El Gobierno estima que los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España podrán multiplicar su efecto por cuatro movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado, al tiempo que prevé el establecimiento «inmediatamente» de un grupo de expertos para la reforma fiscal, con nuevos impuestos ‘verdes’, revisión del algunas figuras existentes y de los beneficios fiscales.

Así figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé una inversión de 72.000 millones de euros en transferencias procedentes de los fondos europeos, de ellos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y los otros 12.436 millones del Programa ‘REACT-EU’ en 2021, lo que aumentará el crecimiento potencial de la economía por encima del 2% y creará 800.000 empleos en los tres primeros años.

Las necesidades de inversión pública en España en los próximos tres años se estiman en un 6% del PIB al año, para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE, según el Plan, que señala que la inversión pública española se sitúa ahora en el 2% del PIB.

El documento subraya que la colaboración público-privada constituye un principio director «indispensable» para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo y supone un grado de apalancamiento privado en línea con la experiencia internacional en este tipo de proyectos, de 4 euros privados invertidos por cada euro público.

Así, estima que los 140.000 millones de origen público que recibirá España entre 2021 y 2026 podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado.

De la inversión de 72.000 millones en los tres primeros años, estima que la vinculada a la transición ecológica supondrá el 37% del total y la digital el 33% y que recoge que los Presupuestos de 2021 incorporarán un monto de 27.000 millones de euros con cargo a las transferencias previstas del presupuesto de la UE.

La asignación de los fondos para las políticas palanca en los próximos tres años, adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16% del total), infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%); transición energética justa e inclusiva (8,9%); modernización de la Administración (5%) y la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora (17,1%).

El resto son el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud (16,5%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%); economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); impulso de la industria de la Cultura y el Deporte (1,1%) y modernización del sistema fiscal.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESDE ENERO CON LOS PGE

Fuentes gubernamentales han explicado que la previsión es que los fondos europeos comiencen a llegar a mediados de 2021, si bien con el adelanto de 27.000 millones en los PGE se busca adelantar la ejecución de proyectos a enero de 2021, cuando se espera que vean la luz los nuevos Presupuestos.

En caso de no haber nuevas cuentas públicas, avisan de que se generaría una dificultad elevada para la ejecución de los proyectos y, en ese supuesto, se trataría de dotar los créditos necesarios para asegurar los proyectos.

En todo caso, la idea del Gobierno es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).

Para la realización de los proyectos no habrá una ventanilla única, sino que va inyectado en los Presupuestos en las distintas partidas presupuestarias de los departamentos ministeriales en los que se reflejarán los 27.000 millones adelantados e incluidos en el aumento del ‘techo de gasto’, de forma que cada Ministerio tendrá distintas formas de vehicular el dinero a los proyectos, a través de subvenciones, convocatorias, convenios, financiación, préstamos o consorcios, entre otras formas habituales de licitaciones.

Además, no se va a priorizar exclusivamente los proyectos en función de su contenido, sino con una lógica de territorializacion en busca de la capilaridad y el reparto equilibrado entre todas las comunidades autónomas, a las que se les transferirá también fondos con reglas y flexibilidad para que sean partícipes todas las administraciones en la ejecución de los fondos.

DECRETO PARA ELIMINAR TRABAS, EN ENERO

Para facilitar la ejecución de los fondos, se aprobará un real decreto-ley que reducirá las principales barreras y «cuellos de botella» legales de la administración para una gestión «ágil y eficiente», con respeto a las directivas europeas y a los principios de «integridad, transparencia y rendición de cuentas».

En el Ejecutivo estiman que verá la luz a principios de enero, en paralelo a la aprobación definitiva de los PGE, momento en el que se podrán empezar a ejecutar los proyectos.

Respecto a la posibilidad de crear una agencia independiente que canalice los fondos, tal y como proponía el presidente del PP, Pablo Casado, las mismas fuentes explican que se ha analizado pero se ha descartado porque su creación llevaría mucho tiempo y no se acabarían ejecutando los proyectos, como tampoco con una ya existente porque requiere procedimientos y cambios de estatutos.

