Arriaga Asociados ha presentado hoy una querella contra seis magistrados de la Sección 28 de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid por presuntamente prevaricar en una sentencia sobre un afectado de una hipoteca IRPH que iría en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que prohíbe el artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el despacho de abogados solicita que se inhabilite a los magistrados durante veinte años y una multa económica por incurrir en un delito de prevaricación.
En un comunicado, el despacho ha señalado que con esta querella se planta de nuevo frente a «una injusticia que atenta contra los derechos no solo de los 15.000 consumidores a los que defiende por la abusividad de su cláusula de IRPH, sino también los derechos de un millón de familias afectadas por la misma cláusula, privándoles de los derechos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
El TJUE dictó sentencia, el pasado 3 de marzo, por la que la denominada cláusula IRPH debía ser sometida a un análisis de transparencia por parte de los jueces para comprobar si el cliente estaba bien informado y entendía a lo que se estaba comprometiendo por todo el tiempo del préstamo hipotecario.
Según el despacho, la Sección 28 de la AP de Madrid, mediante su sentencia 143/2020 de 22 de mayo, acaba de dar por buena «esta cláusula abusiva y considera que a los jueces no les corresponde resolver si el cliente de la entidad bancaria entendía y había sido informado adecuadamente sobre el índice IRPH, con la excusa de que era un índice oficial».
Por ello, considera que este argumento está en clara confrontación con la doctrina marcada por el TJUE, que obliga a los juzgadores a llevar a cabo un análisis de transparencia y asegurarse de que el consumidor había recibido y comprendido toda la información necesaria, aunque fuera un índice oficial.
Entiende que estos fallos pueden suponer un delito de prevaricación al ir en contra de la jurisprudencia del TJUE y tienen como consecuencia que «los consumidores que no habían sido informados sobre el efecto de este índice en sus mensualidades hipotecarias no recuperarán nunca el dinero pagado de más».
En concreto, los magistrados de la Sección 28 de la AP de Madrid han infringido, a juicio del querellante, el artículo 4 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando señala que «los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Por ese motivo, Arriaga Asociados se presenta como acusación popular contra los magistrados de la Sección 28 de la AP de Madrid, quienes firman los documentos, y pide su inhabilitación por un periodo que puede llegar a los 20 años, además de una multa económica.
