La documentación filtrada relativa a unos dos billones de transacciones en los denominados Archivos FinCEN publicados este domingo revelarían la tolerancia de las grandes instituciones financieras con el dinero negro de criminales y cómo les permiten mover fondos por dos billones de dólares por todo el mundo.

Por ejemplo, la documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era su dueño. El banco descubrió más tarde de que se trataría de uno de los incluidos en la lista de los diez delincuentes más buscados del FBI, la policía federal estadounidense.

También demuestra cómo uno de los aliados del presidente ruso, Vladimir Putin, utilizó una cuenta de Barclays Bank en Londres para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Parte del dinero se utilizó para comprar obras de arte.

La docuementación ha sido obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (CIPI). Recoge 2.500 documentos, la mayoría remitidos por los propios bancos a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017, sobre conductas sospechosas de sus propios clientes.

Este tipo de documentación FinCEN sirve para informar de comportamientos sospechosos, pero no recogen pruebas concretas de actos delictivos. El nombre, FinCEN, procede de la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), un organismo dependiente del Departamento del Tesoro que obliga a informar de posibles transacciones delictivas en dólares, aunque sean fuera de Estados Unidos.

Estos Informes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) se emiten cuando una entidad sospecha de que sus clientes pudieran estar realizando operaciones ilegales.

Con ello se pretende combatir el blanqueo de capitales resultado de actividades delictivas. Además, las entidades tienen obligación de cesar las operaciones de un clientes cuando consideren que se puede estar comentiendo un delito, sin esperar a una intervención de las autoridades.

Estos documentos dan «un panorama de lo que saben los bancos sobre los vastos flujos de dinero negro en todo el mundo», ha explicado uno de los miembros del CIPI, Fergus Shiel, en declaraciones a la BBC, uno de los medios participantes.

Además, Shiel ha destacado que estos documentos dan una idea de la enorme cantidad de dinero de procedencia ilícita que circula, ya que los dos billones de dólares en transacciones serían «solo una pequeña porción» del dinero del que se informa en los SAR.

De hecho, Reino Unido está considerada una «jurisdicción de alto riesgo», como Chipre, según la división de inteligencia del FinCEN debido a la gran cantidad de empresas con sede en Reino Unido que aparecen en los SAR, más de 3.000. Reino Unido es el país con más menciones de empresas en los docuemntos.

La documentación menciona además al Banco Central de Emiratos Árabes Unidos por las sanciones a Irán, a Deutsche Bank por mover dinero del crimen organizado, terroristas y traficantes de droga o a Standard Chartered, que movió dinero para el Banco Árabe durante más de una década pese a que una de las cuentas se utilizó para financiar actividades terroristas.

La filtración de los documentos FinCEN sigue a otras como los Papeles del Paraíso de 2017, los Papeles de Panamá de 2016 o la Lista Falciani de 2015.

En este caso es diferente porque no se trata de documentos de dos o tres bancos, sino de multitud de entidades, y podría afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos, poner en riesgo investigaciones abiertas o afectar a instituciones e individuos mencionados.

La negociación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las condiciones vinculadas a esta extensión encara la próxima semana su recta decisiva, ya que su vigencia termina el 30 de septiembre.

En la apertura de la mesa de negociación, que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, Gobierno y sindicatos se comprometieron a «no agotar los tiempos de negociación». No obstante, la realidad es que, a diez días de finalizar el mes, el acuerdo todavía no se ha terminado de concretar y quedan algunos puntos por fijar.

Esta semana, como novedad, el Gobierno ha ofrecido a los agentes sociales exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social «bastante altas», superiores al 80%, para aquellos ERTE de determinados sectores, los más afectados por la pandemia, así como para las empresas vinculadas a los mismos, siempre que demuestren una importante caída de su facturación, aún por precisar.

Así lo aseguraron a Europa Press fuentes de la negociación, que señalaron además que se mantiene la flexibilidad para los ‘ERTE de rebrote’, aquellos que se formulan cuando, por causa de un rebrote de contagios de Covid, las empresas se ven obligadas a paralizar o recortar su actividad.

De este modo, el Gobierno mantiene su intención de ‘sectorializar’ los ERTE y enfocarlos hacia actividades concretas y a las empresas que forman parte de su cadena de valor. Las fuentes consultadas calculan que, de los más de 700.000 trabajadores que actualmente se encuentran en ERTE, gran parte de ellos se mantendrían amparados por esta herramienta.