GRUPO DE EXPERTOS PARA REFORMA FISCAL

En materia fiscal, el Plan de Recuperación señala que la modernización del sistema fiscal requiere de un «análisis profundo» de las distintas figuras impositivas, de las bonificaciones y de las mejores prácticas internacionales, por lo que «con el fin de analizar las distintas opciones y elevar propuestas de reforma, se establecerá inmediatamente un grupo de expertos para la reforma fiscal».

En tanto se desarrolla este trabajo, se abordarán acciones de corto plazo orientadas a ir adaptando el sistema fiscal «a la realidad del siglo XXI, aumentando su progresividad y su carácter redistributivo», como son la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para aflorar la economía sumergida y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo y la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

Junto a las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se pondrán en marcha distintos proyectos para la mejora de la imposición medioambiental, así como ajustes en los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo.

También se mejorará la eficacia del gasto público, impulsando las evaluaciones de gasto (spending reviews) en todas las administraciones y se implementarán las recomendaciones de la AIReF sobre deducciones fiscales.

Por último, para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aboga por el consenso y apela al Pacto de Toledo, donde se plantean medidas como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas, revisión del sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.

El Gobierno destinará algo más de 700 millones de euros de los 72.000 que suponen el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ para el sector cultura, según se recoge en el documento facilitado por el Ejecutivo.

En concreto el informe, recogido por Europa Press, incluye la Cultura dentro de las ‘Diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo’ en las que el Ejecutivo va a invertir estos millones de euros.

Y, según los datos del documento, el sector cultural recibirá un 1,1% de esta inversión que, según ha informado este miércoles el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, se realizará entre los años 2021 y 2023.

Además de sectores tradicionales en los que, según el Ejecutivo, «una posición importante» (libros, museos, teatros, patrimonio histórico-artístico), el Ejecutivo también quiere apoyar «las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la producción audiovisual y los videojuegos», aprovechando, explica, «las oportunidades que proporciona la nueva economía digital.

ATRAER INVERSIÓN Y TALENTO

Es por ello, que propone la creación del ‘Spain Audiovisual Hub’, que incluye sector de videojuegos, para posicionar a España como centro de referencia para la producción audiovisual y el sector de videojuegos.

El objetivo, indica el Gobierno, es atraer inversiones y talento, así como la simplificación de requisitos y el impulso del ecosistema de empresas y profesionales en el ámbito de la producción en español y en otras lenguas.

Por otra parte, el Gobierno cree que la pandemia «ha puesto de relieve su vulnerabilidad» del sector cultural y «su dependencia del público» y propone «avanzar en un conjunto de reformas e inversiones que impulsen su papel económico» del mismo, «tanto en el ámbito público como desde la sociedad civil y el ámbito privado».

En este sentido, recoge en el documento, la necesidad de «revalorizar de la industria cultural», para «avanzar en el apoyo del mecenazgo y el apoyo privado complementario del público».

También reconoce que hay que «culminar el Estatuto del Artista, impulsar la actividad turística y económica derivada de eventos culturales emblemáticos, proteger el patrimonio y apoyar y reforzar las áreas en declive demográfico, favoreciendo la cohesión y la vertebración social y económica del país».

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha alertado de que la recuperación económica del país está ampliamente ligada a la aprobación de un nuevo paquete de estímulos, por lo que si este no es lo suficientemente grande, o si se aprueba más tarde de lo esperado, el repunte de la economía será más lento de lo previsto.

«Muchos participantes [de la Fed] indicaron que sus perspectivas económicas asumían más apoyo fiscal y que si ese apoyo fiscal futuro era significativamente menor o llegaba significativamente más tarde de lo esperado, el ritmo de la recuperación podría ser más lento de lo anticipado», se puede leer en las actas de la última reunión de política monetaria del instituto emisor, publicadas este miércoles.

En este mismo sentido se expresó el martes el presidente de la Fed, Jerome Powell. Durante su intervención en un acto organizado por la Asociación Nacional para la Economía de Empresa (NABE, por sus siglas en inglés) alertó de los riesgos para la economía del país de poner en marcha «pocos» estímulos, que en su opinión son mucho mayores que aprobar un exceso de apoyo.

