Cerveceros de España, patronal que cuenta con la presencia de marcas como Heineken España, Mahou San Miguel, Damm, Hijos de Rivera o Grupo Agora, entre otras, reclama al Gobierno la prórroga de los ERTEs como medida prioritaria para salvar la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

En concreto, el sector cervecero asegura que se encuentra «profundamente preocupado» por las «graves consecuencias» que el coronavirus está teniendo en la hostelería, integrado en su mayoría por pymes y autónomos, y cuya crisis, por extensión, está afectando también a las más de 500 cerveceras de España.

La industria recuerda que antes de la pandemia, el 67% de su consumo de cerveza se producía fuera del hogar. Así, la cerveza suponía un 25% de la facturación de los bares, cifra que alcanzaba hasta el 40% en el caso de pequeñas empresas de restauración de menos de 10 empleados.

Los cerveceros apoyan la caravana-protesta organizada por ‘Salvemos la Hostelería’ de este martes que reinvica la inclusión de los trabajadores de restauración en la ampliación de los ERTEs, así como un plan de rescate para el sector, tras una temporada alta que ha resultado «desastrosa» para las ventas y agravada por las limitaciones horarias y las condiciones de funcionamiento.

De esta forma, los principales directivos de algunas de las cerveceras españolas y miembros del comité de dirección de Cerveceros de España han expresado su apoyo a esta movilización.

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, ha señalado que ante la «compleja situación actual, preservar la actividad hostelera y proteger la gran contribución al empleo de este sector clave para la economía española debe ser una prioridad.

«El compromiso de Mahou San Miguel con el canal de hostelería y los agentes que lo conforman es de largo plazo y seguiremos apoyándoles, porque salvaguardar su actividad es proteger también nuestra manera de disfrutar y entender la vida», ha indicado.

DESTACAN SU IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Por su parte, el presidente ejecutivo de Heineken España, Guillaume Duverdier, ha resaltado que es «crítico que se extienda la duración de los ERTEs al sector de la hostelería como medida fundamental de protección del empleo y de la supervivencia de las empresas hosteleras y de sectores dependientes».

«La hostelería no solo es clave para la oferta turística española, sino también por su importantísima contribución económica y social a nuestro país», ha recalcado.

«Desde Damm ofrecemos todo nuestro apoyo a Hostelería de España en sus reivindicaciones para salvar al sector. La hostelería es clave para la economía de nuestro país», ha asegurado el director general de Damm, Jorge Villavecchia, que ha recalcado que la «viabilidad de miles de empresas del sector hostelero pasa por prolongar los ERTEs en la restauración, una medida clave para poder mantener los puestos de trabajo directos e indirectos de miles de personas».

El consejero delegado de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha recordado que la hostelería es «motor fundamental» de la economía. «No solo por ser un generador de empleo y riqueza, o por ser un dinamizador clave del turismo y del sector productivo de nuestro país, sino que desempeña una importante función de cohesión social», ha asegurado.

«Es fundamental el mantenimiento de los ERTEs. Tras un mal verano, afrontamos un invierno más difícil que nunca y, como poco, la hostelería podrá ver el final del túnel en Semana Santa 2021″, ha advertido sobre la complicada situación que atraviesa el sector.

El consejero del grupo Agora, Jonathan Stordy, ha señalado que ampliar los ERTE será un «balón de oxígeno, no solo para la hostelería, sino para toda la industria que le suministra». «La prórroga evitará destruir empleo y perder competitividad futura en un sector tan estratégico como el turismo. Nuestros barrios y pueblos no deberían perder su auténtico punto de encuentro, el bar», ha indicado.

Por su parte, el consejero delegado de Compañía Cervecera de Canarias, Juan González, opina que es «fundamental» el apoyo del Gobierno a este sector y a las actividades que de él dependen.

Por su parte, la Asociación Española de Cerveros Artesanos Independientes (AECAI) también han mostrado su apoyo a los hosteleros. «Son necesarias ya medidas contundentes para garantizar su reactivación, de forma segura pero firme. No pueden esperar más», ha indicado el presidente AECAI, Javier Donate.

El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado ‘escudo social’ para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.

Concretamente y según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno, dicha prórroga se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Con ello, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas.

También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que «tendrán que decidir» entre quitar del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años.

El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables de cara a este martes, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad para la formación morada.

PRIORIDAD DE PABLO IGLESIAS

Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros de Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos.

Podemos y sus socios incidían en que estas medida debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder «seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma», del mismo modo que también se están extendiendo los ERTE.

El documento que PSOE y Unidas Podemos elaboraron de forma conjunta con sus propuestas sobre Política Social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de prorrogar algunas de las medidas, como las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «alargue y amplíe» como mínimo seis meses más la moratoria antidesahucios de alquiler de familias en extrema situación de vulenerabilidad.

LA ÚLTIMA PRORROGA CONCLUÍA EN BREVE

La prórroga del ‘escudo social’ aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilidad del ‘bono social’ a este colectivo, finaliza este miércoles, mientras que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluye el viernes.