Las exoneraciones de cuotas y la ‘sectorialización’ de los ERTE son ahora mismo los principales escollos para llegar a un acuerdo en la negociación, que proseguirá la próxima semana después de la última oferta del Gobierno.

Por su parte, sindicatos y patronal están en contra de enfocar los ERTE solo hacia determinados sectores y de exonerar en mayor medida las reincorporaciones de trabajadores que salen de ERTE en lugar de centrarlas en los que se quedan.

En el último encuentro se informó de que se mantendría el llamado ‘contador a cero’ para los nuevos ERTE o al menos así se lo comunicó el Ejecutivo a las partes, aunque este punto todavía está un poco más difuso y podría sufrir modificaciones.

De momento, según fuentes de UGT, los trabajadores que a partir de la fecha de la prórroga de los ERTE (1 de octubre) se vean inmersos en uno de estos expedientes de regulación no consumirán paro si son despedidos o si se extingue su relación laboral antes del 1 de enero de 2022 (hasta el 31 de diciembre de 2021).

La prestación que cobran los trabajadores en ERTE seguirá siendo del 70% de la base reguladora aunque lleven más de seis meses cobrándola, un punto sobre el que estaban de acuerdo todas las partes, que querían evitar que ésta bajara al 50%, como marca la legislación una vez han transcurrido seis meses de percepción. No obstante, por cuestiones administrativas, las empresas tendrán que solicitar la prórroga del ERTE de nuevo para que se aplique esta medida por una cuestión administrativa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acudirá el próximo jueves al Congreso para informar en comisión del estado de las negociaciones para la futura Política Agraria Común (PAC) para el próximo período 2021-2027.

Esta misma semana, Planas ha asegurado que las negociaciones sobre la reforma de la PAC entran en su recta final, confiando en que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea cierre el paquete legislativo para que a comienzo de 2021 esté aprobado el Reglamento con el fin de diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional.

GARANTIZA 7.500 MILLONES AL AÑO

Según ha garantizado el titular de Agricultura, el sector dispondrá de 7.500 millones de euros anuales, algo que considera «un gran éxito para España» en la negociación del Consejo Europeo celebrada este verano.

Así, ha explicado que permitirá inyectar «más de 6.800 millones» para el apoyo de agricultores, ganaderos y el mundo rural, a lo que hay que añadir la cofinanciación del Estado y las comunidades autónomas hasta los mencionados 7.500 millones.

Algunas de las propuestas en las que ha trabajado el Ministerio de Agricultura durante estas negociaciones es aplicar en España el límite de 100.000 euros como techo de las ayudas, la creación de un régimen de pequeños agricultores y la ayuda básica a la renta, en sustitución al anterior pago básico.

El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar la regulación del teletrabajo, con la nueva Ley del Trabajo a Distancia para el ámbito privado y la modificación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el caso de la Administración Pública, según fuentes el Gobierno.

En lo que respecta a la Ley del Trabajo a Distancia, el borrador presentado hace unos días por el Gobierno elevaba del 20% al 30% el porcentaje sobre lo que se considera trabajo a distancia de carácter regular, frente al 20% inicial.

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible, de acuerdo con la regulación que se prevé aprobar y que por ahora no cuenta con el visto bueno de todos los agentes sociales.

Según el texto, la modificación del porcentaje de presencialidad sólo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa y se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

La futura ley distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y el empleador y requerirá la firma de un acuerdo. Será reversible y no constituirá causa justificativa de despido o de modificación sustancial de las condiciones laborales la negativa del trabajador a desempeñar su actividad a distancia, su falta de adaptación o ineptitud, o el ejercicio de reversibilidad (volver a la modalidad laboral anterior).

Las personas que trabajen a distancia tendrán prioridad para ocupar puestos que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles. Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Según el texto, el desarrollo del trabajo a distancia «deberá ser sufragado o compensado por la empresa», sin que pueda suponer costes para el trabajador relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. La negociación colectiva o un acuerdo entre la empresa y sus representantes legales determinará el modo de compensación y abono de los mencionados gastos.

Los trabajadores a distancia podrán flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido y el sistema de registro horario «deberá reflejar fielmente» el tiempo de trabajo realizado, debiendo incluir el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad.

