Airbnb y el Tribunal Supremo están en el punto de mira del turismo regulado y legal en Cataluña. La reciente victoria de la plataforma turística en el Alto Tribunal ha soliviantado a las principales patronales y al sector turístico de Cataluña. Y es que, se ha tumbado la actual ley autonómica que obliga a Airbnb a retirar todos los anuncios de apartamentos y viviendas turísticas que no cumplan con los requisitos establecidos por la Generalitat.

La plataforma digital de intermediación entre particulares, y líder mundial en su sector, ha esquivado así la obligación de revisar y retirar los anuncios que no mostraran el número de inscripción en el registro de viviendas turísticas de Cataluña. Se trata de un número identificativo para controlar la actividad. Asimismo, este mismo número se facilita a los Mossos d’Esquadra para poder evitar el fraude. La normativa catalana ha conllevado sanciones por más de 9,2 millones de euros.

Tanto la Generalitat como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sufrido este revés del Supremo. Los jueces catalanes habían dado el visto bueno a la norma catalana en 2019 y tres años después se les ha quitado la razón. Con la resolución del Tribunal Supremo, cualquier particular puede subir su oferta turística a Airbnb sin estar registrado en el censo de alojamientos turísticos, y por tanto a una actividad ilegal. Sin el preceptivo número de registro del censo, se podrán subir ofertas ilegales.

Asimismo, el Alto Tribunal ha aclarado que Airbnb no presta servicios jurídicos e inmobiliarios, tan sólo actúa como un mero intermediario entre particulares. La plataforma, según los jueces, carece de toda responsabilidad en los anuncios que se publican en su propia web. Como en el resto de redes sociales, las ofertas las suben los propios usuarios, siendo éstos los últimos y únicos responsables.

PIMEC Y FOMENT TRABAJAN PARA ATAR EN CORTO A AIRBNB

Para el Supremo, Airbnb «no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales«. Una resolución que ha provocado un fuerte rechazo en el sector pocas veces antes visto. De nuevo, Pimec y Foment se han aliado con sus sectoriales y la Generalitat, a la que tantas críticas veladas dirigen, para hacer frente al turismo ilegal.

Airbnb se escuda en la colaboración que realiza con el Ayuntamiento de Barcelona, que busca los anuncios de pisos no registrados en el censo catalán para que sean retirados inmediatamente de la plataforma digital. El Consistorio barcelonés ha conseguido retirar miles de estos anuncios, que dañan a los hoteles y resto de establecimientos regulados por una supuesta práctica desleal.

Airbnb puede hacer más para luchar contra los pisos turísticos ilegales

A ambos representantes de los empresarios catalanes se han unido el propio Govern catalán, la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (Confecat), Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), la Confederación del Turismo Rural y Agroturismo de Cataluña (Turalcat) y la Federación Catalana de Cámpings.

Según fuentes de estas asociaciones consultadas por MERCA2, la sentencia del Supremo carece de todo sentido jurídico. «Airbnb puede hacer más para luchar contra los pisos turísticos ilegales«, han explicado y «sí» debería tener responsabilidades sobre qué tipo de anuncios permite publicar en su web.

En este sentido, el problema que genera Airbnb no sólo atañe a Cataluña o a la ciudad de Barcelona, sino a todas aquellas ciudades en las que opera no sólo en España, sino también en otras ciudades del mundo.

MIENTRAS, CONTINÚA LA PRESIÓN ALCISTA EN LOS PRECIOS

Y es que, ninguna ley prohíbe el servicio de intermediación que ofrece esta plataforma digital, pero tampoco prohíbe a un particular alquilar su vivienda durante un tiempo determinado, especialmente en vacaciones. La propia actividad de Airbnb está dejando daños irreversibles en algunas zonas, como en Barcelona.

El precio del alquiler, pese a las continuas leyes, no retrocede a niveles asequibles y las cuotas superan las propias de una hipoteca. Asimismo, esta tensión ha obligado a emigrar de la Ciudad Condal a miles de personas hacia los municipios más cercanos, elevando la demanda de vivienda y por tanto los precios. «Una situación insostenible y que podría erradicarse fácilmente si Airbnb colaborase y se adaptara a la normativa», han explicado. Sin embargo, el Supremo ha tumbado esta ley y Airbnb podrá proseguir con su actividad como hacía antes de 2015, sin mirar ni comprobar el número de registro de la vivienda de su plataforma.

