El cierre nuclear español tiene por primera vez una grieta verificable en el calendario oficial. Endesa ganó 1.962 millones de euros hasta septiembre, un 15% más, y su consejero delegado, Gianni Armani, usó esa solidez para abrir la puerta a revisar el apagón ordenado del parque.
No fue una ocurrencia al margen del guión. La frase llegó en la conferencia con analistas de resultados, el foro donde un primer ejecutivo habla para el mercado y no para el titular de portada. Armani describió la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 como una decisión que ‘cambia solo por unos pocos años la extensión de la vida útil’, pero que ‘establece algunos de los pilares clave para una evaluación futura’.
Beneficio de 1.962 millones y una fecha que lo cambia todo
El dato duro es la cuenta de resultados: 1.962 millones de euros de beneficio en los nueve primeros meses del año, un 15% más que en el mismo periodo de 2025. La cifra llega en un ejercicio condicionado por el coste de operar el sistema eléctrico en modo reforzado y por un debate regulatorio que la compañía considera estrictamente abierto.
La cifra agregada no distingue por sí sola entre redes, generación y comercialización, y esa distinción es la que explicaría por qué la compañía se siente cómoda abriendo el debate nuclear justo ahora. El orden de magnitud, en todo caso, es inequívoco: un 15% de crecimiento con los costes de sistema al alza.
El otro dato es la fecha. Almaraz, en la provincia de Cáceres, opera con una extensión autorizada hasta junio de 2030, fruto de la decisión adoptada en agosto. El Gobierno mantiene oficialmente el cierre del resto del parque en 2035. Ahí está la tensión: una cosa es prorrogar un reactor unos años y otra aceptar que el conjunto del modelo nuclear español pueda reordenarse.
Armani sostuvo que la capacidad firme que aporta la nuclear ‘es estratégicamente necesaria’ y que ‘está menos expuesta a la volatilidad del mercado’. En el mismo turno añadió la objeción que la industria repite desde hace años: la ‘enorme carga impositiva’ que soporta la tecnología. El equilibrio del mensaje importa. No reclamó una marcha atrás política; describió las condiciones que, a su juicio, la harían defendible.
La prórroga de Almaraz no cambia el calendario nuclear por sí sola: cambia el marco mental en el que ese calendario se va a discutir durante los próximos doce meses.
Conviene recordar cómo funciona el mecanismo. Cada renovación pasa por el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y por la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica. No es un acto automático ni un derecho adquirido: es una decisión administrativa revisable sobre la que el operador construye sus inversiones de mantenimiento. Por eso una prórroga de cuatro años, modesta en términos energéticos, tiene un valor de señal muy superior a su duración.
Servicios auxiliares: la factura que ya supera los 4.000 millones
Menos interpretable y bastante más caro. El consejero delegado de Endesa cifró en más de 4.000 millones de euros el coste de los servicios auxiliares a finales de septiembre y proyectó un cierre de año entre 5.500 y 6.000 millones. El origen está en la operación reforzada del sistema eléctrico puesta en marcha tras el apagón del 28 de abril de 2025, un episodio que reordenó las exigencias de respaldo y tensión en la red.
Los servicios auxiliares son la capa de seguridad que mantiene el equilibrio entre generación y demanda. Su coste no es un capricho contable: es la prima que paga el sistema por no volver a caerse. El problema es quién la paga y con qué fórmula.
El detalle importa porque el sistema no ha vuelto a operar con la arquitectura anterior. La operación reforzada añadió exigencias de reserva, tensiones de control y protocolos que encarecen cada hora de funcionamiento, con independencia de cómo evolucione la demanda. El sobrecoste no desaparece cuando el sistema se estabiliza. Se queda instalado en la estructura.
Aquí el matiz de Armani fue preciso. Los clientes domésticos con contrato en el mercado liberalizado han quedado ‘en gran medida’ protegidos, mientras los consumidores sin coberturas a plazo asumen la exposición. ‘Es claramente un impacto significativo’, reconoció, antes de matizar que el diseño actual traslada volatilidad a quien no tiene instrumentos para absorberla.
De ahí su propuesta: convertir ese coste en un cargo regulado y compartido, al estilo del modelo portugués. ‘Siendo este un coste compartido por seguridad que debería ser asumido por todos los consumidores’, defendió. La idea no es nueva en el debate regulatorio español, pero sí es la primera vez que una de las tres grandes eléctricas la formula con la cifra de cierre de ejercicio sobre la mesa.
El coste de la seguridad del sistema ya se mide en miles de millones; lo que sigue sin definirse es el reparto entre consumidores, comercializadoras y presupuesto público.
Análisis: un calendario que se mueve por la vía de los hechos
La secuencia es reveladora. El Ejecutivo sostiene que el calendario nuclear sigue en 2035. A la vez, autorizó llevar Almaraz hasta mediados de 2030. Entre esas dos afirmaciones no hay contradicción formal, pero sí un desplazamiento práctico: cada prórroga individual crea un precedente administrativo que hace más difícil justificar el apagón escalonado del resto de reactores sin volver a abrir el expediente completo.
El sector lo entiende así porque el argumento económico ha cambiado. La nuclear aporta capacidad firme y previsible en un sistema con más renovables intermitentes y con un coste de respaldo que ya se cuenta en miles de millones. Esa es la palanca que Armani activó al emparejar dos cifras en la misma comparecencia: 1.962 millones de beneficio y una factura de servicios auxiliares camino de los 6.000 millones.
El riesgo evidente está en el otro lado del balance. Reabrir el calendario exige definir antes el régimen fiscal y retributivo que la propia industria considera asfixiante, y ese debate no se resuelve con una prórroga de cuatro años. Si el marco impositivo no se toca, la revisión del calendario será un gesto sin consecuencias económicas para las eléctricas. Y si se toca, el coste político recae sobre un Gobierno que ha hecho del cierre nuclear una seña de identidad.
Otros países europeos han resuelto la ambigüedad en una dirección u otra: unos prolongando el parque con un acuerdo fiscal específico, otros manteniendo la hoja de salida. España se ha colocado en un punto intermedio que no termina de definir: reduce el calendario oficial mientras autoriza extensiones puntuales. Esa ambigüedad tiene coste de capital, porque las eléctricas invierten en mantenimiento con horizontes que la política puede recortar.
Hay además una asimetría que conviene no perder de vista. El coste de la seguridad del sistema se socializa con relativa facilidad cuando se llama servicios auxiliares; el coste de mantener una central abierta, en cambio, se discute euro a euro. Esa doble vara condiciona el resultado de cualquier revisión.
El próximo hito es concreto y tiene fecha aproximada: la discusión con las instituciones que Armani sitúa a lo largo de 2027, con la planificación energética y el encaje fiscal de la nuclear como telón de fondo. Antes de eso, Endesa cerrará el ejercicio y pondrá número definitivo al sobrecoste de la operación reforzada. Si esa cifra final se queda cerca de los 6.000 millones, el argumento de que el sistema necesita capacidad firme barata dejará de ser una posición empresarial y pasará a ser una urgencia de la factura.
