La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado este viernes que enero es el peor mes para el empleo en la serie histórica y ha avanzado que este año no será distinto, pues «no va a ser el mejor mes» para el mercado laboral.
Díaz, en declaraciones a La Sexta ha subrayado que España cuenta actualmente con 3,7 millones de parados y ha criticado al líder de la oposición, Pablo Casado, por elevar esta cifra hasta los cinco millones. «Es mentir de manera contumaz», ha denunciado.
En relación a los cambios que prevé hacer su Ministerio en la reforma laboral de 2012 y a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la ministra se ha mostrado tajante, asegurando que se cumplirá el acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE y que, según ha dicho, «avala» todo el Gobierno y no sólo una parte del mismo.
Así, y pese a dejar entrever que no está de acuerdo con que no se haya subido el SMI ahora, ha asegurado que esta renta mínima se situará a final de legislatura en el 60% del salario medio, tal y como se recoge en el acuerdo programático con el PSOE.
Sobre si subirá finalmente este año más allá de los 950 euros mensuales, ha reiterado que este asunto está en manos del diálogo social, que hay que dejar trabajar a sindicatos y patronal y que no se les pueden poner fechas para que tomen una decisión.
Preguntada por las movilizaciones que han convocado CCOO y UGT para pedir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la subida del SMI, la ministra ha indicado que los sindicatos «tienen que hacer lo que tienen que hacer», al igual que el Gobierno.
«Yo respeto a los sindicatos. Hacen bien en defender sus derechos y los trabajadores hacen bien en organizarse. Ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer y el Gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer», ha afirmado.
La ministra no ha querido responder a la pregunta de si hay miembros en el Ejecutivo que tratan con mano de hierro a los trabajadores y con mano de seda a la patronal y ha bromeado sobre su relación con los líderes sindicales y de la CEOE: «Hay tres hombres en mi vida, que son Antonio Garamendi, Unai Sordo y Pepe Álvarez».
Díaz tampoco ha querido entrar en la polémica del periodo de cálculo de las pensiones y se ha limitado a decir que las reformas en pensiones respetan el acuerdo del Pacto de Toledo, que se trabajarán en el diálogo social, y que las propuestas remitidas a Bruselas «transitan por múltiples borradores».
Asimismo, ha negado que exista una guerra entre ella y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciaciones, José Luis Escrivá, lo que no significa que piensen siempre lo mismo. «Yo conozco muy bien al ministro Escrivá y le tengo mucho cariño», ha agregado.
LO QUE SE ENVÍA A BRUSELAS HAY QUE CUMPLIRLO
Además de cumplir con el acuerdo de Gobierno, Díaz se ha mostrado muy clara respecto a las 17 reformas en el mercado de trabajo que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia: «Si le digo a Europa que voy a hacer esto, hay que cumplirlo. Tenemos la obligación de hacerlo y lo voy a hacer», ha asegurado la ministra, que ha añadido que ya le ha dicho a los agentes sociales «que se organicen» para empezar a discutir estas reformas.
Una de ellas, ha recordado, es la implantación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como un mecanismo estructural de flexibilidad interna para evitar despidos en las empresas. En relación a los ERTE de la pandemia, Díaz ha subrayado que el dinero que han supuesto (más de 20.000 millones de euros) no debe verse como un gasto, sino como una inversión para salvar empleos y empresas.
La ministra considera que las recomendaciones que en los últimos años ha hecho Bruselas a España sobre el mercado laboral son «certeras», dado que han puesto el acento sobre sus principales problemas: la temporalidad, la precariedad y la dualidad, aspectos que no se han corregido pese a haberse realizado más de 50 reformas laborales.
Por eso, las reformas enviadas a Bruselas -que ha reiterado que no tienen condicionalidad sobre los fondos- pretenden modernizar el mercado laboral con políticas nuevas, con un cambio «radical» en las políticas activas de empleo y con medidas para favorecer el empleo juvenil.
En este punto, Díaz ha afirmado se está terminando de elaborar la Estrategia de Empleo juvenil con los agentes sociales y las comunidades autónomas y que la intención del Gobierno es actuar sobre el contrato de formación, que no se utiliza por parte de las empresas para una parte de los jóvenes.
«En 2019 sólo se formalizaron 9.000 contratos de formación, que es la nada. Los empresarios no los usan porque tienen una panoplia de contratos precarios a su alrededor», ha expuesto la ministra, que ha añadido que, debido a esto, aunque un joven pueda estar muy preparado y hablar muchos idiomas, al final está en una empresa con una beca de 400 euros.
En su opinión, todo esto hay que cambiarlo promoviendo una formación incivilizada y personalizada, modificando el sistema de orientadores, reformando el marco de contratación, y desarrollando políticas que permitan a los jóvenes talentos que se expatriaron volver a su país a trabajar.
Respecto a si se puede obligar a las empresas a que ordenen a sus trabajadores que trabajen a distancia para evitar contagios de Covid, Díaz ha señalado que eso no se puede imponer, porque hay sectores que necesitan tener personal presencial, como el químico o la industria electrointensiva. Ahora bien, ha recordado que Sanidad ha recomendado a las empresas que, allí donde se pueda, se teletrabaje.
