Informa D&B, que pertenece al grupo Cesce, ha puesto a la venta su participación en la sociedad especializada en firma electrónica Logalty, con el asesoramiento financiero de JB Capital Markets.

Logalty, dedicada a la notificación, contratación y publicación online segura y económica, está participada al 49,99% por Informa D&B, mientras que Socyam cuenta con un 39% de su capital y Seur ostenta el 11% restante. Informa y el resto de socios «están valorando una operación de desinversión de su participación en el capital social de la misma», señala ha adelantado ‘El Economista’.

El plazo para pujar por Logalty acabó el pasado 15 de septiembre y los interesados se han puesto en contacto con JB Capital Markets. Fuentes de la boutique de inversión liderada por Javier Botín han optado por no hacer comentarios al respecto.

5 MILLONES DE EUROS

El valor teórico contable de Logalty ronda los 5 millones de euros, ya que, según recoge el último informe anual de Cesce, su participación del 50% estaba valorada en 2,593 millones de euros a cierre de 2019.

Logalty fue creada en 2005 de la mano del despacho de abogados Garrigues. En 2011, Informa D&B adquirió el 51% de dicha sociedad, que actualmente es referente en España de tercera parte de confianza.

El accionariado de Cesce, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, está formado por el Estado español (50,25%), Santander (23,88%), BBVA (16,3%), otros bancos (5,67%) y compañías de seguros (3,9%), a cierre de 2019.

El Banco Central Europeo (BCE) ha adjudicado 174.464,05 millones de euros de liquidez a las 388 entidades que han participado en la última subasta TLTRO-III celebrada por el instituto emisor, lo que supone un descenso del 86% en comparación con el récord histórico que se alcanzó en la anterior ronda de este tipo de operaciones, celebrada en junio, en la que se adjudicaron 1,308 billones de euros.

De esta forma, en el conjunto de las cinco rondas del actual programa TLTRO, el BCE ha adjudicado casi 1,7 billones de euros a la banca europea.

Desde la cuarta subasta del programa, se aplican las condiciones más ventajosas hasta la fecha para las operaciones de liquidez. En abril, el BCE decidió mejorar su remuneración, por lo que el tipo de interés a aplicar es 50 puntos básicos inferior al tipo medio aplicado en las operaciones de refinanciación. Esto significa que los bancos le cobrarán un 0,5% al BCE por el dinero que le pidan prestado en el marco de estas operaciones, ya que el tipo de interés de referencia está situado en el 0%.

RECIBIRÁN LOS FONDOS EL DÍA 30

Además, para aquellas entidades cuyos préstamos elegibles superen un valor de referencia, el tipo aplicado a las TLTRO-III es inferior. En concreto, se puede situar hasta 50 puntos básicos por debajo del tipo medio de la tasa de facilidad de depósito vigente durante cada ronda TLTRO. De forma efectiva, esto se traduce en que los bancos cobrarán hasta un 1% por pedir prestado al BCE, ya que la facilidad de depósito está situada en el -0,5%.

Las entidades recibirán los fondos el 30 de septiembre de 2020, con un plazo de vencimiento de tres años, que finalizará el 27 de septiembre de 2023. No obstante, las entidades podrán optar a devolver los fondos de forma anticipada.

De hecho, la semana pasada la banca europea decidió devolver de forma anticipada 10.949,89 millones de euros al Banco Central Europeo (BCE) procedentes del segundo programa de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-II), que tuvo lugar entre 2016 y 2017.

Leroy Merlin ha creado un equipo de 100 personas especializado en la venta a distancia para continuar flexibilizando las opciones de compra a disposición de los clientes, según ha informado este jueves.

Tras el éxito obtenido por la venta telefónica, la cual ha facturado 70 millones de euros hasta la fecha, Leroy Merlin ha decidido consolidarla, creando el equipo de venta a distancia que reforzará el asesoramiento a sus clientes, particulares y profesionales.