La empresa digital, además, lo tendría muy fácil. Tan sólo se trata de comparar un censo con el número que registre el ofertante de la vivienda. Pero ha preferido recurrir directamente al Supremo, quien finalmente le ha dado la razón. Contra este recurso es posible elevar el asunto al Tribunal Constitucional, pero por ahora no hay movimientos en ese sentido.

El fin de Airbnb es adaptar la ley a su negocio disruptivo, aunque es la misma labor de tradicional de siempre pero en vez de realizarla en un despacho, se rellenan los formularios de forma telemática. El sistema es el que controla los datos y guarda la documentación, sin ser necesaria la intervención humana.

EL NEGOCIO DE AIRBNB ABRE LA PUERTA AL ALQUILER HABITACIONAL

El parecer del Supremo abre la puerta, además, a la promoción de otras plataformas que se dediquen al alquiler de habitaciones por días, tumbando las medidas del Ayuntamiento de Barcelona contra estas prácticas que considera ilegales y que están vetadas en el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos.

Así, con la resolución se permitirá que los alojamientos no tengan un número identificativo y se pueda explotar el alquiler turístico sin ningún tipo de miramientos. Para las patronales y la Generalitat, este fallo judicial afectará «negativamente» en el mercado del alquiler al no impedir una oferta turística ilegal. La Administración perderá así el control administrativo de esta actividad, mientras los hoteles y otros establecimientos regulados deben cumplir una escrupulosa legislación en temas sanitarios y de seguridad.

Con este fallo, se provoca un «perjuicio» a la «convivencia entre turistas y residentes». Además, se teme «una pérdida de la calidad en destino«, pese a que es una de las principales metas de la hostelería. Esta resolución, además, genera la competencia desleal en los operadores legales, provocando un «efecto perturbador» en el sector.

La seguridad es otra de las cuestiones que estaría en entredicho, a juicio de las asociaciones turísticas, con esta resolución del Supremo. Y es que, estos propietarios sin número de registro escapan al control administrativo, a pesar de tener la «obligación de comunicar la declaración del registro de viajeros a la Policía-Mossos d’Esquadra«.

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA IRREGULAR CAMPARÁ A SUS ANCHAS EN AIRBNB

El fraude fiscal, vulneración de normas urbanísticas, las ordenanzas municipales y los estatus de las comunidades de propietarios son otras de las principales cuestiones que abordan los empresarios.

Por este motivo, las plataformas no comparten la visión del Supremo, que asegura que se ha sometido a Airbnb a un «control excesivo». Y es que, está en las mismas manos de Airbnb impedir la entrada en el mercado de oferta ilegal, «contribuyendo al control que realiza la administración«.

Las asociaciones, además, ha defendido la normativa de la Generalitat sobre el número de identificación del alojamiento turístico, al ser la única forma de conocer si está o no registrada la vivienda en el censo de esta actividad.

Y es que, la Generalitat ha realizado, a través de la consejería de Empresa, un despliegue para controlar a Airbnb y plataformas similares, un exhaustivo registro que ha conllevado la apertura de más de 1.700 expedientes sancionadores contra personas que ejercían la actividad de forma irregular. La mayoría, el 88% del total, de estos informes ha acabado con multas de entre 3.001 y 30.000 euros.

Por todo ello, tanto las sectoriales de Turismo, como estas confederaciones y asociaciones, seguirán impulsando un modelo turístico competitivo, sostenible y responsable, para facilitar el cumplimiento de la normativa en Cataluña.

Se aproxima el mes de marzo, y los precios de la electricidad en España siguen disparados (hoy se paga a 199,94 euros el MWh). No han vuelto a la normalidad como se prometió en varias ocasiones desde el Gobierno. Casualmente, comenzaba la semana con una tribuna de opinión, en medios afines al Gobierno, de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que llama a acelerar la transición energética en España. La vicepresidenta tercera del ejecutivo de Pedro Sánchez, además de mantener su apuesta ideológica por una transición que cada vez se está tornando más injusta, carga contra la Unión Europea.

