El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes que traslada su encuentro anual de Davos a Singapur por la pandemia, aunque ha asegurado que regresarán a los Alpes suizos en 2022.

Según ha argumentado la organización, el cambio de ubicación refleja la prioridad del Foro de salvaguardar la salud y la seguridad de los participantes y de la comunidad anfitriona. «Tras un examen minucioso, y a la luz de la situación actual en relación con los casos de Covid-19, se decidió que Singapur era el mejor lugar para celebrar la reunión», han explicado.

No obstante, durante la habitual ‘semana de Davos’, que en 2021 se celebra del 25 al 29 de enero, el Foro acogerá un acto virtual para restablecer la confianza y dar forma a los principios, políticas y asociaciones necesarios en 2021 para lo que contará con la participación de Jefes de Estado y de Gobierno, directores ejecutivos, dirigentes de la sociedad civil, medios de comunicación mundiales y dirigentes juveniles de África, Asia, Europa, el Oriente Medio, América Latina y América del Norte.

CENTRAR EL DEBATE EN LA RECUPERACIÓN TRAS LA PANDEMIA

La reunión presencial que se celebrará en Singapur del 13 al 16 de mayo será el primer evento de alcance internacional que abordará la recuperación de la pandemia y para ello reunirá a los líderes mundiales con el objetivo de que se centren en la elaboración de soluciones a los problemas más urgentes a los que se enfrenta el mundo actualmente.

«La Reunión Anual Especial 2021 será un lugar para que los líderes de los negocios, el gobierno y la sociedad civil se reúnan en persona por primera vez desde el comienzo de la pandemia mundial. La cooperación entre el sector público y el privado es más necesaria que nunca para restablecer la confianza y abordar las líneas de falla que surgieron en 2020″, ha destacado Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Antes de la reunión anual extraordinaria de 2021, el Foro acogerá en Tokio, los días 6 y 7 de abril de 2021, la Cumbre Mundial sobre la gobernanza de la tecnología.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) han reclamado este lunes a los gobiernos de todo el mundo que se exima a las tripulaciones de las pruebas de Covid-19 que se exigen a los viajeros.

Las directrices del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomiendan específicamente que los miembros de la tripulación no estén sujetos a las pruebas o restricciones aplicables a otros viajeros. Además, según el CART, los métodos de control de salud para los miembros de la tripulación deberían ser «no tan invasivos como sea posible».

A pesar de esta orientación, un número cada vez mayor de Estados están aplicando las mismas medidas de salud pública para la tripulación que se aplican al público en general que viaja. Esas medidas incluyen la presentación de pruebas de una prueba de Covid-19 negativa antes de la salida y en algunos casos se requiere una segunda prueba a la llegada. Además, varios reguladores de la aviación civil sólo permiten que los miembros de la tripulación con un certificado de prueba Covid-19 PCR negativo hagan escala en sus respectivos países.

«Los Estados deben reconocer que la tripulación presenta un perfil de riesgo diferente al de los pasajeros y que se podría considerar una mayor flexibilidad y relajación de los requisitos de pruebas y cuarentenas, incluyendo exenciones», ha asegurado Gilberto López Meyer, vicepresidente superior de Seguridad y Operaciones de Vuelo de la IATA.

El Tesoro Público prevé captar este jueves entre 750 y 2.250 millones de euros en su penúltima emisión del año en la que ofrecerá a los inversores deuda a largo plazo para prácticamente culminar su programa de emisiones en un año marcado por la crisis del Covid-19 que le ha llevado a realizar tres modificaciones en su previsión de emisiones.

La penúltima emisión del año se producirá después de que el Congreso respaldase por mayoría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el pasado jueves para remitirlos al Senado, donde llegan el miércoles para continuar su tramitación parlamentaria.

