El PP quiere ampliar las facilidades para la contratación de temporeros que estableció el decreto ley que aprobó el Gobierno en las primeras semanas del coronavirus y que ahora se tramita como proyecto legislativo en el Congreso. Los ‘populares’ consideran que aquel texto presenta insuficiencias y creen que hay que asegurar «que la cosecha no se quedará sin recoger este año por falta de mano de obra».
A su juicio, ese decreto para preparar al campo frente al Covid 19 «ha sido un ejemplo más de propaganda rural en vez de facilitar la adecuada creación de empleo rural», pues, a su juicio, «no dignifica el trabajo en el campo impulsando el empleo con casi cuatro millones de parados en España».
Según critican, este decreto ley únicamente había amparado 2.090 contratos entre el 9 de abril y el 26 de mayo, cuando esta norma estaba prevista para dar solución a cerca de 200.000 contratos que se venían suscribiendo cada año en el campo para recoger estas cosechas.
SE CENTRA EN COMPAGINAR SUBSIDIOS
«Sólo prevé compatibilizar subsidios y prestaciones, sólo regula temporalmente la compatibilidad con otros subsidios y sólo permite contratar a personas que vivan en la misma zona geográfica, responsabilizando a las comunidades autónomas de los movimientos», lamentan.
Otra de las cuestiones que el PP cuestionaba era la limitación hasta el 30 de junio de muchas de las compatibilidades previstas, un límite prorrogado en un nuevo decreto ley aprobado el 26 de mayo, y cuya convalidación o derogación se vota este miércoles en sesión plenaria.
Una modificación criticada por el PP por la forma en la que se ha realizado, en un nuevo decreto y no en la tramitación parlamentaria del decreto inicial, pues a su juicio supone «saltarse las normas de consenso en el ámbito parlamentario» y situar «el autoritarismo y la ideología por encima de los intereses del sector productivo».
«En lugar de aceptar lo que propone el Parlamento, con una tramitación parlamentaria como proyecto de ley incorporando las enmiendas que proponen los representantes legítimos de los españoles, hacen cambios en otras normas, saltándose los trámites de negociación con los Grupos parlamentarios», critican, apostillando que «ése es su concepto de negociación, de transparencia y de democracia».