La compañía habilitó esta «innovadora» modalidad de servicio en marzo para atender las necesidades de sus clientes durante el confinamiento provocado por la crisis sanitaria del Covid-19. Con ello, los consumidores continuaron contando con las recomendaciones que habitualmente recibían en la tienda física por parte de los profesionales de la compañía.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

De este modo, Leroy Merlin continúa impulsando su transformación digital, evolucionado como organización a la vez que simplifica e incrementa la eficacia de los procesos, apostando por la omnicanalidad, mejorando la autonomía, optimizando las capacidades de los colaboradores y generando una movilidad más sostenible.

Para lograr este nuevo modelo enfocado en el cliente, Leroy Merlin ha firmado con Fetico, sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores del grupo, un acuerdo que consolida el trabajo en remoto de los colaboradores de la venta a distancia.

Se trata de un acuerdo pionero en el sector y que cumple con todos los requerimientos de la nueva Ley del Teletrabajo publicada ayer en el BOE. Así, según la empresa, se conjuga el servicio al cliente con fórmulas más flexibles de conciliación para los colaboradores.

TRABAJO EN REMOTO

«Con este nuevo acuerdo marcamos un antes y un después, convirtiéndonos en referentes de esta modalidad laboral en un sector donde el trato con el cliente es fundamental. Nuestro equipo humano es la pieza fundamental de Leroy Merlin y está en nuestras manos garantizar el bienestar de todos ellos. De hecho, los puestos destinados al trabajo en remoto han sido cubiertos de manera voluntaria, lo que manifiesta que este modelo es atractivo para nuestros colaboradores. De esta forma, impulsamos medidas que dan respuesta a las necesidades cambiantes de los colaboradores, los clientes y el entorno», ha subrayado el director de gestión de Recursos Humanos de Leroy Merlin, Emilio Ruiz-Roso.

Por su parte, Fetico ha expresado que la crisis del Covid-19 ha enseñado que la implicación social de empresas y trabajadores requiere de nuevas reglas que faciliten el equilibrio entre la productividad y la conciliación. «Empresas internacionales como Leroy Merlin, hacen una apuesta de presente inmediato, marcando un camino que contribuya a un cambio social real en la apuesta por el bienestar de la persona», ha señalado.

El nuevo crédito concedido por las entidades de financiación desaceleró en 2019 su ritmo de crecimiento, tras haber crecido a tasas de doble dígito en el período 2014-2018. De este modo, la inversión nueva se incrementó un 3,3% en dicho ejercicio, frente al 12,5% contabilizado en 2018, alcanzando los 37.170 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

En concreto, el segmento de bienes de consumo concentró el 57,4% de la inversión nueva total, situándose en 21.337 millones de euros, un 3,6% más. Asimismo, el volumen de crédito destinado a la adquisición de vehículos, por su parte, se cifró en 15.285 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,8% respecto al año anterior, muy inferior al 18,2% contabilizado en 2018, en un escenario de caída de las matriculaciones de automóviles nuevos.

Por tipo de entidad, las financieras de marca generaron el 51,5% de la inversión nueva en financiación para automoción, correspondiendo el 48,5% restante a otro tipo de entidades. La inversión nueva de las entidades en el segmento de bienes de equipo experimentó un incremento del 5%, el mayor del sector, cifrándose en 548 millones de euros.

EL IMPACTO DEL COVID-19

Según DBK, la demanda de financiación para la adquisición de bienes y servicios se está viendo en gran medida afectada por el impacto en la economía de la pandemia de la Covid-19, lo que permite anticipar una significativa caída del nuevo crédito concedido este año.

La estructura de la oferta de las entidades especializadas en financiación se caracteriza por la coexistencia de filiales de grupos bancarios nacionales o extranjeros, financieras de marca dependientes de los principales fabricantes de automóviles y algunas sociedades financieras vinculadas a grandes grupos de distribución.

Las cinco primeras entidades reunieron conjuntamente el 57% de la inversión nueva total en 2019, elevándose al 77% la cuota conjunta de las diez mayores.