El Ejecutivo dio luz verde al llamado ‘escudo social’ en marzo con varios decretos en los que recogía medidas sanitarias, económicas y sociales para hacer frene a la crisis del Covid-19 y las consecuencias del confinamiento derivado del Estado de alarma decretado.

Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección del ‘escudo social’ para aliviar las cargas financieras de la hipoteca, del alquiler y los suministros básicos hasta el 30 de septiembre.

Concretamente, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses.

En cuanto a las medidas para proteger a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad, la prórroga de 6 meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual se podrá solicitar igualmente hasta este miércoles, 30 de septiembre.

Hasta este miércoles se puede solicitar también la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda, para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Por su parte, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional seguirá vigente hasta este viernes, 2 de octubre. No obstante, se ampliará mañana hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» de alquiler, así como las relativas a los grandes tenedores.

En cuanto a la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que para que se desarrollo «plenamente» el Ingreso Mínimo Vital (IMV) «se van a necesitar movilizaciones» de los trabajadores en la calle «si las condiciones del coronavirus lo permiten».

En una rueda de prensa este lunes en Zaragoza, antes de participar en el Consejo Regional de UGT Aragón, para poner en común con los cuadros sindicales de la comunidad autónoma el avance de las negociaciones del diálogo social, ha explicado que hay una plataforma en la web de UGT para que las personas que no tienen respuesta en relación con el Ingreso Mínimo Vital presenten su reclamación para trasladarla al Gobierno central.

En este punto, ha reconocido que también se trata de «ir organizando» a las personas que se encuentren en esa situación. «Nosotros estamos convencidos de que para que el mínimo vital se desarrollo plenamente se va a necesitar de la movilización, seguramente, si las circunstancias de la Covid lo permiten, física», indicó.

Álvarez ha matizado que lo primero es preservar el derecho a la salud, «que es fundamental», pero el Gobierno de España tiene que ser plenamente consciente de que el millón de solicitudes que hay –del IMV– en una parte altísima reúne las condiciones de pobreza necesarias para acceder, y si no acceden, «vamos a organizar a aquellas personas que están pendientes de resolución, o que se les hayan resuelto negativamente, para que puedan tener acceso a esa prestación mínima.

Entre las reclamaciones que han llegado al sindicato, ha continuado, muchas son «inaceptables». Ha puesto como ejemplo la respuesta a un ciudadano que se le ha dicho que no tenía acceso al IMV por tener una empresa, cuando en realidad no la tiene desde el año 2008, lo que demuestra que la Agencia Tributaria no tiene el archivo al día.

«Si el millón de personas, en una Administración saturada, que no se cubren las vacantes desde el año 1992, les das este trabajo ingente, es muy difícil que se pueda resolver satisfactoriamente y con criterios objetivos las peticiones que se han hecho», denunció Álvarez, quien ha elogiado que el Gobierno haya empezado a tomar medidas que rebajan la carga burocrática, pero ha incidido en que no se va a renunciar a esta cuestión.

Ha recordado que para dar salida a las peticiones del IMV faltan recueros humanos y la estructura telemática está lejos de las posibilidades de muchas personas que lo solicitan. Además, ha calificado de «escándalo» que las personas tengan que ir a gestorías, que les van a cobrar, para solicitar el IMV.

CONGRESOS

Sobre los procesos congresuales del sindicato, que estaban previstos que acabaran para noviembre de 2020, Álvarez ha expuesto que se han tenido que retrasar por la pandemia y que finalizarán en mayo de 2021.

«No es posible aplazar la democracia, el sindicato tiene que celebrar sus congresos, sus asambleas». En el caso de Aragón, el congreso regional se celebrará los días 22 y 23 de octubre.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este lunes que su organización no apoyará un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) si se excluye de su aplicación a muchas empresas.

«Si consideramos que mucha gente se queda fuera, tendremos que decir que no. Lo decidiremos esta tarde en el Comité Ejecutivo», ha afirmado Garamendi durante su intervención en la Asamblea Anual de Anged.

El dirigente empresarial ha asegurado que le gustaría llegar a un acuerdo porque CEOE es una organización «pactista», pero ha reconocido abiertamente que el Gobierno «se lo está poniendo bastante complicado».

«En cualquier caso, aceptaremos la decisión, legítima, del Gobierno y seguiremos colaborando con él», ha apuntado el líder empresarial, que ha señalado que este asunto lo examinará esta tarde el Comité Ejecutivo de la CEOE porque no se puede excluir de los ERTE a empresas de determinados sectores.

En este sentido, ha indicado que aunque la CEOE defiende «profundamente» al sector turístico, su organización quiere «defender a más gente«, por ejemplo, al comercio, que representa al 13,5% del PIB y que podría quedar excluido del acuerdo de los ERTE.

