Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han logrado este miércoles de madrugada un acuerdo sobre las reglas de la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 y en el que abogan por reservar un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas que introduce la reforma.
Tras 42 horas de negociaciones, los Estados miembros han fijados sus líneas rojas de cara a los debates que deben comenzar en las próximas semanas con el Parlamento Europeo, que esta semana también está votando para establecer su posición negociadora sobre los tres reglamentos que compondrán la nueva PAC.
Finalmente, el último documento propuesto por Alemania, como presidencia de turno de la UE, ha sido aprobado por mayoría cualificada, con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria y Letonia.
El mayor punto de fricción entre los Estados miembros han sido las características de la nueva ayuda a agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos obligatorios y adopten medidas adicionales en favor del clima y el medio ambiente. Finalmente, los Veintisiete han pactado dedicar un 20% de los pagos directos a los llamados ecoesquemas.
La introducción de este límite inferior ha generado muchas dudas entre las capitales, sobre todo por la posibilidad de que los productores no puedan cumplir con los criterios climáticos adicionales y no sea posible repartir los fondos reservados para estos casos. El documento aprobado por los socios comunitarios prevé una serie de medidas de flexibilidad que finalmente han convencido a los socios comunitarios.
En concreto, el pacto de los ministros de Agricultura contempla que, durante los dos primeros años de aplicación (2023 y 2024), los fondos para ecoesquemas no gastados a partir de un porcentaje del 10% se puedan dedicar a otras intervenciones.
También han quedado resueltos los problemas que habían generado dos de las condiciones obligatorias para acceder a las ayudas directas de la PAC: la que hace de referencia a la rotación de cultivos y otras prácticas destinadas a preservar el potencial del suelo y la que establece un porcentaje mínimo de tierras de cultivo destinadas a superficies e instalaciones no productivas.
La nueva política agraria común no entrará en vigor hasta 2023, para dar tiempo a los Estados miembros a adoptar las nuevas disposiciones. En cualquier caso, contará con un presupuesto para los próximos siete años de 390.000 millones. A España le corresponden unos 47.700 millones.
La otra gran novedad de la reforma de la PAC es que introducirá un nuevo modelo de gestión basado en los planes nacionales que cada Estado miembro tendrá que elaborar con las medidas que prevén para cumplir con los objetivos establecidos a nivel europeo. Los progresos para conseguirlo se evaluará de acuerdo a una serie de indicadores armonizados para el conjunto del bloque.
También incluye una lista de condiciones que los agricultores y ganaderos estarán obligados a cumplir para poder recibir las ayudas directas europeas. Este sistema de condicionalidad está compuesto por diez criterios agrupados en tres grandes temas, que son Clima y Medio Ambiente, ‘Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad y, por último, Bienestar animal.
