La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha recalcado que el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que ha pasado este jueves el debate de la totalidad, generará una «gran inseguridad jurídica» y ha pedido que se encuentre «un punto de consenso y equilibrio» entre todas las partes durante su futura tramitación parlamentaria.
Asval ha señalado este jueves, en un comunicado, que la regulación de los precios que contempla el Proyecto de Ley no solucionará la falta de oferta de vivienda en alquiler a precio asequible, como «la experiencia internacional ha demostrado».
La Asociación también denuncia que la futura normativa establece «una clara discriminación legal» en su distinción entre propietarios y la limitación del «derecho de propiedad de aquellos que poseen más de diez viviendas en alquiler».
Además, Asval recuerda en su comunicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue contrario a la normativa en su informe preceptivo ante «el dudoso encaje constitucional del texto». El informe, conocido a finales de enero, afeó al Gobierno que limitara la competencia de las comunidades autónomas y recordó que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica.
Asval espera «una apuesta firme por el mercado del alquiler que facilite su desarrollo, a través de medidas incentivadoras y la colaboración público-privada, y dejando de lado medidas que se han probado ineficaces y que se incluyen en el texto actual, como el control de precios», como señala en su comunicado.
El Gobierno espera tener aprobada la Ley de Vivienda en el tercer trimestre de 2022, por lo que ha pedido su tramitación de urgencia en el Congreso, y espera cumplir así su compromiso con la Comisión Europea, ya que la norma es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR).
El texto, aprobado en el Consejo de Ministros del 1 de febrero, pretende garantizar y proteger el derecho a la vivienda, dar seguridad jurídica, potenciar el parque público de vivienda, establecer medidas para los mercados tensionados, al tiempo que respeta las competencias de las comunidades autónomas, como insisten desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
