UGT cree que España está en desventaja con respecto a otros países de la Unión Europea para afrontar la reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la Covid-19 debido a que carece de una banca pública.
En su opinión, el país necesita una banca con titularidad pública y con vocación de servicio público y no de negocio, que es lo que mueve a las entidades financieras de carácter privado.
UGT considera que la actuación ante la emergencia actual queda limitada a la posición avalista del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyos préstamos «presentan un impacto limitado en comparación con el volumen que mueve la banca privada».
BANKIA, PÚBLICA
En su defensa, ha reclamado evitar la privatización de Bankia, prevista para finales de 2021, haciendo valer la participación mayoritaria del Estado.
«Lo más factible a corto plazo sería renunciar a la privatización de Bankia y recuperarla como una banca pública de depósito con fines sociales. Debería desempeñar una función contracíclica en la concesión de créditos», ha precisado.
A su vez, a través de una extensa red de oficinas, promovería la inclusión financiera, al igual que hacen La Banque Postale (Francia) o la Poste Italiane (Italia).
Mientras, UGT plantea utilizar el ICO como una banca de inversión, como la alemana (KfW) o la francesa (BPI), en la magnitud de los recursos y el grado de influencia sobre la economía, actuando a escala nacional y regional.
NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
No obstante, cabría replantear nuevas fórmulas de financiación más allá de la captación de fondos en el mercado de capitales, ya sea mediante la creación de distintas fases de capitalización o la asignación de una cuantía anual.
Si el Gobierno contara con una banca de depósito y de inversión públicas, sometidas a un estricto programa de control y supervisión por organizaciones independientes, podría financiar el necesario aumento del parque público de viviendas en alquiler y la rehabilitación energética de edificios, por ejemplo.
«Ya es hora de desbloquear el debate sobre la necesidad de una banca pública en nuestro país, de superar los perjuicios ideológicos neoliberales y de combatir el mito interesado de la ineficiencia de la banca pública, utilizando de manera recurrente y torticera lo que sucedió en las Cajas de Ahorros», ha subrayado el sindicato.
UGT ha criticado que, aunque la línea de avales públicos por importe de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno otorga facilidades para que el crédito fluya por la economía, su naturaleza privada hace que se rija exclusivamente por criterios de rentabilidad.
«El tipo de interés al que se conceden los préstamos queda sujeto al poder de negociación de las empresas con los bancos, pudiendo ser más alto en el caso de los préstamos concedidos a aquellas de menor tamaño», ha asegurado.
Otros problemas que se derivan de la falta de una banca pública se relacionan con el riesgo crediticio que pueden asumir muchos bancos privados, además del hecho de que las autoridades económicas no puedan dirigir el flujo del crédito hacia sectores estratégicos o colectivos vulnerables.