Durante el cónclave del organismo que decide la política monetaria de EEUU, celebrado a mediados de septiembre, los banqueros centrales mantuvieron su opinión de que incertidumbre derivada de la pandemia del Covid-19, y sus efectos económicos, seguían siendo «extremadamente elevados», así como que los riesgos seguían «alineados a la baja».

No obstante, dada la «resiliencia» que parecía haber mostrado la economía del país, los participantes de la Fed consideraron que el escenario más pesimista era ahora menos plausible que el escenario base. Con anterioridad, y también debido a la incertidumbre, los banqueros entendían que un peor escenario era tan probable como el base.

Con respecto al mercado laboral, varios participantes indicaron que la recuperación llevaría bastantes meses. En su opinión, el empleo que se ha recuperado hasta la fecha corresponde, en mayor medida, a empleados que se habían acogido a un interrupción temporal de su actividad. Con el paso de los meses, un mayor número de esos despidos temporales se volverán permanentes, lo que llevará a los desempleados a iniciar un proceso de búsqueda de empleo, que lleva tiempo.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha detallado que el Gobierno destinará el 37% del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ a la inversión ‘verde’.

«Es un Plan en el que al menos el 37% de los recursos se destinan a la descarbonización y transición ecológica, reforzados por la transformación digital para ser más eficientes», ha explicado Ribera en la presentación del citado plan, que ha tenido lugar en La Moncloa.

En su intervención, la vicepresidenta ha destacado la importancia de trabajar en estos aspectos al subrayar la «inmensa vulnerabilidad» experimentada ante la naturaleza, «en concreto, ante un virus cuyo origen esté muy probablemente relacionado con la ruptura de los equilibrios de los ecosistemas». «Necesitamos una agenda verde y azul reforzada», ha aseverado.

Ribera también ha destacado la importancia del «papel de la ciencia volcada en comunicación» que facilita entender «mejor la magnitud de desafíos a los que nos enfrentamos. «Una sociedad bien informada tiene más capacidad de resiliencia y reacción frente desafíos, riesgos, peligros y tiene mayor capacidad de respuesta», ha apostillado.

El ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, defiende la importancia del «desarrollo de un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente que permita movilizar inversión privada significativa aportando certidumbre y un marco normativo previsible», además de aprovechar «el enorme potencial renovable» de España y las cadenas de valor existentes para reforzar la competitividad con vistas a los mercados domésticos y de exportación.

También aboga por la puesta en marcha de infraestructuras con la capacidad de movilizar «grandes volúmenes de inversión a corto plazo» y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y economía.

Añade además que el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras, aprovechando herramientas digitales para desarrollar las capacidades en detección y alerta tempranas, especialmente en costas y zonas inundables, incluyendo adaptación en zonas vulnerables y proyectos participados de renaturalización y de-construcción, permite optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural del país.

Por ello, contempla proyectos como la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad movilizando inversiones en infraestructura verde, para favorecer la conectividad ecológica e impulsar programas de restauración de la naturaleza destinados a aumentar la diversidad biológica y sus servicios, incluidas las soluciones basadas en la naturaleza.

Específicamente se promoverá una política de reforestación dirigida al uso sostenible de las superficies forestales, la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad y para lograr el desarrollo de una política activa de mitigación y adaptación climáticas.

Asimismo, aboga por la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, ya que comprende inversiones para reducir la vulnerabilidad de los espacios naturales costeros y los recursos hídricos frente a los efectos del cambio climático, a través de restauraciones e intervenciones sobre infraestructuras orientadas a reducir la sensibilidad ante los riesgos.

Igualmente comprende acciones para promover la gestión integral del agua, promoviendo el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar de manera equitativa el bienestar social y económico resultante, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. En especial, se orientarán a soluciones basadas en la naturaleza para la depuración (filtros verdes), saneamiento y reutilización, la optimización de la infraestructura hídrica y la restauración de ríos y recuperación de acuíferos.

En movilidad sostenible, se pondrá una marcha un gran plan de modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave de transporte e intermodales y el desarrollo de los principales corredores europeos.

El ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ presentado este miércoles por el Gobierno de España destinará inversiones por valor de 19.600 millones de euros en el periodo 2021-2023 a la transformación digital del país, que supone uno de los ejes «transformadores, transversales y vertebradores» de todo el plan.