El organismo afronta las últimas subastas de un año marcado por la crisis del Covid que le ha llevado a acometer en tres ocasiones cambios en su programa de financiación. De hecho, recientemente la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció una nueva reducción del programa de emisiones del Tesoro de este año en otros 5.000 millones de euros, por lo que la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros en 2020.

En este contexto, este jueves ofrecerá obligaciones a 10 años, con cupón del 1,25%, y obligaciones a 10 años indexadas a la inflación, con cupón del 0,65%. La referencia para medir la evolución del coste de financiación es el tipo de interés marginal del 0,230% registrado el pasado 1 de octubre y el interés del -0,768% marcado en una emisión del 6 de agosto.

La emisión de este jueves será la penúltima del año, ya que tras la última reducción de emisiones de su programa el Tesoro no convocará la subasta de bonos y obligaciones del Estado prevista para el jueves día 17, por lo que la última subasta del mes de diciembre y del año será la del martes día 15 de letras a 3 y 9 meses.

A pesar de las consecuencias de la crisis del Covid-19 desatadas desde el mes de marzo, los inversores han mantenido su confianza en la deuda pública española, marcando mínimos en los tipos y reduciendo los costes hasta mínimos históricos del 1,85%, en paralelo a un alargamiento de la vida media de la carta, en máximo histórico de 7,82 años.

De hecho, en su última emisión del pasado 1 de diciembre captó 2.647 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango alto previsto, y volvió a registrar nuevos mínimos históricos en los tipos de ambas denominaciones.

TRES REVISIONES DEL PROGRAMA POR EL COVID

El programa de financiación del Tesoro para 2020 ya fue revisado por primera vez en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero se varió de nuevo el pasado 8 de octubre para reducirse en 15.000 millones, sumándose ahora otra nueva rebaja de 5.000 millones.

De este modo, sobre la previsión de emisión neta de 130.000 millones anunciada en mayo para hacer frente a las necesidades adicionales motivadas por el Covid-19, la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros y la emisión bruta en unos 277.000 millones de euros.

Calviño explicó que estas menores necesidades de financiación se explican por una evolución de los ingresos más favorable que la prevista a principios de octubre, con mayores ingresos tributarios ante la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre. Además, las amortizaciones anticipadas por parte de las CCAA de préstamos de los Fondos de Financiación han continuado.

EMISIÓN RÉCORD EN 2021

Conforme a las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará el próximo año una nueva cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior.

El endeudamiento neto del Tesoro Público en 2021 ascenderá aproximadamente a 110.000 millones de euros; las letras aportarán alrededor de 10.000 millones de financiación neta, mientras que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los restantes 100.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.

Además, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ya avanzó que el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, que se prevé que sea sindicada y de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, según «el apetito» que presente el mercado en ese momento, aunque con la intención de alcanzar un nivel de liquidez de 20.000 millones a largo plazo con sucesivas reaperturas.

El sindicato UGT ha anunciado este lunes que iniciará actuaciones legales y de movilizaciones en los distintos aeropuertos adjudicados a la empresa de seguridad Sureste para exigir la «suficiente calidad» del servicio a prestar así como el mantenimiento del empleo.

«Sureste utiliza la nueva adjudicación de la seguridad en los aeropuertos para expulsar del mercado laboral a personal auxiliar que venía prestando sus servicios en distintas instalaciones aeroportuarias», ha denunciado el sindicato a través de un comunicado.

UGT ha trasladado que la nueva adjudicación de los servicios de seguridad y servicios auxiliares «no debía ser utilizada para no proceder a mantener el empleo de vigilantes y auxiliares de servicios que hasta la fecha están adscritos a este tipo de prestaciones».

Según ha detallado el sindicato, Sureste ha sido adjudicataria de los aeropuertos de Valencia, Girona Costa Brava, Reus, Málaga, Granada, Aragón debiendo proceder a la subrogación del personal que hasta la fecha estaba adscrito a los citados centros de trabajo.