Unos 370.000 autónomos mantienen sus actividades cerradas en estos momentos y más de 1,6 millones de trabajadores por cuenta propia afirman que han visto caer su actividad por encima del 60% en lo que va de año, según se desprende del barómetro sobre la situación autónomos correspondiente a septiembre realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre los que tienen el negocio cerrado, el 7,7% asegura que lleva así desde marzo, mientras que casi el 60% afirma que, aunque ha abierto, está funcionando al 50% y tan sólo el 16% de los trabajadores por cuenta propia encuestados dice que está abierto y funcionando con total normalidad.

Del barómetro también se desprende que uno de cada tres autónomos, unos 500.000, prevé disminuir la plantilla a lo largo de este año. No obstante, el 54% de los encuestados dice que no tiene liquidez para hacer frente al despido de sus trabajadores.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha dejado claro que es una situación «de emergencia» en la que «ya se va tarde». «Es necesario implementar medidas que salven actividades de autónomos, sus empresas y los empleos que generan», ha asegurado Amor, que ha añadido que en la actualidad el país vuelve «a estar en una situación extraordinaria que necesita de medidas extraordinarias».

Por otro lado, el informe señala que ocho de cada diez autónomos apuntan que la facturación de su negocio se ha visto reducida respecto a la del año anterior, el 14% dice que se ha mantenido y un 3,1% asegura que incluso ha aumentado, aunque para la mayoría el incremento ha sido de entre un 10% o un 30% en comparación con la del año anterior.

Los autónomos han dejado constancia de que la morosidad sigue siendo uno de sus principales problemas. De hecho, uno de cada tres ha señalado que la está sufriendo.

EL IMPACTO DE LAS AYUDAS

Preguntados por las medidas aplicadas para tratar de paliar la bajada de la facturación, el 48,7% de los autónomos afirma que se benefició de la prestación por cese de actividad extraordinaria y en los meses de julio, agosto y septiembre y se les exoneró la cuota total o parcialmente, mientras que un 51% no ha podido disfrutar de estas exoneraciones porque no accedió durante el estado de alarma a la prestación extraordinaria.

ATA ha alertado de que la prestación por cese de actividad que se podía solicitar desde el 1 de julio no tiene nada que ver con el contexto real que viven los autónomos y ha sido «un fracaso». De hecho, apunta que solo un 7,1% la ha solicitado y de este porcentaje se le ha concedido al 72,2%.

Para la federación, el fracaso de esta prestación «se hace aún más patente al preguntar a los autónomos si consideran fundamental el cobro de cualquier medida de cese de actividad (ordinaria o extraordinaria) para la continuidad de su negocio», ya que tres de cada cuatro autónomos, el 75,7%, la considera «imprescindible» para poder seguir adelante.

UN 53% HA APLICADO UN ERTE

Por otro lado, el barómetro resalta que el 53,2% de los autónomos que tienen trabajadores a su cargo ha tenido que realizar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para poder seguir con su actividad, de los que el 45,4% asegura que tiene en ERTE al 100% de su plantilla. Por el contrario, uno de cada cuatro autónomos mantiene el 100% de sus empleados en actividad (26,3%).

De este 53,2% de autónomos con trabajadores que afirmó haber tenido que solicitar un ERTE, uno de cada tres, el 33,2%, señala que aún no ha incorporado a toda su plantilla, mientras que dos de cada tres autónomos, el 65,5%, sí han incorporado a trabajadores al negocio.

Sobre la necesidad de mantener a la plantilla tras los seis meses de incorporación del primer trabajador, únicamente el 27,5% de los autónomos destacan que podrán mantener a todos sus empleados. También un 27,5% piensa mantener algunos empleos, aunque cree que se va a ver obligado a no contar con todos los trabajadores que tenía antes de esta pandemia, y un 34,1% afirma no poder mantener a la plantilla.