Durante la presentación del plan, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha incidido en que la agenda digital constituye, «sin duda, uno de los ejes transversales esenciales» para lograr el proceso de transformación que necesita la economía española tras la crisis del Covid-19.

En este sentido, la vicepresidenta ha destacado que la importancia de la digitalización se plasma en el peso que el capítulo digital tiene en el presupuesto de inversiones del plan, unos 19.600 millones de euros para los próximos tres años, que equivalen a un tercio de toda la inversión pública prevista con las transferencias comunitarias para el periodo 2021-2023.

Calviño ha explicado que este volumen de inversión se dirigirá a iniciativas de digitalización en los proyectos gestionados por los diferentes ministerios, actuando tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y la tecnología como en la transformación del conjunto de la economía y sobre las personas.

En este sentido, ha apuntado el objetivo de estas medidas es garantizar un transición que sea «respetuosa» con los derechos y los valores y que proporcione «oportunidades de futuro» tanto profesionales como personales, «muy especialmente a los más jóvenes».

PROYECTOS ESPECÍFICOS Y SINERGIAS

La vicepresidente tercera del Gobierno ha explicado que esta transformación se articulará tanto a través de proyectos específicos, así como explotando las sinergias con otros proyectos del plan, especialmente las relacionadas con la transición verde. Por ejemplo, ha apuntado que la digitalización permitirá una reducción del 10% las emisiones de CO2.

DESGLOSE DE INVERSIONES

En concreto, el plan contempla la inversión de 4.000 millones de euros en conectividad digital, ciberseguridad y despliegue del 5G, así como destinar 3.500 millones de euros a la formación en competencia digitales y 2.600 millones de euros a la digitalización de las administración públicas.

Por su parte, las inversiones destinadas a los seis macroproyectos tractores identificados ascenderán a 2.200 millones de euros, mientras que en la digitalización y el crecimiento de pymes y startups se emplearán 1.150 millones de euros.

Otras inversiones contempladas en el plan van destinadas al impulso de la economía del dato y la Inteligencia Artificial (IA), con 500 millones de euros, y al desarrollo del ‘Spain Audiovisual Hub’, con 200 millones de euros. Por su parte, las sinergias con otros ejes del plan supondrán una inversión de 5.450 millones de euros.

Calviño ha indicado que el camino para avanzar en los «ambiciosos» objetivos que se ha marcado el Gobierno está trazado en la Agenda Digital España 2025, que el Ejecutivo presentó a finales del mes de julio y que supone «la hora de ruta» de todo el proceso de digitalización del país.

En este sentido, ha recordado que este plan se articula sobre diez ejes estratégicos y tiene un objetivo transversal, que es que la digitalización contribuya «de forma importante» a cerrar las brechas sociales, territoriales y de género que se han agrandado en los últimos años.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que movilizará 72.000 millones de fondos europeos en tres años es «absolutamente esencial» para recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia a finales de 2022 y volver a la senda de crecimiento preCovid a finales del año 2023, así como para crear más de 800.000 empleos.

Así lo ha señalado durante el acto de presentación telemático del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, en el Complejo de la Moncloa, junto a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras haberlo hecho primero por la mañana por videoconferencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los agentes sociales, miembros de la sociedad civil y los embajadores de los 27 Estados miembros.

Calviño ha destacado que el plan es una «oportunidad extraordinaria» para impulsar la recuperación y abordar el proceso de modernización de la estructura productiva afrontando los retos derivados de la pandemia y para lograr un crecimiento «más sostenible» en el medio plazo, en el terreno financiero, medioambiental y social.

En cifras, ha precisado que el «denso» conjunto de medidas del plan de reformas e inversiones tiene el objetivo de movilizar inversión privada y aportar un crecimiento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en los tres próximos años y a medio plazo un crecimiento potencial superior al 2%.

«El programa es absolutamente esencial para que España recupere el nivel de PIB previo a la llegada de la pandemia a finales de 2022 y volvamos a la senda de crecimiento preCovid a finales de 2023», ha añadido Calviño, que ha indicado que este plan es necesario para también para incorporar 800.000 puestos de trabajo en los tres próximos ejercicios.

