El 37% de las firmas de capital privado en España no reanudará su actividad hasta finales del año por la crisis del coronavirus, y un 16% no espera que las operaciones se reactiven hasta 2021, según una encuesta de Bain & Company.

El 47% de la firmas ya se encuentra en búsqueda activa de oportunidades de inversión o las retomará en los dos próximos meses, un porcentaje más reducido que en los fondos internacionales.

En cuanto al impacto en las operaciones, el horizonte de inversión de las sociedades en cartera se ampliará, lo que rompe la tendencia del mercado en los últimos años.

Solo un 20% de los fondos declara que su calendario de ventas no se ha visto impactado por la pandemia del coronavirus. El resto, prevé añadir de uno a tres años el tiempo de su participación antes de la venta respecto a su plan inicial.

«Las operaciones sobre activos cotizados en bolsa son particularmente interesantes por las bajas valoraciones», ha explicado el coautor del informe y socio de Bain & Company en ‘private equity’, Álvaro Pires.

RECUPERACIÓN PRECRISIS EN 2022

El 50% de los directivos de los equipos de inversión no prevé que la recuperación económica vuelva a los niveles precrisis antes de 2022, por la lenta vuelta a la actividad de algunos de los sectores más perjudicados por la pandemia, como el ocio y el turismo o el comercio minorista de productos no alimenticios.

A pesar de que la mayoría de las firmas de capital privado cree que el virus estará totalmente controlado a finales de este año, alrededor de un 12% prevé una recuperación económica a niveles previos a la crisis durante este periodo.

IMPACTO EN LAS VALORACIONES

Los gestores de inversión en capital de riesgo creen que el Covid-19 afectará negativamente a las valoraciones y esperan bajadas de media entre un 10% y un 20%, aunque los más pesimistas anticipan un deterioro superior al 20%.

«Los fondos mirarán hacia sectores más sólidos y poco cíclicos en sus inversiones», ha pronosticado la socia de Bain & Company y coautora del informe, Cira Cuberes, que considera que las empresas del sector salud y alimentación son las que previsiblemente tendrán un impacto más positivo en sus valoraciones.

Sólo el 68% de los trabajadores españoles han podido modificar su jornada laboral para poder conciliar sus obligaciones laborales y familiares desde el comienzo de la crisis sanitaria, el segundo porcentaje más bajo de Europa después de Portugal (67%), según un estudio de Randstad elaborado a partir de más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados de 33 países.

Así, el estudio destaca que esta posibilidad de modificar jornada para conciliar se permite en mayor medida en países europeos como Italia (69%), Países Bajos (71%), Reino Unido, Francia (73%) y Alemania (76%). En todo caso, los países donde estos porcentajes son más altos son India (88%), China (84%) y Argentina (81%).

Por sexos, sólo el 64,4% de las mujeres españolas han tenido durante la crisis sanitaria flexibilidad de horario para poder conciliar su vida laboral y familiar, frente al 72,2% de los trabajadores varones.

Por edades, los menores de 25 años son los que más problemas tienen para modificar sus jornadas laborales (51,5%), mientras que entre los profesionales de entre 25 y 45 años este porcentaje sube al 68% de los empleados y en los mayores de 45 hasta el 71,8%.

La crisis del coronavirus ha obligado a muchas empresas a tomar a marchas forzadas medidas destinadas a permitir el trabajo en remoto, siendo el teletrabajo la herramienta más extendida y la que en mayor medida ha evitado un parón en seco de la economía. Pero gran parte de las compañías han adoptado estas medidas por primera vez, por lo que aspectos como la conciliación y la flexibilidad no se han cumplido de manera tan satisfactoria como en otros países con mayor tradición«, ha explicado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Según este estudio, el 64% de las empresas españolas esperan que los trabajadores estén disponibles más allá de su horario laboral. En este caso, España también es el segundo país de toda Europa tras Portugal (72%) en el que los empleadores tienen menos en cuenta los límites de la jornada laboral. En Italia este porcentaje es del 60%; en Francia, del 59%, y en Alemania y Reino Unido, del 53%.

