La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elegido a Mazars como auditor externo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los próximos tres años, con la posibilidad de renovar el contrato por otros dos ejercicios adicionales.
La firma asumirá la emisión de los correspondientes informes con arreglo a los modelos de informe de auditoría establecidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), según informa la firma de servicios profesionales.
«La elección por parte de la IGAE como auditores del ICO supone un reconocimiento a nuestro trabajo y experiencia en el sector bancario, un mercado en el que contamos con la confianza del principal banco público de nuestro país, del regulador bancario y de algunos de los principales y más significativos bancos en Europa», asegura el socio responsable del sector bancario de Mazars en España, Carlos Marcos.
Con este nombramiento, Mazars refuerza su posicionamiento en el mercado de la auditoría, ocupando la quinta posición en el segmento de Entidades de Interés Público, en el que se encuentran compañías cotizadas, entidades financieras y grandes empresas.
En particular, en el sector financiero audita, entre otros, al Grupo BNP Paribas, al Banco de España o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como a Axa, Zurich Vida, Helvetia o Mutualidad de la Abogacía, dentro del sector asegurador.
Además, en otros servicios distintos a los de auditoría, la firma asesora a entidades como Banco Santander, Credit Suisse o Abanca y es proveedor preferente del Banco Central Europeo (BCE) para trabajos de consultoría.
FUNCIONES DEL ICO
El ICO es un banco público, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene como objetivo promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional.
Actualmente, la entidad está focalizada en la gestión de la Línea de Avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dotada con hasta 140.000 millones de euros, para garantizar la liquidez de autónomos y empresas en el marco de la crisis del coronavirus.
Asimismo, el ICO ha sido el primer emisor español que ha lanzado una emisión pública de bonos sociales, por valor de 500 millones de euros, específicamente destinada a mitigar los efectos económicos de la pandemia.