«Sureste se desmarca de esta situación no procediendo a dotar al personal afectado de suficientes garantías de empleo bien por permanencia activa en el mismo como manteniendo al personal en situación de ERTE, ante una situación laboral que ya conocía con anterioridad a su presentación voluntaria al concurso y que ahora desatiende deslealmente con los trabajadores y trabajadoras de los servicios auxiliares», ha denunciado el sindicato.

La crisis sanitaria y económica desencadenada por la pandemia de Covid-19 ha agravado los problemas de sostenibilidad de los diferentes planes de ahorro para la jubilación y los sistemas de pensiones, además de haber agregado otros nuevos desafíos, según ha advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El ‘think tank’ de las economías avanzadas señala en su informe ‘Perspectivas para las Pensiones 2020’ que la pandemia ha añadido más presión sobre problemas preexistentes de los planes de pensiones, como el envejecimiento de la población, el bajo crecimiento, la baja rentabilidad y los bajos tipos de interés.

La OCDE destaca que las decisiones adoptadas en apoyo de los ingresos en el contexto actual suponen una presión añadida sobre las finanzas públicas, que ya se encontraban bajo presión a raíz de los cambios demográficos.

En este sentido, la OCDE advierte de que el impacto de la doble crisis sanitaria y económica a nivel mundial contribuirá a mantener bajos en el futuro tanto el crecimiento del PIB como los tipos de interés y las rentabilidades obtenidas, lo que implica un riesgo de que «muchas personas no logren ahorrar lo suficiente para la jubilación».

Además, advierte de que «medidas bien intencionadas para proporcionar un alivio a corto plazo» permitiendo acceder anticipadamente a las personas a sus ahorros para la «probablemente tengan un efecto perjudicial sobre los ingresos de jubilación futuros», especialmente cuando el acceso se concede de forma amplia e incondicional.

RESCATE ANTICIPADO DE FONDOS DE PENSIONES.

Asimismo, en respuesta a la crisis, los gobiernos han tomado una serie de medidas rápidas para reforzar la sostenibilidad de las pensiones, incluyendo la ampliación de los planes de retención del empleo, como los ERTE, así como extendiendo las prestaciones por desempleo, que permiten a los trabajadores seguir acumulando derechos de prestaciones de jubilación, además de flexibilizar el rescate de los planes de pensiones.

A este respecto, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha subrayado que los países deben lograr un equilibrio entre el apoyo a los ingresos a corto plazo con medidas como facilitar el rescate de los ahorros para la jubilación antes de tiempo, y el posible efecto negativo de tales medidas en los ingresos de jubilación futuros.

«Permitir el acceso a los ahorros para la jubilación debe ser una medida de último recurso y debe basarse en circunstancias difíciles en lugar de otorgarse de manera amplia e incondicional», ha advertido.

Asimismo, el mexicano ha reiterado que la pandemia ha subrayado la importancia de contar con ahorros a largo plazo para poder hacer frente a emergencias, para lo que ha abogado por introducción de acuerdos de ahorro a largo plazo que combinen una cuenta de ahorros destinada a la jubilación y otra para emergencias, lo que aumentaría la resiliencia del ahorro de cara a la jubilación.

RECOMENDACIONES.

La OCDE recomienda a las autoridades «asegurarse de que las personas sigan ahorrando para la jubilación» y se evite vender activos y materializar pérdidas cuando los mercados sufren caídas bruscas.

Asimismo, propone abordar las posibles consecuencias negativas del cambio frecuente de estrategias de inversión sobre los ingresos de jubilación futuros y la estabilidad de los mercados financieros.

Además, la OCDE pide considerar la posibilidad de adoptar medidas específicas para garantizar que los trabajadores en formas de trabajo atípicas, como empleados temporales y a tiempo parcial, trabajadores autónomos y trabajadores informales, tengan la oportunidad de ahorrar para la jubilación.

Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado este lunes una modificación de las normas comunes sobre el IVA ara que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto.