ESPAÑA, EL PAÍS EUROPEO QUE MÁS HA UTILIZADO LAS VIDEOCONFERENCIAS

Randstad revela además que España es el país europeo en el que más se han utilizado las videoconferencias virtuales en la crisis sanitaria, pues dos de cada tres trabajadores han hecho uso de esta tecnología, por encima de Francia (64%), Italia (63%), Países Bajos, Alemania (los dos con 63%), Reino Unido (62%) y Portugal (59%).

A pesar de los problemas para conciliar, el 80% de los trabajadores españoles consideran que se han adaptado de manera satisfactoria a los cambios en su entorno laboral provocados por la pandemia del coronavirus.

Randstad destaca que, aunque se trata de un porcentaje elevado, es el segundo más bajo de Europa por detrás del de Italia (70%). España se encuentra por detrás de la media global (83%) y de países como Portugal (82%), Alemania (84%), Estados Unidos (85%), Francia (88%), China (89%) o India (91%), que lidera la clasificación.

Además, el 71% de los trabajadores piensa que su empresa está preocupándose y tomando medidas para garantizar la seguridad durante la pandemia, percepción cuatro puntos inferior a la media mundial (75%) y que de nuevo vuelve a ser la segunda peor de Europa, por delante únicamente de Italia (71%). En este caso, la clasificación la lideran China (90%), India (87%) y Australia (82%).

El Gobierno ha designado los puntos de entrada a España para vuelos de pasajeros y buques de pasaje que presten servicio de línea regular con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera de la Unión Europea y Estados asociados Schengen.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, trata de los aeropuertos de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche, Seve Ballesteros Santander, Bilbao y Valencia.

Por su parte, los puertos serán los de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia, Vigo, Santander, Alicante, Motril, Algeciras y Tarifa.

El Gobierno considera que estos aeropuertos y puertos son «Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional».

«Una vez finalizado el estado de alarma y levantadas las restricciones de entrada en relación con las fronteras interiores, el foco de atención se centra en otras zonas geográficas en las que la situación epidemiológica sigue siendo preocupante con un nivel de riesgo elevado» se indica en el BOE.

Por este motivo, el Gobierno ha decidido «continuar limitando la entrada en España a través de los puntos de entrada designados a los medios de transporte internacional procedentes de terceros países, con el objetivo de identificar de manera temprana a las personas enfermas y a sus contactos en el marco de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional motivada por el Covid-19

No obstante, la limitación no se aplicará a las aeronaves de Estado, la realización de escalas con fines no comerciales, los vuelos exclusivos de carga ni a los vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia ni a los buques de Estado, los buques que transporten carga exclusivamente ni a los buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, médicos o de emergencia.

El Ministerio de Sanidad, previa solicitud justificativa, podrá levantar la limitación, autorizando puntualmente aeronaves o buques que transporten exclusivamente ciudadanos españoles, residentes en España u otros colectivos contemplados.

Este acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Estado, producirá efectos a las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020 y tendrá vigencia hasta las 00.00 horas del día 1 de julio de 2020.

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha querido lanzar «un mensaje de tranquilidad» porque «ERTEs va a haber en los próximos meses» y ha instado al Gobierno a «no precipitarse» y no retirar «antes de tiempo» los expedientes de regulación temporal porque «puede salir el tiro por la culata».

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sordo ha afirmado que, «con toda probabilidad», será necesario prolongar los ERTEs más allá del 31 de septiembre porque, a priori, «va a seguir habiendo empresas y sectores muy tocados por la crisis». Por ello, ha asegurado que los ERTEs, sean de fuerza mayor o por otras causas, deberían seguir siendo «una herramienta importante» para «tratar de evitar la destrucción de desempleo».

«BUENA NOTICIA»

En este sentido, ha indicado que si se prolongan hasta septiembre con unas «condiciones suficientemente buenas como para que se sigan utilizando, será una buena noticia», y, si se garantiza que se va a seguir analizando cómo evolucionan los ERTEs y, en septiembre se pudiera ver si se siguen alargando en alguna medida, «también sería una buena noticia. «En todo caso, lanzar un mensaje de tranquilidad, ERTES va a haber en los próximos meses», ha asegurado.