NO PUEDEN DESPEDIR

El 54% de los autónomos afirma que si tuviera que hacer frente al despido de alguno de sus trabajadores no tendría la liquidez suficiente para poder finiquitar dichas contrataciones, frente al 38% de los autónomos encuestados que afirma que sí dispone de esa liquidez.

Preguntados por las medidas que creen necesarias para no cerrar su negocio, los autónomos valoran la reducción de la cotización a la Seguridad Social ligada a la caída de la actividad en un mínimo del 50% o el restablecimiento del cese de actividad extraordinario para paliar las consecuencias económicas de las medidas sanitarias adoptadas en las zonas donde se declaren nuevos brotes.

También destacan la propuesta de obtener reducciones fiscales para aquellos que en momentos complicados han mantenido al 100% de su plantilla o la prórroga de los ERTE hasta abril de 2021.

PREVISIÓN PARA ESTE AÑO

El barómetro también analiza la opinión de los autónomos sobre si su negocio podrá mantener la actividad a lo largo de este año y apunta que el 85,5% verá reducir su facturación, mientras que un 8,1% espera mantenerla y solo el 2,5% asegura que la aumentará.

ATA destaca que «el pesimismo se ha instalado en las respuestas», puesto que el 51,6% los encuestados prevé que la economía tardará más de dos años en recuperarse y sólo el 1,5% cree que lo hará en seis meses.

Preguntados sobre qué pasaría en caso de un segundo confinamiento, el 15,9% asegura que podría seguir con su actividad, pero casi un 18% deja claro que supondría el cierre definitivo de su negocio.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han suscrito la undécima adenda al Convenio de 19 de enero de 2009 para instrumentar la línea de financiación del Plan Renove de Turismo 2009 (Línea de financiación ICO-Renove Turismo 2009), por la que se anula el saldo de compromiso existente en la anualidad de 2019.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, el compromiso acordado en relación con la anualidad 2019 asciende a la cantidad de 1.042.418,66 euros si bien las obligaciones de la Secretaría de Estado de Turismo frente al ICO durante dicho año ascendieron a la cifra de 860.268,18 euros, siendo abonadas en dicho ejercicio, y habiendo quedado comprometido un remanente de 182.150,48 euros que no va a ser ejecutado.

En consecuencia, procede tramitar la anulación del compromiso por la Secretaría de Estado de Turismo relativo a los 182.150,48 euros correspondientes al remanente de la anualidad de 2019 que ha quedado sin ejecutar.

Tal y como recuerda el BOE, el Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2008 aprobó la puesta en marcha de la línea de financiación para la renovación de infraestructuras turísticas denominada Plan Renove de Turismo 2009, instruyendo al ICO para su puesta en marcha por un importe máximo de 400 millones de euros, asumiendo la Secretaría de Estado de Turismo el compromiso de abonar al ICO los costes financieros inherentes a esta operación.

El consejo de administración de Indra ha aprobado un «ambicioso» Plan Director de Sostenibilidad para el período 2020-2023 que tiene como objetivo principal reforzar el liderazgo de la compañía en este ámbito y convertirlo en un «elemento estratégico y diferencial», mediante la puesta en marcha de numerosas acciones concretas.

En un comunicado, la empresa de tecnología y consultoría remarca que el Plan Director de Sostenibilidad se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marco de referencia para la sostenibilidad en todo el mundo, y en la Política de Sostenibilidad de Indra, renovada en marzo de este año.

Con este plan, la compañía pretende fortalecer su modelo de gobierno para un negocio responsable, potenciar su tecnología con impacto en el desarrollo sostenible, contribuir a combatir el cambio climático y proteger el medioambiente, así como reforzar la relación con los diferentes grupos de interés, como profesionales, inversores, clientes, socios, proveedores, o la sociedad en general, potenciando la creación de valor a largo plazo para todos ellos.

