El español José Manuel Campa ha asumido de manera oficial desde el 1 de mayo el cargo de presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), después de que el Parlamento Europeo confirmara su nombramiento el pasado 14 de marzo, según ha confirmado el regulador.
Campa, que solo podría ser cesado en sus funciones por orden del Parlamento Europeo a petición del Consejo de Supervisores de la institución, inicia así un mandato de cinco años con la posibilidad de ser renovado una vez por un plazo similar.
«Durante mi mandato, me comprometo a continuar el trabajo iniciado por mi antecesor Andrea Enria para construir un marco único de supervisión y regulación para todo el sector bancario en la UE, y para garantizar un mercado único estable y seguro que beneficie y proteja a los consumidores, las empresas y la comunidad en general», declaró Campa en su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo el pasado 26 de febrero.
El nuevo presidente de la EBA ejercerá sus funciones desde la nueva sede de la institución, en Courbevoie, localidad en la periferia de París que acoge el barrio de La Défense, centro de negocios de la capital francesa, después de que a raíz del ‘Brexit’ la institución decidiese abandonar su actual sede londinense en 2019.
La necesidad de dotar al regulador de mayores poderes en la lucha contra el lavado de dinero
El español asume así la presidencia de la EBA poco después de que la institución decidiera el pasado 16 de abril dar por cerrada su investigación oficial sobre las posibles deficiencias en los servicios de lucha contra el blanqueo de capitales de las autoridades financieras de Estonia y Dinamarca, en relación con el escándalo protagonizado por la filial estonia de Danske Bank, provocando críticas desde la Comisión Europea.
En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea, el letón Valdis Dombrovskis, expresó su «decepción» por la decisión de la EBA de no actuar «en uno de los mayores escándalos de blanqueo en Europa«, subrayando la necesidad de dotar al regulador de mayores poderes en la lucha contra el lavado de dinero, pero exigiendo al mismo tiempo «una transformación en la manera en la que la EBA toma sus decisiones.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó a mediados de abril la normativa que actualiza el marco de supervisión de las instituciones financieras europeas y que, además, otorgan mayores competencias a la EBA para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Dicha normativa todavía necesita recibir el visto bueno de los Estados miembros para entrar en vigor. Cuando esto suceda, se reforzarán las competencias de la EBA en materia de supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de entidades financieras.
En concreto, asumirá las tareas de recopilar información procedente de las autoridades nacionales, realizar evaluaciones de riesgos y facilitar la cooperación con países de fuera del bloque comunitario.
Además, se reservará la posibilidad de adoptar una decisión dirigida de forma directa a un banco concreto como solución de último recurso si las autoridades nacionales competentes no actúan si se detecta vínculos con actividades de blanqueo o financiación del terrorismo.