Sordo ha afirmado que se trata de acompañar el proceso de recuperación de la actividad «con una figura jurídica bien armada» que permita que «en la recuperación parcial se puedan ir incorporando plantillas e incluso puedan ir rotando los puestos de trabajo para evitar despidos» y se pueda seguir incorporando a los trabajadores que no tenían los periodos de cotización necesarios para haberse acogido a un ERTE en circunstancias normales. También ha aludido a seguir manteniendo el derecho a la reposición de la prestación por desempleo.

«Lo que hay que tender es a que la gente se vaya incorporando a trabajar y vayamos reduciendo los ERTES y no cronificarlos. Cuando digo que es una buena noticia que se prorroguen, hay que entender el contexto en el que lo digo porque la alternativa es mucho peor, son miles de despidos», ha añadido.

Sordo ha indicado que tampoco se trata de generar «incentivos perversos» porque no quiere «generalizar el fraude en la utilización de los ERTES ni malpensar cómo utilizan los ERTEs las empresas si esto se cronificara».

No deja de ser una gran inversión de recursos públicos, porque básicamente lo que estamos haciendo es socializar los salarios de los trabajadores y exonerar a la empresas de cuotas, pero la alternativa hubiera sido seguramente un millón de despidos más de los que tenemos, pero no se puede alargar indefinidamente la situación», ha apuntado.

Sin embargo, ha pedido ser «muy cuidadosos» con no retirar estas medidas «antes de tiempo porque puede salir el tiro por la culata». Y ha advertido de que, si hay despidos, eso supone «un consumo de recursos públicos.

Por ello, cree que el Gobierno «tiene que medir muy bien» y le van a instar a que «no se precipite» y no retire «antes de tiempo estos ERTEs. En relación a la bonificación de la Seguridad Social a los empresarios, ha afirmado que se han ido reduciendo porque, al principio, eran «muy altas».

«Lo razonable es que, quien tenga causas objetivas para no poder abrir sus negocios o abrirlos a medio gas porque sigue habiendo una norma que se lo obliga, tenga exoneración relativamente alta y quién realmente esté con menos actividad porque ha caído la demanda y todavía no se ha recuperado, tendrán que ir reduciendo las exoneraciones, en todo caso, eso le corresponde al Gobierno», ha dicho.

Sordo ha afirmado que se está en esa negociación «a tres bandas» y, hasta ahora, han sido capaces de conseguir consensos «razonables» y, sobre todo, «muy útiles».

El dirigente sindical ha afirmado que si son capaces de llegar a acuerdos en un momento de tanta «crispación política» en España, es porque tienen «intereses compartidos». Sordo ha asegurado que, en una crisis «sin precedentes» como la actual, que no desaparezcan empresas y empleos «es una cuestión de interés mutuo».

El líder de CC.OO. ha asegurado que, en esa búsqueda de «consensos mínimos comunes», han trabajado «bien y, sobre todo, rápido». Por ello, ha indicado que «ojalá esta visión un poco pragmática de las cosas se traslade a la política» porque es «preocupante la confrontación y la crispación de la vida pública».

No obstante, ha apuntado, que, pese a ello, están saliendo adelante medidas como el ingreso mínimo vital y cree que «saldrán más». A su juicio, esta «dramática crisis» está generando nuevos consensos y, «si se hacen bien las cosas, nuevas hegemonías».

«Y cuando se sale del ruido, de las luces, los focos y las sesiones parlamentarias y se va a lo concreto, a veces es difícil decir que ‘no’ a determinadas cosas y el ingreso mínimo vital es un ejemplo. Hay que salir del ruido y de los titulares fáciles a los que está jugando la derecha y bajar a lo concreto», ha asegurado.

En relación a la financiación de todas estas medidas, ha asegurado que el modelo fiscal en España «tiene serias deficiencias» y, en el «cortísimo plazo», se pueden adoptar algunas medidas, pero una «reforma en profundidad» como la que, a su juicio, se necesita, es «delicada hacerla en ese cortísimo plazo».