Las palabras de Ribera quedan muy bonitas negro sobre blanco «una situación como ésta tiene una respuesta obvia. Debemos acelerar la transición energética para reducir nuestra dependencia del gas, la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y evitar seguir drenando recursos que deberían destinarse a facilitar socialmente la transición, potenciar la innovación y acelerar las inversiones en transición energética, incluidos renovables, almacenamiento, digitalización o eficiencia».

Pero esas palabras provocan varias preguntas. ¿Qué pasa con el presente? Porque siempre habla del futuro y de aspectos, como el almacenamiento energético, que está por llegar a gran escala. ¿Cómo se soluciona en este 2022 la volatilidad del precio del gas? Máxime con el conflicto entre Rusia y Ucrania a falta de la chispa que prenda el comienzo de las hostilidades. Porque ya ha reconocido varias veces que el precio del gas seguirá alto durante muchos meses y por ende el precio de la luz.

En palabras de Ribera, «es fundamental utilizar los medios públicos de que disponemos con inteligencia y acompañar el despliegue renovable acelerando la apuesta por la innovación y la investigación de nuevas tecnologías, como el almacenamiento, que deberá ser el respaldo (backup) de las renovables».

Nadie duda de que el almacenamiento energético será el respaldo de las renovables pero, tras años de investigación las posibilidades y los avances por lo pronto resultan insuficientes, algo que representa el gran hándicap de la energía verde.

NI UN EURO DE INVERSIÓN PARA NUCLEAR O GAS

Entretanto, hay que seguir cubriendo la demanda energética y las alternativas en materia de almacenamiento no abundan, preocupan y encuentran remedio en la prolongación del uso de las fuentes menos contaminantes. Ribera ya ha descartado por activa y por pasiva invertir un euro en energía nuclear o en cualquier otra que tenga que ver con el gas, lo que nos aboca a seguir comprando gas a Argelia, Rusia, Estados Unidos o Qatar, al precio nos impongan, y a seguir quemando carbón, que de momento hasta finales de mayo seguirá operando la central de As Pontes.

Se puede estar a favor o en contra de la energía nuclear, pero la gran mayoría de expertos (la ONU la considera imprescindible) coincide en que es una energía fundamental para lograr los objetivos de descarbonización, aunque tenga su lado oscuro, y que es la mejor energía de respaldo a las renovables en cuanto a su incidencia en el medio ambiente. Francia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Finlandia y muchos otros países están apostando por invertir en pequeños reactores nucleares de última generación.

De las decisiones de estos países se intuye que el almacenamiento de la energía eólica y solar va para largo. Una evidencia que, pese a gozar de una aceptación cada vez más extendida entre las autoridades energéticas, no sirve de inspiración a la ministra Ribera que, ni siquiera, se plantera dudas al respecto: ¿su fanatismo ideológico no le deja ver más allá de la hoja de ruta marcada a fuego? Se hará lo que se tiene previsto, cueste lo cueste. Y ese precio, lo pagarán los consumidores.

La ministra no valora en su tribuna las quejas de miles de agricultores, ganaderos o pescadores, que no quieren que se les expropien sus terrenos y que en sus campos o caladeros de pesca se instalen macrohuertos solares o polígonos de eólica marina. Esa es una de las caras que oculta la transición energética.

La Comisión Europea ha incluido la energía nuclear y el gas dentro de su proyecto de documento de taxonomía verde, pendiente de aprobación. Ribera se ha mostrado siempre frontalmente en contra y no pierde ocasión para cargar públicamente contra la CE en su gestión de la crisis, ante el nulo caso que han hecho desde Bruselas a las propuestas del Gobierno español.

«Cabe cuestionarse el acierto de las propuestas de la Comisión, centrada en trasladar los costes desde el bolsillo de los consumidores al de los contribuyentes. Una propuesta que tiene dos grandes problemas: al riesgo de la tensión social y económica, se une la mayor desigualdad en la respuesta de los Estados Miembros, ya que el volumen de gasto depende de la capacidad presupuestaria y fiscal de cada uno de ellos», argumenta Ribera.

