El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido «responsabilidad» a Países Bajos, Austria, Dinamarca y Dinamarca, los cuatro países de la UE que defienden un plan de recuperación basado en préstamos y no transferencias y condicionado a la adopción de reformas económicas: «Ahora no es momento de la austeridad, sino de la reconstrucción».

En un comunicado, el italiano ha salido al paso del documento que estas cuatro capitales hicieron público este fin de semana y en que descartan cualquier forma de «mutualización de la deuda» y planteaban un fondo de reconstrucción únicamente basado en préstamos a devolver y en un compromiso «fuerte» con la adopción de reformas y la consolidación fiscal.

«No hay países frugales (como se hacen llamar estos cuatro países) y países que derrochan. Más bien hay países conscientes de la gravedad de los desafíos a los que nos enfrentamos y otros que no lo son. Por eso les pido que estén a la altura de este momento histórico», ha expresado el italiano.

«Todos nos beneficiamos del mercado único de la UE y los países que plantean más reticencias son algunos de sus mayores receptores. Espero que todos sean conscientes de esto. Ahora no es el momento de la austeridad, sino de la reconstrucción, de lo contrario nos encontraremos con una Europa que camina a dos velocidades», ha añadido el presidente de la Eurocámara.

La propuesta de los cuatro frugales choca de plano con las características esenciales del planteamiento franco-alemán que presentaron la semana pasada la canciller Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron. En él, París y Berlín abogan por un fondo de 500.000 millones canalizado a los gobiernos europeos con transferencias directas y financiado mediante la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea.

Precisamente, el presidente de la Eurocámara mantiene este lunes una reunión por videoconferencia con el presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, y mañana con Merkel, aunque ambos contactos son para preparar la presidencia de turno de la UE que Alemania asumirá durante el segundo semestre del año.

En cualquier caso, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, desvelará este miércoles su propuesta legislativa tanto para el presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 (MFF) como para el plan de relanzamiento económico, con el que intentará alcanzar un equilibrio que satisfaga a las veintisiete capitales.

El Gobierno tiene previsto aprobar el ingreso mínimo vital (IMV) el próximo viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros extraordinario, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó este sábado que el Ejecutivo tenía previsto aprobar la medida esta semana. Aunque la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo este domingo que la nueva prestación se aprobaría este martes 26 de mayo, el Ejecutivo finalmente se ha inclinado por hacerlo en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes 29 de mayo, tal y como dejó entrever en el Congreso la semana pasada el vicepresidente de Derechos Sociales y para la agenda 2030, Pablo Iglesias.

El Gobierno prevé que esta prestación llegue a 850.000 hogares, se empiece a cobrar en junio y los 100.000 más vulnerables podrían recibirlo de oficio. Tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros al año, será compatible con otras ayudas, prevé incentivar la incorporación al mercado de trabajo y contempla itinerarios de inserción.

Las ayudas previstas en el borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso Europa Press van desde los 462 euros para los hogares unipersonales, hasta los 1.015 euros para las familias formadas por dos adultos y tres o más niños, tres adultos y dos o más niños, o cuatro adultos y un niño. Además, se contempla un complemento para las familias monoparentales equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida.

Según precisa el borrador, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud y el pago será mensual. Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del 1 de junio de 2020.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución y notificación del procedimiento en el plazo máximo de tres meses y realizará controles periódicos para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos.

Los bancos europeos han entrado en la crisis de la Covid-19 con niveles de capitalización y liquidez superiores a los contabilizados en anteriores crisis, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que advierte de que la pandemia afectará adversamente a la calidad de los activos y podría elevar el volumen de préstamos no productivos (NPL) a niveles semejantes a los registrados durante la crisis de la deuda soberana con un significativo impacto sobre la rentabilidad de sector.

En su análisis basado en los test de estrés a la banca de 2018, la EBA estima que las pérdidas por riesgo de crédito podrían llegar a suponer el 3,8% de los activos ponderados de riesgo (RWA) del sector, por lo que considera que los bancos cuentan en promedio «con suficiente capital para cubrir las pérdidas potenciales», incluso bajo el shock de riesgo de crédito más severo, manteniendo un colchón equivalente a 1,1 puntos porcentuales de RWA por encima de los requisitos de capital.