Sordo ha afirmado que España tiene un diferencial de más de 75.000 millones respecto a lo que se recauda en la UE y solo en exoneraciones y bonifaciones deja de recaudar «unos 70.000 millones al año». A su juicio, sobre ello hay que hacer un planteamiento estratégico pero «no se puede hacer la semana que viene», aunque el debate es «inaplazable» en el medio plazo.

En el corto plazo, ha señalado que hay una «variable clave», que es la respuesta europea de financiación de planes de activación económica, que cree que se va a dar en «claves muy distintas» a las de 2010.

CUMBRE DE GRANDES EMPRESAS

Por otra parte, en relación a la cumbre de grandes empresas organizada por la CEOE, y algunas de las propuestas que se han planteado, como la de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, sobre políticas de acceso a la vivienda, ha indicado que «hay que ver qué políticas» porque si la fórmula es que el «ICO garantice, mediante avales, un acceso de los jóvenes a créditos para adquirir viviendas a precios desorbitados, menudo invento».

Sordo ha afirmado que las políticas deben estar relacionadas con una reducción «drástica» de los precios, sobre todo, en el alquiler, con la promoción de un parque de viviendas público, de movilización de la vivienda vacía y limitación de los precios del alquiler en función de las rentas y de la realidad de cada territorio.

El dirigente de CC.OO. cree que saldrán «medidas y lecturas interesantes» de la cumbre de empresas, pero ha reconocido que se quedó ayer «un tanto preocupado» por los «mensajes fuerza que se lanzan». «Y que lo que supone que es la elite empresarial española, los mensajes fuerza que sacan el primer día sea esto de la vivienda y que no se puede tocar la fiscalidad (…) y la reforma laboral y hay que seguir apostando por la devaluación salarial, ‘apaga y vámonos’, espero que hagan una reflexión un poco más de futuro y menos mirando recetas pasadas», ha manifestado.

En relación a la derogación de la reforma laboral, ha asegurado que está habiendo «mucha presión» y espera que haya un «desmontaje» de los aspectos centrales y una «fase de negociación» de cómo modernizar el Estatuto de los trabajadores. «Algunos de los aspectos es urgente tocarlos cuanto antes porque en otoño se puede dar un intenso proceso de devaluación salarial si no se limitan los efectos de la reforma laboral», ha indicado Sordo, que ha instado a «tocar ya» la reforma laboral, «antes de que acabe al año, indiscutiblemente».

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el conjunto del mercado europeo se situaron en 623.812 unidades durante el pasado mes de mayo, un retroceso del 56,8% en la comparativa con el mismo mes del año pasado a causa de la pandemia del Covid-19, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

A esta fuerte caída de las entregas de automóviles en Europa contribuyeron los desplomes experimentados en dos de sus principales mercados, Reino Unido, con una bajada del 89%, y España, con un descenso del 72,7%.

El mercado automovilístico europeo se contrajo un 42,8% durante los cinco primeros meses del ejercicio actual, con un volumen de 3,96 millones de unidades respecto a los 6,93 millones de unidades contabilizados en 2019.

Volkswagen fue la marca líder de ventas en Europa en el quinto mes del año, con un volumen comercial de 68.856 unidades, un 57% menos, mientras que la segunda plaza fue para Renault, con 45.823 unidades, un 53,4% menos, y de Peugeot, con 40.689 unidades, un 54,2% menos.

La clasificación de las cinco primeras firmas en Europa en mayo por volumen de ventas lo completan Mercedes-Benz, con 38.107 unidades, un 50,9% menos, y Audi, con 33.071 unidades, un descenso del 53,6%.

Las cinco firmas más populares en lo que va de año fueron Volkswagen, con 456.748 unidades (-41,1%); Renault, con 248.691 unidades (-46,1%); Peugeot, con 241.991 unidades (-44,8%); Mercedes-Benz, con 233.736 unidades (-36,3%), y BMW, con 228.093 unidades, un 35% menos.