RIBERA ELUDE SU RESPONSABILIDAD: BALONES FUERA

Como suele ser habitual, la vicepresidenta tercera del Gobierno elude cualquier responsabilidad en la crisis energética y echa balones fuera. «Durante meses, se ha respondido sobre la base de tres premisas que hoy parecen equivocadas. En un principio, se destacó que estábamos ante un problema coyuntural» dice Ribera, como si no hubiera sido ella la que hubiera hecho esas declaraciones en multitud de ocasiones, ante la incapacidad del Gobierno para solucionar el problema.

Sin embargo, prosigue la ministra «la coyuntura dura más de lo esperado y, probablemente, pueda mantenerse todavía bastante tiempo, a tenor de la fuerte demanda y el contexto geopolítico». Palabras estas que colisionan con lo afirmado a lo largo del último semestre de 2021, cuando ponía marzo de 2022 como fecha tope para volver a unos precios normales de la electricidad. Ahora, con marzo a la vuelta de la esquina, sigue con su huida hacia adelante, desdiciéndose sin ningún rubor.

Pocos confían en las palabras de una ministra incapaz de adelantarse a los acontecimientos, subyugada a su autoimpuesto fanatismo ideológico y que en cada declaración que hace lo único que intenta es ganar tiempo, esperando que sus palabras se olviden con el paso de los días, mientras ella siga permaneciendo en el cargo.

¿O ya no se acuerda la ministra cuando afirmaba que en 2022 los españoles pagaríamos la luz más barata que los franceses y los alemanes? Si nos centramos en estos tres países, los precios medios de la electricidad en 2021 para la gran industria fueron: en España 120,42 euros por MWh, en Francia 50,35€ y Alemania 83,86€. En España se ha pagado más del doble que en Francia. Las industrias españolas se hubieran ahorrado muchísimos millones de euros en el caso de estar ubicadas al otro lado de los Pirineos.

Y este año las cosas van por el estilo. La pérdida de competitividad es dramática para sectores que necesitan de la electricidad y el gas para funcionar y aunque les encante el futuro que presenta la transición energética, en el presente no ven la luz al final del túnel.

Las hipotecas hacen ganar clientes y conservarlos. Con vista a esto, Bankinter ha mejorado los precios de las hipotecas variables, lo cual, en la práctica, hará que sus clientes sufran menos los efectos del incremento de los tipos de interés. 

ESTRATEGIA DE PRECIOS

Bankinter, que tiene como CEO a María Dolores Dancausa, relanza su oferta hipotecaria con una «reorientación significativa en su estrategia de precios, que incluye una sustancial mejora en las condiciones del préstamo hipotecario a interés variable». La nueva propuesta para esta modalidad se concreta en un tipo de interés nominal fijo durante el primer año del 1,25%, frente al 1,99% anterior.  

Para el resto del plazo, lo establecido será Euribor más un diferencial revisable anualmente del 0,85%. Esto supone una rebaja de 14 puntos básicos respecto al diferencial aplicable hasta ahora, que era del 0,99%, lo que «sitúa a esta oferta entre las más competitivas del mercado».

Bankinter se anticipa así a un cambio de tendencia en el mercado en favor de la hipoteca variable frente a la fija, que experimenta cambios al alza en los precios en línea con la evolución de los tipos de interés.

Bankinter relanza su oferta hipotecaria con una reorientación en precios

LOS ANALISTAS

En este punto, la visión de los analistas es que es imposible que el euríbor se ponga en positivo pronto, con lo cual también es imposible que vayamos a ver grandes cambios en las hipotecas este año. Queda mucho para que este cambio sea realmente sustancial, resumen.

En el mercado, en el ámbito de las hipotecas variables, Bankinter se encuentra que hay competidores con ofertas que le pueden hacer sombra. Así, el TIN de la hipoteca varible de OpenBank es euríbor+0,95% (1,95% durante el primer año) y la TAE del 2,24%. Mientras  Abanca tiene la hipoteca variable Mari Carmen. Durante el primer año la hipoteca tiene un TIN del 0,99% y, a partir de ahí, el 0,99% se mantiene y se le añade el euríbor.  Por su parte, BBVA también ofrecen un TIN del euríbor+0,99% (1,99% durante el primer año), pero con vinculaciones diferentes. Habrá que domiciliar la nómina y contratar dos seguros (de hogar y amortización de préstamos) para que podamos acceder a ese interés.

