El Ministerio de Transportes ha regulado la forma en que repartirá los más de ocho millones de mascarillas compradas para el personal de todo tipo de transportes de viajeros y mercancías, de cuya distribución se encargará Correos.

El Departamento enviará dos mascarillas por vehículo a las empresas de transporte de viajeros tanto en autobús como en otro tipo de vehículos, y de mercancías por carretera que tiene registradas.

En el caso de los operadores privados de carga en tren o los transportes dependientes de las comunidades autónomas, habilitará un canal a través de su página web para recibir las peticiones de mascarillas y enviarlas también por Correos.

Así lo establece el Departamento que dirige José Luis Ábalos a través de una Orden Ministerial en la que indica que, no obstante, pondrá parte del pedido de mascarillas a disposición del Ministerio de Sanidad para que lo distribuya entre establecimientos sanitarios y farmacéuticos.

En cuanto a las destinadas al transporte, el Ministerio establece un criterio de reparto de forma que se darán dos mascarillas por vehículo para las empresas de transporte mercancías en vehículos tanto de menos como de más de 3,5 toneladas.

En el caso de transporte de viajeros por carretera, incluido el sanitario, también se darán dos mascarillas por vehículo salvo a los que tienen autorización de la clase ‘VDE’, que contarán con una.

Para las empresas privadas de transporte de mercancías en tren, se asignarán dos mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación de tren habilitados por la empresa.

En el caso de los transportes públicos urbanos de viajeros, de competencia autonómica y local, y tanto por carretera como por ferrocarril (autobús, metro o tranvía), se repartirán dos mascarillas por conductor, y otras dos por auxiliar de cabina o de operación, en caso de contar con ellos, así como a todo el personal relacionado directamente con estos servicios de transporte a los que por las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público o no poder mantener la distancia social de seguridad.

El Ministerio también repartirá «el número de mascarillas que se determine, en función de las necesidades y situación a medida quese reciba la cantidad correspondiente, al personal relacionado con los servicios de transporte esenciales.

En su orden, Transportes recuerda que este reparto está supeditado a las cantidades que se vayan recibiendo (hasta el momento ha llegado un pedido de 1,5 millones de mascarillas) y de la distribución previa que inicialmente el Ministerio hizo por sectores.

«En caso de recibirse distintas entregas se realizarán asignaciones de acuerdo con criterios de proporcionalidad, del grado de contacto directo con el público en función del trabajo, y de las necesidades del sector», añade la Orden.

RESERVAR SU USO.

En cuanto al personal de transporte, indica que para el criterio de distribución de mascarillas se ha tenido en cuenta «que no es necesario el uso de las mascarillas de manera continua en el tiempo, sino solamente en aquellas circunstancias en las que no es posible respetar la distancia social de seguridad» recomendada por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio, «reservando el uso de las mismas en el resto de las ocasiones y pudiendo así racionalizar y prolongar su uso».

Según se indica en la orden, «respetar las distancias de seguridad sanitaria sigue siendo la medida más efectiva», por lo que llama al sector a trabajar en esa línea, implementando medidas operativas y de organización en ese sentido, entre las que señala la instalación de mamparas de protección o evitar, siempre que sea posible, que el conductor de un camión baje del vehículo y participe de las tareas de carga y descarga».

El pedido de mascarillas para el transporte se enmarca en el objetivo de garantizar con seguridad el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento y las compras realizadas por Internet, teléfono o por correo durante la actual crisis sanitaria, así como el de viajeros para asegurar aquellos desplazamientos que se ajusten a las causas de fuerza mayor contempladas en el estado de alarma.

El Ministerio indica que para estos servicios se presten con la protección de la salud «es necesario dota al personal que lo desarrolla mascarillas para los casos en que no sea posible mantener la distancia social de seguridad» recomendada por las autoridades sanitarias».

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha exigido al Gobierno que elimine la cuota de autónomos del mes de abril, según ha apuntado en un comunicado.

«Tras el hachazo que se le ha pegado a todo los autónomos en marzo, exigimos de nuevo al Gobierno que la cuota del mes de abril sea eliminada, ya que los autónomos están en estos momentos en su casa, confinados, ahogados, sin liquidez, sin facturar y sin vender», ha remarcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Para la federación, el Gobierno no puede seguir castigando a este colectivo, ya que «necesitan que salgan ya de una vez por todas a su rescate».

«No nos valen aplazamientos ni moratorias para la cuota de abril. No podemos pagar una cuota por la que nosotros no estamos ni facturando ni vendiendo. Solo contemplamos la eliminación de la cuota de abril», ha remarcado Amor.