Los precios de la publicidad cayeron un 5,3% en el primer trimestre de este año, marcado por la crisis del Covid-19, respecto al mismo periodo de 2019, lo que supone un descenso de más de dos puntos, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las quince actividades del sector servicios para las que el INE calcula índices de precios, ocho de ellas recortaron su tasa de variación interanual entre enero y marzo, seis la aumentaron y una la mantuvo estable.

Así lo revela el Índice de Precios del Sector Servicios, cuyo objetivo es facilitar trimestralmente índices de la evolución del precio de los servicios proporcionados a empresas por cada uno de los sectores desde el punto de vista del productor.

Entre las actividades que disminuyeron en mayor medida su tasa interanual respecto al primer trimestre de 2019 destaca además el transporte aéreo de pasajeros, que registró una tasa del 1,2% entre enero y marzo de este año, dos puntos por debajo de la del trimestre anterior, debido a que los precios de estos servicios bajaron más este trimestre que en el año pasado.

Además, los servicios de información recortaron su tasa interanual casi dos puntos, hasta el -0,8%, la más baja desde el cuarto trimestre de 2013. Este comportamiento, según el INE, está causado por el descenso de sus precios este trimestre, mayor que el registrado en el primer trimestre del año anterior.

Por su parte, entre las seis actividades que elevaron su tasa interanual destaca el transporte marítimo de mercancías, con un aumento de más de cinco puntos, hasta una tasa del 5,1%, la más alta desde el comienzo de la serie en 2008.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS DISPARA SUS PRECIOS

En cuanto a la variación trimestral (primer trimestre de 2020 sobre cuarto trimestre de 2019), los mayores descensos de precios se produjeron en la publicidad (-13,2%), los servicios de información (-3,3%) y el transporte aéreo de pasajeros (-2,7%).

Por su parte, entre las actividades cuyos precios aumentaron en tasa trimestral, destacaron el transporte marítimo de mercancías, que elevó sus precios un 4,4%; las actividades postales y de correos (+2,5%) y las actividades de seguridad e investigación (+1,4%).

CC.OO. denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación, al no aplicar la actualización de las nóminas de 40.000 empleados públicos y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros, argumentando falta de disponibilidad presupuestaria. Por ello, CC.OO no descarta movilizaciones tras el estado de alarma.

La organización sindical denuncia que ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14% desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una «grave vulneración de derechos» del personal afectado, alrededor de 40.000 empleados públicos.

«Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático», manifiesta el secretario general de FSC-CCOO en la AGE, José Manuel Vera.

Según Vera, esta ha sido la «excusa» que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019.

HACIENDA ESGRIME FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por ello, el sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de «falta de lealtad con su personal».

La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018 hacen «imposible» llevar a cabo las medidas económicas acordadas.

CC.OO. reitera que el Gobierno ha tenido «tiempo suficiente» para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su «absoluto rechazo» a este «nuevo obstáculo».

En este sentido, defiende los logros alcanzados con la firma del convenio, y lamenta esta nueva «muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración». «Parece que hay empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas», denuncia Vera.

De esta forma, CC.OO. exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. «En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno», concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.

El Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) entrará en vigor este jueves, después de que haya sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La publicación en el BOE se produce después de su aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros y contempla una dotación presupuestaria de 100 millones de euros y recoge ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos de hasta 5.500 euros, a las que se sumarán 1.000 euros adicionales aportados por los fabricantes

Esta iniciativa, incluida en el ‘Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada’, dará ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, así como a la instalación de infraestructura de recarga de vehículos electrificados, de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y a la puesta en marcha de planes de transporte a los centros de trabajo.

La nueva edición del Moves cuenta con 55 millones de euros más de presupuesto (+122%) que el anterior, con fondos que proceden de líneas presupuestarias asignadas al Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La previsión del Ejecutivo es que por cada millón de euros que se invierta a través del Moves II se movilice un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros, lo que permitirá la generación de 5.000 puestos de trabajo. Además, estima que el programa motive un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo anuales y una reducción de emisiones de 40.250 toneladas al año de dióxido de carbono (CO2).

