Los bancos españoles registraron pérdidas atribuidas agregadas de 11.531 millones de euros en el primer semestre de 2020, tras realizar un esfuerzo en provisiones y saneamientos de 26.518 millones de euros para anticipar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19, según recogen los estados financieros publicados por la Asociación Española de Banca (AEB).

El margen bruto de los bancos se redujo un 5,9% en el primer semestre, debido a la disminución del margen de intereses y, en menor medida, de los ingresos netos por comisiones, pese a los mayores resultados por operaciones financieras.

De su lado, los gastos de explotación cayeron un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permitió situar la ratio de eficiencia en el 48,8%, 70 puntos básicos más que en el primer semestre de 2019.

Todo ello situó el margen neto (magnitud que no incorpora las provisiones) por encima de 20.000 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 4,5% inferior a un año antes.

La AEB ha constatado que el elevado volumen de dotaciones y los saneamientos de activos intangibles realizados para reforzarse ante el coronavirus, por 17.000 millones de euros más que en el ejercicio precedente, motivaron el resultado negativo de 11.531 millones de euros hasta junio.

RÉCORD DE CRÉDITOS Y DEPÓSITOS

El balance consolidado de los bancos españoles superó por primera vez los 2,75 billones de euros, lo que representa un aumento interanual del 5,3% y refleja el aumento de los saldos de créditos y depósitos hasta niveles récord.

Por un lado, el crédito otorgado a la clientela se incrementó un 2,5%, hasta alcanzar 1,6 billones de euros, mientras que los depósitos de la clientela aumentaron un 4,8%, superando los 1,5 billones de euros. Así, la ratio de préstamos sobre depósitos disminuyó dos puntos porcentuales, hasta el 106%.

También mejoró la ratio de morosidad, reduciéndose en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 3,6%. Tras el esfuerzo en provisiones para insolvencias realizado, la ratio de cobertura se elevó al 74% de los activos dudosos, seis puntos porcentuales por encima de junio de 2019.

El saldo neto agregado con bancos centrales e intermediarios financieros cambió de signo, con una posición neta prestamista cercana a los 18.000 millones, frente a los casi 4.000 millones netos tomados de un año antes. El patrimonio neto se redujo un 12% anual, hasta 170.000 millones de euros.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 fully loaded se aumentó hasta el 11,7%, frente al 11,4% de un año antes, por la falta de distribución de dividendos y la disminución de los activos ponderados por riesgo, ha señalado AEB.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, ha confirmado que el Gobierno ha decidido cancelar los viajes del Imserso esta temporada debido a la pandemia y ha precisado que sería «una insensatez» poner a viajar a miles de personas mayores en estos momentos.

«El Consejo de Ministros habrá aprobado ya la cancelación de esta temporada, se cancela por un motivo concreto, después de meses hibernados, no tiene sentido mantener estos programas por lo que queda de temporada porque de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias no van a poder retomarse en los términos en los que estaban contemplados en los pliegos», ha anunciado Ignacio Álvarez este martes 22 de septiembre en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, ha puntualizado que «no se cancela el programa sino la temporada» y, ante el reproche de la diputada del PP Alicia García por esta cancelación, el secretario de Estado ha subrayado que «sería una insensatez poner a viajar a miles de personas mayores en este momento para salvar al sector turístico».

Según ha precisado el secretario de Estado, cuando estalló la pandemia se encontraron con la «dificultad» de retornar «a más de 50.000 personas» que estaban disfrutando de estos viajes del Imserso. Desde entonces, los programas están «hibernados, sin posibilidad de que se pongan en marcha».

«Son viajes que desplazan a decenas de personas en los mismos autobuses y trenes, que conllevan el desplazamiento de mayores que en esta situación no se puede producir«, ha insistido Álvarez.

En todo caso, ha precisado que los viajes del Imserso son «un programa crucial que se va mantener en el futuro y a reforzar» pues «facilita el ocio y el turismo para un millón de personas mayores» en temporada baja. Por ello, ha asegurado que van a trabajar desde este momento en la organización de la nueva temporada teniendo en cuenta las nuevas condiciones derivadas de la pandemia.

El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido este martes con carácter extraordinario, ha respaldado por unanimidad el texto definitivo sobre la regulación del teletrabajo acordado ayer entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

La patronal ha destacado en un comunicado que el teletrabajo es una forma de organización de los tiempos y los recursos cada vez más utilizada por las empresas y confía en que esta norma permitirá avanzar «de forma ordenada» en esta modalidad laboral, especialmente una vez que se supere la coyuntura «excepcional» de la pandemia.

La CEOE ha subrayado que al acuerdo alcanzado ayer a última hora de la tarde se ha llegado después de meses de trabajo conjunto con el Ministerio de Yolanda Díaz y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.

