Este 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se centra en la calidad por delante de la oferta más ventajosa económicamente en los concursos públicos. Una ley que da de lleno contra la política de Aena, que ya no podrá aprovecharse de los chollos de los contratos a la baja. De hecho, esta podría ser el fin definitivo de las continuas huelgas, aunque ni el sector público ni las propias empresas están preparadas para esta legislación y existen ciertas dudas.
La nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, transpone con retraso una directiva europea. Con entrada en vigor llegan muchas novedades en las contrataciones públicas que afectan a empresas públicas como Aena, pero también a otras compañías de seguridad privada como Marsegur –ahora Novo Segur– o Eulen, que no podrán someter a sus trabajadores a contratos precarios, por ejemplo.
Entre las principales novedades de la ley es que se da preferencia a la calidad por encima del precio de contratación. De esta forma, se elimina el concepto de oferta económicamente más ventajosa y se sustituye por la de mejor calidad-precio. Las ofertas low cost se conocen como bajas temerarias. Del precio que Aena estima que cuesta una obra, servicio, suministro o asistencia para la empresa pública resulta que los proveedores licitan por una cantidad menor. Así funciona la contratación en el sector público.
“En la nueva Ley hemos intentado atenuar el fenómeno de las bajas temerarias con la introducción de criterios cualitativos que, en determinados contratos, no pueden ser inferiores a ciertos porcentajes de la evaluación para que esta no se base exclusivamente en el precio”, indican fuentes de Ciudadanos.
Asimismo, la ley tiene muy en cuenta los convenios colectivos de las empresas adjudicatarias. Entre las causas de resolución del contrato destaca el impago de los salarios por arte del contratista o el incumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio de los trabajadores.
“Otra novedad que me parece igualmente destacable en relación a los efectos y extinción del contrato es que los pagos se deberán realizar en los mismos términos que los contemplados para la Administración, por lo general en el plazo de 30 días desde la aprobación de la factura”, explica el abogado del bufete Melián Abogados, Juan Carlos García Melián.
También se acortan los plazos de presentación de una oferta y se establece un plazo de contratación de cinco años prorrogable en determinados casos, entre otras. Y, además, se establece un límite del 20% a la figura de los modificados. Eso quiere decir que los sobrecostes de los contratos estarán más controlados.
Los contratos low cost de Aena
Si las aerolíneas de bajo coste acaparan más de la mitad de los pasajeros transportados en los 46 aeropuertos de la red de Aena, los contratos “tirados de precio” del gestor público también se caracterizan por ser low cost.
Las cifras en Aena entre 2012 y 2017 son bastante reveladoras ante esta situación. Según el Gobierno, en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario Ciudadanos, un total de 1.153 obras, suministros, asistencias o servicios fueron adjudicados con más del 30% de disminución del coste, 631 con más del 40% y 304 con más del 50%. En total, se trata de 2.088 de más de 300.000 euros con bajas superiores al 30%.
Además, en ese periodo comprendido de cinco años, el número de expedientes de más de 300.000 euros que quedaron desiertos fue de 240. Y el de los que fueron anulados alcanzó los 948. Es decir, ni siquiera las empresas quisieron entrar a concursas por un contrato tan bajo que impediría pagar un salario digno a sus trabajadores o poder acometer el proyecto sin declararse en suspensión de pagos, entre otras cosas.
En el caso de Enaire –matriz de Aena– se licitaron 987 expedientes, de los cuales, el 21% (208) se hicieron por más de 300.000 euros. De estos, 40 contratos se adjudicaron con bajas de más del 30%, 22 con bajas de más del 40% y 8 con bajas de más del 50%.
¿Fin de las huelgas?
Detrás de estas cifras se esconden las huelgas de los vigilantes de El Prat o las de limpieza del aeropuerto de Ibiza del pasado año. Las empresas de servicios que “tira los precios” para llevarse un contrato se ven tentada a aumentar la carga de trabajo en sus trabajadores o a bajar sueldos.
Lejos de aprender la lección, el gestor aeroportuario lanzó en diciembre el concurso para el servicio de seguridad privada en los aeropuertos españoles por importe de 370,3 millones de euros. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO detectó ciertas irregularidades en los pliegos, por lo que se interpuso un recurso.
Aena se vio obligada suspender el plazo de presentación de ofertas, previsto hasta el 2 de febrero. Curiosamente antes de la entrada en vigor de la nueva ley. El motivo: de nuevo la sombra de un contrato low cost.
En la práctica, se trata de un procedimiento que se realiza para “bajar el precio del servicio, algo que aumentaría la conflictividad como ocurrió este verano en El Prat”, recuerda Basilio Alberto Febles, secretario general de Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO).
Los límites no están claros
No obstante, Aena se defiende alegando que algunos de los contratos que otorgan se rigen por la ley de Sectores Excluidos para “obras de 5.548.000 euros de mínimo y servicios y suministros de 443.000 euros como mínimo”. Por debajo de ello, la nueva ley sí se aplicará.
Según el abogado experto, algunos contratos que realiza Aena, no todos, están sujetos a la normativa de contratación de sectores especiales (agua, la energía, los transportes y los servicios postales). La Directiva 2014/25 que regula esos sectores aún no ha sido traspuesta a nuestra legislación, algo por los que España podría ser sancionada.
Así, Aena podría jugar su as bajo la manga para algunos contratos. Pero en términos generales, la nueva ley pondrá fin a los contratos a la baja.
¿El sector público está preparado?
Ni la Administración Pública, ni las empresas públicas y privadas están preparadas para esta nueva legislación. “No existe suficiente profesionalización del personal que ha de gestionar la contratación según esta nueva norma, norma que es bastante compleja”, explica el abogado. Y es que esta nueva ley contiene 334 artículos, 57 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y tres anexos. Todo ello en 294 páginas.
En segundo lugar, el abogado habla de un cambio “radical” ya que se “establece la obligatoriedad de que las comunicaciones y publicaciones que se realicen en todo el proceso se realicen de principio a fin de manera electrónica, a través de plataformas interoperables y formatos abiertos y reutilizables”.
Pero no solo los expertos en derecho público coinciden en su complejidad, sino también los propios trabajadores de la administración pública. “Para la Administración Pública va a ser un reto. Y no va a ser fácil cumplir con los objetivos”, indica el director general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Pablo Arellano.
En definitiva, la nueva ley traerá muchos cambios, algunos de los cuales ni siquiera se prevén por su complejidad. Pero lo único claro es que los contratos low cost de Aena no se producirán como los conocemos hoy en día.
