El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que acaba con la etapa de austeridad no ha estado exenta de polémica. El Gobierno ya ha anunciado que antes de marzo fijarán los precios del alquiler. Una decisión que no ha sentado nada bien en el sector del arrendamiento y advierten de que caerá la oferta y subirá el precio, pero también provocará la fuga de socimis y la aparición de guetos con listas de espera para acceder a un piso regulado.

El anuncio por parte del Gobierno de una futura Ley de Vivienda en cuatro meses ha levantado ampollas entre los players del sector. En declaraciones a MERCA2, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, critica que “esto no es una regulación, es una intervención del mercado en toda regla, una medida puramente ideológica”, y añade que “es contraria al libre mercado de alquiler”.

Además, insiste en que no es comprensible intervenir la renta de los alquileres “justo cuando el mercado de alquiler experimenta una bajada considerable de las rentas, situándose a niveles de 2018 y con la previsión que a finales de año las rentas bajen incluso mucho más”.

En este sentido, Zurdo alerta de que adoptar medidas tan restrictivas para los arrendadores como la intervención de los precios, puede generar que los propietarios no se conformen y acudan a la economía sumergida para compensar las diferencias económicas, lo cual generaría la creación de una bolsa de dinero negro, además de pagarse menos impuestos.

PROBLEMA ESTRUCTURAL EN ESPAÑA

Para la directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), Beatriz Toribio, la puesta en marcha de una regulación de los precios del alquiler residencial “no soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible”.

Además, lamenta que esta regulación supone incrementar aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado, cuando una medida eficaz sería establecer un paquete de ayudas directas con una dotación de unos 700 millones de euros para reducir la tasa de esfuerzo en el pago del alquiler de los colectivos con menores ingresos.

Por otro lado, Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro evidencia que “la intervención de los precios del alquiler a nivel nacional va a traer consigo daños irreparables para el mercado, pues tal y como hemos comprobado con la experiencia en Cataluña, esta irá ligada estrechamente con una fuerte retracción de la oferta y por tanto provocará la subida de los precios y un grave aumento de la economía sumergida”.

De hecho, denuncia que “estas medidas se toman en el peor de los momentos, en plena pandemia, en la que nos encontramos en una situación excepcional en todos los ámbitos, incluido el alquiler” y añade que “el mercado del alquiler se ha ido adaptando y ajustando al momento que estamos viviendo al tratarse de un mercado sano y maduro que se autorregula.”

De hecho, desde Alquiler Seguro lamentan que, con la entrada en vigor de la limitación de los precios del alquiler, “el Gobierno continúa desanimando y atemorizando a los pequeños propietarios, que son los que realmente tienen en sus manos las viviendas y no los grandes tenedores”.

Así, los expertos del sector coinciden en que deberían aparcar este tipo de regulaciones y ofrecer a los propietarios las garantías suficientes para que pongan sus viviendas en alquiler, lo que aumentaría la oferta y la contención de los precios al ser más sencillo el acceso a la vivienda”.

CASTIGO A LAS SOCIMIS

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos de 2021 incluye que las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria tendrán una tributación mínima del 15%. Sin duda, un varapalo ya que hasta ahora gozaban de un régimen fiscal muy ventajoso, con un tipo del 0%.

Una tributación mínima, que aplicará sobre los beneficios no distribuidos, por ley están obligadas a distribuir, al menos, el 80% del beneficio generado en España, y que supone un duro revés para las socimis.

Ciudadanos ha constatado que el Gobierno ha atendido las peticiones que le trasladó en el ámbito fiscal para que fueran tenidas en cuenta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, ha confirmado su voluntad de negociar las cuentas públicas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de mejorarlas. Concretamente, afirma haber limitado subidas impositivas y tener el compromiso del Gobierno de que no aumentará el impuesto al diésel.

Tras conocer las líneas generales del proyecto de Presupuestos para 2021, en Cs consideran que se han incorporado las «líneas naranjas» que habían marcado. A través de conversaciones discretas con Moncloa, el partido de Inés Arrimadas había puesto una serie de condiciones para poder sentarse a negociar a partir de ahora, las cuales enmendaban el acuerdo presupuestario de 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a la política tributaria.

Entre esas peticiones de Ciudadanos que ahora aparecen reflejadas en el proyecto de Presupuestos está, según su versión, la renuncia a una «subida ideológica e indiscriminada» de los impuestos, ya que solo se prevé incrementar el IRPF a las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, y que ya no se plantee una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes corporaciones.

Además, fuentes de la formación naranja han destacado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha aceptado no aumentar el IVA de la educación concertada y de la sanidad privada e incrementar los recursos para la sanidad, y también han celebrado que exista un plan de lucha contra el fraude, como habían reclamado.

Respecto al aumento del impuesto al consumo de diésel, en Cs afirman que tienen el «compromiso» del Ejecutivo para que esa subida finalmente se elimine en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos a través de una enmienda.

Una vez incorporadas estas peticiones, en Ciudadanos están dispuestos a apoyar la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso para poder empezar la negociación con el Gobierno.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles ante el Pleno del Congreso que la regulación de los alquileres que contendrá la futura Ley de Vivienda que prepara su Ministerio será «una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional».

Asimismo, ha justificado que esta regulación se lleve a cabo a través de un proyecto de ley, y no de urgencia con un decreto, pues «afecta a la propiedad privada» y, por tanto, «necesita las garantías de una ley». «Si así fuera, no estaríamos planteando la constitucionalidad de lo aprobado en Cataluña, sino de lo aprobado aquí», ha abundado.

Todo ello en una interpelación urgente dirigida por la diputada de la CUP Mireia Vehí, que además de exigirle una regulación de los alquileres, le ha exigido no recurrir la ley catalana del vivienda aprobada por el Parlament, que contempla esta regulación.

En este sentido, Ábalos ha asegurado que «no le corresponde al Ministerio de Vivienda estas cuestiones», sino al de Administraciones Públicas y Política Territorial, que, según ha dicho, «tendrá que ver si hay o no elementos de constitucionalidad». En todo caso, ha señalado que en este tipo de posibles litigios «siempre se abre un proceso de acuerdo, de conversación o negociación antes de plantear cualquier recurso».

LA CUP PIDE UTILIZAR LOS INMUEBLES DE LA SAREB

En su intervención, la diputada de la CUP ha denunciado la falta de políticas públicas para garantizar la vivienda, cómo la pérdida de esta «desencadena la pobreza» y el papel que juegan en el mercado los fondos de inversión como Blackstone, «el mayor propietario de viviendas y hoteles» en España, y cuyo presidente declaró tener «250 millones de pólvora seca para invertir en la crisis. Esta gente son carroñeros, la piedra angular de la economía de casino», ha criticado.

Por ello, ha exigido una regulación de urgencia en materia de alquileres -«La gente no puede esperar»-, la utilización de inmuebles de la Sareb para incorporar al parque público de vivienda, la prohibición de las Socimis y también de los desahucios, algo que, ha pedido, recoja la prórroga del vigente estado de alarma. «Esto es una batalla entre el capital y la vida. O apuestan por la vida o el capital acabará con muchas vidas», ha concluido.

PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS, PERO CON CONTRATO

Por otro lado, Ábalos ha reconocido este miércoles en el Congreso que le impactó ver la imagen de una familia desahuciada con cuatro menores en el madrileño barrio de Carabanchel, pero ha recalcado que se trataba de la ‘okupación’ de una vivienda de la Sareb (el conocido como ‘banco malo’ del Estado utilizado para acumular activos inmobiliarios de los bancos durante el rescate financiero), y que por ello su caso no estaba acogido a la moratoria.

«No podemos permitir confinamiento y, al mismo tiempo, poner en riesgo la posibilidad de una morada. Es una contradicción, y por eso suspendimos el procedimiento de desahucios que afectara a arrendamientos de vivienda -ha explicado-. Los desahucios están suspendidos, pero tienen que tener contrato».

También ha recordado que el Gobierno prorrogó de forma automática seis meses los contratos próximos a finalizar y estableció medidas para reducir los alquileres un 50% o una moratoria de pagos en caso de grandes tenedores o vivienda pública, así como préstamos avalados para pagar las rentas.

Sin embargo, el Gobierno dejó fuera de la prórroga de estas medidas del conocido como ‘escudo social’ la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria y la prohibición de cortar el suministro básico de agua, luz o gas a todas las familias, manteniéndose únicamente para hogares beneficiarios del bono social con hijo a cargo, discapacitado o dependiente, como antes de la pandemia.

Por otro lado, Ábalos ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda contendrá un «Marco legislativo adecuado» que mejorará «las garantías legales y procesales» para personas afectadas por procedimientos de desahucio «como garantías del cumplimiento del derecho a la vivienda».

Respecto a las acusaciones de Vehí a los agentes de Policía que intervienen en los desahucios, Ábalos les ha defendido diciendo que «son funcionarios», que «no son los que mandatan» estas ejecuciones, sino que son «instrumentos» para hacer cumplir la ley, y ha concluido diciendo que «seguro que muchos no lo hacen con ningún gusto».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscará este jueves con sus homólogos europeos un acuerdo para tratar de facilitar el turismo dentro del área Schengen por la vía de hacer tests en origen a los viajeros procedentes de lugares a partir de determinado umbral de incidencia de Covid-19.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, uno de los implicados en las negociaciones bilaterales con países europeos para facilitar ‘corredores turísticos seguros’ especialmente hacia Baleares y Canarias.

En una entrevista en Antena 3, Muñiz ha avanzado que, en la reunión telemática de este jueves, Sánchez propondrá a sus colegas europeos «profundizar la cooperación» para facilitar los viajes.

Se trata de adoptar medidas que permitan viajar –sin que los turistas tengan que guardar cuarentena ni a la ida ni a la vuelta– no solo desde las zonas que están clasificadas como ‘verdes’ en el mapa europeo por la baja incidencia de la enfermedad (menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas) y que tienen circulación sin restricciones.

«En las de incidencia algo superior, lo que proponemos en la negociacion europea es que se hagan ‘test before travel’, pruebas diagnósticas antes del embarque en venida», ha precisado Muñiz. Eso, ha proseguido, «se puede acompañar con algún tipo de cribado en aeropuertos» que sea adicional a lo que ya se hace, que es la toma de temperatura, el chequeo visual y un registros de quienes llegan.

Preguntado entonces por qué el Gobierno español no está haciendo ya PCR masivos en aeropuertos, tal como ha pedido la Comunidad de Madrid, ha subrayado que los datos de Sanidad Exterior demuestran que los casos de Covid-19 importados son muy pocos, apenas un 0,35 por ciento del total.

Según ha explicado, esta cifra incluye a quienes comunican sus datos a su llegada a España y dan positivo en un test a posteriori. La cifra podría ser algo superior, ha reconocido Muñiz, pero los casos importados no son «ni de lejos la fuente principal». «Lo que tenemos es un reto de gestión de los contagios dentro de las fronteras».

Eso sí, luego ha añadido que «todas las capas de seguridad en movilidad internacional son bienvenidas» y que si no se ha hecho hasta ahora es precisamente porque se está negociando el régimen con otros países.

Lo que el Gobierno persigue ahora, y es «optimista» sobre la posibilidad de un acuerdo, es que los países europeos acuerden un régimen común y un reconocimiento mutuo de las pruebas que se hagan –PCR o de otro tipo– a los turistas para impulsar el turismo. Todo ello en coordinación con las aerolíneas, que tendrán que comprobar que los tests se han hecho.

RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN EUROPEA DE TESTS

De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, ha adelantado ya que la razón por la que decidió convocar la videollamada del jueves es avanzar hacia una mayor coordinación entre gobiernos para avanzar hacia el reconocimiento y homologación de test rápidos. También para evitar «problemas logísticos» y competición entre países cuando las vacunas estén listas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya buscó sin éxito una mayor coordinación europea a la hora de imponer restricciones de viaje cuando se negoció ese mapa de colores para definir los niveles de riesgo en las regiones, un mapa que finalmente permitió consensuar criterios para establecer las categorías pero no fijar medidas acordes para cada una de ellas.

Aquella decisión europea dejó a los Estados miembros toda la flexibilidad para seguir decidiendo sobre los viajes desde y hacia zonas de alto riesgo, de manera que mientras algunos exigen tests a los turistas que regresan otros siguen imponiendo cuarentenas, lo que desanima la actividad turística.

Ahora, Muñiz ha recalcado las decisiones que han tomado Alemania, Reino Unido, Países Bajos y también Eslovenia, que han dejado de considerar a Canarias como zona de riesgo para viajar en un momento en que empieza la temporada de invierno.

El responsable de Exteriores ha elogiado el trabajo que han hecho las islas para contener los contagios y también los protocolos que esta comunidad y también Baleares han preparado. Estos protocolos prevén que si un turista da positivo en un test antes de regresar a su lugar de origen es derivado a un establecimiento para pasar la cuarentena y someterse, después, a un segundo tests, sin afrontar ningún coste.

Eso sí, también ha señalado que el enfoque español en este ámbito es de los más «ambiciosos», de manera que si un español sale de viaje el extranjero y se contagia su situación dependerá de la regulación local y es posible que su estancia adicional corra de su cuenta.

El Gobierno ejecutará un total de 102 millones de euros en avales de proyectos adjudicados en las subastas de renovables de 2016 y 2017 que no han cumplido con la obligación de ser puestos en marcha dentro del plazo establecido.

Según informaron  en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la mayor parte de estos procedimientos de ejecución de las garantías corresponden a las subastas de 2017, con un importe estimado de 101,6 millones de euros que se empezará a ejecutar en las próximas semanas.

En el caso de la subasta de 2016, se han construido en plazo el 97% de la potencia adjudicada, con 678 megavatios (MW) finalizados de los 700 MW -500 MW y 200 MW de biomasa- que se adjudicaron, por lo que la potencia a cancelar por incumplimiento es de 22,19 MW. Así, el volumen de garantías a ejecutar apenas es de unos 0,44 millones de euros.

Las garantías de la subasta de 2016 tenían un importe de 20.000 euros por MW y no existían hitos intermedios. Por lo tanto, el Ministerio ha procedido a iniciar el procedimiento para la parte de la potencia no construida.

En el caso de las subastas de 2017, donde se concentra la mayor parte de los incumplimientos, se adjudicó capacidad por más de 8.000 MW de eólica y fotovoltaica.

En estas últimas subastas las condiciones de garantías fueron distintas a la del año anterior. Aquí, las empresas tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia de los proyectos, que se devolvería progresivamente según se cumplieran hitos administrativos.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una modificación en las normas europeas sobre IVA para que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 a hospitales y médicos estén exentas del pago de este gravamen hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el final de la pandemia.

La iniciativa –que se enmarca en una serie de nuevas medidas que ha planteado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para reforzar la lucha contra el coronavirus– todavía debe ser aprobada por los Estados miembros, a los que el Ejecutivo comunitario ha pedido que adopten rápido el cambio legislativo.

Con las normas actuales, los Estados miembros pueden aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se pueden beneficiar de un tipo reducido de este impuesto.

La modificación de las normas del IVA que propone Bruselas, una vez aprobada, abrirá la puerta a una exención en el pago del IVA para vacunas y kits de pruebas venidos a hospitales y médicos. Los Estados miembros también podrán aplicar un tipo reducido a las pruebas de coronavirus si así lo deciden.

La medida, ha explicado la Comisión en un comunicado, seguirá en vigor hasta que la OMS declare el final de la pandemia de Covid-19 o hasta que los socios comunitarios acuerden la reforma del IVA que dará libertad a las capitales para aplicar tipos reducidos o cero a los productos que quieran, pendiente desde 2016.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha prolongado hasta abril de 2021 la exención en el pago del IVA de las importaciones de material de protección. Esta ampliación ha sido adoptada tras consultar a los Estados miembros y a la luz del incremento del número de infecciones en el bloque durante las últimas semanas.

Esto afecta, principalmente, a las mascarillas, que representan casi el 50% de todos los bienes de protección importados desde terceros países a la UE. Por ello, Bruselas ha puesto en marcha también unos códigos de aduanas «más detallados», con el objetivo de mejorar la vigilancia y controles de calidad de las mascarillas importadas.

La organización de autónomos UPTA ha advertido este miércoles de que 200.000 pequeños autónomos de distintas actividades han quebrado por la crisis del Covid-19, pues la mayoría de ellos han recortado sus ingresos más de un 80% desde el inicio de la pandemia.

Se trata de autónomos que fundamentalmente se dedican a la pequeña hostelería de menú del día, enseñanzas no regladas, fotógrafos, floristas, trabajadores de espectáculos de feria y ocio nocturno, entre otros.

UPTA alerta de que en algunos casos, como en las academias de enseñanzas no regladas, de baile, de música, espectáculos de feria o pequeña hostelería nómada, no se ha facturado ni un solo euro desde que estalló la crisis sanitaria.

A juicio de la organización, los recursos que se han puesto en marcha desde el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia en el colectivo de autónomos, como la prestación por cese de actividad, o las ayudas planteadas por parte de las comunidades autónomas están resultando «insuficientes.

Por ello, UPTA ha trasladado su intención de intensificar las reuniones con el Gobierno para lograr una mejora «cualitativa y cuantitativa» de las ayudas destinadas a aquellos sectores que están en perores condiciones.

«Esta situación está siendo agónica para miles de pequeños autónomos que ven un futuro negro e incierto para sus actividades económicas. Debemos doblar todos los esfuerzos para que se tomen decisiones administrativas que puedan salvar el mayor número de negocios posibles», ha subrayado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) contará con un presupuesto de casi 1.814 millones de euros en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, lo que supone un 4% más, y ha superado el millón de titulares que, junto a los beneficiarios, forman un colectivo de 1,5 millones de mutualistas.

Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del Plan Estratégico 2021-2023 en el segundo consejo general de Muface, que ha presidido junto al secretario general de Función Pública, Javier Rueda, la directora general de Muface, Myriam Pallarés, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.

Hernández Spínola ha presentado la Memoria 2019 para su aprobación, el proyecto de los Presupuestos Generales para 2021 en lo que afecta a Muface y los datos sobre el segundo periodo de cambio ordinario de entidad sanitaria.

En detalle, ha informado de los presupuestos de la Mutualidad para 2021 recogido en el proyecto de Ley de PGE 2021 aprobado por el Gobierno, que contempla un incremento superior al 4%, lo que representa que la Mutualidad podrá disponer de casi 1.814 millones de euros de presupuesto para su gestión y para afrontar los retos que tiene por delante.

Este incremento se debe a al nuevo concierto 2020-2021 y las previsiones de mayor gasto en atención a la incapacidad temporal y coste farmacéutico.

SUPERA EL MILLÓN DE TITULARES

Hernández Spínola ha hecho balance de las actuaciones para hacer frente a la Covid-19, reconociendo al personal de la Mutualidad su esfuerzo para garantizar la atención a los mutualistas.

Además, ha destacado, entre los logros que recoge la Memoria 2019, las cifras históricas de mutualistas, ya que Muface ha superado por primera vez el millón de titulares y, junto a sus beneficiarios, forman ya un colectivo cercano al millón y medio de mutualistas.

De igual forma, ha resaltado grandes pasos en la digitalización, por ejemplo, la implantación de la receta electrónica para mutualistas de opción pública en casi todas las comunidades autónomas y la tramitación electrónica para las ayudas y prestaciones, lo que representa un «avance» en el proceso de digitalización.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Pallarés ha presentado las líneas estratégicas del Plan Muface 2021-2023, con varios objetivos estratégicos, como acercar la Mutualidad a su colectivo; afianzar una cultura centrada en las personas y profundizar en la simplificación administrativa a través la digitalización de los procesos, con el objetivo de conseguir la excelencia en la gestión

El nuevo plan también establece como metas impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y rendición de cuentas; dar mayor relevancia a la sostenibilidad y responsabilidad social.

CAMBIOS DE ENTIDAD

Además de que el Consejo de Muface ha dado su aprobación a la Memoria 2019, que da cuenta de los avances de la Mutualidad tanto en el plano asistencial como en el organizativo, ha sido informado de los datos relativos al segundo periodo de cambio de entidad, correspondiente al mes de junio, que ha sumado 14.076 modificaciones.

A pesar de las excepcionales circunstancias derivadas de la crisis de la Covid-19, se han registro menos solicitudes de cambio que las producidas en enero, antes de la pandemia, cuando sumaron 27.639 cambios.

La cifra anual de cambios, que responden, entre otras variables, a circunstancias personales de edad, patología, tipo de beneficiarios o lugar de residencia, alcanza los 41.715, un 7% más respecto a los de 2019, que fueron 38.815, pero mostrando un descenso del 29% respecto a los realizados en 2018, cuando se registraron 58.789 cambios ordinarios.

El colectivo de mutualistas adscrito a la opción concertada continúa siendo muy superior, un 76,4%, mientras que el colectivo que elige la opción pública representa un 23,6%.

El Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España han mostrado su preocupación ante el anuncio del control del precio de los alquileres, y cree que las medidas anunciadas no favorecerán al acceso a la vivienda en aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos ni a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según han apuntado en un comunicado.

«Se trata de una medida de carácter populista que, si bien puede suponer a corto plazo una respuesta efectiva sobre el precio del alquiler, la realidad comportará una reducción de la oferta de alquiler», ha resaltado.

Para los agentes de la propiedad, «es indispensable buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios». «El derecho a la propiedad privada es también un derecho expresamente reconocido en la Constitución», según el Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad.

Por ello, ha pedido a las Administraciones Públicas que actúen contra el origen del incremento del precio, «que no es otro que la escasez de oferta».

«No hay suficiente vivienda para abastecer a la demanda, por lo que las administraciones deben fomentar la creación de un parque público de vivienda social e incentivar su construcción mediante estímulos fiscales de todo tipo», ha dicho.

Además, ha apostillado que hay una franja «importante» de pequeños tenedores que utilizan el alquiler para complementar sus ingresos o su pensión de jubilación.

El presidente de AECOC, Javier Campo, ha afirmado este miércoles que la recuperación global de España o posible salida de la crisis derivada del Covid-19 se producirá a finales de 2022 o primer semestre de 2023, al tiempo que ha señalado que será «muy asimétrica» por comunidades autónomas, siendo las más afectadas las que tienen más dependencia del turismo.

«Hay comunidades autónomas en las que el turismo no se recuperará de un día para otro. El turismo irá recuperándose lentamente, en 2021 la situación será todavía muy complicada, porque hasta la segunda parte del año no veremos una recuperación, que además no será volver a la situación previa, será una situación de recuperación gradual que tardará años, el turismo puede que se recupere en 2023 o 2024, no antes», ha señalado Campo durante la celebración del congreso de Gran Consumo de AECOC.

En este contexto, ha señalado que las comunidades más afectadas por la crisis del turismo «serán las que peor lo pasarán en este periodo de tiempo».

Según Campo, las dos más afectadas son Baleares y Canarias, en las que este verano ha estado trabajando un 60% de los trabajadores y el 40% ha estado sin actividad, mientras que en Cataluña y Madrid han estado con un 28% de empleados sin actividad, protegidos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

Asimismo, el presidente de AECOC ha señalado que 2021 no es un año para subir impuestos. «Es un año en el que no hay que retirar los estímulos con mucha rapidez y tampoco subir los impuestos. A partir de 2022, probablemente será inevitable, porque vamos a tener una situación donde vamos a tener que reducir el déficit», ha señalado Campo.

En este sentido, ha insistido en que en 2021 «no tiene ningún sentido estar intentando recomponer un sector privado que está seriamente dañado y a la vez subir impuestos», al tiempo que ha advertido, sobre los presupuestos, que «hay que tener mucho cuidado con el gasto recurrente».

Sobre la subida fiscal a las bebidas azucaradas, el presidente de AECOC ha señalado que, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, el alza de impuestos no corrige el problema de salud, ni reduce la obesidad. «Lo que se trata es de reformular productos y eso si se da los plazos suficientes a las empresas para lo que puedan hacer, sería mucho mas eficaz que subir los impuestos», ha afirmado.

El gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Pablo Hernández de Cos, considera «vital» que la banca se mantenga «resiliente» para que esta crisis sanitaria y económica del Covid-19 no evolucione hacia una crisis bancaria.

En el marco de la conferencia ‘ESBG Retail Banking Conference 2020’, De Cos ha explicado el papel del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ante esta crisis, cuya actuación ha incluido el asesoramiento y la mitigación del riesgo financiero y operacional, detectando las debilidades del sistema bancario, con medidas para asegurar que los bancos son capaces de absorber pérdidas.

En este sentido, Hernández De Cos ha asegurado que el Comité está «vigilante», ya que «es vital asegurarse de que la banca se mantenga resiliente y que no transforme esta crisis actual en una crisis bancaria». También ha reiterado la importancia de que los bancos continúen con capacidad para dar préstamos a familias y empresas.

«El comité monitoriza los riesgos y vulnerabilidades del sistema bancario y llevaremos a cabo medidas adicionales si son necesarias», ha apostillado el presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Asimismo, ha asegurado que el organismo se ha cerciorado de que los bancos centrales y los supervisores tienen capacidad operativa suficiente y recursos para responder a las prioridades de estabilidad financiera en el corto plazo.

En cuanto a las perspectivas sobre la estabilidad financiera global, Hernández de Cos ha pronosticado que continuarán marcadas por «un alto grado de incertidumbre», por lo que los bancos «deben continuar vigilantes sobre la evolución del riesgo en el ambiente».

La evolución de las infecciones virales y de las medidas restrictivas asociadas, el periodo de recuperación de la actividad productiva y la ampliación de las medidas de apoyo extraordinarias o su expiración son los factores que «pueden aumentar los riesgos a los que expone el sistema bancario, incluyendo el deterioro de la calidad de crédito», según ha explicado.

Asimismo, el gobernador del Banco de España ha destacado que la mayor prevalencia del teletrabajo, el mayor peso de la tecnología de la información y los proveedores externos también continuarán poniendo a prueba la resiliencia operacional de los bancos, incluyendo la amenaza de los ciberataques.

En esa línea, ha sostenido que la pandemia está subrayando algunas de las tendencias estructurales del sistema bancario, que ya estaban antes de la crisis, como el mayor peso de la tecnología financiera en su modelo de negocio.