Pero los socios europeos han aprobado la propuesta legislativa que la Comisión Europea puso encima de su mesa a finales de octubre dentro de una estrategia más amplia para combatir con mayor eficacia la pandemia de coronavirus.

De esta forma, los Estados miembros podrán a partir de ahora aplicar un tipo cero o reducido del IVA tanto a las vacunas como a los kit de pruebas para detectar Covid-19. Se trata de una modificación a las normas de este impuesto pero con carácter temporal, puesto que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

En cualquier caso, esta posibilidad cubrirá únicamente las vacunas que hayan sido autorizadas por la Comisión Europea o por un Estado miembro de forma individual y las pruebas de diagnóstico que cumplan con los estándares de la legislación comunitaria.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha celebrado que los Veintisiete hayan adoptado la propuesta del Ejecutivo comunitario, que permitirá que vacunas y test sean adquiridas «libres de IVA» en toda la UE.

«El despliegue exitoso de las vacunas es vital para que Europa salga de la sombra de la pandemia, será la prioridad número uno en los próximos meses», ha subrayado el comisario italiano, responsable también de la cartera de Fiscalidad en Bruselas.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley, para su debate en el Pleno del Congreso, para la puesta en marcha de un plan urgente de apoyo a la hostelería, con 14 medidas prioritarias, entre las que figuran la reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos al 4% como mínimo durante el año 2021 o la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo.

Además, en el plan propuesto el PP recoge un «Plan Renove» por los cambios para adaptarse a la pandemia y ayudas directas al alquiler a autónomos y pymes.

En la exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por la portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, la secretaria general adjunta, Isabel Borrego, y el portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar, se advierte de que si el Gobierno no pone en marcha las medidas propuestas «se ponen en peligro más de un millón de empleos».

Entre las medidas también figura el establecimiento de mecanismos de compensación en forma de financiación adicional a las comunidades autónomas por parte del Estado como consecuencia de medidas dirigidas al sector a fin de combatir la crisis de salud pública.

Además, se propone la ampliación hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los préstamos de la línea de liquidez del ICO Covid-19 por parte de pymes y autónomos y la exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de resoluciones dictadas para contener la expansión y propagación del virus durante el periodo de vigencia de las mismas.

También se insta a tomar las medidas pertinentes para asegurar que los contribuyentes pertenecientes al colectivo de trabajadores autónomos forzados a cesar su actividad durante la vigencia del estado de alarma, no tengan obligación de pagar impuestos durante ese mismo periodo afectado

IMPULSAR EL CONSUMO DIRECTO Y UN PLAN ESTRATÉGICO DE LA GASTRONOMÍA

Desde el PP se aboga por impulsar la creación, organización y ejecución de un programa dedicado a incentivar el consumo directo en productos, servicios y experiencias turísticas en toda la geografía española particularmente durante periodos de temporada baja, contribuyendo a desestacionalizar los destinos y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos.

En este sentido, desde el partido que encabeza Pablo Casado se propone la puesta en marcha de un ‘Plan Estratégico de la Gastronomía de España’ y el impulso de un paquete de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas — IBI, IAE, tasas por recogida de basuras, tasas de terrazas, Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, tasas que graven pernoctaciones…–.

Entre las medidas, PP también propone el mantenimiento y ampliación de medidas en materia de aplazamiento de deudas tributarias y de Seguridad Social, el apoyo económico a la creación y desarrollo de programa específicos de implantación de sistemas digitales y la apuesta decidida y urgente por mejorar y reforzar la cualificación técnica y la capacidad de aportar valor de los profesionales de la industria.