HAY PROPUESTAS DE ABANCA, OPENBANK Y BBVA QUE TAMBIÉN SON ATRACTIVAS

BANKINTER Y OTRAS CONDICIONES

Por lo demás, Bankinter mantiene el resto de las condiciones y características del producto: plazo máximo de 30 años, comisión de apertura de 500 euros y sin comisión de cancelación anticipada, total o parcial. También está exenta de gastos de gestoría, notaría y registro, así como del impuesto de actos jurídicos documentados.

Con este movimiento, Bankinter vuelve a poner el foco de su oferta comercial en las hipotecas a interés variable, que habían cedido parte de su protagonismo en el mercado en los últimos años a favor de la modalidad fija, anticipándose así a una tendencia que irá ganando peso a corto y medio plazo en función de la esperada evolución de los tipos de interés.

EL FOCO DE LA ENTIDAD FINANCIERA ESTÁ DE NUEVO EN EL INTERÉS VARIABLE

PERSPECTIVA DE MERCADO

De forma paralela, y en línea con esta perspectiva de mercado, Bankinter ha renovado el resto de su oferta hipotecaria con un incremento en los precios de las hipotecas fijas de entre 15 y 20 puntos básicos en función del plazo temporal elegido, si bien manteniéndose aún entre las más competitivas.

En esta nueva propuesta de precios en las hipotecas a interés variable de Bankinter se han tenido en cuenta las bonificaciones correspondientes a la contratación -no obligatoria- de los siguientes productos: cuenta nómina, seguro de vida y un seguro de hogar y/o un plan de pensiones (o EPSV). Asimismo, se exigen unos ingresos familiares mínimos de 2.500 euros/mes.

PRIMERA O SEGUNDA VIVIENDA

El cliente puede solicitar la hipoteca variable para la compra de primera o bien de segunda vivienda. En el primer caso, se podría obtener financiación hasta el 80% del valor de tasación o el de compra, el menor de los dos. En segunda vivienda, el tope baja hasta el 60%.

La nueva hipoteca de Bankinter puede ser contratada, en las mismas condiciones económicas, bajo la modalidad de ‘Hipoteca Sin Más’, o lo que es lo mismo, con la vivienda como única garantía.

BUEN EJERCICIO

El Grupo Bankinter tuvo en 2021 uno de los mejores ejercicios de su historia en el negocio hipotecario, con una nueva producción en el año de 5.900 millones de euros, un 58% superior a la de 2020. La cartera hipotecaria suma en total 31.300 millones de euros. El crecimiento de la cartera hipotecaria de Bankinter en España fue del 8,6% y su cuota de mercado en nuevas operaciones asciende ya al 9%.

Menos de medio minuto es lo que tardan desde Securitas Direct en activar todos los protocolos ante un salto de alarma. Nos lo cuenta Montse Díaz, Directora de relación con el cliente de Securitas Direct, «contamos con un sistema de seguridad muy robusto que detecta cualquier tipo de movimiento y da el aviso a nuestros operadores». La compañía garantiza 24 horas al día y 365 días al año la protección de sus clientes mediante la recepción y monitorización de todas las señales que emiten sus dispositivos instalados en hogares y negocios en toda la geografía española.

La velocidad en su actuación es, sin duda, una de las fortalezas de la compañía y sus 1500 operadores una pieza fundamental para el éxito en su misión de proteger a las personas. Ver, oír y actuar es el sistema que implementan «tenemos tres métodos de verificación: uno es el oído, contactamos con esa instalación y empezamos a escuchar que puede estar ocurriendo; luego recibimos las imágenes y vemos lo que ocurre, una vez hecho esto y siguiendo nuestros protocolos, comprobamos si efectivamente se trata de una incidencia real», apunta la responsable de relación con el cliente de la compañía.

Desde sus dos centrales receptoras de alarmas (CRA) situadas en Madrid y Cornellà reciben y monitorizan todas las señales que emiten los dispositivos instalados en toda la geografía española. Entre ambas suman más de 4.000m2 y juntas conforman la más grande y moderna de Europa, por su tecnología, dimensiones, volumen de conexiones y número de expertos profesionales que la atienden. En total, gestionan aproximadamente 8 millones de señales al año, de las que 25.000 resultan ser situaciones reales, entre las que se incluyen intrusiones y situaciones de emergencia.

