Cabreo e indignación entre los trabajadores de Indra ante la decisión de su presidente, Fernando Abril-Martorell de mantener en su puesto a Javier de Andrés, el consejero delegado. La plantilla no entiende cómo es posible que una persona como De Andrés, imputada en la Púnica y salpicada por la operación Lezo, ha obtenido el respaldo tan cerrado de la empresa. Cómo será, que el propio Abril-Martorell ya ha comunicado por escrito a los empleados que será el CEO quien capitanee la absorción e integración de Tecnocom por parte de Indra.
Fuentes cercanas a la compañía explican a Merca2 que no entienden cómo es posible que De Andrés se mantenga en la primera línea. No sólo por sus implicaciones en la Púnica y las salpicaduras con la Operación Lezo, si no porque es el único directivo de la época de Javier Monzón, el ex presidente, que se ha salvado de la quema. Cómo será, que llegan a pensar que «no puede salir por todo lo que tiene que callar», relatan en conversación con este diario.
El Ibex contrata personal pero le paga peor
Y es que el Consejero Delegado ya tuvo que acudir al juzgado en calidad de imputado para explicar la relación de Indra con la Comunidad de Madrid en el caso Púnica. En concreto, para explicar presuntos pagos en negro de 120.000 euros a Alejandro de Pedro, ‘el conseguidor’ de la trama. A cambio, la tecnológica obtendría contratos con el Gobierno regional que llegaron a alcanzar los 20 millones de euros.
Meses después el escándalo vuelve a azotar a De Andrés. En esta ocasión la implicación responde a su mujer María Fernanda Richmond. Fue directora financiera del Canal de Isabel II, y está en prisión bajo fianza de cuatro millones que aún no ha presentado. Se la acusa de pertenencia a organización criminal; blanqueo de capitales; falsificación de documento público; malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Se da la circunstancia, además, de que Richmond perteneció a Indra hasta el año 2007. Allí ocupó distintos cargos, entre otros, el de directora financiera en Argentina y el de controller internacional.
Pese a todo, parece que no hay oposición a De Andrés. Todo lo contrario. En el último consejo de administración nadie ha puesto en cuestión su figura; y ahora liderará la nueva etapa de Indra y Tecnocom. Una compañía por la que la empresa pública ha pagado cerca de 400 millones de euros. Precio importante para una compañía de 6.000 trabajadores y que asesora a más de medio Ibex, sobre todo al sector financiero.
Una absorción que llega después de que Indra haya culminado un ERE de 1.438 personas, según los datos finales del proceso. Unos despidos que buscaban ayudar a reducir la deuda de 520 millones de euros que tenía Indra a principios de 2017.
Cabe recordar, también, que Indra es una empresa pública. La SEPI controla el 18% del accionariado. En su consejo de administración se sientan dos representantes públicos: Juan Carlos Aparicio y Adolfo Menéndez que, por ahora, no han dicho esta boca es mía sobre los últimos movimientos corporativos en la empresa. Sin embargo, los trabajadores dicen estar convencidos de que nadie moverá un dedo por cambiar la situación de la compañía.