La Comisión Europea ha autorizado este lunes el plan de 500 millones de euros del Gobierno para proteger al sector de los seguros de crédito en España, al considerar que se trata de una medida «necesaria, adecuada y proporcionada» en el contexto de la pandemia de coronavirus y en línea con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

El seguro de crédito protege las ventas a crédito entre empresas privadas y ofrece al asegurado protección contra las pérdidas derivadas del impago de sus ventas a crédito. El valor total de las ventas a crédito aseguradas en España es de 200.000 millones de euros.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que el plan español busca «proteger a empresas que suministran bienes y servicios del riesgo de impago de sus clientes», al tiempo que ha explicad que «ha aumentado el riesgo de que loas aseguradoras no estén dispuestas a mantener su cobertura» dado el impacto «prolongado» de la crisis de la Covid-19.

«El esquema tiene el objetivo de asegurar que los seguros de crédito seguirán disponibles para todas las empresas, evitando la necesidad de que los compradores de bienes o servicios paguen por adelantando y, en consecuencia, reduciendo sus necesidades inmediatas de liquidez. Está diseñado para complementar los seguros privados», apuntan las autoridades comunitarias.

Bajo este programa, las aseguradoras privadas tendrán la posibilidad de elegir una cobertura pública de reaseguro de hasta el 60%, mientras que éstas y el estado compartirán de forma proporcional tanto riesgos como primas.

La Comisión Europea ha evaluado el plan y ha concluido que es «necesario, adecuado y proporcionado» para evitar una «perturbación grave» de la economía de un Estado miembro, así como que está en línea con el marco temporal de ayudas de Estado puesto en marcha por Bruselas a causa de la pandemia.

Los gobiernos de la Unión Europea activarán su plan para poner en marcha el fondo europeo de recuperación sin Hungría y Polonia si los gobiernos de estos dos países no dan «señales claras» de su voluntad para levantar el veto al paquete presupuestario en las próximas horas y, como muy tarde, este martes.

Según han explicado fuentes europeas, el escenario central es que Budapest y Varsovia finalmente accedan a desbloquear el presupuesto de la UE para los próximos siete años y el plan anticrisis de 750.000 millones de euros, pero este paso debe ocurrir pronto o el resto de Estados miembros «probablemente» activen una alternativa para seguir adelante sin ellos.

«Necesitamos tener señales claras de Hungría y Polonia hoy o mañana a más tardar, si no las tenemos probablemente tendremos que pasar al escenario ‘B'», han señalado las mismas fuentes en una semana clave para el futuro del fondo europeo.

Hungría y Polonia siguen rechazando el mecanismo que vincula el desembolso de ayudas europeas y el respeto al Estado de derecho por considerar que es arbitrario y, como protesta, se niegan a ratificar el Marco Financiero Plurianual (MFP) y los 750.000 millones para relanzar la economía.

La Comisión Europea está ya explorando las opciones legales que permitirían sacar adelante el fondo europeo sin el visto bueno de estas dos capitales, entre ellas un sistema de avales para que Bruselas pueda emitir deuda similar al instrumento contra el paro (SURE), un acuerdo intergubernamental como el que sostiene el MEDE o un sistema de «cooperación reforzada» que permite dejar de lado a los países que no quieran participar.

En cualquier caso, lo «deseable» en Bruselas es que Budapest y Varsovia se adhieran al resto de socios y levanten su veto, porque de lo contrario se podría avanzar con ellos con respecto al fondo de recuperación pero no con el presupuesto comunitario, que seguiría bloqueado.

En un escenario así, la UE se vería obligada a prorrogar el presupuesto de 2020 y aplicar un sistema en el que cada mes sólo se podrá gastar una doceava parte de las cuentas de este año. Además de conllevar importantes recortes (que Bruselas cifra en hasta 30.000 millones de euros), esto supondría que no se podrían comprometer pagos para todos los programas europeos para los que hay que renovar la base legal, lo que afecta a partidas como la Política de Cohesión, el nuevo programa de Salud y Erasmus.

Además, impediría al bloque poder comprometerse con un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que pretende fijar en al menos un 55%, porque también quedaría bloqueado el Fondo de Transición Justa, uno de los principales instrumentos de la UE para cumplir sus metas climáticas.