28 INICIATIVAS

Para conseguirlo, establece un total de 28 iniciativas concretas englobadas en siete pilares, con ‘KPIs’ e indicadores detallados para medir el punto de partida y la evolución. Los pilares son: Buen gobierno, ética y transparencia; Planeta y Cambio Climático; Personas y Talento; Sociedad y Compromiso con la Comunidad; Oferta tecnológica con impacto; Relación con Grupos de Interés y Transformación Cultural.

Entre las iniciativas para asegurar las mejores prácticas de buen gobierno, ética y transparencia, Indra pretende reforzar el modelo de gestión de riesgos en materia ESG (Environmental, Social and Government), seguir trabajando para garantizar la mayor seguridad de la información, privacidad y protección de datos o avanzando en la implementación de los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos.

Para contribuir activamente a combatir el cambio climático y proteger el medioambiente, está previsto mejorar la medición y reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética, avanzar en la adopción de las recomendaciones del grupo de trabajo europeo sobre declaraciones financieras relacionadas con el clima (TCFD) y gestionar los residuos de una forma más responsable, según los principios de la economía circular.

OFERTA TECNOLÓGICA CON IMPACTO

Aunque la mayor parte de los productos y servicios de Indra ya tiene impacto en la sostenibilidad, la compañía quiere dar a conocer esa realidad, ponerla en valor y posicionarse como «aliado tecnológico para la sostenibilidad de sus clientes». Además, se plantea como objetivo desarrollar una oferta específica de sostenibilidad y diseñar e implantar soluciones tecnológicas que den respuesta mediante la innovación a los retos sociales y medioambientales.

En esta línea, la empresa de tecnología y consultoría subraya que ha mostrado su potencial de impacto social durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus, desarrollando rápidamente nuevas soluciones para dar respuesta a nuevos retos en materia de salud, seguridad, movilidad, etc.

Con su nuevo Plan, pretende incorporar, además, criterios ESG en el diseño y fabricación de sus productos y servicios. Igualmente, este año ha orientado la cuarta edición de su iniciativa de intraemprendimiento e innovación, Innovators, hacia la sostenibilidad y las soluciones poscovid, planteando a los profesionales retos con un fuerte componente social y medioambiental.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO

Por otro lado, Indra indica que las personas y su talento están en el centro de su esfuerzo por crear un entorno de trabajo motivador, que promueva la innovación, el compromiso y la igualdad de oportunidades. Así, la satisfacción, el compromiso, la salud y el bienestar de los profesionales, el impulso a la diversidad e igualdad y el desarrollo de un entorno inclusivo para los profesionales con discapacidad concentran las iniciativas previstas en esta área.

Por su parte, la promoción de las vocaciones tecnológicas (STEM), el impulso al voluntariado corporativo y el desarrollo de alianzas para la sostenibilidad con asociaciones, instituciones y entidades nacionales e internacionales, vertebran el objetivo de generar un impacto social positivo y contribuir al desarrollo de las comunidades en las que Indra está presente.

Asimismo, añade que el pilar de la transformación cultural, por su potencial impacto en el planeta, las personas y la sociedad, es transversal e incluye iniciativas pensadas para inculcar en los profesionales de Indra valores relacionados con la sostenibilidad. El fomento de la movilidad sostenible, la reducción de plásticos de un solo uso y el consumo y reciclaje responsable son las primeras acciones previstas.

Por otro lado, el Plan también prevé fortalecer el diálogo con los grupos de interés, mejorar la comunicación y los contenidos ESG publicados por Indra y ambiciona mejorar su posición en los índices de sostenibilidad e indicadores ESG de referencia a nivel mundial.

La Comisión de Sostenibilidad del consejo de administración, creada a finales de 2019, revisará periódicamente los avances del Plan Director de Sostenibilidad, de cuyo día a día se encargará un Comité de Sostenibilidad integrado por responsables de diferentes áreas de la compañía con impacto en este ámbito.

Los ingresos de Alsa posteriores al confinamiento decretado en marzo para frenar la expansión del coronavirus entre la población se sitúan ya al 66% de los registrados en el mismo periodo del año pasado, una vez ha ido recuperando progresivamente su actividad con la llegada de la denominada ‘nueva normalidad’.

