El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecerá este jueves en el Congreso para aclarar sus propuestas relativas a la reforma del sistema público de pensiones, tras exigir el pasado lunes la oposición en bloque sus explicaciones.
Y es que su comparecencia fue la única que no obtuvo votos en contra en la Diputación Permanente del Congreso del lunes, pronunciándose todos los grupos de la Cámara a favor a excepción de ERC, que optó por abstenerse.
Finalmente, la comparecencia tendrá lugar este jueves ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una vez finalice la sesión plenaria prevista para este jueves, en la que el Congreso somete a votación cinco decretos leyes del Gobierno y celebra el debate de totalidad de la reforma del PSOE y Unidas Podemos al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
La comparecencia, registrada por el PP, tiene como objeto aclarar la posible ampliación del período de cotización, de 25 a 35 años para el cómputo de la base reguladora de la pensión pública, una medida que, tal y como señalan algunas informaciones, el Gobierno barajó como medida para la reforma de pensiones.
Finalmente, y tras recibir críticas de la oposición y hasta el rechazo anticipado de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, esta medida no se concreta en el documento remitido a la Comisión Europea como parte del programa de reformas que se prevén para el desembolso de fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
AMPLIAR EL PERIODO DE CÁLCULO PERO ELIGIENDO LOS MEJORES AÑOS
Según el documento diseñado por el Gobierno, entre los cambios que el Ejecutivo español ofrece a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia se encuentra la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, el ‘destope’ de las bases máximas y la sustitución del llamado factor de sostenibilidad, actualmente en suspenso, por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que tenga en cuenta otros factores además de la evolución de la esperanza de vida.
El resto de las propuestas enviadas a Bruselas son conocidas: vincular pensiones al IPC; aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante el freno a las jubilaciones anticipadas e incentivos al retraso de la jubilación; descargar de gastos impropios al sistema para traspasárselos al Estado; establecer un sistema de cotización para los autónomos en función de sus ingresos reales; modificar el complemento de maternidad de las pensiones, y revisar e impulsar los sistemas complementarios de pensiones.
En aras a profundizar en la reforma de pensiones de 2011, donde se elevó el periodo de cálculo de las pensiones de manera progresiva de 15 a 25 años, el Gobierno plantea ahora la posibilidad de una nueva ampliación, aunque sin precisar en cuántos años, quedando así fuera del texto una posible extensión hasta los 35 años, una medida que ha generado gran polémica y rechazo entre las filas de Podemos.
En concreto, lo que propone el Gobierno es ampliar el periodo de cálculo de forma gradual pero permitiendo al mismo tiempo que puedan descartase del cómputo los peores años de cotización. Dicha reforma iría en paralelo a una revisión del procedimiento actual de lagunas de cotización, «que es inadecuado par las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad».
EL PSOE DEFIENDE DEROGAR LA REFORMA DE 2013
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso exigió ayer la derogación de la reforma de pensiones realizada en 2013 por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy para recuperar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real y eliminar el factor de sostenibilidad, a través de una proposición no de ley.
En la iniciativa, el PSOE argumenta que «el actual índice de revalorización no goza del suficiente consenso político y social», recuerda «la fuerte contestación política y social» de esta reforma y aluden a la recomendación del renovado Pacto de Toledo relativa al «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones».
Así, insta al Gobierno a que, «de conformidad con las Recomendaciones del Pacto de Toledo», estudie «en la mesa del diálogo social», la derogación de la Ley del PP de 2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y la implantación de la revalorización de las pensiones en función del IPC.