En el primer trimestre de 2020, los bancos europeos destinaron casi 20.000 millones de euros a provisionar el mayor riesgo de crédito estimado como consecuencia de la pandemia de Covid-19, incluyendo 3.026 millones de dólares (2.797 millones de euros) del HSBC, los 820 millones de Société Générale o 506 millones por parte del Deutsche Bank.

En este sentido, la EBA subraya que las entidades del Viejo Continente se encontraban al comienzo de la crisis más capitalizados y con mejores niveles de liquidez que en cualquier otra crisis anterior, con una ratio media CET1 de casi el 15% al finalizar 2019, frente al 9% en 2009, mientras que las ratios de cobertura de liquidez rondaban de media el 150%, significativamente por encima de los umbrales regulatorios mínimos.

Asimismo, la institución considera que los avales públicos introducidos por diversos países podrían ayudar a mitigar este impacto, así como las directrices de la EBA sobre moratoria de préstamos que evitan la clasificación automática como moroso de un préstamo impagado.

No obstante, advierte de que los bancos deben asegurarse de seguir realizando una evaluación de riesgos adecuada, apuntando que es previsible que el impacto de la crisis «difiera ampliamente», dependiendo de cómo evolucione esta, así como del nivel de capital inicial de cada banco y la magnitud de su exposición a los sectores más afectados, por lo que recomienda a las autoridades competentes abordar rápidamente cualquier debilidad idiosincrásica que pueda verse exacerbada por la crisis actual.

IMPACTO SOBRE LA RENTABILIDAD.

«Las elevadas ratios de cobertura de liquidez y el apoyo del banco central han permitido a los bancos capear los primeros meses de la crisis de Covid-19 sin mayores problemas de liquidez», destaca la EBA, para la que, sin embargo, una vez los bancos reinicien el proceso para construir su colchón anticrisis (MREL) podrían enfrentar costes más altos que en los días anteriores a la Covid-19, «lo que aumentará aún más la presión sobre la rentabilidad de los bancos».

En este sentido, el regulador advierte de que los bancos europeos entraron en la crisis con unos niveles muy bajos de rentabilidad como consecuencia de los bajos márgenes y de las presiones de costes operativos, que mantenían el RoE en el 5,9% en el cuarto trimestre de 2019, frente al 9,5% de sus competidores de EEUU.

La recesión económica podría afectar aún más las ganancias de los bancos», señala la EBA, advirtiendo de que la magnitud del impacto dependerá no solo de la gravedad de la contracción de la economía, sino también del alcance y profundidad de las medidas adoptadas en cada país.

El regulador europeo anticipa un significativo impacto sobre los ingresos por intereses netos debido a la parálisis temporal observada en la concesión de nuevos préstamos hipotecarios, mientras que, en contraste, aumentan los préstamos a empresas, aunque el potencial efecto positivo podría verse limitado por las medidas de moratoria aplicadas en algunos países, que implican la suspensión de la acumulación de intereses.

Además, en las circunstancias actuales, los bancos podrían verse obligados a posponer sus planes para trasladar a sus clientes el cobro de tasas de interés negativas para evitar problemas de reputación.

Por otro lado, más allá del impacto sobre los ingresos de la banca, la EBA advierte del significativo impacto de la pandemia en el aumento del número de ‘defaults’, lo que dificulta las estrategias de disposición de carteras de NPL de algunos bancos, a pesar de las medidas de moratoria introducidas en algunos países pueden ayudar a que los bancos gestionen estas exposiciones una vez que la economía se encuentre en mejor situación.

Asimismo, dado el masivo impacto de la crisis sobre los mercados laborales, los bancos podrían aplazar sus planes de ahorro de costes ante el impacto reputacional negativo que podría conllevar el cierre de sucursales.

«Aunque la consolidación del sector podría ayudar a abordar los problemas de rentabilidad, las estrategias de búsqueda de sinergias y economías de escala mediante fusiones y adquisiciones podrían conllevar elevados riesgos operacionales (…) Por tanto, cualquier intento de reducir los costes operativos puede ser particularmente complicado en el corto plazo», añade.

