El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro este lunes que el impuesto a las grandes fortunas «no es rentable», porque con esta medida cree que no se recauda, y ha alertado de que se va a conseguir que muchas personas se planteen trasladarse de domicilio.

Así lo ha señalado durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde ha dejado claro que las empresas tienen que ganar dinero para gestionarse bien y tener sus recursos.

«¿Cuántos accionistas son jubilados? Cuidado con este caos, porque esto provoca que la gente no quiera montar empresas, ya que no tiene estímulos para hacerlo», ha avisado.

Sobre fiscalidad, ha hecho hincapié en que no es cierto que en España la recaudación sea menor que en Europa. «Cuando divides la recaudación fiscal por el número de españoles es verdad que la presión fiscal es menor, pero cuando la divides por el número de españoles que pagamos, la presión fiscal es muchísimo mayor, porque en Europa la economía sumergida es un 13% y en España es un 24%», ha añadido.

Para el presidente de la patronal, «parece que hay una especie de obsesión de capar cualquier aspecto de generación de riqueza«. De hecho, ha apostillado que si una empresa funciona bien y tiene su RSC, está dando trabajo y creando riqueza, «el empresario tiene todo el derecho a ganar dinero y tiene que ganarlo».

LA EMPLEABILIDAD ES CLAVE

Preguntado por los cambios en el mercado de trabajo, Garamendi ha afirmado que la empleabilidad es clave, al igual que la adaptabilidad. «Tenemos que ver un trabajo donde todo el mundo sea más empleable, en el buen sentido, con más formación y mucha adaptación», ha subrayado.

Así, cree que si la reforma del mercado laboral se hace bien, el empleo «va a estar bien no solo en una empresa, sino en los sectores». De hecho, considera que un sector puede aportar mucho cuando alguien es conocedor de su propio empleo.

En este punto, ha incidido en la importancia de la formación dual y en ver cómo se puede ajustar. También ve importante que haya un cambio profundo en «el mundo universidad», pero también cree que la formación debe ser continua.

Por otro lado, ha destacado que los fondos de Bruselas deben ir acompañados con reformas estructurales y que «va a ser difícil que funcione si no hay reformas potentes en España». «Te doy dinero pero te exijo cosas y de estas cosas estamos hablando muy poco», ha criticado, tras dejar claro que se deben hacer los deberes.

«Tan importante es lo que tenemos que hacer como las cosas que tenemos que cambiar para que haya una estructura razonable de país», ha remarcado, tras insistir en que el cambio de estructura económica no se hace en una sola región y pedir que se dejen de lado los gastos estructurales. «Queremos que se arreglen las cosas, pero a problemas coyunturales, arreglos coyunturales«, ha añadido.

Sobre el nuevo estado de alarma que se podría prolongar hasta el 8 de mayo, Garamendi ha apuntado que comparten las medidas, pero no los plazos, y ha afirmado que le gustaría que se revisase de forma más periódica. «Esto es coyuntural, no decimos que no apoyemos las medidas, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con la Semana Santa? ¿Nos la cargamos porque planteamos este plazo de mayo? Es una auténtica barbaridad», ha reflexionado.

DEFENSA DE LA CORONA

Preguntado sobre qué se le puede pedir a la política para dar confianza, el presidente de los empresarios ha apuntado que la estabilidad es clave, al igual que hacer respetar la Constitución y la Corona.

Es inaceptable que por parte de miembros del Gobierno discutan o planteen si la Corona es efectiva o no, cuando todos sabemos lo efectiva que es, al igual que es inaceptable que en el resto de Europa pregunten qué está pasando», ha señalado, tras afirmar que también son inaceptables muchos de los debates que se están viviendo. En este punto, Garamendi ha pedido también que haya unidad.

El Banco de España ha lanzado una aplicación para móviles que permitirá consultar las estadísticas económicas y financieras más relevantes, según ha informado este lunes la institución.

A través de esta aplicación se podrá acceder de una manera ágil y sencilla a una selección de las principales variables económicas y financieras de interés general, producidas tanto por el Banco de España como por otras instituciones nacionales e internacionales.

Entre las funcionalidades que ofrecerá esta herramienta se encuentra la navegación temática para facilitar el acceso a casi mil series, a través de conceptos económico y financieros; acceso a información detallada, con gráficos de las series consultadas y datos en formato tabla; información metodológica; opción de guardar como favoritos aquellos indicadores de mayor interés para el usuario; calendario de difusión actualizado, y la posibilidad de compartir series entre usuarios por mail o a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

La aplicación del Banco de España estará disponible tanto en español como en inglés y puede descargarse desde Apple Store para móviles iPhone y desde Google Play para móviles con el sistema Android.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido que el incremento de la morosidad en el sector financiero observado hasta el momento resulta «muy contenido» debido a la amplia batería de medidas, si bien ha advertido de que «se va a producir un aumento significativo de la tasa de dudosos en los próximos trimestres, incluso en el escenario más benigno».

