El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos ha hecho público el borrador de 309 páginas de la Ley CLARITY (Clarity for Digital Tokens Act), y este jueves —previsiblemente el 14 de mayo— se someterá a votación en el pleno. El texto aclara, por primera vez en una norma de este calado, que Bitcoin y Ethereum no serán considerados valores, establece un marco federal para las stablecoins y protege de forma explícita la autocustodia de criptoactivos.
La noticia ha insuflado optimismo en un mercado que llevaba años pidiendo certidumbre regulatoria. Las principales criptomonedas reaccionaron al alza en los mercados asiáticos, aunque con movimientos todavía contenidos a la espera del desenlace de la votación.
Qué propone la Ley CLARITY y por qué marca un punto de inflexión
El borrador define criterios de descentralización basados en el control efectivo del protocolo y en la distribución de su gobernanza. Si un activo digital cumple esos requisitos, la norma lo excluye de la supervisión de la SEC como valor financiero. En la práctica, eso otorga un salvoconducto a redes como Bitcoin o Ethereum y despeja el horizonte para muchas finanzas descentralizadas (DeFi).
Otro pilar es la regulación de las stablecoins. El proyecto obliga a los emisores a mantener reservas líquidas de alta calidad, auditables y proporcionales a los tokens en circulación. Además, les exige licencia federal o estatal, un régimen similar al bancario pero adaptado a la naturaleza digital de estos instrumentos.
Y en en un gesto hacia la comunidad cripto más ortodoxa, la ley CLARITY blinda la autocustodia: ningún regulador podrá prohibir a un ciudadano guardar sus propios criptoactivos sin intermediarios. Un detalle que ha sido recibido como una victoria simbólica.
Bitcoin y Ethereum: ‘no son valores’, el desenlace de un debate de años
Desde que en 2022 la SEC iniciara su ofensiva contra exchanges y proyectos, la clasificación de las criptomonedas como valores o materias primas ha sido la gran incógnita del sector. El expresidente de la SEC, Gary Gensler, evitó pronunciarse, aunque sí dejó claro que consideraba que la mayoría de los tokens eran valores. La Ley CLARITY corta ese nudo: otorga seguridad jurídica a los dos activos más capitalizados del ecosistema.
El mercado lo ha interpretado como un espaldarazo. Los volúmenes de negociación de los ETF al contado de bitcoin, aprobados en 2024, se dispararon ligeramente en las horas posteriores a la publicación del borrador, según datos de Bloomberg. Sin embargo, los analistas recomiendan cautela: el texto aún debe superar la Cámara de Representantes, y las elecciones legislativas de noviembre podrían alterar las mayorías.
Stablecoins con reglas claras: qué cambia para los usuarios
Para quien utiliza USDC o USDT a diario, la futura ley supondría una capa adicional de protección. Los emisores tendrían que publicar informes periódicos de reservas y someterse a auditorías externas. La norma también distingue entre stablecoins de pago —las que conocemos— y otros tokens vinculados a activos, y exige segregación de fondos para evitar situaciones como el colapso de TerraUSD en 2022.
Eso sí, la implementación no será inmediata. El borrador contempla un período de adaptación de 18 meses para los emisores existentes, un plazo que los juristas consideran razonable pero que dejará una ventana de incertidumbre durante la transición.
Análisis: el impulso político que necesitaba el cripto, pero sin bajar la guardia
La Ley CLARITY llega en un momento en que otras grandes economías —la Unión Europea con MiCA, Reino Unido o Japón— ya han avanzado marcos regulatorios. Estados Unidos corría el riesgo de quedarse rezagado y perder el polo de innovación que representan proyectos como Solana o Avalanche, que hasta ahora navegaban en un limbo legal.
Esta redacción cree que la norma es un avance sustancial, pero no resolverá todos los problemas. El diablo, como siempre, está en los detalles. La definición de descentralización se basa en umbrales cuantitativos que podrían quedarse obsoletos en un sector que evoluciona a una velocidad endiablada. Además, el tratamiento fiscal de las recompensas por staking —el mecanismo por el que se bloquean monedas a cambio de retornos— queda fuera del texto, un silencio que los inversores minoristas notarán en su próxima declaración de impuestos.
La votación del jueves es, sin duda, un hito. Pero la verdadera prueba será si el proyecto sobrevive al trámite de la Cámara y a las turbulencias que siempre acompañan a cualquier ley en año electoral.