No obstante, una de las máximas de la compañía es que cualquier situación es real hasta que se confirme lo contrario y, en esta línea, es importante mantener al cliente tranquilo en todo momento. «Somos personas que protegemos a personas y nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en estas situaciones, ayudándoles a mantener la calma, bajar su nivel de estrés y transmitirles tranquilidad», comenta la directiva. Es por ello que desde el primer momento en el que salta la alarma «les hacemos saber que todo el mecanismo está puesto en marcha y que estamos actuando», resume Montse Díaz.

La tecnología está jugando cada vez más un papel relevante para las cadenas de suministro. Y es que los retrasos en las cadenas globales que se han ido sucediendo en los últimos meses han sido uno de los principales problemas del mundo empresarial el pasado año. El efecto que tendrá en el crecimiento económico se cuantifica en hasta nueve décimas para este año, según estima el Banco de España. Ante esta situación, la tecnología puede ser un aliado para mejorar la visibilidad de lo que ocurre en el proceso y solventar las posibles pérdidas de negocio que tengan.

Si bien las cadenas de suministro son más globales que nunca, con decenas e incluso cientos de empresas involucradas a lo largo de todo el proceso y en múltiples geografías, los flujos de información entre los actores participantes siguen siendo bastante reducidos. Incluso en algunos casos se limitan a meros correos electrónicos u hojas de Excel en los que la información se almacena y se trata en silos y no existe apenas previsibilidad. Es por ello que las alteraciones en las cadenas globales de suministro han reforzado la necesidad imperiosa de tener el control absoluto del proceso para poder asegurar la continuidad de las operaciones.

En esta situación, el ‘blockchain’ o cadena de bloques es una tecnología que permite la creación de ecosistemas confiables para el intercambio digital de información. En ellos, gracias a la criptografía, los datos que se registran o comparten entre los participantes de una red no pueden alterarse, modificarse o eliminarse sin dejar evidencias de ello. Además, la propia red mantiene la información sobre la secuencia cronológica en que se produce el intercambio, permitiendo construir evidencias irrefutables perfectamente trazables de los intercambios realizados. Es una tecnología que vela por la transparencia y confiabilidad de la información al permitir atribuir con certeza absoluta la autoría de la información que se transporta y almacena en las redes -independientemente de las veces que se haya compartido- y que favorece la eliminación de las discrepancias entre las partes y la reducción de los costes de verificación o conciliación de la información.

De hecho, Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, cuenta con una plataforma de gestión de la cadena de suministro basada en ‘blockchain’, estándar y configurable que otorga a la empresa en cuestión la capacidad de incrementar su control sobre el proceso más allá de su perímetro al contar con una visibilidad extremo a extremo. Gracias a ella, las empresas pueden disponer del historial completo del ciclo de vida del producto y compartirlo con todos los participantes en tiempo real; lo que ayuda a la toma de decisiones conjuntas y a una mayor eficiencia y trazabilidad de los activos.

Igualmente, esta plataforma, desarrollada en colaboración con IBM, se despliega sobre un entorno cloud, actuando sobre los diferentes procesos de la cadena de suministro. Estos son la fabricación y transformación de productos, distribución e integración de operadores logísticos, gestión y planificación de inventarios en almacenes propios y de terceros, control y supervisión de las contratas de venta o instalación (que transforman el producto o lo instalan), auditoras externas, instaladores…

Además de las características propias de la tecnología ‘blockchain’ se unen otros beneficios para las empresas que adopten esta plataforma. Por un lado, este servicio permite a las organizaciones minimizar el capex al no tener que desarrollar plataformas propias. También reduce los tiempos para la comercialización al ofrecer la plataforma como un ecosistema en producción estándar, flexible y escalable, y un retorno de la inversión realizada en el corto plazo.

La plataforma de cadena de suministro de Telefónica Tech conlleva, además, la posibilidad de construir métricas de negocio sobre eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social. Al tener un control completo del ciclo de vida del producto las empresas pueden tener una prueba de origen durante toda la cadena para identificar problemas de calidad, pueden garantizar que se cumplen los criterios éticos de responsabilidad social corporativa (child labour, zonas en conflicto, etc.), o métricas de sostenibilidad fomentando, por ejemplo, la economía circular y el tratamiento responsable de residuos.