Ahora bien, esta afirmación o, mejor dicho, esta mentira pretende ir desprestigiando poco a poco, a través de cada ley, decreto, instrucción, orden o discurso todos los logros que la democracia española y, por tanto, todos los españoles hemos conseguido en las últimas cuatro décadas.
Desprestigiar los logros y crear un “marco mental” en el que parezca que antes de Sánchez no había democracia y, por tanto, es necesario un cambio de régimen y fulminar la Transición. Al final, el sueño de Pablo Iglesias – destruir nuestro estado de derecho- lo va a hacer realidad Pedro Sánchez.
Tampoco es una reforma de calado, aunque los pocos cambios que introduce son especialmente lesivos para nuestro mercado de trabajo y para la competitividad de las empresas y de nuestro país.
Está reforma, como magníficamente explicaba el profesor Fernando Fernández en la Tercera de ABC el pasado 27 de enero, introduce más rigidez en nuestro mercado de trabajo y como “genial” solución a la temporalidad, encarece este tipo de contratos. Esta reforma sólo creara más paro, inflación y dualidad.
En comunidades como Castilla y León, una de las más perjudicadas por esta reforma, los sectores tractores del empleo y la economía regionales, agricultura y automoción, se verán fuertemente castigados puesto que precisan de una flexibilidad que la nueva norma elimina.
Por estos motivos y porque con este decreto ley Sánchez busca derribar poco a poco la reforma laboral del año 2012 que creo 3 millones de puestos de trabajo y los ERTE, de los que ahora se enorgullecen Pedro y Yolanda atribuyéndose falsamente su autoría, el PP ha votado en contra de esta reforma.
Digo bien, el PP ha votado en contra ya que el error informático en el voto emitido por un diputado popular podía y debía haberse subsanado por la Mesa de la Cámara, pero la presidenta del Congreso, y sierva de Sánchez que no de la voluntad de todos los españoles, lo impidió. Incluso si se tratase un error humano hay vías para corregirlo.
Digo esto porque la Resolución que regula el voto telemático indica en su punto cuarto que “la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente (…) antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de éste”. Comprobación que no se realizó.
Y en su punto sexto establece que “el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara». Y la Presidenta del Congreso decidió, sin convocar a la Mesa, que no autorizaba el voto presencial e impidió la entrada en el hemiciclo al diputado popular cuando el pasado mes de julio si se permitió votar presencialmente, tras haber solicitado el voto telemático, a una diputada de ¿adivinan? …. Podemos.
Como ven una reforma lesiva que nace con una bien fundada sospecha de pucherazo que se acrecienta cada día que Sánchez, expulsado en 2016 de la secretaria general del PSOE tras un Comité Federal en el que sus partidarios colocaron unas urnas tras un panel sin censo ni control, a través de Meritxell Batet, retrasa la reunión para estudiar la reclamación del Partido Popular.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