Igualmente, el borrador contempla que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos, entre otros aspectos.

No obstante, con carácter general, será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el inventario de medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, «incluidos los consumibles y los elementos muebles», así como de la vida útil o un periodo máximo para la renovación de estos.

También lo serán la enumeración de gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación.

Por otro lado, en el acuerdo de trabajo a distancia también deberá incluirse el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad del trabajador, la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, el centro de trabajo donde queda adscrito el trabajador, el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona o la duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad.

Está por ver si las reglas transitorias aplicables a las relaciones de trabajo a distancia se mantienen en los plazos establecidos en el último borrador. En él se contemplaba que esta nueva ley sería de aplicación a las relaciones vigentes que estuvieran reguladas, con anterioridad, por acuerdos o convenios colectivos desde el momento en el que éstos perdieran su vigencia.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración, se decía en el texto que la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo que las partes acuerden un plazo superior, como máximo de tres años.

TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Respecto al ámbito público, el Gobierno y los sindicatos del área cerró este jueves un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el teletrabajo para el conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones, que se formalizará el próximo lunes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El teletrabajo en las administraciones pasará a ser voluntario y reversible y los funcionarios que opten por esta modalidad de trabajo tendrán garantizados los mismos derechos y obligaciones que los que acudan a su puesto de manera presencial.

El Ministerio de Hacienda ultima la nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit y deuda pública que prevé presentar a finales de mes en el Consejo de Ministros, junto al límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’), al tiempo que está concluyendo en coalición con Unidas Podemos un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas con «ajustes» respecto al acuerdo programático del Ejecutivo».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró la semana pasada su intención de presentar a finales de mes la nueva senda de déficit para su defensa y aprobación en el Congreso, informando también a la Cámara Alta del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, si bien fuentes del Gobierno señalan a Europa Press que en principio la nueva senda no vería la luz este martes.

De esta forma, la nuevas senda de déficit y el techo de gasto podrían llegar al Consejo de Ministros el siguiente martes, 29 de septiembre, un día antes de la fecha tope (30 de septiembre) que marca la ley para la presentación de las nuevas cuentas.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya reconoció esta semana que los Presupuestos actualmente en vigor, que datan del año 2018 y fueron elaborados por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, podrían tener que prorrogarse «por un estrecho margen de tiempo» hasta que entrasen en vigor las cuentas de 2021, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que la intención es tenerlos listos «en tiempo y forma» para que entren en vigor cuando empiece el año.

Para cumplir con los plazos de tramitación y que puedan estar en vigor antes del próximo 1 de enero, el Gobierno tendría que llevar al Congreso unos nuevos Presupuestos antes de finalizar septiembre.

La ministra María Jesús Montero aseguró esta semana que tiene elaborado el 80% del Presupuesto de 2021 y que la «dificultad» estriba en el 20% restante, que se tendrá que discutir con todos los grupos para incorporar las cifras finales de ese consenso al proyecto presupuestario.

ULTIMA EL ACUERDO FISCAL

Lo que podría cerrarse esta misma semana es el acuerdo fiscal para alcanzar una propuesta conjunta de cara a las nuevas cuentas públicas, en el marco de la negociación que dirigen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por parte de Unidas Podemos el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Montero y Álvarez tienen muy avanzados los distintos puntos de la propuesta fiscal conjunta del Gobierno de coalición y las líneas generales del anteproyecto, así como los ajustes que están previstos acometer sobre los cambios impositivos inicialmente previstos y recogidos en el acuerdo programático como consecuencia de la crisis del Covid-19.

En cualquier caso, las mismas fuentes explican que en dicho acuerdo fiscal se plasmará una mayor carga sobre grandes patrimonios y rentas, por lo que los Presupuestos de 2021 podrían incluir las propuestas sobre estos tributos plasmadas en el acuerdo programático.

Dicho acuerdo contemplaba un incremento al 1% del tipo del Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, así como el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas y del 18% para la banca y las petroleras.

En cuanto a las grandes rentas, el acuerdo programático de Gobierno proyecta a una subida de 2 puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para las de más de 300.000 euros, si bien previsiblemente estos términos de incremento impositivo podrían variar.