De esta forma, ha enfatizado que el Plan de Recuperación es «necesariamente un proyecto de país» y ha avisado de que la respuesta a la pandemia exige un aumento «muy importante» de la deuda pública que puede ser un «lastre» para las generaciones futuras si no se invierte adecuadamente en la modernización del modelo productivo y el nuevo contrato social.

DIGITALIZACIÓN: 19.600 MILLONES

Por otro lado, hecho hincapié en el eje de la digitalización, y ha detallado que las inversiones estimadas del plan para este eje comportan 19.600 millones en tres años, sustentadas en la agenda ‘España Digital 2025’ que fue presentada en julio y que pasa por la conectividad digital, la ciberseguridad y el despliegue del 5G (4.000 millones), competencias digitales (3.500 millones), digitalización de las administraciones (2.600 millones), seis macroproyectos tractores (2.200 millones), digitalización de pymes y ‘startups’ (1.150 millones), datos e Inteligencia Artificial (500 millones), ‘hub’ audiovisual (200 millones) y sinergias con otros ejes (5.450 millones).

Entre las metas, Calviño ha citado que el 100% de la población cuente con más de 100 Mbps, el despliegue del 5G, un 80% de personas capacitadas en competencia digitales, el aumento de 20.000 especialistas en ciberseguridad, un 50% de servicios disponibles en dispositivos móviles, un 25% de contribución del comercio electrónico a las pymes, seis macroproyectos tractores en agro, movilidad, turismo, salud comercio e industria, un 30% de aumento de la producción audiovisual y un 25% de empresas que usen inteligencia artificial y el big data.

REDUCIR DESIGUALDAD Y NUEVA LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por su parte, Pablo Iglesias ha marcado el reto de reducir la precariedad y la tasa de temporalidad laboral, los niveles de pobreza infantil, de cambiar el modelo productivo con más industria al ser España «demasiado dependiente» del turismo internacional y corregir en los Presupuestos la inversión pública, aumentándola en sanidad, educación o protección social.

A su vez, la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado que el Ejecutivo va aprobar una nueva ley de la Administración Pública y que lo hará mediante un decreto ley, con el objetivo de modernizar la Administración General del Estado y mejorar también la coordinación con las demás administraciones.

Por último, la vicepresidenta Teresa Ribera ha destacado que la inversión «verde» representa más del 37% del total del Plan de Recuperación y ha asegurado que adelantar a 2023 el objetivo intermedio marcado para 2025 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) será uno de los vectores de movilización de empleo y actividad económica «más importantes para España».

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha catalogado como una «debilidad» de la economía española que el modelo productivo sea dependiente del turismo internacional y ha abogado por diversificar la economía.

Iglesias ha señalado, durante la presentación del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, que el turismo internacional «siempre va a ser importante para un país como España», pero ha matizado que el país debe diversificar para «no depender de un sector económico que, cuando viene una crisis como la del Covid-19, revela las debilidades estructurales».

El vicepresidente segundo del Gobierno ha enumerado, también como debilidades de la economía española, la precariedad laboral, el nivel de pobreza y la falta de inversión pública en materias como la sanidad, educación o protección social.

Iglesias ha añadido que «sería un error pensar» que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y el desarrollo de las políticas de derechos sociales «tienen que ver solo con las ayudas o prestaciones a los sectores más vulnerables, como si el trabajo tuviera que ver en exclusiva con proteger sectores en la situación más difícil».

Por ello, ha manifestado que «la clave» de este plan es la transformación de la estructura económica, porque si no, «la agenda 2030 quedará en papel mojado», ya que esta «no tiene que ver solo con repartir ayudas, sino también con una estructura productiva que sea la base material de todos los objetivos». En ese sentido, ha apostillado que los fondos habría que emplearlos, «sin ninguna duda», en «superar las necesidades de la estructura económica».