Así, ha hecho hincapié en que «ningún trabajador o persona que esté en su casa sin trabajar, sin cobrar el paro, ni permiso retribuido cotiza en estos momentos a la Seguridad Social, por lo que «los autónomos no pueden ser menos, si no cobramos, no podemos tener obligación de cotizar».

APLAZAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

También ha insistido en exigir que se aplacen las obligaciones tributarias correspondientes al primer trimestre. El Gobierno debe evitar que los autónomos salgan de sus casas, en estos momentos de confinamiento y de alarma en el que se nos ha pedido que nos quedemos en casa hacia las asesorías o gestorías para recabar la documentación necesaria y presentar las obligaciones tributarias del primer trimestre», ha dejado claro.

En esta línea, Amor ha resaltado que es «coherente» que se aplace la presentación de las obligaciones tributarias al mes de julio y se presenten conjuntamente el primer y el segundo trimestre.

«El Gobierno no puede seguir dando la espalda a los autónomos y debe atender de una vez por todas lo que son sus necesidades», ha apuntado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que convocará este viernes por la tarde un Consejo de Gobierno extraordinario para asumir durante dos meses las cuotas de autónomos afectados por el coronavirus y ayudas a través de avales para que puedan financiarse.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha remarcado que Madrid ha sido siempre «el motor económico de España» y una autonomía que confía en sus empresarios, en sus autónomos, en el empleo y en la colaboración público-privada «sin dogmas».

Ayuso ha desvelado que también trabajan en cuotas especiales del Canal de Isabel II para ellos y para personas afectadas por ERTEs, con el objetivo de que paguen únicamente cuatro euros al mes en la tarifa del agua, así como nuevas medidas de choque que «clarifiquen lo que el Gobierno de España no está haciendo».

Madrid ha sabido siempre crear empresas, empleo», ha subrayado. Además, ha recordado el impulso que supondrá Madrid Nuevo Norte así como que apostarán por nuevas empresas tecnológicas.

La creación de empresas en España fue de 8.112 empresas en el mes de marzo, lo que supone un retroceso del 13% respecto al mismo mes del año pasado y del 5% en comparación a febrero, con caídas en todas las comunidades autónomas (CC.AA.), debido sobre todo a la significativa bajada producida a partir del día 17, cuando se publicó el real decreto-ley de medidas para paliar el Covid-19.

Así se desprende del último Estudio sobre Demografía empresarial, realizado por Informa D&B, compañía filial de Cesce, que refleja la constitución de 24.580 empresas en el primer trimestre del año en España, lo que supone un recorte del 9% respecto a las 26.866 de 2019.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha explicado que se observó una «significativa caída» en el número de empresas constituidas en España a partir del día 17 de marzo, en el que se publicó el real decreto-ley con medidas para mitigar el impacto del Covid-19.

En cuanto al capital invertido para la creación de estas compañías se aprecia un ligero descenso en marzo, de un 1%, que alcanza un 11% menos en el primer trimestre, con una inversión acumulada de 1.724 millones de euros.

CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y ALTA TECNOLOGÍA

Por sectores, aunque construcción y actividades inmobiliarias y comercio son los en los que más empresas se constituyeron en el primer trimestre, con 5.257 y 4.685, respectivamente, registraron también el descenso más elevado en valor absoluto, al restar 638 y 665 cada uno.

Esta situación se produjo también en marzo, mes en el que las constituciones en construcción cayeron un 12%, con 237 compañías menos, y en comercio cedieron un 17%, con 300 menos. Asimismo, la creación de empresas en los sectores de alta tecnología se redujo un 4% en el mes de marzo y acumulan un retroceso del 7% en lo que va de año.

Las 1.280 nuevas sociedades del primer trimestre, que representan el 5% de todas las constituciones, supusieron una inversión de 30 millones de euros, un 13% más. El 84% se dedica a servicios de alta tecnología o de punta y el resto a sectores manufactureros de tecnología alta o media-alta.

En cuanto a la inversión, el sector de intermediación financiera lideró en el primer trimestre, sumando casi 900 millones de euros para alcanzar el 51% del conjunto de la inversión realizada, 170 de ellos en marzo.

Le siguió el sector de la construcción, que se quedó en algo más de 425 millones de euros, aunque registró la caída más notable en número, restando 183 millones de euros. Con las excepciones de intermediación financiera, comunicaciones y otros servicios, el resto de sectores recortaron el capital desembolsado en marzo.