Estos cambios impositivos figuraban en el fallido proyecto presupuestario de 2019 y están siendo debatidos, por lo que podrían sufrir modificaciones o incluso su postergación.

Además del alza en Patrimonio, Sociedades e IRPF, el acuerdo programático de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos contemplaba medidas como un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ (ya en tramitación), la equiparación del diesel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

A su vez, en junio el Gobierno aprobó también la creación de un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables con el objetivo de reducir su uso, de carácter indirecto y que gravará con 0,45 euros por kilogramo su fabricación, importación y adquisición intracomunitaria cuando vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

Montero, que capitanea las negociaciones en el ámbito fiscal, confirmó el pasado martes que el proyecto de PGE incluirá «ajustes» en algunas figuras fiscales, más allá de la creación de las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ ya en tramitación parlamentaria, que permitirán obtener una recaudación «suficiente» para el Estado de bienestar que se marca el Ejecutivo.

No obstante, precisó que se pospondrán algunos de los cambios con alzas impositivas recogidos en el acuerdo programático, así como la reforma fiscal «en profundidad» para «cuando el momento económico acompañe».

De esta forma, el Gobierno de coalición espera cerrar el acuerdo fiscal en el seno gubernamental para iniciar las negociaciones con el resto de grupos con el fin de presentar a la mayor brevedad la nueva senda de déficit, junto al límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’) y seguidamente el proyecto presupuestario.

Los pactos presupuestarios coparán el protagonismo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, después de que esta semana el Ejecutivo haya iniciado una ronda de contactos con los grupos de la oposición para tantear posibles apoyos para las cuentas públicas de 2021.

Así, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, intentará que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare ante el Pleno cuál es su prioridad a la hora de sacar adelante sus cuentas públicas para 2021 y manifieste si «se compromete con unos Presupuestos progresistas apoyados por la mayoría de la investidura».

Esa es la apuesta del vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien la semana pasada se reunió con Bildu y ERC, quienes ya han dejado claro que el Gobierno debe optar ya entre ellos o Ciudadanos para pactar las cuentas.

En paralelo, la vicepresidenta Carmen Calvo mantuvo reuniones con los portavoces de PP y Ciudadanos, Cuca Gamarra y Edmundo Bal, y también los partidos que integran el Grupo Plural: Junts, Más País-Equo y Compromís. Calvo tiene ya fijados encuentros el miércoles con PNV y Bildu y prevé verse también con las formaciones del Grupo Mixto.

También preguntará al presidente del Gobierno el miércoles el portavoz del PNV, Aitor Esteban, con la intención de que concrete cuáles son sus planes para gestionar los fondos europeos de reconstrucción, ante la previsión de que España reciba en los próximos años unos 140.000 millones de euros, entre préstamos y transferencias, para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Antes abrirá fuego el líder del primer partido de la oposición, Pablo Casado, quien pedirá al jefe del Ejecutivo pronunciarse sobre si piensa que su Gobierno está protegiendo «el futuro de los españoles», una pregunta genérica que le servirá para abordar otros asuntos, sin descartar que las negociaciones para los Presupuestos estén entre éstos.

NUEVA SENDA DE DÉFICIT Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Sin abandonar la negociación presupuestaria, el PP también se dirigirá al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para conocer si la reforma de los delitos de rebelión y sedición formará parte de las mismas, pregunta que formulará el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría.

A Campo también le dirige un interrogante la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs, quien pretende que el ministro aclare «qué medidas está tomando el Gobierno vista la deriva en la que está instalada la Justicia española».

Asimismo, la ‘popular’ Carolina España se dirigirá a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, para saber cuándo piensa aprobar los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, que el Gobierno plantea llevar inmediatamente antes del proyecto de Presupuestos.

También el PP se dirigirá al Gobierno para valorar las últimas previsiones económicas publicas, pero lo hará en una interpelación, previsiblemente a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ante el empeoramiento de las perspectivas de los distintos organismos: el Banco de España prevé ahora una caída del PIB de hasta el 12,6% este año, y Funcas la eleva hasta el 13%.

Los remanentes de tesorería que tienen buena parte de las entidades locales alcanzó la cifra de 16.727,2 millones de euros en el año 2019, registrando los mayores montantes los situados en las comunidades autónomas de Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana.