De su parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno apuesta por un turismo sostenible, con énfasis especial en la calidad tanto en entorno rurales y de alta montaña como en la plena remodelación de destinos turísticos maduros, en los que la visión integral del entorno, la movilidad y la rehabilitación urbana constituyen «oportunidades de éxito seguro.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el Gobierno prevé la implementación de un plan de choque para la movilidad sostenible con el horizonte puesto en el año 2023, que pretende recuperar el espacio urbano «para la ciudad» y para la movilidad «no motorizada» y que también contempla contar con más de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos para ese período.

Así lo ha señalado Ribera en la presentación del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española’, que también recoge el impulso de carriles bici en ámbitos urbanos y periurbanos, así como la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

«Nuestro plan se centra en hacer nuestras ciudades más seguras y cómodas para pequeños y mayores, al mismo tiempo que garantizamos aire limpio y la integración de diferentes medios de transporte reforzados y modernizados, subrayando nuestra apuesta por el transporte público», ha reivindicado la ministra.

Para impulsar la transformación del parque de vehículos, el Ejecutivo pondrá en marcha un paquete integral de reformas e inversiones orientadas a la movilidad eléctrica, que incluye el despliegue de más de 100.000 puntos de recarga de coches eléctricos antes de 2023, además de una rápida penetración de este tipo de modelos en el parque de vehículos.

Según ha destacado la ministra, esto facilitará un mejor posicionamiento de la industria española, incluyendo la de componentes, la electrónica, la digital, la de uso de datos y la de los servicios asociados a la movilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta mañana que el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ contempla el objetivo de que España cuente con 250.000 vehículos eléctricos nuevos para 2023.

Sánchez confirmó que se llevará a cabo un «despliegue masivo» del parque renovable, como parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y que incluye una decidida apuesta por la movilidad eléctrica.

«En los próximos tres años vamos a apostar por una estrategia de despliegue de la electrificación de la movilidad a través de la que se desplegarán más de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 y como hito para lograr los cinco millones de vehículos eléctricos para 2030», aseguró el jefe del Ejecutivo.

Expertos en economía circular y líderes empresariales de compañías como Aquaservice, Naturgy e Indra, entre otras, han debatido este miércoles sobre cómo fomentar un modelo empresarial alternativo al tradicional y sobre cómo la sostenibilidad, ante el reto global de la crisis climática, debe ser entendida como una oportunidad para el desarrollo empresarial en lugar de como un obstáculo.

La segunda edición del Forbes Summit Sustainability, que ha tenido lugar en Madrid, ha servido para hacer un repaso del rol que tienen los consejeros y el futuro de las finanzas sostenibles y ha contado con expertos y líderes empresariales de empresas como Aquaservice, Naturgy, Indra, Sanitas, Suez España o Telefónica, entre otras.

Ejemplo de ello ha sido la mesa de debate ‘El nuevo rol de las empresas en materia de Sostenibilidad y Economía Circular’, donde Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Sostenibilidad y Gabinete de Indra, ha afirmado que la sostenibilidad ya era una «tendencia fundamental» antes de la pandemia y, concretamente en su compañía «parte central del modelo de negocio».

«La sostenibilidad es parte de nuestro negocio porque lo es para nuestros clientes. Los más escépticos piensan que es una moda y que pasará. Yo creo que no, que ha llegado para quedarse. Al final, es un tema de mentalidad, de las empresas, de los accionistas y de las personas. Y nos hemos alineado con esta tendencia con la voluntad de liderarla», ha defendido.

La directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, Nuria Rodríguez, ha trasladado que todos los retos hacia la sostenibilidad van a estar en el eje estratégico de su compañía. «Hemos mejorado en eficiencia energética, en la seguridad de las personas, hemos disminuido los traslados, reducido residuos y conseguimos soluciones mucho más sostenibles, que cambian el modelo de negocio. Siempre es una apuesta firme de ‘win win’ porque la circularidad está en todo lo que hacemos», ha ahondado.

Los asistentes han coincidido en que para avanzar en materia de sostenibilidad y hacia una economía circular conjunta es necesario poner a las personas y al planeta en el centro de la toma de decisiones.

En ese sentido, Alberto Gutiérrez, consejero delegado de Aquaservice, se ha referido al modelo de negocio de la compañía de distribución de agua mineral natural con dispensador y en su ponencia ‘Las claves de una compañía nativa circular’ ha defendido que Aquaservice tiene claro que «la mejor manera de impactar positivamente» en el entorno es «cuidando el planeta y trabajando por un mundo sostenible».