Así figura en una actualización remitida al mercado londinense por National Express, la compañía británica propietaria de la empresa española de transportes, que atribuye esta recuperación a la «fuerte» relación con los clientes que tiene Alsa.

«El rendimiento financiero del negocio regional ha mejorado particularmente bien en el último mes, después de haber alcanzado acuerdos con las autoridades encargadas de los contratos de las líneas», señala la firma de transportes.

La actividad de Alsa incluye tanto España, como su negocio en Marruecos y Portugal. En este último mercado, se ha adjudicado provisionalmente por 185 millones de euros un contrato de siete años, con la opción de alargarlo otros dos, de 240 autobuses urbanos en Lisboa.

NO HAY RIESGO

El grupo británico asegura que Alsa no presenta ningún riesgo para sus ingresos en el 40% de sus contratos, sobretodo en el 60% de sus rutas regionales y en el 100% de las urbanas. El año que viene, este porcentaje aumentará al 46%, cuando toda al red de Casablanca (Marruecos) esté de nuevo operativa.

En el resto de contratos, en los que sí podría presentar riesgo para sus ingresos, la compañía defiende contar con un modelo «flexible» que permite adaptar la demanda a través de la negociación con sus clientes.

«Seguimos complacidos de que nuestras sólidas relaciones con los clientes mantengan altos niveles de ingresos durante la continua incertidumbre de la pandemia. Agradecemos a nuestros clientes y a las autoridades públicas que han reconocido el papel esencial que desempeñan nuestros servicios en el mantenimiento de la capacidad de las personas para llegar al trabajo y mantener la economía en funcionamiento, incluso en tiempos tan difíciles», asegura el director financiero de National Express, Chris Davies.

La junta de accionistas de Prosegur aprobará previsiblemente el próximo 29 de octubre el reparto de 79 millones de euros en dividendos este año con cargo al ejercicio 2019, dividido en cuatro entregas de un 25% cada una.

En concreto, el reparto alcanza los 0,132 euros brutos por cada acción de la sociedad actualmente en circulación, de los que ya se han entregado 0,033 euros brutos el pasado 15 de enero y a los que siguieron otros pagos por la misma cantidad en abril y julio, quedando pendiente otro ingreso en octubre, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado mes de abril, el consejo de administración de Prosegur ofreció a los accionistas la posibilidad de reinvertir en acciones de la sociedad el importe del dividendo a repartir el pasado 30 de abril, de 0,033 euros brutos por acción, con el propósito de minimizar la salida de caja.

Se trata de una alternativa que, según explicó la empresa en ese momento, buscaba reforzar la posición financiera de la empresa ante la actual crisis generada por la pandemia de coronavirus, ya que, con arreglo a la normativa vigente, no podía suspender los dividendos restantes a cuenta del ejercicio 2019.

SEGUNDO DIVIDENDO

En ese caso, se trataba del segundo pago del dividendo aprobado ya el pasado mes de diciembre y al que seguían otros dos más en julio y octubre. Ante la imposibilidad de cancelarlos, la compañía decidió lanzar un programa de reinversión en acciones de la sociedad, provenientes de autocartera.

Por su parte, los accionistas de Prosegur Cash aprobarán el 28 de octubre en junta la distribución de un dividendo a cuenta de los beneficios de 2019 por un importe de 0,05810 euros brutos por cada acción, lo que supone un dividendo total máximo de 87,15 millones de euros.

Dicha retribución se abona en cuatro pagos, equivalente a un 25% del dividendo total, a razón de 0,014525 euros brutos cada uno, que se han pagado en diciembre de 2019 y marzo, junio y septiembre de este año.

P&G ha nombrado a Vanessa Prats nueva directora general y vicepresidenta de la multinacional para España y Portugal tras la marcha de Javier Solans, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, Solans dejará su cargo en octubre tras «cuatro exitosos» años al frente de la compañía. El grupo ha destacado que bajo su mando, P&G ha fortalecido su liderazgo en el sector del gran consumo en España y Portugal, consolidándose además como uno de los mercados clave del grupo en el mundo.