Estos son los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) realizados a partir de la información presupuestaria de 2019 facilitada por las entidades locales al Ministerio de Hacienda hasta el pasado 31 de agosto de este año.

En concreto, el saldo no financiero de las entidades locales es de 4.858,1 millones de euros, registrando los mayores saldos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (930,3 millones de euros), Andalucía (898,1 millones), Canarias (676,8 millones) y Comunidad Valenciana (588 millones).

Les siguen las entidades locales de Cataluña (518,2 millones), Islas Baleares (285,9 millones), Aragón (227 millones), Castilla y León (198,8 millones), Galicia (145,5 millones), Castilla-La Mancha (130,7 millones), Murcia (77,6 millones), Asturias (66,2 millones), Cantabria (42,8 millones), Extremadura (40,7 millones), La Rioja (16,54 millones) y Ceuta (14,3 millones).

En cuanto a los remanentes de tesorería que las entidades tienen depositados en los bancos, al no poder haber hecho uso de los mismos, encabezan las mayores cifras las regiones de Cataluña (2.567,1 millones), Canarias (2.125,2 millones), Andalucía (1.917 millones), Comunidad Valenciana (1.675 millones) y la Comunidad de Madrid (1.361 millones).

A continuación se sitúan los entes locales de Galicia, con 1.283,5 millones de remanentes, Castilla y León (1.234,9 millones), País Vasco (1.196,5 millones), Islas Baleares (850,9 millones), Castilla-La Mancha (627,6 millones), Aragón (619,1 millones), Extremadura (423,5 millones), Cantabria (272,6 millones) Asturias (241,7 millones), La Rioja (108,7 millones), Murcia (107,3 millones), Navarra (98,5 millones) y Ceuta (16,63 millones).

HACIENDA SUSPENDE LA REGLA DE GASTO DE 2020

El Ministerio de Hacienda anunció el pasado lunes que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros.

Los técnicos de Hacienda creen que es un «acierto» que el Gobierno retome con un nuevo real decreto ley las medidas que tienen un mayor consenso y que fueron rechazadas la pasada semana en el Congreso, y además aproveche para modificar los Presupuestos del Estado para financiar las mayores entregas a cuenta a los municipios en este año e incorpore la liquidación de la financiación de los municipios correspondiente a 2018.

Igualmente, esperan que se logre un acuerdo amplio en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita disponer al Tesoro de la parte restante de los 14.850 millones «indisponibles» de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares y recuperar el fondo de 5.000 millones de euros para las entidades locales que decidan prestar sus remanentes positivos.

Según Gestha, el nuevo real decreto permitirá a los municipios más solventes utilizar parte de sus remanentes para compensar el déficit que se va a producir en 2020, y sobre todo en 2021, cuando disminuyan las entregas a cuenta estatales por la caída de la recaudación tributaria que ha provocado la pandemia en este año 2020.

La regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorio destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.

La nueva iniciativa de Hacienda llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales, que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.

QUEDAN PENDIENTES LOS REMANENTES

No obstante, la nueva iniciativa de Hacienda aborda el 85% de las medidas del decreto fallido pero no va a incluir medidas relativas a los remanentes por «falta de consenso», tras la fallida fórmula que permitía esquivar el veto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Constitución a la posibilidad de que los ayuntamientos registren déficit, de forma que los municipios que quisiesen podrían hacer un préstamo a la Administración del Estado por los más de 14.000 millones de euros acumulados en remanentes para recibirlos de forma progresiva durante los próximos diez años.

Para ello, Hacienda ofrecía en el decreto no convalidado acceso a líneas de financiación de unos 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021 a los ayuntamientos que se ofreciesen, así como cubrir parte de sus gastos y que parte de ese montante estuviese ligado a la población y no a su remanente con el fin de beneficiar también a los municipios que no tuviesen ahorros.

Los alcaldes que se opusieron al real decreto de Montero exigen que el fondo Covid de 5.000 millones para los ayuntamientos sea incondicionado, como a las comunidades autónomas, y que no dependa de los remanentes, siendo el Estado el que sufragase los fondos adicionales para los municipios. De su lado, los partidos de izquierdas abogan por eliminar el veto al déficit de las entidades locales.

La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) considera que los 140.000 millones de euros de fondos europeos que llegarán a España para impulsar su recuperación por la crisis del Covid-19 son «una oportunidad histórica» y ve fundamental que el capital privado sea «parte de la solución» para que ese dinero se use «con cabeza».