Los fondos del nuevo Moves, que estará coordinado por el IDAE y será gestionado por las comunidades autónomas, se repartirán según el criterio del Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Andalucía, con 17,95 millones de euros será la región que recibirá una mayor dotación en el reparto del presupuesto del Moves, seguida de Cataluña, con 16,12 millones, y de Madrid, con 14,1 millones de euros. En el lado opuesto se sitúan Melilla (180.431 euros), Ceuta (180.729 euros) y La Rioja (668.067 euros).

Las comunidades autónomas deberán concretar el reparto del presupuesto asignado del Moves entre las distintas actuaciones, aunque se establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos, hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas al coronavirus.

ENTRE 600 Y 15.000 EUROS DE AYUDAS

Las ayudas a la compra de vehículos alternativos recogidas en la segunda edición del Moves varían entre los 600 y los 15.000 euros, en función del tipo de vehículo adquirido, que podrá ser un coche, una motocicleta, un vehículo comercial, un autobús o un camión, mientras que las motorizaciones subvencionables son híbridos enchufables, eléctricos o de gas, este último solo para transporte pesado.

Los compradores que adquieran un vehículo eléctrico ligero de más de 90 kilómetros de autonomía podrán recibir una subvención de hasta 5.500 euros en caso de que achatarren un vehículo antiguo de más de siete años, mientras que en caso de no dar de baja ningún automóvil, la cuantía de la ayuda será de 4.000 euros.

El plan lanzado por el Gobierno apunta que los fabricantes tendrán que complementar las ayudas públicas con 1.000 euros adicionales en caso de los modelos eléctricos, de forma que los clientes particulares podrán obtener una rebaja de hasta 6.500 euros a la hora de adquirir un modelo con esta tecnología. La aportación de las marcas variará en función de la tecnología del vehículo adquirido.

Además, los turismos de hidrógeno recibirán hasta 5.500 euros de ayuda, en caso de achatarrar un coche antiguo, mientras que se subvencionará la adquisición de coches eléctricos o híbridos enchufables de entre 30 y 90 kilómetros de autonomía con hasta 2.600 euros.

La compra de una furgoneta eléctrica, de hidrógeno o ‘plugin’ se apoyará con hasta 6.000 euros, con achatarramiento de un vehículo antiguo, aunque los minibuses y furgones con estas tecnologías recibirán 8.000 euros, sin opción de dar de baja uno antiguo, al igual que los camiones y autobuses, que obtendrán 15.000 euros.

Los cuadriciclos y motocicletas eléctricas serán objeto de ayudas de entre 600 y 800 euros, mientras que los vehículos comerciales e industriales de gas licuado de petróleo recibirán entre 3.600 y 13.500 euros, y los de gas natural, entre 4.500 y 13.500 euros.

Se podrán acoger a este nuevo paquete de incentivos a la compra de vehículos alternativos autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y entidades públicas vinculadas a ellas, administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado.

En cuanto a la infraestructura de recarga de los vehículos electrificados, la segunda edición de este programa establece un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario último y convocatoria y que serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario.

Por otro lado, en lo referente a la financiación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, el Moves II contempla una limitación de subvención también de 100.000 euros, mientras que el coste subvencionable ascenderá al 30%.

PRINCIPALES NOVEDADES

Una de las principales novedades de esta convocatoria del plan es que las comunidades y ciudades autónomas podrán realizar inversiones directas con cargo al Moves para, entre otros aspectos, instalar puntos de recarga en hospitales y otros edificios de su titularidad, y también para renovar sus flotas de vehículos y transporte público.

Además, el programa también busca favorecer que empresas y administraciones puedan ofrecer soluciones de movilidad en el contexto de la pandemia del coronavirus, de forma que apoya a las compañías a poner en marcha planes de trabajo que, junto con el teletrabajo y otras medidas de organización, permitan ofrecer mayores alternativas de transporte seguro y sostenible a trabajadores y clientes.

