El fin de la moratoria del «decreto Ábalos» ha dejado el caos en las VTC, incluyendo a Uber. En la mayoría de España, las comunidades autónomas no se han atrevido a regular alrededor de estas compañías, que ahora apenas tienen seguridad jurídica para que puedan funcionar en Madrid y Andalucía -con restricciones en esta-, mientras que la regulación de Cataluña les prohíbe la entrada en la ciudad.
La siguiente gran interrogante es Valencia, pues la ciudad es una de las más importantes para la empresa. Sin embargo, se están preparando para otro revés, pues todo indica que el Gobierno de la región, liderado por Ximo Puig, cederá ante los taxistas y aprobara una regulación más cercana a la catalana que a la andaluza, lo que los dejaría prácticamente sin poder operar en otra de las grandes ciudades de España. Es una preocupación que extienden al País Vasco, donde no ven movimiento para una nueva regulación.
Mientras tanto, los Uber y Cabifys que recibieron su licencia después del decreto podrán funcionar aún hasta que se apruebe la nueva regulación. Es un porcentaje bastante bajo, que espera con terror cada noticia sobre la nueva regulación valenciana, cuya única esperanza es que esta se demore más allá de las elecciones autonómicas de 2023.
UNA REGULACIÓN DISEÑADA PARA EXPULSARLOS
El argumento que Uber y las otras VTC han repetido hasta el cansancio es que la regulación catalana está diseñada para que no puedan operar. Es complicado discutirlo, con medidas mínimas en los coches que son casi imposibles de cumplir o la imposibilidad de atravesar algunas zonas. De hecho, el único vehículo eléctrico de transporte particular que cumple las medidas exigidas para operar en Barcelona es el Tesla Model S, el que usan los taxis en la ciudad.
Es el mismo temor que tienen en ahora en Valencia, donde parece probable que se siga el ejemplo catalán y no tanto el de Andalucía, una regulación que, aunque no es tan liberal como la de Madrid, les permite seguir operando en ciudades como Sevilla y Granada. Lo que podría ayudarlos para volver a la Generalitat es una victoria electoral del PP, que probablemente presentaría una regulación más parecida a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero que las encuestas aún muestran complicada.
Ahora bien, mientras esperan por esta mala noticia, siguen cumpliendo las normativas impuestas hasta ahora. Así lo explica un portavoz de la empresa en declaraciones a MERCA2: «Uber seguirá operando cumpliendo la normativa vigente de cada región, como hemos hecho hasta ahora», sentencian. Lo cierto es que la imposibilidad de funcionar bajo las regulaciones de algunas ciudades ya sacó a Cabify de Barcelona.
Sin embargo, el depender de la fecha en se solicitó la licencia deja un alto porcentaje de conductores de VTC sin poder ejercer. Es una situación delicada que en particular deja a los autónomos del transporte sin su principal fuente de ingresos. En España hay cerca de 16.000 licencias de conductores particulares que quedaron en el aire después del 6 de octubre y aunque el decreto incluía la posibilidad de ampliar el plazo de 4 años por otros si las comunidades autónomas no aprobaban regulaciones a tiempo desde el ministerio no han querido revisar el plazo.
EL MISTERIO DEL PAÍS VASCO
Si bien está bastante claro hacia donde va la posición del Gobierno valenciano, es algo más difícil saber que planea el País Vasco, que no ha mostrado señales de estar apurado en aprobar ningún tipo de regulación. Es una situación que deja a Uber, y a los conductores, en una incertidumbre total. El periodo tras la aprobación del decreto Abalos donde aún se aprobaron licencias para VTC es apenas de unos meses, por lo que existe la posibilidad de que el servicio vaya desapareciendo poco a poco de ciudades como Bilbao o San Sebastián.
CELEBRAN LA DECISIÓN DE MADRID
A pesar de la posibilidad de un nuevo revés desde la compañía, aseguran estar bastante complacidos con las decisiones de Madrid y Andalucía. Aunque evidentemente prefieren la posición de la capital, que les permite prácticamente seguir operando como hasta ahora, entiende la posición andaluza como un punto intermedio que les permite convivir con los taxis.
Sin embargo, los taxistas no se han sentido satisfechos con estas posiciones. En Madrid han presentado un recurso contra la «Ley Uber» y en Andalucía han amenazado con volver a protestar e incluso han puesto la posibilidad de una huelga sobre la mesa. La presión de los taxistas, que, sin embargo, no han buscado adaptarse a la tecnología actual, fue originalmente lo que llevo al decreto Ábalos a aprobarse, pues el entonces ministro quería quitarse la situación de encima sin aprobar medidas impopulares.
Estas formas de presión de momento han dejado las nuevas opciones de transporte fuera de la mayoría de España. Más allá de los problemas particulares de las VTC en este momento no parece demasiado probable que los ciudadanos vuelva atrás en el reloj.