CAE EN TODAS LAS CC.AA

Por comunidades autónomas, en marzo se registró una bajada en el número de creaciones que afectó a todas las regiones. Andalucía, Valencia y Cataluña sufrieron los mayores recortes en valor absoluto, con 356, 157 y 154 constituciones menos cada una, para quedar en 1.228, 900 y 1.581, cifras, de todos modos, solo superadas por las 2.128 de Madrid, que pierde un 2%.

Las mayores caídas en marzo, mes afectado en más de la mitad por la crisis sanitaria del Covid-19, se dieron en Asturias (-34,7%), La Rioja (-36,7%) y Extremadura (34,3%), aunque se registraron retrocesos también en el resto de regiones: Andalucía (-22,5%), Aragón (-26,2%), Cantabria (-3,7%), Castilla-La Mancha (-11,9%), Castilla y León (-18%), Cataluña (-8,8%), Comunidad Valenciana (-14,8%), Galicia (-13,8%), Baleares (-15,9%), Canarias (-11,9%), Madrid (-2,2%), Murcia (-1,6%), Navarra (-16,7%) y País Vasco (-23,3%). En Ceuta se volvieron a crear siete empresas, mientras que en Melilla no se registró ninguna.

A su vez, Madrid lideró también las constituciones en el primer trimestre, con 5.635, el 23% del total, seguida de nuevo por Cataluña, con 4.855, y Andalucía, con 4.033. No obstante, las tres ven descender sus datos en este periodo, un 6%, un 5% y un 10%, respectivamente, siendo las caídas de Andalucía (454) y Madrid (391) las mayores en el periodo.

La única comunidad autónoma que vio aumentar la constitución de nuevas empresas en el primer trimestre fue Canarias, con un alza del 10%.

Por último, la inversión de capital desde enero la encabeza Madrid, con más de 510 millones de euros, seguida por Cataluña, con 415 millones de euros, aunque en la primera la inversión aumenta un 74%, mientras que en la segunda cae un 38%, el mayor retroceso en valor absoluto.

En marzo volvió a ser la comunidad madrileña la primera, con una inversión de 138 millones de euros, un 85% más.

El Banco de España considera que la crisis sanitaria «puede afectar al cumplimiento de los objetivos de reducción de la morosidad de las entidades financieras» y lo «tendrá en cuenta» al revisar la implantación de los planes de reducción de activos no rentables.

Así lo expresa el organismo en un documento aclaratorio con preguntas y respuestas para las entidades sobre el uso de la fexibilidad prevista en la normativa contable por el Covid-19, publicado este viernes.

La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos explica que también «será flexible» en la tramitación de los planes de cumplimiento el caso de que el capital de las entidades descienda por debajo del necesario para cubrir el colchón de conservación del capital.

Asimismo, el supervisor contempla que la situación actual pueda «provocar tensiones de liquidez», por lo que espera que las entidades hagan uso de sus colchones de activos líquidos, aunque eso suponga que puedan descender por debajo de los niveles mínimos de cobertura de la liquidez (LCR). Cuando eso suceda, las entidades deberán remitirle un plan de retorno al cumplimiento, que el Banco de España tramitará también «con flexibilidad».

El organismo supervisor recuerda que el uso de la flexibilidad existente en el marco contable implica evitar la utilización automática de los indicadores e hipótesis debido a que no resultan razonables en circunstancias excepcionales como la actual, a pesar de que sí lo sean en un contexto normal.

En este sentido, explica que no tienen que clasificarse automáticamente como importe normal en vigencia especial (NVE) las operaciones que estén vencidas en más de 30 días, siempre y cuando no hayan experimentado un incremento significativo en su riesgo de crédito. Normalmente, los importes vencidos con más de 30 días son una presunción refutable para la clasificación en NVE.

En cuanto a los efectos contables de de las moratorias legales concedidas por la situación causada por el coronavirus, la entidad sostiene que la moratoria tiene implicaciones de cara al cómputo de vencimiento de las obligaciones, que se raliza conforme al nuevo calendario de pagos. Estos importes suspendidos no se consideran exigibles, y por tanto, tampoco vencidos.

Para determinar si ha sufrido un incremento significativo del riesgo de crédito, el Banco de España señala que ha de tenerse en cuenta toda la vida de la operación.»Se tiene que valorar si los posibles cambios que se consideren puntuales o transitorios en el comportamiento de pago tienen un impacto significativo en el riesgo durante todo el plazo», precisa.

Asimismo, aclara que las operaciones de los clientes que registren un buen comportamiento de pago pero que tengan ahora dificultades de liquidez deberán anotarse como renovaciones o renegociaciones, de modo que no pasarán automáticamente a clasificarse como refinanciaciones o reestructuraciones.