Los ayuntamientos, por su parte, tendrán la posibilidad de financiar iniciativas de fomento de desplazamientos individuales a pie o en bicicleta, motocicleta y otros medios de desplazamiento unipersonal a través del Moves, con sistemas de préstamos o la adaptación de carriles para estos usos, calmado de tráfico, establecimiento de espacios compartidos o ampliación de aceras y espacios públicos.

También se podrán usar los fondos de este plan para reforzar el transporte público y para la puesta en marcha de carriles exclusivos o acciones para garantizar un reparto de última milla sostenible, mediante adaptaciones rápidas de la ciudad, entre otras.

El apoyo para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo y de las adaptaciones para responder a las necesidades de movilidad vinculadas al Covid-19 puede ascender hasta los 500.000 euros, salvo que el órgano gestor en su convocatoria fije un límite inferior con base en el presupuesto asignado a la medida.

Las ayudas serán del 40% del coste subvencionable para los destinatarios últimos de ayuda, salvo para aquellos sin actividad comercial ni mercantil (como los ayuntamientos), cuyo porcentaje se elevará hasta el 50%.

La demanda de viviendas en alquiler se encuentra contenida por las limitaciones a la movilidad geográfica, mientras que la oferta se incrementa por el trasvase del alquiler turístico al residencial, según se desprende del ‘IX Perfil del Inquilino en España’ realizado por Alquiler Seguro.

La compañía explica que está detectando una variación en la calidad de la demanda, que se inclina por viviendas con más espacio o con balcones, y que ya no mira tanto por vivir cerca de su puesto de trabajo.

No obstante, Alquiler Seguro cree que todavía es pronto para saber si los cambios detectados, especialmente en el caso de la demanda, se afianzarán en el tiempo o si serán temporales.

También ha constatado incrementos en el tiempo dedicado a buscar una vivienda en alquiler. De hecho, el plazo que se necesita para encontrar una vivienda se ha incrementado a 24 días, casi una semana más para encontrar piso.

En el informe también destaca que el número medio de inquilinos por contrato es de dos, pero también que casi un 30% de los inquilinos tiene un contrato indefinido y que el tiempo medio de estancia en un mismo inmueble ronda los tres años.

Las búsquedas más comunes de los inquilinos varían por regiones, pero lo que más se repite son pisos de 3 dormitorios en la provincia de Barcelona de hasta 950 euros o de 2 dormitorios en Madrid por hasta 850 euros.

También se repiten las búsquedas de hasta 3 dormitorios en Valencia por 600 euros o en Alicante también por 3 dormitorios por hasta 550 euros.

Las recaudación pública en concepto de impuesto de matriculación se situó en 19,51 millones de euros durante el pasado mes de mayo, un 64% de desplome en la comparativa con los 55,3 millones de euros ingresados en el mismo mes del año pasado, según datos de la Agencia Tributaria.

Esta significativa caída de la recaudación de las comunidades autónomas por esta tasa que tienen transferida se explica por la fuerte disminución de las matriculaciones de vehículos durante el pasado mes de mayo, a causa de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el coronavirus.

Las ventas de turismos y todoterrenos nuevos durante el pasado mes de mayo se situaron en 34.337 unidades, un 72,7% de reducción respecto a dicho mes del año precedente, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En los cinco primeros meses del año, los ingresos públicos por impuesto de matriculación, que se aplica por tramos a la adquisición de vehículos nuevos con emisiones de dióxido de carbono (CO2) de más de 120 gramos por kilómetro, fue de 118,3 millones de euros, un 53,1% de retroceso.

En el quinto mes del año actual, los vehículos nuevos adquiridos pagaron una cuota media de 491 euros, lo que representa un aumento del 7,9%, mientras que en el acumulado del año hasta mayo esta cifra fue de 395 euros, un 15,9% menos.

Los vehículos matriculados el mes pasado tenían unas emisiones medias de CO2 de 116 gramos por kilómetro, 5 gramos menos que en dicho mes de 2019, mientras que en el acumulado la cifra bajó en 7 gramos, hasta 115 gramos por kilómetro.