La Federación Catalana de la Automoción (Fecavem) y el Gremio del Motor han asegurado que los concesionarios no se harán cargo de la subida del impuesto a los coches nuevos ante el fin de la moratoria para hacer efectivo este aumento en 2021, han informado en un comunicado este lunes.

Ambas organizaciones han recalcado que esto «no depende de ellos ni de su marca» y ha afirmado que, si el Gobierno del Estado desatiende las peticiones del sector, las emisiones de vehículos serán superiores.

Las entidades han recordado que estos impuestos no dependen de los concesionarios y que estos no se tienen que hacer cargo de los cambios en los impuestos que hacen las administraciones públicas.

El PSOE quiere que el Congreso recuerde a Airbus sus compromisos en materia de empleo, actividad industrial y el mantenimiento de las capacidades tecnológicas e industriales en España, ante la amenaza de un recorte en la plantilla superior a las bajas voluntarias y de despidos forzosos avanzado por la dirección de la compañía.

Así, en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE apuesta por «velar por el cumplimiento de los compromisos explicitados por parte de Airbus con el Estado» y, por otro lado, «desarrollar todos los compromisos adquiridos» para impulsar la actividad en esta compañía y en las industrias auxiliares del sector.

Y es que, tal y como recuerdan en su iniciativa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suscribió un acuerdo el pasado 30 de julio con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, en el que el Ejecutivo anticipaba su ambición de «preservar las capacidades estratégicas de la industria española».

Concretamente, enumeran los socialistas, diseñar, certificar, producir y mantener un avión completo, participar de forma relevante en los aviones de ala fija, helicópteros y aviones no tripulados, mantener la vanguardia de tecnologías, la responsabilidad de la industria española en la parte posterior del fuselaje de aviones comerciales y mantener una participación relevante en programas especiales.

Con el acuerdo para el rescate de la industria aeroespacial, Airbus se comprometía a minimizar el impacto en los empleos en el país y buscar fórmulas y soluciones para las plantas con menor carga de trabajo, teniendo en cuenta su localización y todo ello en el ámbito de la negociación con los interlocutores sociales.

LA DIRECCIÓN VE «POCO PROBABLE» QUE BASTE CON BAJAS VOLUNTARIAS

Y es que el pasado mes de septiembre, Faury advirtió de que la compañía podría verse obligada a recurrir a despidos forzosos, hablando de la necesidad de «adaptar» su plan de reducción de costes.

En una carta interna dirigida a los empleados, el consejero delegado anunció que veía «poco probable» que las salidas voluntarias acordadas fueran «suficientes» y avanzaba la necesidad de realizar ajustes en la plantilla ante el descenso de ingresos por la pandemia de Covid y su consiguiente crisis.

El pasado junio, la compañía anunció un recorte de 15.000 empleos en todo el mundo antes del verano de 2021, de los que al menos 900 serían de bases españolas, ante una caída de la producción del 40% como consecuencia de la pandemia. A esto se suma un plan de recortes anteriormente anunciado para su segmento de Defensa y Espacio, donde planea recortar 2.664 empleos, 772 de ellos en España.

COMPROMISO PARA UN PLAN TECNOLÓGICO

Entre las medidas acordadas en el acuerdo suscrito en julio con la compañía, el Gobierno se comprometía a impulsar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), ligado a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, que será gestionado por la Agencia Española de Innovación (CDTI), dotado con una asignación presupuestaria de 25 millones en 2020, 40 millones en 2021, 80 millones en 2022 y 40 millones en 2023.

En total, 185 millones en cuatro años, a las que deben sumarse otras medidas y las ayudas parcialmente reembolsables (APRs), cuyo volumen disponible puede superar los 50 millones de euros. En su conjunto, se estima que estas ayudas movilizarán proyectos por un importe superior a los 150 millones anuales.