Desde hace varios días se ha vivido en España una de las situaciones judiciales más cómicas de la democracia. Todo se inició el pasado 17 de octubre cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambió de opinión y en una sentencia fechada el 16 de octubre afirmaba que es el banco quien tiene que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en las escrituras notariales de un préstamo con garantía hipotecaria. Pero de repente hubo un giro en el guión, y apenas un puñado de horas después, el Supremo echó el freno a la sentencia. Ahora se confirma el sainete.
En concreto, tras dos días de deliberación el Tribunal Supremo ha decidido que es el cliente el que debe pagar los impuestos de la hipotecas. Así lo ha dictaminado el Pleno del Alto Tribunal por 15 votos contra 13, que ha decidido a favor de la posición de los bancos, que no deberán asumir el impuesto sobre la escritura notarial de la hipoteca. El texto de las sentencias «se conocerá en los próximos días», ha comunicado en una breve nota informativa publicada en su página web.
El Tribunal Supremo ha intentado en los dos últimos días salir de la fractura que estaba dejando el Pleno jurisdiccional de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo). La segunda jornada de debate y deliberación de los 28 magistrados que decidían sobre el pagador del AJD mantenía activa este martes la división que ya se vislumbró en la sesión del lunes.
Tras ocho horas de reunión se pronunciaron nueve jueces, cinco a favor de ratificar la nueva doctrina que convierte al banco en el sujeto pasivo del gravamen y cuatro en volver a la tesis anterior, que sea el cliente quien haga frente al impuesto al firmar la hipoteca.
Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
LAS REACCIONES INMEDIATAS
Lógicamente las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo las que denotan un carácter populista que van más allá de la crítica real sobre la situación, y es que España no puede estar sometida a la actual inseguridad jurídica que azota a todas las actividades empresariales.
En este caso ha sido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el que ha dicho que la «independencia» del Tribunal Supremo está en «entredicho» por la sentencia, y ha llamado a una «gran movilización cívica» ya que cree que «gana la banca y pierden los ciudadanos». Ha añadido que «la vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización».
Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha declarado que «hay que respetar» las resoluciones judiciales. En los pasillos del Senado, una vez conocida la decisión del Supremo, Valerio se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.
Este periodo de incertidumbre ha coincidido con la presentación de resultados de los bancos relativos al tercer trimestre. En todas ellas el tema salió a la palestra. Su valoración sobre la sentencia del Tribunal Supremo y las consecuencias en la política comercial y las provisiones por posibles demandas fueron preguntas recurrentes. Los bancos han mantenido un mensaje común: «siempre hemos cumplido con la ley y seguiremos haciéndolo».
CASTIGO A LOS BANCOS EN BOLSA
Los grandes beneficiados de esta sentencia, a priori, han sido los bancos. Sin embargo, desde que salió a la luz la sentencia que cambiaba el protocolo sus maltrechas cotizaciones en Bolsa han ahondado las caídas. Así, todas las entidades cotizadas han registrado un signo negativo en este periodo hasta acumular pérdidas superiores a los 5.000 millones de euros.
Además del castigo en Bolsa, cabe destacar la mala imagen que ha vuelto a caer sobre las entidades financieras. El impuesto fue, es y será recaudado por las haciendas regionales. Sin embargo, para la gran mayoría los banqueros fueron, son y serán los malos de la película. En parte, gracias a las campañas de publicidad promovidas por despachos de abogados que buscan estirar su negocio de litigios contra la banca.
Lo que ha quedado claro en estas dos semanas es la falta de claridad en un asunto vital para muchos españoles. La hipoteca, tal y como está el mercado inmobiliario, se han convertido en un contrato necesario para todos aquellos que han decidido comprar una casa. Un gasto fijo mensual al que va destinado una gran parte del salario. Un matrimonio casi de por vida con la entidad bancaria.
Han hecho falta dos semanas para no cambiar nada. Muchos hipotecados dudarán sobre qué sentencia del Tribunal Supremo es la correcta, a cuál hacer caso, y algunos comenzarán una lucha judicial para recuperar lo que entienden que es suyo. Por tanto, todo parece indicar que esta decisión será solo un capítulo más en la serie donde clientes, bancos, jueces y abogados luchan entre ellos por sus intereses y todos salen perjudicados.