Vanessa Prats, hasta ahora directora de ventas de P&G para España y Portugal, será la encargada de sucederle en la compañía. Prats, que lleva más de 20 años en la multinacional, cuenta con una amplia experiencia en mercados de gran consumo, en las áreas de marketing y ventas.

El presidente de P&G Europa, Loic Tassel, ha querido expresar su «más profundo agradecimiento» a Javier Solans por su carrera dentro de la compañía. «Javier ha dirigido con gran éxito nuestras operaciones en Iberia durante los últimos cuatro años, fortaleciendo la posición de liderazgo de P&G en ambos países. Le deseo mucho éxito en sus proyectos futuros», ha indicado.

Respecto al nombramiento de Vanessa Prats como vicepresidenta de P&G Iberia, Tassel ha destacado que «cuenta con una gran trayectoria liderando durante años la organización de ventas en Iberia con grandes resultados».

«Su resiliencia y la solidez de las alianzas construidas con nuestros socios de la distribución han permitido a P&G servir a los consumidores durante la crisis sin precedentes del Covid-19, cuando nuestros productos están siendo más necesarios que nunca», ha señalado.

Adecco constata que las medidas de confinamiento de la población como respuesta a la pandemia del coronavirus, iniciadas en la segunda mitad de marzo, han supuesto una caída del 13,3% de la siniestralidad laboral, si bien en paralelo se ha producido una caída del 6,6% en la creación de empresas.

Así se desprende del ‘Monitor Adecco de oportunidades y satisfacción en el empleo’ elaborado y publicado este jueves por Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, que tras analizar varias variables señala que Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana son las mejores autonomías para trabajar.

El análisis explica que las medidas recogidas en el decreto del estado de alarma han derivado en una «brusca caída» de la siniestralidad laboral, que era ya incipiente en el primer trimestre del año y ha sido mucho más marcada en el segundo.

LA CIFRA MÁS BAJA DESDE 2013

En concreto, se han registrado 58,7 accidentes que causaron baja por cada 10.000 ocupados (-13,3% interanual), lo que supone la menor proporción de accidentes laborales desde diciembre de 2013 y muy próxima al mínimo alcanzado en dicho año, de 55,5 accidentes cada 10.000 ocupados.

Este patrón se ha repetido en nueve autonomías, con Canarias a la cabeza de esa reducción (-12,5%), seguida por la Comunidad de Madrid (-9%) y Baleares (-6,5%). En todo caso, se registraron incrementos en el País Vasco (+13,4%), La Rioja (+9,3%) y Navarra (+7,9%).

Navarra ha pasado a ser la autonomía con mayor proporción de accidentes de trabajo, con 90,3 siniestros que causaron baja cada 10.000 ocupados, seguida por Baleares (85,2 accidentes) y País Vasco (80,3%), mientras que las regiones con menor siniestralidad son Comunidad de Madrid (55,7), Canarias (57,5) y Cantabria (58).

MENOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 

Mientras el número total de parados ha aumentado hasta los 3,68 millones, el mayor número en dos años, en el segundo trimestre se han contado 744.800 desocupados de larga duración, el número más bajo en una década y 262.100 menos que un año antes.

Según Adecco, esto podría explicarse en parte por el «efecto desaliento», puesto que ante la creencia de que no es posible encontrar un empleo, se abandona su búsqueda pasando a ser población inactiva.

Considerando la media de los últimos cuatro trimestres, los parados de larga duración equivalen al 27,4%, 5,1 puntos porcentuales inferior a hace un año y la menor desde marzo de 2012. De hecho, todas las regiones han visto descender su proporción de parados de larga duración.

Eso sí, esta reducción se ha producido en paralelo al aumento generalizado de la proporción de parados cubiertos por una prestación, que en el conjunto de España alcanza el 75%, lo que supone un alza interanual de 10,2 puntos porcentuales, la mayor proporción en once años.

