El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha consensuado junto con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) la prórroga de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021.

Tras varias semanas de reuniones e intercambio de propuestas, el ministerio que dirige José Luis Escrivá y las organizaciones de autónomos han alcanzado a última hora de esta tarde un acuerdo definitivo para alargar estas ayudas, que se aprobará mañana en Consejo de Ministros y del que se ha desmarcado Uatae, porque considera que las medidas son «manifiestamente insuficientes».

En concreto, el acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada.

El Ministerio ha explicado se ha creado una nueva ayuda por bajos ingresos para cubrir a los trabajadores por cuenta propia que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses, por ejemplo).

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para contener el coronavirus.

Para acceder a esta prestación, los trabajadores deben haber estado afiliados y dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, deberán estar al corriente de pago de las cuotas.

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, pero se incrementará un 20% si el trabajador es miembro de una familia numerosa. El beneficiario de esta ayuda quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero el periodo le contará como cotizado. Según el Ministerio, la exoneración de las cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante esta medida.

Respecto a la prestación ordinaria, el acuerdo establece que esta será compatible con la actividad hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre de este año se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión, entre los que se encuentran que haya una reducción de la facturación en este último trimestre de al menos el 75% de sus ingresos en comparación con el mismo periodo del año anterior y que no se superen unos rendimientos netos de 1,75 veces el Salario Mínimo Interprofesional (5.818,5 euros) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de este año.

AYUDA POR BAJOS INGRESOS

Por otro lado, el Ministerio ha explicado que quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación, por tener una tarifa plana o no haber cotizado el mínimo de un año, podrán solicitar la ayuda por bajos ingresos.

Para acceder a ella, los ingresos del demandante no deben superar el SMI (950 euros) en el último trimestre del año. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización. Además, los beneficiarios estarán exonerados de abonar las cuotas y también se les contabilizará como periodo cotizado.

Por último, el acuerdo prorroga las ayudas a los autónomos de temporada con una flexibilización de los requisitos temporales. Para acceder a esta ayuda, los trabajadores deberán haber cotizado un mínimo de cuatro meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber estado de alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo. La cuantía será el equivalente al 70% de la base mínima y también se incluye la exoneración de las cuotas.

Todas las ayudas comenzarán a devengarse desde el 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los quince primeros días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados en el primer día del mes siguiente al de la prestación de la solicitud.

El acuerdo ha sido refrendado por el ministro, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo; el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, y los representantes de ATA, Lorenzo Amor, y de UPTA, Eduardo Abad.

Gobierno y sindicatos, a la espera de lo que decida el Comité Ejecutivo de la CEOE, han alcanzado a última hora de esta tarde un preacuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021 después de una nueva reunión maratoniana que arrancó a las 11.00 horas y terminó pasadas las 20.30 horas, informaron fuentes del diálogo social.

El preacuerdo, que irá mañana a Consejo de Ministros, llega a sólo dos días de que venza la vigencia de la actual regulación y después de varias semanas de intensas negociaciones e intercambio de documentos y propuestas. Esta misma tarde, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa un nuevo texto, que mañana será sometido a la valoración de los órganos de gobierno de los agentes sociales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que su organización respaldará el texto para la prórroga de los ERTE, conseguido tras una negociación «dura», y ha animado a la CEOE a hacer lo mismo, según fuentes del sindicato. «El texto del preacuerdo es suficiente para el sindicato (…) Es el acuerdo por el que hemos trabajado porque protege a los trabajadores y a las empresas y así se lo vamos a trasladar a nuestra organización mañana», apunta la organización sindical.

Fuentes de CCOO, por su lado, han afirmado que se han producido «avances sustanciales» y que el acuerdo «es posible», aunque está «pendiente» de concreciones en materias como exenciones de cuotas, ‘contador a cero’, trabajadores fijos discontinuos y refuerzo del compromiso de empleo.

La resolución de estos flecos, añade CCOO, determinará la posición final del sindicato, que reunirá a su Ejecutiva esta misma noche.

Por su parte, fuentes de la patronal han indicado que tras la última propuesta del Gobierno «no se puede hablar de acuerdo. En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido esta misma mañana de que su organización no apoyaría un texto que dejara fuera a muchas empresas y sectores.