Así lo ha puesto de manifiesto Hernández de Cos durante su intervención en el III Foro de Banca organizado por El Economista y Accenture, donde ha subrayado que las autoridades económicas y supervisoras continuarán ejerciendo una «vigilancia estrecha» sobre las entidades y los mercados financieros para que sigan facilitando el necesario flujo de crédito a la economía.

El gobernador del Banco de España ha explicado las medidas impuestas estos últimos meses, que tienen como objetivo impedir un comportamiento excesivamente procíclico y mecanicista de las provisiones derivado de reclasificaciones automáticas a dudosos de exposiciones afectadas por perturbaciones transitorias.

En su opinión, lo principal es evitar un ajuste a la baja del volumen de crédito ante la crisis del Covid-19, moderando también el impacto en la rentabilidad. Por su parte, la consideración del impacto positivo de avales públicos y moratorias sobre la capacidad de pago de los agentes del sector privado también pretende mitigar el deterioro en las calificaciones crediticias.

No obstante, teme que la banca haga una «mala utilización» de las medidas, lo que podría facilitar ciertas prácticas contables «inadecuadas», demorando el reconocimiento de deterioros efectivos en la calidad de crédito de ciertas exposiciones.

Por este motivo, las guías supervisoras consideran también que las medidas en materia contable no deben suponer un menoscabo en la adecuada identificación de deterioros y la asignación de coberturas razonables por riesgo de crédito, proporcionando a las entidades los incentivos necesarios para el mantenimiento de estándares adecuados a las expectativas.

En cualquier caso, ha asegurado que la adecuada aplicación de las medidas no solo han impedido que la morosidad haya aumentado de forma repentina e intensa en este período, sino que confía en que también mitigarán en parte su incremento futuro, el cual da por hecho que se producirá al tener en cuenta las distintas proyecciones.

En este sentido, ha destacado la actitud previsora de las entidades financieras al haber destinado importantes recursos a provisiones. «Esto ha hecho que su rentabilidad se haya reducido significativamente, pero también ha elevado su capacidad de absorción de deterioros, algo que los inversores valoran especialmente en estas circunstancias», ha indicado.

Así, ha llamado al sector a persistir en esta política de anticipación de reconocimiento, lo que facilitará que, con posterioridad, puedan seguir cumpliendo con su función de proporcionar financiación a la economía.

JUSTIFICA EL VETO AL DIVIDENDO

Por otro lado, Hernández de Cos ha querido explicar la «racionalidad» del veto a distribuir dividendos, una medida que ha asegurado que busca una mayor acumulación de recursos en las entidades para la absorción de pérdidas en un contexto de fuerte incertidumbre.

Con carácter general, todas las entidades españolas que pudieron legalmente suspender o aplazar el dividendo sobre los resultados de 2019 siguieron estas recomendaciones. Según cálculos del organismo supervisor, esto les permitirá añadir alrededor de 50 puntos básicos en 2020 a sus colchones de capital, que se suman a los que ya tenían antes de que estallase la pandemia.

En esta línea, ha añadido que el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico revisarán la anterior recomendación antes de que finalice el año. «La decisión final tendrá en cuenta la situación macrofinanciera que enfrentemos en ese momento», ha señalado

En todo caso, con independencia de la decisión que se adopte, Hernández de Cos ha dicho que la recomendación de prudencia en este ámbito debe seguir estando vigente mientras persista la incertidumbre actual y hasta que se consolide una recuperación económica sólida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes a los presientes autonómicos que serán sus gobiernos autonómicos los encargados de ejecutar directamente más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación que se sufragará con los fondos europeos.

Así lo ha anunciado durante su intervención inicial en la XXIII Conferencia, en la que ha detallado que los líderes autonómicos podrán promover en el Plan de Recuperación proyectos o programas en cualquier ámbito, que se ejecutarán mediante convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

El presidente ha señalado que algunas de las áreas clave del Plan de Recuperación, que el Gobierno ya remitió a Bruselas a mediados de mes, responden a competencias que la Constitución reconoce como autonómicas y, por ello, tendrán que ser las comunidades las encargadas de desarrollar los proyectos relacionados con dichas áreas.

Es el caso, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente.

Según Sánchez, será en estas áreas donde las comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. La previsión es que, previamente, Sánchez y su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presenten en un acto conjunto el borrador con las líneas básicas sobre las que se asientan las nuevas cuentas públicas.

El jefe del Ejecutivo ha realizado su anuncio durante su intervención inicial en la XXIII Conferencia de Presidentes que se celebra este lunes de forma telemática, y que Sánchez preside desde el Senado; un encuentro que contará con la presencia por videoconferencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar el reparto de los fondos europeos.

