La escena es de las históricas en el mundo del séptimo arte. Un camarote de un barco, los hermanos Marx, y gente que no para de entrar en el mismo. Al final, todos encerrados en un pequeño espacio, sin saber muy bien qué hacer. Totum revolutum. Salvando las distancias, algo parecido es lo que está sucediendo en los ayuntamientos cuando hablamos de la plusvalía municipal. “Hay un grandísimo desconcierto. El descontrol es completo. Es un caos absoluto”, recalca Nuria Díez, abogada de Legalitas.
Para explicar este maremágnum, hay que retroceder en el tiempo. En mayo de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) publicó una sentencia que declaraba como inconstitucionales y nulos de pleno derecho los artículos 107.21, 107.2a y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el impuesto de plusvalía. A partir de entonces, el desbarajuste es máximo.
Hay ayuntamientos en los que el propio alcalde está pidiendo disculpas al contribuyente por el vacío legal
“Los ayuntamientos no saben qué hacer. En unos no contestan a los contribuyentes, en otros es el propio alcalde el que pide disculpas al contribuyente apelando a su paciencia ante el vacío legal en el que nos encontramos”, indica Nuria Díez. ¿Por qué? La plusvalía lo que hace es gravar el incremento de valor que experimentan los inmuebles y que se devenga en el momento de su transmisión. Así queda reflejado en el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales.
Entonces, y es la pregunta que se han hecho muchos ciudadanos, si no ha habido tal incremento de valor (porque los inmuebles no han subido de precio, sino que han bajado por la crisis), por qué se debe pagar. Porque ha habido muchísimos casos en los que la venta ha sido a pérdidas. Y, sin embargo, ha habido que pasar por ventanilla.
Las consultas sobre plusvalía municipal se disparan
Volviendo a la sentencia del TC, esta dejaba claro que el impuesto lo que hacía era vulnerar el principio constitucional de capacidad económica al someter los artículos antes reseñados a tributación situaciones en las que no existía incremento de valor. “Cuando no se ha producido ese incremento de valor, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia”, mantiene la abogada de Legalitas.
Otro punto a tener en cuenta de la sentencia es que hay que cambiar la Ley de Haciendas Locales. De momento, sigue impoluta, sin tocarse. A ello se agarran los ayuntamientos para no resolver los recursos o escritos presentados. El dilema que tienen ante sí es cómo seguir financiándose a la par que cumplir con los objetivos de sostenibilidad y estabilidad que el Estado central les exige. Por eso, mientras tanto, siguen cobrando un impuesto que se puede considerar clave para sus arcas.
Sólo hay una propuesta presentada este mes de marzo de 2018, que debe seguir los trámites reglamentarios para ser aprobada. ¿Cuándo? “Espero que sea este año. El año pasado no se hizo influida, entre otros casos, por el tema Cataluña”, indica Nuria Díez.
Fruto de este particular camarote de los hermanos Marx, las consultas sobre plusvalía municipal se han quintuplicado en 2017 en Legalitas respecto al año anterior. En ese 2017, el segundo trimestre duplicó en número de consultas al primero, como consecuencia de la sentencia del TC.
¿Qué está pasando? “Los ayuntamientos están colapsados y no saben cómo actuar ante los miles de reclamaciones que les están llegando por parte de los contribuyentes”, señala Nuria Díez. En la mayoría de los casos, no están siendo contestadas. En otras, van a un contencioso, y se les está obligando a pagar las costas.
“Ni ayuntamientos, ni juristas, ni contribuyentes saben lo que están haciendo respecto a la plusvalía municipal”, se lamenta la abogada de Legalitas. Y concluye: “La gente piensa que se le va a devolver a todos y seguramente no va a ser así”.