«Estas operaciones podrían mantenerse clasificadas como normales en la medida en que no presenten dudas razonables sobre su reembolso y no haya habido un incremento significativo de su riesgo de crédito», añade el Banco de España.

De igual forma, el Banco de España indica que la incorporación del efecto de las previsiones sobre condiciones económicas futuras en la estimación de las coberturas por riesgo de crédito tendrá que hacerse con arreglo a una información «razonable y fundamentada».

IDENTIFICAR LAS OPERACIONES AFECTADAS

Para el organismo, los bancos deberían de dar más ponderación a las estimaciones sin un alto nivel de incertidumbre, para evitar que se menoscabe la fiabilidad de las mismas.

Así, mientras no haya información disponible y fiable sobre el impacto del Covid-19, pide que se le otorgue más peso a las proyecciones establecidas en el largo plazo.

En cualquier caso, la institución espera que las entidades financieras identifiquen todas las operaciones que se vean afectadas directamente por estas medidas de flexibilización aplicables por la situación excepcional generada por Covid-19 y que se informe de las mismas a la Central de Información de Riesgos (CIRBE).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que, cuando finalice el estado de alarma, habrá empresas que podrán renegociar los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) que han puesto en marcha por el impacto del Covid-19, y ha negado que se vaya a producir una oleada de despidos en España.

En este sentido, ha recordado que la nueva regulación de los ERTEs de fuerza mayor está asociada al compromiso de mantener el empleo durante seis meses. «Pero si después del estado de alarma hay empresas que siguen necesitando de un ERTE, se encontrarán con el apoyo completo del Gobierno y habrá que reconfigurar los ERTEs, seguramente que por causas económicas o por otras causas», ha explicado la ministra en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Y es que, según ha subrayado, los ERTEs de fuerza mayor que se han habilitado para este periodo excepcional eximen del pago de cotizaciones a las empresas y reconocen la prestación por desempleo a los trabajadores incluidos en estos procedimientos, aunque no tengan el periodo mínimo de cotización necesario. «Es muchísimo dinero público», ha apuntado.

ESTUDIARÁ QUE EL PERIODO DE PRUEBA CUENTE PARA EL DESEMPLEO

La titular de Trabajo ha explicado que, después del estado de alarma, lo normal es que los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor se reincorporen a su puesto de trabajo con el compromiso de actividad de seis meses. «Pero si hay empresas que tienen dificultades en sectores muy localizados, pueden renegociar el ERTE», ha añadido.

Eso, ha apuntado, ya era algo habitual y ha puesto como ejemplo al sector de la automoción, donde a veces se presenta un ERTE por una determinada duración y luego se necesita un poco más o un poco menos de tiempo. «Por tanto, es un mecanismo muy flexible y adecuado para esta situación y quiero dar tranquilidad y certeza a los trabajadores pero principalmente a las empresas. Máxima flexibilidad y sentido común», ha resaltado.

La ministra ha señalado además que se volverá a la normalidad «de forma pautada», pues no se volverá al trabajo y a los colegios «de golpe». «Todos los sectores afectados por el Covid-19 permanecerán en situación de excepcionalidad hasta que estemos en una situación acomodada de ordinariedad», ha señalado.

A la pregunta de una trabajadora que dejó un empleo y cogió otro en el que estaba en periodo de prueba y no fue incluida en el ERTE que ha presentado su empresa por el coronavirus, Díaz ha reconocido que las situaciones del periodo de prueba no dan lugar a una situación legal de desempleo, un asunto que, según ha admitido, «se ha quedado fuera» de las medidas del Gobierno pero que se ha comprometido a resolver.

«Voy a ir directamente a hablar con el director del Servicio Público de Empleo Estatal para que contemplemos específicamente también el periodo de prueba y que sea una situación legal de desempleo», ha dicho la ministra, que ha añadido además que si la empresa formalizó un ERTE, debería haber incluido en el mismo a la trabajadora aunque su contrato estuviera en periodo de prueba, o fuera de formación, interino o de obra o servicio. «Si la empresa no lo ha hecho, puede mediar una causa de discriminación», ha advertido.

Díaz ha insistido en que «mientras dure el estado de alarma», en España no se puede despedir, aunque una vez que se deje atrás esa situación excepcional, se volverá al ordenamiento jurídico anterior. Esto no quiere decir, ha precisado, que no se vayan a adoptar más medidas.