La decisión de la CEOE iba a abordarse esta misma tarde en el Comité Ejecutivo, pero dadas las horas a las que ha finalizado la reunión de los ERTE, éste se ha retrasado hasta las 8.30 horas de mañana.

A esta hora, fuentes empresariales consultadas ven difícil que el Comité de la patronal vaya a apoyar la última propuesta del Gobierno, aunque la decisión final se conocerá mañana.

EXONERACIONES DE HASTA EL 100% PARA LOS ERTE DE REBROTE

Fuentes del diálogo social han subrayado que la nueva propuesta del Gobierno eleva las exoneraciones las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, aquellos que las empresas pueden presentar si su actividad se afectada por restricciones impuestas por las autoridades.

De hecho, fuentes de la negociación han indicado que las exoneraciones para los ERTE de rebrote, a los que podrán acogerse todas las empresas que lo necesiten, se han ampliado incluso hasta el 100%, cuando en propuestas anteriores del Gobierno éstas se situaban entre el 75% y el 85%.

Según las mismas fuentes, el Gobierno se mantiene en su idea de que la prórroga de los ERTE de fuerza mayor se focalice en los sectores más castigados por la pandemia —para ello se utilizará la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09)—, entre ellos el sector turístico.

Los ERTE de estos sectores disfrutarán de exenciones de cuotas del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 empleados.

De estas exoneraciones también podrán beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, sí se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de estos sectores.

Según las fuentes consultadas, se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas, las empresas cuya facturación, durante 2019, se haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en la norma, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos.

PROTECCIÓN PARA FIJOS DISCONTINUOS Y TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Asimismo, el preacuerdo alcanzado con los sindicatos mejora la protección de fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial, que cobrarán el 100% de la prestación por desempleo con los límites que fije la ley, y mantiene el ‘contador a cero’ en las prestaciones de los ERTE, que seguirán teniendo una cuantía equivalente al 70% de la base reguladora aunque se cobren durante más de seis meses.

Al mismo tiempo, el preacuerdo contempla, como en anteriores ocasiones, la imposibilidad de despedir, una medida que, según han señalado fuentes de la negociación, también está frenando el apoyo de la CEOE al texto.

El preacuerdo incluye también el compromiso de abrir una mesa de negociación para dar protección a los trabajadores temporales que han estado afectados por ERTE y que finalmente se han ido al paro, cuyas cotizaciones no son suficientes para obtener una prestación por desempleo.

Otra de las novedades de esta prórroga es que los trabajadores en ERTE tendrán prioridad par acceder a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo.

Gobierno y sindicatos, a la espera de lo que decida el Comité Ejecutivo de la CEOE, han alcanzado a última hora de esta tarde un preacuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021 después de una nueva reunión maratoniana que arrancó a las 11.00 horas y terminó pasadas las 20.30 horas, informaron fuentes del diálogo social.

El preacuerdo llega a sólo dos días de que venza la vigencia de la actual regulación y después de varias semanas de intensas negociaciones e intercambio de documentos y propuestas. Esta misma tarde, el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa un nuevo texto, que ahora será sometido a la valoración de los órganos de gobierno de los agentes sociales.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado esta misma mañana que su organización no apoyaría un acuerdo que dejara fuera a muchas empresas y sectores y que abordaría esta decisión en el Comité Ejecutivo de la CEOE.

Fuentes del diálogo social han subrayado que la nueva propuesta del Gobierno eleva las exoneraciones las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, aquellos que las empresas pueden presentar si su actividad se afectada por restricciones impuestas por las autoridades.

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El Gobierno prevé aprobar este martes la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las principales organizaciones sindicales del sector público.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que explican que la intención es que la nueva norma vaya al Consejo de Ministros este martes para su aprobación, después de que la semana pasada viese la luz la ley que regula el teletrabajo en el ámbito privado previamente acordado con los agentes sociales.

El pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público.

VOLUNTARIO, REVERSIBLE Y LIGADO A LA NORMA DE CADA ADMINISTRACIÓN

El acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, «salvo en supuestos excepcionales».

