El sector de la dependencia cuenta con 385.000 plazas asistenciales en toda España. Plazas tanto públicas como privadas (estas últimas suman casi 272.000). Asimismo, ofrece servicio diario a 1,8 millones de personas como teleasistencia, ayuda domiciliaria, residencias o centros de dia. Y, en estas, llega la pandemia del covid-19, y a las residencias de mayores se les margina gravemente en el decreto de alarma el Gobierno y en sus planes de emergencia. El resultado ha sido devastador: más de 19.000 fallecidos en las más de 5.400 residencias públicas, privadas o concertadas.
Tanto unas como otras han sufrido el mismo abandono y maltrato. Sin embargo, las autoridades han priorizado la entrega de material sanitario de protección al personal de los hospitales y de los servicios de seguridad y emergencia frente al personal de las residencias. Y lo han hecho a sabiendas de que, estos últimos, trabajaban y convivían con mayores de altísimo nivel de contagio.
Los gestores privados han visto como material comprado ha sido intervenido por el Gobierno
Cierto que las privadas han gozado de mayor libertad para activar planes, pedidos y/o contrataciones adicionales. Pero los gestores privados que han comprado material por su cuenta y riesgo se han visto afectados por la intervención generalizada del Gobierno. De ahí que hayan denunciado la nula sensibilidad de las autoridades en entender la finalidad de proteger al personal sanitario de las residencias privadas. Dicho de otra manera, miles de pedidos con mascarillas, desinfectantes y trajes buzos han sido confiscados de las residencias privadas a hospitales públicos. Así se ha dejado indefenso al personal y a los residentes de alto riesgo.
Mientras, los responsables de las residencias públicas están siendo reprimidos en sus quejas. Desde hace algunos días, están organizando acciones comunes en grupos de WhatsApp para eludir responsabilidades y apuntar a los verdaderos responsables.
BUNKERIZACIÓN Y MEDICALIZACIÓN
Ante esta situación, las residencias privadas activaron y ejecutaron una serie de medidas para hacer frente al covid-19. Por ejemplo, algunas activaron la llamada ‘bunkerización’ de las residencias para crear centros de riesgo cero evitando los contagios.
En el plano económico, los cinco principales operadores (Domusvi, Orpea, Vitalia, Ballesol y Sanitas Residencias) han desembolsado en torno a los 15 millones de euros. Dinero que se ha invertido en la contratación de empresas privadas especializadas en desinfección, por ejemplo. De esta manera se complementaba la labor de la UME. Asimismo, se implantó la llamada ‘medicalización’ dotando a los centros de médicos y personal sanitario cualificado, incluso hasta un servicio de urgencias 24/7, a la par que se han llegado a acuerdos con hospitales privados.
En otro orden de cosas, los operadores crearon unidades y espacios especiales ‘cocooning’ de aislamiento a dos niveles: preventivo y obligatorio. Fue para residentes con sintomatología y casos confirmados. Asimismo, y para que los residentes mantuvieran el vínculo con sus seres queridos, se desplegaron más de 300 tabletas lo que facilitó las visitas virtuales por videoconferencia.
DENUNCIAS DE RESIDENCIAS
Directores y gestores de residencias no han dudado en denunciar que las autoridades, y los servicios sanitarios, no han respondido a los protocolos establecidos y legales de auxilio, traslado y evacuación de forma recurrente. Un ejemplo: el hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid). “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Así quedó reflejado en un parte de alta de urgencias con fecha 25 de marzo que publicó El Confidencial. La anciana murió tres días después en la residencia.
No es una gota en medio del océano. Las residencias tienen registros propios que demuestran los avisos oficiales a los servicios públicos de emergencia para traslados a hospitales. También reiterados avisos de casos de extrema gravedad. Nunca llegaron a materializarse y acabaron en fallecimientos.
Los gestores de estos centros se vieron incluso en la necesidad de acudir a la televisión, o a Facebook, para pedir socorro dada la situación que se estaba viviendo. Un recurso desesperado que, por ejemplo, se utilizó para tratar de salvar a los internos de la residencia de Villamayor de Santiago, en Cuenca. Directores que deben esperar a los servicios públicos para hacer este tipo de traslados. En el caso antes citado, los residentes acabaron siendo trasladados finalmente a Albacete y Villacañas.
Mientras tanto, lo único que recibían las residencias era morfina, y no la medicación adecuada. Así lo denunció Ignacio Fernández Cid, presidente de la patronal que reúne a las empresas de residencias de ancianos de España en esRadio. “No nos daban la buena medicación, esos medicamentos no los han enviado, pero morfina y para sedación, de todo”, explicó.