ABRIL SERÁ OTRO MES «IMPACTANTE» PARA EL MERCADO LABORAL

En este punto, ha indicado que en los datos de paro y afiliación de marzo se ha vuelto a observar que los ajustes de empleo se producen por la vía de los trabajadores temporales, un asunto que «tienen que abordar cuanto antes» el Gobierno y los agentes sociales.

Díaz ha reconocido que abril será otro mes «impactante» para el mercado laboral y ha apuntado que el alcance de la crisis sobre el empleo no se puede conocer todavía.

Sobre la renta mínima, la ministra ha asegurado que se sigue trabajando en ella y que lleva su tiempo porque supone una reordenación de las múltiples prestaciones de la Seguridad Social, pero ha afirmado que la medida saldrá adelante, aunque ha precisado que no sabe si estará lista o no para el próximo Consejo de Ministros.

Los residentes en España realizaron 193,9 millones de viajes en 2019, lo que supone un descenso del 1,1% respecto a 2018, aunque gastaron un 2,4% más en sus viajes, hasta 48.066 millones de euros, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes.

El 89,6% de los viajes que realizaron los españoles el año pasado tuvo como destino principal España, frente al 10,4% de desplazamientos al extranjero.

Los viajes con destino interno acumularon el 81,8% de las pernoctaciones y el 66,6% del gasto total, con un gasto medio diario de 49 euros. Por el contrario, los viajes al extranjero supusieron el 18,2% de las pernoctaciones y el 33,4% del gasto total, con un gasto medio diario de 111 euros.

En conjunto, las pernoctaciones correspondientes a los viajes realizados por los españoles en 2019 alcanzaron los 793,9 millones, cifra ligeramente inferior a la de 2018.

Los principales motivos de viaje fueron el ocio (51,7% del total) y las visitas a familiares o amigos (34,5%). Los viajes de ocio acumularon el 60,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros. El gasto medio diario más elevado fue el de los viajes de negocios (117 euros).

En el cuarto trimestre de 2019, los residentes en España realizaron 40,5 millones de viajes, lo que supone un aumento del 0,9% respecto al mismo periodo de 2018, con un gasto de 9.022 millones de euros, un 0,9% más. El 90,4% de los viajes tienen como destino principal el territorio nacional, con un incremento del 1,7% respecto al cuarto trimestre de 2018. Por su parte, los viajes al extranjero, que representan el 9,6% del total, disminuyen un 6%.

EL ALOJAMIENTO DE NO MERCADO, EL MÁS UTILIZADO

Los residentes optaron por alojamiento no de mercado en el 59,7% del total de viajes. Estos viajes, que acumularon el 59,6% de las pernoctaciones, presentaron el gasto medio diario más bajo (31 euros). Por su parte, el gasto medio diario más elevado fue el de los viajes con alojamiento hotelero (133 euros).

En los viajes internos, el gasto en bares y restaurantes representó el mayor porcentaje del gasto total (26,5%), seguido del gasto en alojamiento (24,9%) y en transporte (21,8%). En los viajes al extranjero, la partida con más peso sobre el total fue el gasto en transporte (29,0%), seguido del gasto en alojamiento (21,1%) y en paquete turístico (17,4%).

Por trimestres, el gasto medio diario más alto se registró en el segundo, tanto para los viajes internos (59 euros), como para los viajes al extranjero (137 euros). Por su parte, los gastos medios más bajos se dieron en el tercer trimestre (41 euros en los viajes internos y 97 euros en los realizados al extranjero).

ANDALUCÍA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, PRINCIPALES DESTINOS

Andalucía fue el destino del 16,9% del total de viajes realizados en 2019, seguida de Cataluña (13%) y Comunitat Valenciana (10,2%). Los destinos visitados en menor medida fueron La Rioja (0,8% del total), Comunidad Foral de Navarra (1,5%) e Islas Baleares (1,7%).

Los gastos medios diarios más altos se dieron en los viajes a Comunidad de Madrid (75 euros), Canarias (72 euros) e Islas Baleares (69 euros). Por su parte, los valores medios más bajos fueron para Castilla-La Mancha y Castilla y León (37 euros cada comunidad) y Extremadura (41 euros).

Los residentes en Comunidad de Madrid acumularon durante el año 2019 el mayor porcentaje de viajes (18,2% del total), seguidos de los residentes en Cataluña (17,3%) y en Andalucía (15,3%).

El gasto medio diario más alto lo realizaron los residentes en Islas Baleares (74 euros al día), Canarias (73 euros) y Cataluña (68 euros). Por el contrario, los gastos medios diarios más bajos se dieron en Aragón (54 euros), Extremadura (55 euros) y País Vasco y Región de Murcia (ambos con 56 euros).