De otra parte, el confinamiento y las medidas de distanciamiento social han presionado a los clientes para hacer un mayor uso de canales de banca digital, por lo que, una vez que la pandemia haya terminado, los clientes podrían decidir que no necesitan visitar su sucursal bancaria, o hacerlo con menos frecuencia, por lo que aquellas entidades más remisas a reducir su presencia física y fomentar la banca en línea «ahora podrían verse fuertemente presionadas para embarcarse en un plan de transformación digital integral».

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas se multiplicó por más de 34 en el mes de marzo en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 570.116 afectados por la crisis por coronavirus, representando casi todo el número de afectados en el primer trimestre (578.339), que se multiplicó por 23, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Así, por tipo de procedimiento, menos del 1% de los trabajadores afectados se correspkondieron a despidos colectivos, con un total de 561 trabajadores despedidos, mientras que el 99% (569.555) se vieron afectados por la suspensión de contrato o reducción de jornada en marzo.

Del total, 518.142 trabajadores, el 90,8%, estuvieron afectados por expedientes por causa de fuerza mayor, frente a los 51.974 restantes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Dentro de estos, la mayoría (50,801) fue con acuerdo y el resto sin acuerdo (1.173).

Los datos del mes de marzo explican la variación registrada en el primer trimestre, cuando el número de trabajadores afectados por un expediente se multiplicó por 23, hasta los 578.339, en su mayoría (571.113) por suspensión de contrato o reducción de jornada, 28 veces más que el año pasado, frente a los 4.226 trabajadores afectados por despidos colectivos, modalidad que incluso bajó un 0,5% interanual.

De igual forma, las causas se debieron en su mayoría (519.055) a fuerza mayor, una cifra más de 2.500 veces superior respecto a los 201 del año pasado; y el resto (59284) se debió a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. De estos, la mayoría se vieron inmiscuidos en un expediente con acuerdo (57.019), un 164% más, y el resto (2.265) sin acuerdo, un 12% menos.

INFORMACIÓN INCOMPLETA POR LA CRISIS

No obstante, Trabajo explica que como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Ccovid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborables se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados.

Por este motivo, explica que «no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral».

En todo caso, desde esta subdirección se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro de los ERE indispensable para tener acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística.

Por ello, la información publicada corresponde a los procedimientos de regulación de empleo comunicados a la Dirección General de Trabajo, que son remitidos a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral para su tratamiento estadístico e incluyen únicamente trabajadores afectados por procedimientos de ámbito nacional.

«La información referida a los procedimientos de ámbito provincial o de Comunidad Autónoma se ampliará cuando se disponga de un número relevante de autoridades laborales en disposición de facilitar datos», de forma que en la información publicada «no está recogido el número de trabajadores del total nacional», precisa. Esto ha llevado a realizar modificaciones en las tablas de la estadística, recogiendo datos de avance y por tanto provisionales.

COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE en marzo (185.131), junto a hostelería (116.403) y construcción (64.402) Con datos provisionales y parciales, en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se vieron afectados 358 trabajadores, mientras que en actividades administrativas y servicios auxiliares un total de 56.793 y en otros servicios 27.136.

En el primer trimestre, un total de 186.082 trabajadores del sector comercio al por mayor y por menor se vieron afectados por n ERTE, lo que supone 209 veces más que el año pasado, así como 117.139 trabajadores del sector de la hostelería (94 veces más que el año pasado) y 57.093 en actividades administrativas (39 veces más).

MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA, LAS CCAA CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en el mes de marzo fue la Comunidad de Madrid (153.785), seguida de Cataluña (100.845) y Andalucía (73.011). Casi todos los trabajadores afectados en la región madrileña se vieron inmersos en un ERE suspensión de contratos o reducción de jornada (153.403).

Tras estas regiones destacan el País Vasco, con 24.789 trabajadores afectados, e Islas Baleares, con 22.935, una cifra muy similar a la de Canarias (21.011).

Esta tónica se repite en el acumulado del primer trimestre, con un total de 154.806 trabajadores afectados por algún tipo de ERE en la Comunidad de Madrid, 44 veces más que en el primer trimestre de 2019 101.702 afectados en Cataluña, más de 50 veces más, y 73.892 en Andalucía, 118 veces superior al año pasado. Pese a registrar un mayor volumen en términos absolutos, los mayores incrementos se dieron en Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja.