El Comité de empresa de la planta de GEA Kelvion apuesta por el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en la planta de Igorre, por lo que, una vez finalizado el procedimiento de despido colectivo para 74 trabajadores de la fábrica vizcaína, activará demandas judiciales, dinámicas de interpelación a los gobernantes y movilizaciones, incluidas futuras huelgas.

En un comunicado, los sindicatos ELA y LAB han anunciado la desconvocatoria de la huelga, después de 36 días en la puerta de la empresa, tras finalizar el periodo de consultas del despido colectivo iniciado por Kelvion Thermal Solutions, que afectaba a tres centros de trabajo, uno de ellos situado en Igorre. En total, los trabajadoras afectados son 147 repartidas entre los tres centros y 74 de ellos trabajan en la fabrica de Igorre.

El periodo de consultas ha finalizado con el acuerdo de los representantes de Cantabria y de Madrid. Dicho acuerdo contempla indemnizaciones de 30 días por año, con el tope de 18 mensualidades, aunque también se instauran topes lineales marcados por tramos de salario anual. También establece que la empresa podrá despedir a todos los trabajadores durante todo el año 2021, según sus necesidades productivas.

Por su parte, la asamblea de trabajadores de Gea Kelvion de Igorre, celebrada este pasado martes, ha rechazado este acuerdo. El comité de empresa de Igorre, compuesto por tres delegados de LAB y dos delegados de ELA, no ha firmado el acuerdo y rechaza el cierre de la planta vizcaína.

El comité de empresa apuesta por el mantenimiento de la actividad económica y el empleo en la fábrica de Igorre, ya que considera que su viabilidad «ha quedado sobradamente probada en este periodo de consultas», por lo que desea mantener abierta la planta.

«No han quedado probadas las causas económicas que alegaba la empresa para iniciar el ERE y, además, el periodo de consultas ha estado desde el principio viciado, produciéndose graves irregularidades que han imposibilitado una negociación real y efectiva. Denunciaremos estas irregularidades en todos los ámbitos administrativos y judiciales a nuestro alcance», ha anunciado.

Además, ha avanzado que exigirá al Gobierno Vasco y en concreto al Departamento de Industria que se implique de forma efectiva en la defensa de la planta de Igorre. «Hace menos de una semana la dirección de la empresa nos informó de la posibilidad de la venta y continuidad de la fábrica de Igorre. Le preguntamos al Departamento de Industria qué ha hecho y qué va a hacer para que no se cierre una fábrica más en Arratia», ha indicado.

El fondo de capital riesgo Advent International ha presentado una oferta para la adquisición de 80 clínicas de Dentix en España, así como la marca Dentix, que implicará la reanudación y finalización de tratamientos pendientes de pacientes afectados por el concurso de acreedores de la cadena de clínicas dentales y el mantenimiento del empleo ligado a las 80 clínicas.

Según ha informado lus+aequitas, firma a cargo de la gestión del concurso de acreedores de Dentix, la oferta de Advent International, presentada en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, cuenta con el apoyo de las mayores financieras de los pacientes de la compañía y el informe favorable de la administración concursal de Dentix.

«Estamos muy satisfechos por este primer paso alcanzado desde el consenso y la responsabilidad de todos los intervinientes, máxime en unas fechas tan señaladas y tras tanto tiempo de incertidumbre», ha señalado el representante de la administración concursal, Eliseo Martínez.

Al mismo tiempo y como parte integrada de la oferta, Advent International pone a disposición de las compañías concursadas españolas un crédito puente con el fin de reabrir de forma «rápida y segura» un número considerable de clínicas Dentix y dar una solución a los tratamientos pendientes de pacientes.

En concreto, el fondo de capital riesgo financiará la reapertura de las clínicas y asumirá por cuenta de Dentix, con el apoyo de Pepper Money, BBVA, Cetelem, Abanca Servicios Financieros y Sabadell Consumer Finance, los gastos necesarios para la reapertura en condiciones de seguridad y de operatividad en las primeras semanas de 2021.

La solicitud, según informa el comunicado, ha sido «inmediatamente» tramitada por el juzgado facilitando en el día de hoy un plazo de cinco días naturales para que las partes hagan alegaciones o presenten mejoras en las ofertas.

Por su parte, lus+aequitas ha afirmado que está colaborando con el fondo «para que el éxito de la operación de compraventa se produzca con la mayor brevedad posible dentro del proceso concursal y así evitar el deterioro de la situación operativa de las clínicas objeto de compraventa, así como eventuales perjuicios para los pacientes de Dentix».

«Queremos informar a los pacientes de Dentix que como ya dijimos en nuestro previo comunicado continúan siendo nuestra gran prioridad como principal grupo de interés, junto con trabajadores, acreedores y resto de partes afectadas», ha subrayado el texto.

De este modo, desde el lunes pasado, y tras el acuerdo alcanzado con el accionista de la compañía para facilitar este proceso, la administración concursal de las sociedades españolas del grupo Dentix han pasado del régimen inicial de intervención del órgano de administración social a un nuevo régimen de sustitución en todas sus facultades.

Dentix solicitó el concurso de acreedores voluntario a comienzos de octubre ante la incertidumbre sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de refinanciación. La cadena dental decretó a medados de noviembre el cierre temporal de todas sus clínicas en España. Su plantilla, compuesta por unas 2.600 personas, ha sido incluida en un ERTE por causa de fuerza mayor.

Un total de 440 trabajadores de Acciona Facility Services en Nissan han firmado su adhesión al acuerdo alcanzado entre la empresa y las secciones sindicales de UGT, CSIF y USO, según ha indicado Col·lectiu Ronda en un comunicado este miércoles.

El objetivo del acuerdo es poner punto final al conflicto iniciado con el despido de toda la plantilla el pasado mes de agosto y satisface las principales exigencias de la plantilla.

La empresa se compromete así a participar en el proceso de reindustrialización y optar a los puestos de trabajo que se puedan generar entre los operadores logísticos con la llegada de un nuevo inversor, la creación de un fondo dotado con 100.000 euros para financiar un plan específico de formación e indemnizaciones de al menos 50 días de salario por año trabajado sin topes por antigüedad.

La empresa vinculaba, para considerarlo válido, que fuera rubricado y suscrito por un porcentaje de la plantilla de al menos el 80%, tal y como ha sucedido con la firma por parte de 440 de los trabajadores y trabajadoras despedidas el pasado mes de agosto.

UN ACUERDO «SATISFACTORIO»

«El compromiso adquirido por Acciona contempla la práctica totalidad de las reivindicaciones trasladadas por las secciones sindicales que participaron en las negociaciones», añade Col·lectiu Ronda.

El abogado de Col·lectiu Ronda, José Pérez, que ha asesorado desde el inicio del conflicto en buena parte de la plantilla, considera que el acuerdo con Acciona es «satisfactorio desde el punto de vista de garantizar el derecho de esta plantilla a participar de la futura reindustrialización de Nissan y blindar unas condiciones de salida dignas para todas las personas que no puedan mantener su puesto de trabajo».

En este sentido, el abogado recuerda que «es factible conseguir la nulidad del despido colectivo, pero en la presente situación, esto no garantiza ni mayores indemnizaciones ni, sobre todo, la posibilidad de mantener un puesto de trabajo», que es la principal motivación que les ha mantenido abiertos al diálogo y a la negociación.

A partir de ahora, con el acuerdo aceptado por parte de Acciona y de las secciones sindicales que lo han logrado, tanto la empresa como los representantes de los trabajadores se emplazarán a principios de enero para presentar y validar los términos pactados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), antes de la celebración prevista para el 26 de enero del juicio donde se han de resolver las diferentes demandas de impugnación del despido colectivo del pasado agosto.

Manolo Bakes, la ‘bakery & coffee shop’ española famosa por los ‘Manolitos‘, crece en España con la apertura en la Comunidad de Madrid de la última de las ocho tiendas que ha inaugurado la cadena de restauración este año.

En concreto, el vigesimoquinto establecimiento de la marca de los ‘manolitos’ está ubicada en el centro comercial Carrefour Pinar de las Rozas, donde cuenta con un espacio de 60 metros cuadrados, que están repartidos entre barra y sala con mesas y asientos para 20 comensales, y da servicio a toda la zona a través de las ‘apps’ de ‘delivery’, según informa Carmilla.

La directora de marketing de Manolo Bakes, María Dorado, se ha congratulado de esta nueva apertura de la cadena de restauración. «Hacía tiempo que los vecinos de la zona nos pedían una store y nos encanta inaugurarla en el Centro Comercial Carrefour Pinar de las Rozas. Llegamos con todo nuestro surtido: no solo los queridos Manolitos, sino también las deliciosas Palmitas, nuestro café arábica de calidad premium y una amplia oferta de elaboraciones dulces y saladas», ha indicado.

Manolo Bakes ya diseña su ‘hoja de ruta’ para el próximo año, donde trabaja en las 12 aperturas que la marca planea para 2021, de las cuales tres se localizarán en nuevas ciudades.

Petrobras, la petrolera estatal brasileña, ha afirmado este miércoles que, en el marco de su plan de reducción de gastos operativos, en el futuro planea cerrar sus oficinas de Argentina, Colombia y Uruguay, según ha informado en un comunicado.

«En estos tres últimos países hay un proceso de desinversión en curso y la tendencia es que, una vez finalizado, las respectivas oficinas también serán cerradas», ha indicado la compañía.

En este contexto, Petrobras ha informado sobre la racionalización de su presencia internacional de cara a 2021, en la que considerará los tres principales mercados petroleros del mundo (Europa, Norteamérica y Asia).

De esta forma, concentrará sus actividades comerciales fuera de Brasil en las oficinas de Róterdam (Holanda), en Houston (Estados Unidos) y en Singapur. Como parte del proceso, las actividades comerciales que actualmente se realizan en Londres serán transferidas a la sede de Róterdam. La mudanza comenzará en el próximo trimestre y debería completarse en el segundo semestre de 2021.

Según ha indicado la petrolera, con estas medidas alcanzará unos ahorros de costes de un 13,5 millones de dólares (11 millones de euros) en 2021.

De las 18 oficinas externas que Petrobras tenía a finales de 2018, ya se han cerrado diez, además de la de Londres. Entre ellas se incluyen las sedes en China, México, Irán, Turquía y Nueva York. Como consecuencia de las desinversiones en activos ya realizadas, Petrobras también cerró oficinas en Japón, Paraguay, Nigeria, Tanzania y Libia.

Asimismo, la empresa también considera una importante reducción de oficinas en Brasil en el 2021, reduciendo de 23 a 8 las plantas administrativas, lo que supondría un ahorro de 30 millones de dólares (24,6 millones de euros) en el próximo año.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), el pasado mes de octubre, contra Alcoa, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, al considerar que puede existir un delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores de estas dos fábricas.

A partir de este momento se inicia una investigación judicial en la que CCP-APC actúa como acusación particular contra un total de 10 personas físicas y 9 jurídicas a las que se les acusa de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo, según informa la CCP.

En la querella se acusa a estas empresas de urdir un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a juicio de la CCP, ha resultado ser «un presunto fraude».

En este sentido, CCP-APC denuncia que fueron objeto de engaño en el transcurso de estas negociaciones, ya que las actuaciones llevadas a cabo por los querellados han hecho que las dos factorías terminen en ‘empresas pantalla’ sin capacidad para llevar a cabo el Plan de Negocios anunciado, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la posibilidad de conservar sus puestos de trabajo.

En las actuaciones judiciales que ahora se inician se investigará también a los responsables del fondo de inversión suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo a través de las sociedades instrumentales Blue Motion Technologies Holding AG, y la actual propietaria de las fábricas System Capital Management.

Los hechos investigados se remontan a julio de 2019, cuando Alcoa anunció la venta de las dos plantas a Parter Capital Group, que se comprometió a mantener los puestos de trabajo de todos los empleados, al menos, durante dos años. Sin embargo este fondo de inversión suizo inició una negociación para su venta a los pocos meses, incumpliendo lo acordado con Alcoa.

Con carácter previo a la compra, Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos: Alu Holding AC Spain y Alu Holding AVL 2019 Spain, con un capital social de 3.000 euros cada una como ‘sociedades pantalla’ que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de Alu Ibérica AC (la antigua fábrica de Alcoa en A Coruña) y Alu Ibérica AVL (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas.

CCP-APC manifiesta su satisfacción por haber conseguido que se investiguen unos hechos que han provocado la insolvencia de las dos fábricas de Avilés y A Coruña con el objetivo de lucrarse por parte de los querellados mientras que han puesto en grave riesgo el futuro de las empresas y el de los trabajadores.