El decreto-ley que regula el trabajo a distancia se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Al igual que ha hecho la CEOE, UGT y CCOO están valorando ahora el texto, para su ratificación, en sus órganos directivos correspondientes.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que su Comité Ejecutivo va a ratificar el acuerdo de Ley de teletrabajo que se alcanzó ayer entre el Gobierno y agentes sociales.

Así lo ha señalado en una entrevista a ‘Espejo Público’ recogida por Europa Press, donde ha resaltado que la Ley viene a regular un espacio que se ha tenido que ir regulando primero en la negociación colectiva y luego en pandemia y que es positiva, porque «permite avanzar».

«Es un primer paso de un camino que con toda seguridad tendremos que ir haciendo», ha apostillado el líder sindical, tras apuntar que UGT se siente muy identificado con la Ley, aunque ha dejado claro que hay otros aspectos que le hubiese gustado que fueran de otra manera.

«Ha sido un parto muy de concesiones», ha descrito Álvarez, que ha valorado positivamente que el teletrabajo favorezca la deslocalización hacia las zonas rurales.

BAJAS POR HIJOS EN CONFINAMIENTO

Por otro lado, Álvarez ha señalado que habrá que ver si realmente hoy se resuelve en el Consejo de Ministros qué pasa con las bajas laborales cuando estás confinado con hijos a cargo. «Esto hay que apresurarlo. Esta situación no se puede mantener. No hay que decir qué se va a hacer, sino que aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», ha incidido.

Preguntado por la situación que atraviesa la capital española, el máximo representante de UGT ha pedido a los políticos que tengan coherencia. Cuando se cerró el hospital de Ifema hubo una gran concentración entre los que había médicos también que querían seguir trabajando en Madrid, pero de la noche a la mañana se les puso en la calle», ha recordado, tras pedir no ir «a salto de mata.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), Álvarez ha explicado que habrá unos 90.000 aprobados, pero que 75.000 ya estaban reconocidos, por lo que «se han reconocido 20.000 y todavía no se han pagado todos». Para Álvarez, «ha habido improvisación, desconocimiento de qué se puede hacer desde una prestación Seguridad Social y los requerimientos legales que existen».

El sector de la construcción y la edificación en España ha reivindicado su capacidad para ser la locomotora de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus a través de un apoyo público que considera necesario para crear hasta 400.000 nuevos puestos de trabajo.

Así se lo trasladaron los representantes de los principales agentes sociales del sector en una reunión mantenida con altos cargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que pidieron un plan de reactivación que atienda las necesidades de rehabilitación, regeneración urbana y acceso a la vivienda.

En concreto, piden tener en cuenta la realidad del parque de edificios y viviendas en España y la necesidad de alinear las estrategias de recuperación económica con los objetivos establecidos por la Comisión Europea para transitar hacia una economía sostenible, que serán los que marquen la captación de las ayudas del Fondo de Recuperación europeo.

Los edificios son los mayores consumidores de energía de la UE, responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, en España, el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de la entrada en vigor de las primeras directivas europeas de eficiencia energética y más de la mitad de los 10 millones de edificios existentes, con 25,7 millones de viviendas, no responde a ninguna normativa.

Además, un 10% de esos edificios necesita obras de conservación por su estado deficiente; un 50% tiene problemas de accesibilidad y, en general, en pocos casos están adecuadas a las nuevas formas de vida y requerimientos de habitabilidad.

A todos estos problemas hay que añadir las dificultades de acceso a la vivienda, con un parque público que no llega al 1,5%. Por ello, creen que para activar la economía se tiene que impulsar una ola de renovación urbana que durante los próximos años consiga que el parque edificado dé respuesta a las necesidades actuales, alcanzando la tasa de rehabilitación anual del 3% que recomienda la Unión Europea.

Lo promoción de ayudas públicas que persigan alcanzar todos estos objetivos climáticos y la rehabilitación de viviendas podría crear hasta 400.000 nuevos empleos en el sector. Por el contrario, en ausencia de estas ayudas, la crisis del coronavirus se traducirá en una pérdida de 500.000 puestos de trabajo.

SEGUNDO EMPLEADOR

La construcción es el segundo sector económico generador de empleo en el país, solo por detrás de la agricultura, y posee una enorme capacidad de arrastre sobre otros sectores industriales, puesto que solo importa un 9% de los materiales que utiliza, y genera una actividad inducida de 1,92 euros por cada euro invertido, a lo que hay que añadir retornos fiscales cercanos al 50%.

Con cerca de 1,3 millones de trabajadores de forma directa, el sector cree que aún tiene «un enorme margen de crecimiento para equipararse con los de otros países del entorno», sobre todo por el estado del parque de edificios y viviendas en España.

