La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la hoja de ruta del sector eólico para el periodo 2021-2024, que prevé la incorporación de 10 gigavatios (GW) de potencia nueva en la Península Ibérica en el periodo, la movilización de inversiones por más de 2.500 millones de euros anuales y la creación de 30.000 empleos adicionales de valor añadido.
En la reunión, el presidente de AEE, Juan Diego Díaz Vega, resaltó el potencial del sector eólico para la recuperación económica del país y la responsabilidad como sector industrial.
«Desde el sector eólico queremos trasmitir un mensaje de compromiso sobre la recuperación de la economía, el empleo y una visión optimista del futuro. Todos los sectores tenemos la responsabilidad de aportar para la reconstrucción del país y el sector eólico tiene un gran potencial para ayudar a la sociedad a recuperarse en todo nuestro territorio», indicó.
Además, destacó que maximizar el aprovechamiento de la cadena de valor eólica existente en España es «una de las prioridades del sector y una oportunidad para el país».
Así, subrayó que la propuesta del sector eólico «es contundente: más empleo, más actividad industrial, más innovación, más ahorro en la factura de las importaciones de combustibles fósiles, más ahorro en la factura de la luz, más inversiones en todo el territorio y especialmente en las zonas de transición justa, y menos emisiones de CO2».
ACTIVAR UN CÍRCULO VIRTUOSO REGULATORIO.
«Ahora se trata de activar un círculo virtuoso regulatorio para que estas inversiones se pongan en marcha lo antes posible, y se sostengan en el tiempo», dijo.
Entre los requerimientos identificados por el sector eólico, destacan por el carácter urgente de su promulgación la necesidad de una regulación sobre subastas, que contemple un calendario con perspectiva a cinco años, con un nuevo diseño con un cupo determinado para la tecnología eólica y un desarrollo normativo completo para la ejecución de las mismas.
Asimismo, pide una promulgación de una regulación de acceso y conexión a la red con la aplicación del criterio de solvencia técnica y económica a los solicitantes, o el apoyo al desarrollo de la eólica marina para el establecimiento de planes de inversión, así como estrategia de las autoridades portuarias.
Además, ve necesario la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contemple subastas, fiscalidad ambiental, electrificación, mejoras tramitación administrativa, repotenciación, régimen remuneratorio, duración permisos acceso y conexión para eólica ‘offshore’ e impuesto de sociedades.
Por otra parte, el sector eólico nueve proyectos concretos con un apoyo total de 1.165 millones de euros de los fondos de reconstrucción, que permitirían activar inversiones privadas por más de 12.000 millones de euros, generar 17,32 teravatios hora (TWh) de electricidad eólica, reducir las emisiones de CO2 en más de 8 millones de toneladas de CO2 al año (el 7,5% de la reducción de emisiones previsto en el PNIEC) con un coste de incentivo por tonelada de CO2 reducido de 6 euros por tonelada de CO2 y crear más de 30.000 empleos.