EL EFECTO ERTE

La inclusión de los beneficiarios de ERTE por fuerza mayor entre los ocupados y la reducción de la población económicamente activa, porque 9 de cada 10 personas que perdieron su empleo no comenzaron a buscar otro puesto de trabajo, por lo que pasaron a estar inactivos, explican que en el segundo trimestre de 2020 se haya podido registrar, pese al contexto de crisis, una ligera reducción interanual de una décima, hasta el 14,4%, en la tasa de desempleo. Aun así, la tasa de paro ha subido en nueve regiones españolas, algo que no ocurría desde marzo de 2014, apunta el análisis de Adecco.

El análisis señala que el decreto del estado de alarma también ha afectado a la creación de empresas en España, con un descenso interanual del 6,6%, el peor dato en once años. Así, en doce meses han desaparecido 88.600 firmas y los actuales 1,26 millones de empresas españolas implican que se ha retrocedido hasta el número de compañías que había a comienzos de 2015.

La cantidad de empresas por cada mil personas ha disminuido en el segundo trimestre en todas las regiones españolas, algo que no sucedía desde 2013. De esta forma, en España hay ahora 28,8 empresas cada mil habitantes, cifra que conlleva un retroceso de un 2,5% interanual. Canarias y Baleares presentan los mayores retrocesos, de un 4,6% y un 4,5% interanual, respectivamente.

En Cataluña se acumulan ocho trimestres consecutivos en los que disminuye su parque empresarial, con una caída de un 2,6% interanual en el trimestre analizado.

LAS HUELGAS BAJAN

Como consecuencia también de la pandemia, ha caído el número de huelgas en nuestro país hasta las 12,1 huelgas cada 100.000 compañías, con una caída interanual de un 21%.

La cantidad de conflictos ha disminuido en 16 autonomías, salvo en el País Vasco (+1,4%). En seis comunidades, el retroceso interanual ha sido de más del 50%, siendo los más pronunciados los de Baleares (-76,4%), Castilla-La Mancha (-57,3%) y Cantabria (-56,3%).

Por último, los participantes en huelgas registran el dato más bajo en al menos 20 años, con 17,4 huelguistas cada 10.000 ocupados (-56,6% interanual).

La cifra de negocios de las empresas bajó un 12,7% interanual el pasado mes de julio, moderando en más de tres puntos la caída del mes anterior, debido a que el fin del estado de alarma permitió a las empresas ir recuperando actividad, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la caída de julio, las ventas de las empresas encadenan cinco meses consecutivos de importantes retrocesos por el impacto económico de la crisis sanitaria. No obstante, la llegada de la ‘nueva normalidad’ en julio propició un incremento mensual de las ventas del 7,2%, si bien éste fue mucho más moderado que los registrados en mayo (+15,2%) y junio (+16,8%).

Todos los sectores elevaron sus ventas en julio respecto al mes anterior, especialmente el sector servicios (+11,7%), seguido del suministro de energía eléctrica y agua (+6,6%), la industria (+6,5%) y el comercio (+5,9%).

LAS EMPRESAS VENDEN UN 12,7% MENOS 

Pese al aumento mensual de la facturación de las empresas, éstas siguen por debajo de los registros de hace un año. La crisis sanitaria les llevó a vender en julio un 12,7% menos que en el mismo mes de 2019.

Esta caída interanual de la facturación empresarial fue consecuencia de los descensos en las ventas de los servicios (-24,4%), el suministro de energía eléctrica y agua (-11,1%), la industria (-10,6%) y el comercio (-7,6%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas retrocedió en el séptimo mes del año un 13% respecto a julio de 2019, tasa mucho más moderada que la experimentada en junio (-19,1%). Esta evolución fue consecuencia del retroceso de las ventas en servicios (-24,4%), suministro de energía eléctrica (-12%), industria (-11,1%) y comercio (-7,7%).