Por eso, tenemos muy interiorizada la economía circular y hemos buscado ser empresa nativa en esta apuesta por la circularidad», ha defendido el consejero delegado de Aquaservice, señalando que su modelo de negocio es «cien por cien circular» y ha propuesto «una forma de consumo sostenible y circular única dentro del sector.

Además, Gutiérrez ha añadido que está «muy claro» que el consumidor de hoy en día está pidiendo esta sostenibilidad y compromiso a todas las empresas, circulares o no. «Buscan que seamos sostenibles y que las empresas seamos buenos ciudadanos». En Aquaservice, llevamos trabajando desde nuestros inicios en ello», ha subrayado.

NUEVOS ROLES Y DESAFÍOS

Los retos y desafíos en materia de sostenibilidad han sido otros de los temas debatidos en el encuentro moderado por el divulgador ambiental y asesor en sostenibilidad José Luis Gallego, que ha contado con la participación de directivos de GSK España, Sanitas, Bankia o Telefónica.

Gallego ha incidido en que el compromiso de las empresas «es imprescindible» para avanzar hacia una verdadera economía circular y eludir los peores escenarios a los que nos empuja la crisis climática.

Al acto de Forbes también han acudido este miércoles los exministros Ramón Jáuregui e Isabel Tocino y ésta ha señalado que «para ser sostenible, hay que ser solidario». «En esa línea las empresas tenemos muy claro que nuestros consumidores se fidelizan con una compañía porque esta es realmente sostenible», ha defendido.

ESTRATEGIA DE LA CAM

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha sido la encargada de clausurar el acto, en el que ha planteado su estrategia de sostenibilidad, que se fundamenta en tres ejes, trabajar la economía circular, luchar contra el cambio climático y apostar por la sostenibilidad medioambiental cuidando la biodiversidad.

«Entendemos que la apuesta de futuro es la economía verde; es generar empleos verdes ligados a la sostenibilidad medioambiental. Esto significa seguir apostando por la movilidad sostenible, apostando por inversiones en la rehabilitación de viviendas y en eficiencia energética; además de por nuevas estrategias de economía circular a través de la puesta en funcionamiento de plantas de tratamientos de residuos», ha defendido.

En ese punto, Martín ha mantenido que «nada de esto se podría llevar a cabo sin la colaboración estrecha de la empresa privada» y ha incidido en que la Comunidad de Madrid garantiza esa colaboración dando seguridad jurídica y facilidades para el desarrollo de planes que ayuden a la sostenibilidad. «Las empresas están realizando en los últimos años un gran esfuerzo para convertir a sus empresas en áreas de sostenibilidad y tienen a la Comunidad de Madrid a un aliado para llevarlo a cabo», ha concluido.

El 49,5% de las empresas ha notado un aumento de la productividad de sus trabajadores gracias al teletrabajo, según un informe realizado por Alares sobre teletrabajo y flexibilidad en tiempos de coronavirus.

Del total de empresas encuestadas, el 56% ha implementado la modalidad de teletrabajo durante el confinamiento para toda la plantilla y el 41,67% lo ha implantado para una parte.

El informe señala que el 28% de las empresas ha establecido procedimientos específicos para medir la productividad del trabajo en remoto y que un 35,6% ha mantenido los mismos resultados que antes del Estado de Alarma.

Por otro lado, el estudio remarca que existe una relación positiva entre flexibilidad y disminución del absentismo, según el 54,6% de las compañías encuestadas.

Un 75,76% de las compañías ha establecido protocolos de comunicación para favorecer el contacto permanente con los equipos de trabajo, evitando así varios de los hándicaps de esta modalidad como pueden ser el aislamiento, la soledad o la disminución del sentimiento de pertenencia.

También casi un 40% de las empresas ha favorecido la flexibilidad horaria de toda su plantilla. La directora de la fundación Alares e impulsora de este informe, Mar Aguilera, ha afirmado que las empresas que apuestan por cuidar a sus trabajadores proporcionándoles servicios que mejoran su calidad de vida «obtienen mejores resultados que derivan en una mejora de la competitividad a todos los niveles».

