La comisión ejecutiva de COAG planteará en el pleno del próximo martes a sus uniones regionales la convocatoria de un proceso general de movilizaciones agrarias, dentro de un marco de unidad de acción con las otras dos organizaciones profesionales agrarias representativas, según ha informado en un comunicado.
«Hay más que motivos para salir a la calle a reivindicar un plan urgente de medidas de apoyo. Los hombres y mujeres del campo nos enfrentamos en estos momentos a una tormenta perfecta: una espectacular subida de los costes de producción, precios a la baja en origen con diferenciales entre el campo y la mesa por encima del 450%, mayores exigencias pero menos ayudas con la nueva PAC, una aplicación en España que atenta contra los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales y una propuesta de reforma de Ley de Cadena Alimentaria que no acaba de atajar las prácticas comerciales abusivas y la venta a pérdidas», ha explicado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.
La organización agraria ha señalado que la propuesta de aplicación de la nueva PAC en España, los bajos precios en el campo, la espiral alcista de los costes (luz, materias primas alimentación animal, gasóleo, etc…) y la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en la que el Gobierno pretende dar marcha atrás en la prohibición de la venta a pérdidas, ponen contra las cuerdas a los agricultores y ganaderos profesionales.
Respecto al plan estratégico nacional de la PAC, COAG asegura que si se aprueba sobre la base de los términos planteados por el Ministerio de Agricultura, el agricultor profesional sería el «gran perdedor» de la aplicación de la nueva PAC en España.
La organización señala que la definición de ‘agricultor activo’ finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea residual.
Otro de los motivos que aducen para salir a las calles en un ‘otoño caliente’ es el incremento de la luz, que supone, por ejemplo, que en una comunidad de regantes de olivar, la factura eléctrica haya subido un 150% desde el pasado mes de abril hasta agosto, de 0,08 a 0,12 euros/Kwh.
COAG alerta que esta situación se verá empeorada ahora, porque el gasto importante de la campaña se centra en el periodo agosto-septiembre, cuando justamente los precios de la electricidad están disparados. De momento, los regantes han visto su factura multiplicada por seis desde abril.
En el caso de la ganadería de leche se estima que la factura de la luz se ha incrementado en un 60% de media. Una explotación familiar con 80 vacas ha pasado de pagar 480 euros de luz a 600 euros en cuestión de un mes.
En el capítulo de costes generales, señalan que los precios al alza del gas ya pasan factura en el precio de los fertilizantes. El gasóleo también ha registrado una importante subida y las materias primas básicas para alimentación animal (principalmente soja) acumulan un incremento en sus cotizaciones de más del 60% durante el último año.
Otro de los motivos por el que estudian convocar estas movilizaciones es el proyecto de Ley de Cadena Alimentaria, que encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados. COAG asegura que no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos.
«La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. En este sentido, hemos pedido a los diferentes grupos parlamentarios que mantengan la firmeza en cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena», ha señalado.
Además, reclaman un registro de contratos, que se incluya en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal Horeca a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, se refuerce la figura del mediador y se generen unos índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.
