punto se introdujo a última hora una enmienda para permitir a empresas morosas participar en subvenciones por encima de los 30.000 euros con cargo a los fondos europeos.
En concreto, se trata de una nueva disposición que modifica la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir a empresas emprendedoras acogerse a las ayudas desplegadas en el marco del último decreto anticrisis, aprobado en diciembre de 2022. Eso sí, se hará una revisión a los seis meses y si la empresa no está al corriente de pago le será exigible el cobro efectivo de la subvención de forma íntegra.
No fue este el único cambio introducido en comisión. También se incluyó una nueva fórmula para flexibilizar la forma de financiación de los proyectos elegidos en el marco de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, el conocido como Perte Chip.
Por otro lado, se incluyeron modificaciones relativas a garantizar una mejor atención en los bancos a personas con discapacidad y un mayor castigo en forma de multas para aquellas reclamaciones que se presenten con mala fe.