El texto que se incorporará en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, «fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

El texto apunta que se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración y se establece expresamente que, en todo caso, esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización laboral a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada».

Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, «siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito», y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.

LOS SINDICATOS RESPALDAN LA REGULACIÓN

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su presidente, Miguel Borra, subrayó que se trata de un acuerdo «novedoso», que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, y podrá acogerse el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas.

Una vez conseguido el acuerdo sobre teletrabajo, CSIF pide que se abra «cuanto antes» la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia.

Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, valora que deja claro «elementos básicos» como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones e introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter «lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía».

También insta a las administraciones a abrir sin demora las mesas de negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la AGE «de manera inmediata».

En la misma línea, CC.OO. pide al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, ha reclamado a la ministra Darias la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, comprometido por el Gobierno.

Por otra parte, este lunes Función Pública ha suscrito con CSIF y UGT el acuerdo por el que se encuadra al personal laboral en la nueva clasificación profesional derivada del IV Convenio Único de la Administración General del Estado que conllevará subida salarial y la aplicación de los atrasos.

Los retrasos en las nóminas de los 40.000 trabajadores de la AGE vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019, según CSIF. Asimismo, UGT, que ha desconvocado las movilizaciones previstas con CSIF, ha señalado que del total de 34.244 puestos de trabajo ocupados, se ha acordado el encuadramiento del 99,94% de los mismos al reactivarse el convenio único.

LEY DEL TELETRABAJO EN ÁMBITO PRIVADO

La ley aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros para el ámbito privado establecía que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Las compras netas de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) bajo su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) se situaron la semana pasada en 16.721 millones de euros, lo que supone el mayor importe semanal adquirido por la autoridad monetaria desde la última semana de julio, según los datos publicados este lunes por la entidad.

En los siete días anteriores, el BCE había realizado compras por importe de 16.090 millones de euros bajo este programa, que entró en vigor a finales del pasado mes de marzo para paliar el impacto de la pandemia en los mercados y mantener bajo control los diferenciales de la deuda de los países del euro. En las dos semanas anteriores, el BCE había invertido 14.351 y 14.381 millones de euros, respectivamente.

De este modo, el BCE ha empleado ya 559.454 millones de euros del total de 1,35 billones de la capacidad del programa, lo que representa el 41,4% del mismo, que estará en vigor hasta junio de 2021. El BCE se ha comprometido a reinvertir los vencimientos de los activos adquiridos bajo este programa hasta, como mínimo, finales de 2022.

El BCE ha ralentizado el volumen de compras de su programa desde que comenzó el verano. Mientras que en los pocos días que estuvo operativo en marzo se hizo con 15.444 millones, en abril las compras alcanzaron los 103.366 millones, que se elevaron hasta 115.855 millones en mayo y 120.321 millones en junio. En julio, descendieron a 85.423 millones, mientras que en agosto se situaron en 59.466 millones. En lo que va de septiembre, la autoridad presidida por Christine Lagarde se ha hecho con activos por valor de 59.579 millones de euros.

Por otro lado, desde su lanzamiento a finales de marzo y hasta el pasado mes de julio, según los últimos datos disponibles, el BCE había destinado 46.111 millones de euros a la adquisición de deuda soberana española a través del PEPP. En concreto, en los meses de junio y julio las compras netas de bonos españoles sumaron 23.719 millones de euros, frente a los 22.392 millones adquiridos entre finales de marzo y mayo.

Además del programa de compras de emergencia contra la pandemia, el BCE mantiene abiertos el resto de programas que componen su plan de expansión cuantitativa o programas de compras de activos (APP), que incluye el plan de adquisición de deuda pública (PSPP), así como los programas para la compra de bonos corporativos (CSPP), la adquisición de cédulas (CBPP3) y titulizaciones (ABSPP).

De esta forma, durante la última semana el BCE llevó a cabo compras netas de deuda pública por importe de 8.611 millones de euros, además de 2.683 millones en bonos de empresas y otros 1.745 millones en cédulas, al tiempo que observó una reducción neta de su cartera de titulizaciones de 247 millones de euros.