A la reunión asistieron el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín; el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Ignacio Carnicero; el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano; la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez Pintado; el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón; el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz; y los secretarios del área de Construcción y Servicios de CC.OO., Vicente Sánchez, y UGT FICA, Jesús Ordóñez.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Unidas Podemos que llama al Gobierno a reformar el régimen de infracciones y sanciones de los vehículos con conductor VTC y garantizar que los cuerpos de inspección y de policía local pueden sancionar adecuadamente los incumplimientos de estos servicios.

Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, recuerda al titular de Transportes, José Luis Ábalos, que, más de un año y medio después de la entrada en vigor del decreto ley que aprobó en 2018, aún no ha llevado a las Cortes una propuesta legislativa para modificar este régimen, cuando la norma le obligaba a hacerlo en un plazo de seis meses.

Esta norma, aprobada por el hoy ministro de Transportes en septiembre de 2018, delegó a las comunidades autónomas la competencia para modificar las condiciones de explotación previstas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ante la «competencia desleal» de estos servicios, según critica Unidas Podemos, al sector del taxi.

¿HACEN FALTA SANCIONES MÁS DURAS?

Sin embargo, para Unidas Podemos la ausencia de un régimen sancionador adecuado «ha limitado seriamente las facultades de las administraciones públicas» pues, aseguran, sus cuerpos de inspección «han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos legales para sancionar las malas prácticas y el peligro a la seguridad que suponen las actuaciones de los propietarios de VTC y las plataformas digitales que los auspician».

En este sentido, en el grupo confederal recuerdan que la Audiencia Nacional declaró el pasado mes de enero válida la orden que obliga a llevar a bordo del vehículo VTC su hoja de ruta, habilitando la imposición de sanciones administrativas a aquellos que no dispongan de la misma.

Además, piden analizar las últimas sentencias que derivan de este decreto para elevar la calificación de grave a muy grave de determinadas infracciones y tipificar nuevas ante el incumplimiento de otras condiciones del servicio.

POSIBLE INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO O REVOCAR LA LICENCIA

Asimismo, llama a estudiar la posible inmovilización del vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Por último, Unidas Podemos exige a Transportes garantizar que los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones competentes «puedan sancionar adecuadamente» posibles incumplimientos de estos vehículos VTC.

Concretamente, citan incumplimientos sobre hoja de ruta, el retorno a la base, la restricción de circulación, su pre-contratación, la captación de clientes, los recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios, y especificaciones técnicas del vehículo.

Más País-Equo defenderá este martes ante el Pleno del Congreso su propuesta de reforma fiscal «de solidaridad» para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, que persigue aumentar la recaudación con un nuevo impuesto a la banca, otro a grandes fortunas, la supresión de ‘agujeros’ en el Impuesto sobre Sociedades, el ‘destope’ de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contempla modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas «directa o indirectamente del rescate público de 2013», a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades, piden suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicitan partir nuevos tramos «extraordinarios» para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización «para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad» en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar ‘dumping fiscal’ entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.

El PP defenderá este martes ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso sus propuestas para modificar el Plan de Vivienda, con más oferta de vivienda en alquiler e incentivos a la oferta.

Los ‘populares’ llevarán a la Cámara Baja una proposición no de ley, en la que llaman al Gobierno ampliar el Plan de Vivienda vigente y adoptar medidas complementarias ante el «problema social que ha generado la pandemia de Covid-19».

Y es que, tal y como plantean en su iniciativa, las políticas de vivienda adoptadas en la crisis «están resultando tremendamente ineficaces» por, entre otras causas, «la inexistencia de fondos suficientes», su dificultad para aplicarlas, y «baremos imposibles» para familias «de clase media con dificultades económicas sobrevenidas».

Por ejemplo, destacan cómo las ayudas para el pago de la renta únicamente han sido solicitadas por el 3% de personas afectadas, los préstamos no se reparten según la incidencia de la crisis y los fondos disponibles para programas como el de compra de vivienda para alquiler social no se corresponden a las necesidades reales.

REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS Y DISTRIBUCIÓN

Entre las propuestas, el PP pide aumentar el fondo para ayudas a las comunidades autónomas «mejorando su distribución» con el fin de incrementar la oferta en arrendamiento y su puesta a disposición de los colectivos más vulnerables.

Asimismo, propone rediseñar los programas de aumento del parque público de vivienda en alquiler, con incentivos a oferta ya existente «en función de la incidencia territorial de la crisis», y fijar «un marco fiscal y de agilización administrativa que propicie la aplicación directa de las ayudas y la puesta en el mercado de productos inmobiliarios no productivos».

Por último, los ‘populares’ llaman a considerar la construcción y rehabilitación de vivienda como «eje prioritario» en la recuperación económica y a establecer un marco de colaboración público-privada para el diseño y puesta en marcha de las políticas de vivienda en alquiler asequible o compra de primera vivienda.