En este punto, ha recordado que de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en ERTE en el pico alto de la pandemia, el 24% pertenecía al sector del comercio. Asimismo, ha indicado que de los 750.000 trabajadores que siguen en ERTE, más de 130.000 (el 17%) se ubican en este sector.

«Hay que defender de manera profundísima al comercio, no sólo a la gran distribución, también al pequeño comercio. En el caso de este sector, cada millón de demanda son 27 puestos de trabajo y eso no hay que olvidarlo», ha subrayado.

ATAQUE «GRAVÍSIMO» A LA CORONA

Garamendi ha asegurado además que lo más importante ahora mismo es la confianza y la estabilidad, porque ello proporciona tranquilidad y favorece el diálogo en lugar de la confrontación. Sin embargo, ha denunciado, la «triste» realidad de la política española es que interesa más la confrontación que la unidad.

En este sentido, ha calificado de «gravísimo» el ataque a la primera institución del Estado, la Corona, «simplemente por motivos políticos, que lo único que hacen es perder y hacer perder la confianza».

«En nuestra sede suenan permanentemente los teléfonos y suenan siempre por esto: por la falta de confianza, por avisos que no tocan de reformas laborales o por otros elementos, como la necesidad de unidad de mercado, de flexibilidad», ha señalado.

Garamendi ha reiterado que CEOE seguirá trabajando con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional.

La inversión en oficinas se situó en el tercer trimestre del año en los 1.500 millones de euros, lo que supone una reducción del 45% en comparación con el mismo trimestre del año anterior según datos de la consultora CBRE.

En concreto, hasta el momento se han registrado un total de 42 transacciones de inversión en España en el segmento oficinas, por volumen de unos 1.500 millones de euros, de las que 23 se han cerrado en los últimos seis meses.

CBRE cree que hasta el final del año podrían cerrarse operaciones que aumentarían esta cifra hasta superar los 2.000 millones de euros. Del total, casi 950 millones de euros han tenido como destino inmuebles ubicados en Madrid.

Además, se da la circunstancia de que 5 operaciones que superan los 100 millones de euros acumulan el 58% del total invertido este año en la capital. De su lado, en Barcelona, se han cerrado un total de 17 operaciones, con un ticket medio de 21 millones de euros, destacando la operación de compra llave en mano por parte de DWS (fondo de Deutsche Bank).

La directora de research de CBRE España, Lola Martínez Brioso, ha señalado que en el entorno de «bajísimos» tipos de interés en el que el mundo se ha instalado desde hace años, y que continuará por algunos más, el capital en busca de oportunidades de inversión «sigue siendo elevado.

Según Brioso, seis meses después de la irrupción del coronavirus, «la incertidumbre que domina la escena ha movido a los inversores a tomar posiciones claramente más cautelosas».

«Los procesos se demoran en el tiempo lo que, añadido a las restricciones a la movilidad, dificultan las visitas a los activos por parte de fondos internacionales, que en 2019 representaron el 75%, y en 2020 el 68% del total invertido en el sector oficinas en España», ha explicado.

Además, ha señalado que si el cierre de un proceso de venta estándar antes del Covid se situaba en torno a los cuatro meses de media, en estos momentos se puede hablar «de entre cinco y seis meses».

El Tesoro Público volverá esta semana a los mercados con una emisión el jueves en la que ofrecerá a los inversores bonos y obligaciones con la que espera captar entre 3.250 y 4.750 millones de euros.

De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital celebrará la emisión para seguir avanzando en la consecución de su programa de financiación, revisado en mayo al alza como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19.

En concreto, el jueves ofrecerá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones a 10 años, con cupón del 1,25%; obligaciones a 15 años indexadas a la inflación, con cupón del 0,70%; y obligaciones a 50 años, con cupón del 3,45%.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia para los bonos a 5 años es el tipo de interés marginal del -0,275% de la subasta del pasado 3 de septiembre, mientras que en las obligaciones a 10 años es el interés del 0,274% de la puja del pasado 6 de agosto.

En el caso de las obligaciones a 15 años indexadas la referencia es el interés del 0,411% de la emisión del pasado 7 de mayo, en tanto que en las obligaciones a 50 años es el tipo del 1,701 registrado en la operación del pasado 21 de mayo.

Tras la subasta de este jueves, el calendario del Tesoro programa otras dos subastas en octubre, el martes 6, de letras a 6 y 12 meses, y el martes día 13, de letras a 3 y 9 meses, así como una más de bonos y obligaciones el jueves día 15.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, avisó esta semana de que la financiación adicional de 100.000 millones de euros como consecuencia de la crisis podría llegar a ser un «lastre» para las generaciones futuras si no se toman las decisiones adecuadas y no se «invierte en el futuro», en el marco del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ultima el Ejecutivo en el que se proyectarán los planes derivados de los fondos europeos de 140.000 millones que recibirá España.

El organismo anunció a finales de mayo una modificación de su programa de financiación para este año, que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones la emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia de la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a la previsión de emisión neta se le descontarán en torno a 21.000 millones que recibirá España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.