«Nos preocupa mucho el uso de ese dinero, es una oportunidad histórica y una herramienta de primera magnitud para ser optimistas. Es muy buena noticia, pero hay que usarlo bien», explica el presidente de Ascri, Aquilino Peña.

Para que ese dinero «llegue a donde tiene que llegar de forma eficiente», Peña asegura que el capital riesgo «tiene que ser parte de la solución, porque aporta metodología y mecanismos». Por eso, considera necesaria la colaboración público-privada que «evite que haya un uso partidista o populista».

Desde el punto de vista de la patronal, los proyectos que reciban financiación deben cumplir los criterios que sigue el ‘private equity’ y el ‘venture capital’: ser viables, priorizar la digitalización, generar un retorno positivo y fomentar la cohesión social, además de buscar, «sobre todo, la creación de empleo».

Asimismo, Peña insiste en que una parte de estos fondos debe destinarse a ayudas urgentes a los sectores más perjudicados de forma directa por la pandemia y que son fundamentales para el PIB de España, como el turismo y la restauración. «Hay que hacer un plan de choque para ellos, aunque el foco esté en lo otro», señala.

LA INVERSIÓN PUEDE CERRAR EL AÑO AL NIVEL DE 2019

La inversión de capital privado en España se redujo un 67% en el primer semestre del año, dado que no se cerraron operaciones de gran volumen durante los primeros meses del Covid-19. No obstante, el presidente de Ascri pronostica que la inversión total aún puede acabar el año con cifras «similares» a las de 2019.

Tras la reciente operación de Idealista, vendida por Apax a EQT por 1.321 millones de euros, Peña cree que aún se necesitarían «un par de operaciones de ese calibre» para alcanzar las cifras del año anterior. Además, debería culminarse la OPA sobre MásMóvil formulada por Lorca Telecom Bidco (KKR, Cinven y Providence), una operación superior a los 3.000 millones de euros, antes de finales de año.

«Será difícil, pero aún es posible. Llevábamos tres años consecutivos mejorando cifras y las razones que nos llevaban a esos récord siguen estando ahí. España es un mercado fabuloso», ha asegurado el socio fundador de Kibo Ventures.

PAÍS ATRACTIVO PARA FONDOS INTERNACIONALES

Peña asegura que la percepción de los inversores extranjeros es que España «sigue siendo un gran país para invertir» y estima que estos actores representen en torno a la mitad de la inversión en capital privado este año, en línea con ejercicios anteriores.

No veo que un Gobierno de determinado signo genere rechazo a los inversores internacionales, que confían en el marco jurídico estable. Ahí no anticipamos ningún desastre», añade el presidente de Ascri.

RIESGO DE UN NUEVO PARÓN ECONÓMICO

En cuanto a los mayores riesgos para el capital privado, el presidente de Ascri asegura que siguen muy de cerca la evolución de los ERTE para ver cuántos terminan consumándose en despidos, y la situación epidemiológica, que confían en que no arrastre a la economía a un nuevo parón que impida vender a las compañías.

«Esos factores podrían afectar negativamente al número de operaciones de capital privado, porque generarían mucha incertidumbre económica, una crisis de demanda y resentirían las operaciones al ajustarse a la baja las valoraciones», argumenta Peña.

RETOS: PLANES DE PENSIONES Y ASG

Aquilino Peña, que asumió la presidencia de Ascri este verano, fija entre los principales retos para la patronal conseguir que la inversión en capital privado tenga más protagonismo en las carteras de activos de los inversores institucionales, actualmente muy inferior a la media europea.

Asimismo, la asociación trabaja para que la normativa que limita las comisiones en cascada se modifique de forma que los planes de pensiones tengan acceso a la inversión en ‘venture capital’ y ‘private equity’, y beneficiarse de «altas rentabilidades».

Por último, Ascri quiere fomentar los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) con su integración en los procesos de inversión del capital privado, para que integren análisis de impacto extra-financiero, una cuestión que «cada vez piden más» sus asociados.

Una de las peores repercusiones que está trayendo la pandemia que azota a todo el mundo, es la pérdida de poder adquisitivo por parte de los españoles. Ertes, cierres de negocios… El COVID 19 ha traído una catástrofe económica de altura. Y claro, también llegan los impagos. Entonces, ¿Qué pensiones se pueden ver afectadas?