De hecho, Sánchez ha aprovechado su anuncio para recordar que el anteproyecto de los Presupuestos incluirá 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos, a modo de adelanto.

NEGOCIACIÓN DE LOS ESCOLLOS

La aprobación del anteproyecto de los PGE llega después de que los socios del gobierno de coalición hayan apurado hasta el último minuto para cerrar los últimos flecos que faltaban de la negociación que mantenían desde septiembre, y que se han encargado de liderar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por parte del PSOE, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por parte de Unidas Podemos.

Fuentes conocedoras de la negociación explicaron el viernes que serían el propio Sánchez e Iglesias los encargados de apuntalar las cuentas y cerrar el pacto a lo largo de este fin de semana pasado. El viernes no se descartaba la posibilidad de que la aprobación pudiera llevarse finalmente a un Consejo extraordinario a finales de semana, en vez del ordinario de este martes.

Entre los escollos que han retrasado la aprobación de las cuentas públicas figuraban la regulación del precio del alquiler, la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y el aumento del IRPF para rentas altas; cuestiones que Unidas Podemos defendía incluir en los PGE y ante las que el PSOE mostraba sus reticencias.

El objetivo ahora, tras cerrarse el acuerdo y aprobarse el anteproyecto este martes, es que pueda arrancar la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas en el Congreso a la mayor brevedad posible, lo que supondría continuar con la ‘hoja de ruta’ establecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el fin de que los Presupuestos vena la luz «a comienzos de 2021».

El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos ‘verdes’, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas, las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y cambios en imposición directa e indirecta, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.

La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.

Los Presupuestos se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos), y con un ‘techo de gasto’ de 196.097 millones, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

Los hogares españoles dedicaron el 67% de sus ingresos al pago del alquiler, «el doble de lo recomendado por el Banco de España», y el 41% de sus ingresos netos mensuales al pago de su hipoteca, cuya cuota media fue de 591 euros, según se desprende de un estudio realizado por pisos.com.

En concreto, la renta media del alquiler pagada en 2019 fue de 966 euros al mes. El portal inmobiliario ha recordado que la semana pasada el INE destacó que la renta media disponible por hogar en 2019 fue de 17.287 euros anuales, lo que arroja unos ingresos netos por hogar de 1.440 euros al mes, «una cifra que no siempre permite afrontar el precio de la vivienda de compra o alquiler en las grandes ciudades del país».

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que la capacidad económica de las familias «es fundamental» para el futuro del mercado residencial español, ya que «son los particulares que compran primeras residencias los que acaparan la gran mayoría de las compraventas del año».

«Está claro que en España existe un desequilibrio muy difícil de resolver entre los salarios y el precio de la vivienda, por lo que es imprescindible proteger al consumidor e impulsar ayudas desde la Administración Pública para salvaguardar el derecho de acceso al mercado de toda la población, evitando la exclusión de ciertos colectivos», ha añadido.

El sector asegurador ha vuelto a extender, ahora hasta el 31 de diciembre, la cobertura del seguro que lanzó para el personal de centros sanitarios y residencias, que tienen gratis un seguro de vida y subsidio por hospitalización, según ha informado este lunes la patronal Unespa, quien ha reiterado el compromiso del sector en la lucha contra el Covid-19.

Un total de 109 aseguradoras aportaron 38 millones de euros el pasado mes de abril a un fondo destinado a proteger frente al coronavirus al personal de centros sanitarios y de residencias en España. La protección dio comienzo con carácter retroactivo, tomándose como fecha de partida de la cobertura el día en que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

Aunque inicialmente este seguro tenía una vigencia de medio año (vencía el 13 de septiembre), el sector asegurador decidió extenderlo hasta el 31 de octubre y, en vista de los rebrotes y ante la previsión de que se incrementen los casos, ha decidido volver a prorrogarlo por segunda vez hasta final de año.

«En las últimas semanas se han incrementado las infecciones por coronavirus en España. Esto supone un incremento del riesgo de infección para el personal de centros sanitarios y residencias», ha indicado la patronal del seguro.

De este modo, la industria del seguro ha querido refrendar su compromiso con estos profesionales ampliando la vigencia del seguro de vida y subsidio de hospitalización que ha dispuesto para ello.

En concreto, protege a todo el personal de hospitales (tanto públicos como privados), centros públicos de atención primaria y servicios de emergencias y trabajadores de residencias, tanto públicas o privadas, de mayores, de personas con discapacidad (intelectual o física), parálisis cerebral, autismo y salud mental. En total, da cobertura gratuita a un millón de personas que prestan sus servicios en todo el país.

La protección que el seguro presta a este colectivo se mantiene igual: el capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa de Covid-19 es de 30.000 euros por persona y el subsidio de hospitalización conllevará el pago de 100 euros al día al profesional ingresado, siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas. En total, los pagos oscilarán entre los 400 y los 1.400 euros.