Del informe también se desprende que, a la hora de implementar el teletrabajo, el 28,2% ha dado preferencia a las personas que presentaban factores de riesgo frente al Covid, un 23% tuvo en cuenta a personas con menores en edad escolar, mientras que el 17,9% lo hacía con los empleados que tenían a cargo familiares dependientes o con discapacidad y un 14% cuando estos se ocupan de sus mayores.

El presidente de Alares, Javier Benavente, ha dejado claro que el teletrabajo «ha venido para quedarse», al igual que las nuevas formas de bienestar de los trabajadores.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha rechazado la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘Tasa Google’, y ha advertido de las duras consecuencias para la economía española que se derivarán de su aplicación unilateral sin esperar a una solución consensuada a nivel internacional.

En un comunicado, la asociación ha incidido en que el impuesto digital derivará en una «fuerte pérdida de productividad, competitividad e innovación en las empresas españolas», provocando la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en el país y aislando a España del contexto digital internacional. Por ello, apuesta por una solución «diseñada y consensuada» a escala global.

En ese sentido, Adigital suscribe la necesidad de abordar la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, también en el ámbito impositivo, pero recuerda que este debate debe tratarse desde el punto de vista internacional, «especialmente dado el carácter global y digitalizado de la economía.

Desmarcarse del acuerdo global, como hace el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales presentado por el Gobierno y aprobado hoy de forma definitiva por las Cortes Generales, pone en riesgo la competitividad de la economía española, más aún en el contexto de crisis económica y social provocada por el Covid-19, que requiere más que nunca de economías digitalizadas, robustas y resilientes», insiste.

Asimismo, Adigital señala que la adopción unilateral de un impuesto digital ha sido también cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Europea o la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), ya que a su juicio fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital.

De hecho, la asociación considera que la aprobación de esta Ley supondrá también un «claro obstáculo» para la participación de España en el debate internacional, dejando al país en una situación de «excepcionalidad» mientras continúan las negociaciones para un acuerdo necesariamente más amplio, tanto a nivel europeo como global.

En esta línea, remarca que la aprobación esta mañana del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es especialmente «cuestionable» habida cuenta de los claros avances que se han producido recientemente en el contexto internacional.

Por otro lado, Adigital recuerda que medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una «fuerte inseguridad jurídica» para ciudadanos, empresas e inversores; suscitando además serias dudas sobre su impacto en términos recaudatorios.

A esta respecto, apunta que, aunque el Gobierno estimó en un inicio una recaudación de 1.200 millones de euros a través de este impuesto, esa estimación se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos meses.

El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este miércoles con un descenso del 0,38%, si bien el selectivo ha logrado afianzar la cota psicológica de los 6.900 puntos, en un contexto marcado por la congelación de las negociaciones en Estados Unidos sobre nuevos estímulos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a los representantes del Gobierno congelar las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, el mandatario ha señalado que ha rechazado la última propuesta presentada por los congresistas demócratas por considerar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, «no está negociando de buena fe».

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’ movilizará 72.000 millones de euros de los fondos europeos en los próximos tres años, periodo en el que aportará un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales de PIB al año y creará en conjunto más de 800.000 puestos de trabajo.

Así, el principal índice madrileño, que ayer encadenó cinco sesiones en ‘verde’, ha vuelto este miércoles al negativo, hasta finalizar en los 6.910,1 enteros.

Los mayores avances los han presentado ArcelorMittal (3,34%), PharmaMar (+3,32%), Siemens Gamesa (+3,19%), Acerinox (+2,7%), Iberdrola (+1,55%) y Mapfre (+0,87%).

En el lado de las caídas se han situado Merlin Properties (-3,9%), Telefónica (-2,96%), Colonial (-2,62%), BBVA (-2,58%) y Bankinter (-2,19%).

El resto de plazas europeas también han terminado con ligeras caídas, a excepción del Dax de Fráncfort, que ha subido un 0,12%. Así, el Ftse 100 de Londres cedía un 0,04% y el Cac 40 de París un 0,28%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 39,58 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 41,68 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española cedía hasta 76 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,241%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,177 ‘billetes verdes’.