Cada vez más familias ven imposible llegar a final de mes si no dejan de pagar sus préstamos. Incluso, dejando de pagar deudas, en muchos casos tampoco se alcanza. Y claro, más pronto que tarde, si siguen sin pagar, las entidades bancarias pondrán la consecuente renuncia y, tras un largo litigio es muy probable que te embarguen la pensión que estés cobrando.

¿Se pueden embargar todas las pensiones?

Evidentemente, tenemos una serie de mecanismos jurídicos que dejan muy claro este apartado. Y traemos buenas noticias: no todas las pensiones son embargables. Eso sí, no tienen nada que ver el tipo de pensión que estés cobrando, sino de la cantidad que recibas cada mes.

Tal y como puedes leer en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 607 deja muy claro lo siguiente:

Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

• Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
• Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
• Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

Esto, ¿qué significa a la hora de embargar una pensión?

Pues que siempre y cuando estés cobrando cualquiera de las pensiones que no superan el salario mínimo interprofesional, no te pueden embargar un euro. Vamos, que mientras cobres menos de 950 euros al mes puedes estar tranquilo en este aspecto.

De esta manera, pensiones no contributivas, por poner un ejemplo, jamás van a poder sufrir ningún tipo de embargo. Un mecanismo que pretende defender al ciudadano para que, pese a su situación económica y sus deudas, pueda tener una vida digna. Sí, sabemos que con 950 euros sobrevives, pero por lo menos te quedas tranquilo sabiendo que no te pueden quitar dinero.

¿Y qué pasa si cobro mas de 950 euros?

En este caso, hay que remitirse a las tablas que hemos mostrado anteriormente, donde dejan claro cómo funcionará el embargo de cualquier tipo de pensiones en el caso de que las mismas superen el Salario Mínimo Interprofesional, que en 2020 tiene un valor de 950 euros.

Y es muy importante saber la cuantía económica que se percibe para saber si pueden embargarte la pensión en mayor o menos medida. No es lo mismo cobrar 1.000 euros que 5.000 euros, ¿verdad?

Para ponerte las cosas más fáciles, ya que a veces es un poco lioso cómo se explica en el BOE, vamos a ver varios ejemplos de diferentes situaciones para que comprendas el funcionamiento del embargo de pensiones dentro de nuestro país. ¡Verás que es más fácil de lo que parece!

Pensiones de menos de 1.899 euros al mes

En este caso, se indica que se puede llegar a embargar el 30 por ciento. Pero, ¿de qué importe? Pues del sobrante del SMI. Vamos a poner un ejemplo: Manuel tiene un sueldo de 1.000 euros. Y, debido a la pandemia provocada por el COVID 19, no llega a final de mes así que tiene que dejar de pagar deudas.

A la hora de embargarle su pensión, se tiene en cuenta el sobrante del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si cobra 1.000 euros, como el SMI es 950 euros, hay un total de 50 euros embargables. Y ojo, que de estos 50 euros, tan solo se puede quitar el 30 por ciento, así que realmente el máximo que le podrían embargar son 15 euros de forma mensual.

En el segundo ejemplo, tenemos a Francisco que ya tiene un sueldo más digno: justo 1.899 euros. En este caso, está justo en el primer tramo, por lo que tan solo le quitarían el 30 por ciento de los 949 euros sobrante. Osea, que la cantidad embargable de esta pensión sería de 284.70 euros.

Pensiones de entre 1.900 y 2.849 euros

En este caso, el importe a embargar asciende al 50 por ciento. Si, por ejemplo, Manuel está cobrando 2.500 euros al mes por haber cotizado durante años y disfrutar de una de las mejores pensiones, en este caso se le podría embargar el 50 por ciento del sobrante al restar la cantidad inicial menos 950 euros.

De esta manera, Manuel sufriría un embargo del 50 por ciento de 1.550 euros. O lo que es lo mismo, un máximo de 775 euros al mes. Como habrás podido comprobar, cuanto más cobres, mayor será la cuantía que te pueden embargar. Pero, lo más importante es saber que todas las pensiones que no superen el Salario Mínimo Interprofesional, están exentas de tener que hacer ningún tipo de pago obligado.