En mayo, los vehículos nuevos adquiridos tenían un precio, incluido el impuesto de matriculación, de 20.069 euros, un 12,5% más, y de 18.991 euros en lo que va de ejercicio, lo que representa una progresión del 6,4%.

El valor de los vehículos matriculados en mayo en el mercado español se situó en 777,72 millones de euros, un 63% de reducción. Entre enero y mayo, la base imponible fue de 5.569 millones de euros, un 40% menos.

La Agencia Negociadora del Alquiler cree que la morosidad como consecuencia de la crisis económica provocada por el coronavirus se ha disparado y que los efectos de la pandemia provocarán una caída «brusca» de la rentabilidad de las viviendas en alquiler.

De hecho, ha apuntado que es normal encontrar impagos de rentas de tres meses que pueden llegar fácilmente a los seis meses, lo que «tira por tierra la rentabilidad neta, que bajaría cuatro puntos hasta situarse, como máximo en el 3,5% para este año», según el director de estudios de la Agencia Negociadora del Alquiler, Sergio Zurdo.

No obstante, ha señalado que el alquiler sigue siendo la elección más rentable en comparación con el resto de productos financieros y que las rentabilidades netas pueden alcanzar el 7,93%, siempre que se tomen medidas preventivas para evitar impagos y destrozos.

Según se desprende del Análisis de Rentabilidades de Arrendamientos de Vivienda, elaborado por Agencia Negociadora del Alquiler, cuando se han tenido en cuenta los distintos gastos que tendrán que asumir los propietarios que quieren alquilar las viviendas, se observa que la rentabilidad bruta cae entre un 0,3% y un 1,5%.

Para Zurdo, «los propietarios tienen que ser conscientes de que para sacar la mayor rentabilidad a sus inmuebles tienen que ofrecer a sus futuros inquilinos un precio competitivo con el objetivo de que permanezcan en las viviendas el mayor tiempo posible, evitando costes como el de reposición del inquilino o el tiempo que la vivienda está vacía».

Asimismo, ha puesto de relieve que poner un precio competitivo permite exigir a los inquilinos mayores garantías para evitar en el futuro posibles impagos y por lo tanto mantener estable la rentabilidad.

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con una caída del 0,34% que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en los 7.469,80 puntos, aunque instantes después de la apertura enjugaba estas pérdidas y pugnaba por entrar en terreno positivo

Entre los valores que componen el selectivo madrileño, en la apertura de sesión las mayores caídas correspondían a Telefónica, que cedía un 3%, así como a Amadeus, con un retroceso del 1,73%, y a Ferrovial, con un descenso del 1,44%.

Por contra, los títulos más alcistas del indice Ibex 35 en el arranque de la sesión en la Plaza de la Lealtad eran los de Colonial, con un avance del 1,73%, por delante de las acciones de Ence, que repuntaban un 1,60%.

Entre los representantes del sector bancario en el Ibex 35, los títulos de Santander y BBVA cedían un 0,40% y un 0,10% respectivamente, mientras que los de Bankinter se dejaban un 1,12% y los de Bankia un 0,20%. Por su parte, las acciones del Sabadell se anotaban una subida del 0,86% y las de Caixabank del 0,15%.

Entre el resto de las principales plazas del Viejo Continente, a diferencia del Ibex 35, predominaban los ligeros avances, De este modo, el Cac 40 subía un 0,27% y el Ftse 100 un 0,40%, mientras que el FtseMib se anotaba un repunte del 0,21% y el Dax avanzaba apenas un 0,02%.

En los mercados de deuda, la prima de riesgo del bono español a diez años se mantenía por debajo de los 100 puntos básicos, con una rentabilidad del 0,554%.

Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 y personas dependientes tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato CSIF y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, según ha informado el sindicato, que ha precisado que se trata de una modalidad «voluntaria y reversible».

CSIF ha destacado que se trata de un acuerdo «pionero» en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En concreto, esta resolución contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de, como mínimo un día a la semana, teletrabajo.

CSIF ha valorado de manera «muy positiva» este acuerdo y considera que debería ser la base para el futuro acuerdo de teletrabajo que deberá regir las relaciones laborales una vez que concluya la pandemia.