La propuesta que el sector financiero ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para ayudar a los clientes vulnerables a hacer frente al pago de sus hipotecas tras la subida de los tipos de interés contempla extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años.
Así lo recoge el borrador de real decreto por el que se aprobaría este protocolo temporal de extensión de plazos para deudores hipotecarios afectados por la subida de tipos en el actual contexto inflacionista, que tiene por objeto establecer el marco y los criterios generales para aplicar medidas de alivio a determinados deudores afectados por el aumento del importe de las cuotas del préstamo hipotecario derivado de la subida del Euríbor en el actual contexto inflacionista.
El periodo máximo de extensión del préstamo hipotecario será de cinco años, siempre que el plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión (en ese caso el plazo máximo será el que determine una duración total no superior a 40 años) y que la cuota resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo.
Una vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas.
Gracias a la extensión del plazo, se reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés, lo que contribuirá a reducir la carga financiera de las familias durante un periodo de tiempo específico.
El protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito.
Eso sí, los bancos que se adhieran al protocolo estarán obligados a aplicar las medidas que este contiene cuando el deudor acredite que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación establecido. La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de un año de duración.
Para acogerse a la medida, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que su hipoteca se haya encarecido un 30% tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no superen tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual en 14 pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.
Una vez que un cliente solicite la modificación de las condiciones de su hipoteca acogiéndose al nuevo protocolo, las entidades tendrán un plazo de 45 días para dar una respuesta.
