El dictamen no vinculante del Banco Central Europeo deja varias dudas por despejar y dos cuestiones muy claras. La primera es que el impuesto no es del agrado del BCE por sus posibles repercusiones en la economía y en el sector; la segunda, el supervisor da vía libre a las entidades para que repercuta este ‘golpe’ en el lomo de los clientes en forma de créditos más caros. El informe no obliga a nada al Gobierno, que todavía tiene camino por delante hasta que el impuesto a la banca se apruebe y sea ley.
LA APROBACIÓN
El Gobierno va a seguir adelante con el impuesto a la banca y las energéticas, pero, sobre el papel, todavía le queda sudar bastante la camiseta hasta su aprobación. Mientras, prosiguen los trámites parlamentarios, el BCE ha hecho público el dictamen sobre el impuesto a la banca. Es un informe con lenguaje poco agresivo, claro y que pide que la ley que se apruebe tenga en cuenta algunas consideraciones. Por un lado al BCE le gustaría que hubiera algunos cambios en los temas que están claros; por otro, pide que se aclaren algunas cuestiones relacionadas con el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre otros.
Para las entidades de crédito y financieras afectadas, el gravamen se satisfaría en 2023 y 2024
El primer punto de duda para el BCE es sobre qué entidades estarán sometidas al impuesto. La proposición de ley prevé que las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito, incluidos los grupos fiscales consolidados que engloban entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (en lo sucesivo, «entidades de crédito y financieras afectadas»), cuya suma de ingresos por intereses y comisiones correspondiente al año 2019 sea igual o superior a 800 millones, estarán obligadas a pagar un gravamen temporal. Para las entidades de crédito y financieras afectadas, el gravamen se satisfaría en 2023 y 2024.En el dictamen el supervisor “entiende que el gravamen temporal solo se aplicaría, en la práctica, a las entidades de crédito supervisadas directamente por el BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). A la banca española le gustaría que la banca extranjera presente en España también pagase el impuesto.
EL CRITERIO
El segundo es que “existe una discrepancia entre la redacción utilizada en la proposición de ley para establecer el criterio a la hora de determinar las entidades de crédito y financieras afectadas por el gravamen temporal, que hace referencia a «la suma de ingresos por intereses y comisiones, determinada de acuerdo con su normativa contable de aplicación y la redacción para determinar la base a la que se aplica el gravamen temporal del 4,8 %, que se refiere a «la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior».”A este respecto, y por lo que se refiere a la determinación de la base a la que se aplica el gravamen temporal, el BCE entiende que este es aplicable a los ingresos netos por intereses y a los ingresos netos por comisiones. En este sentido, sería deseable una terminología más clara en el texto final sobre el criterio a la hora de determinar los costes pertinentes hasta la siguiente fecha de revisión del precio o vencimiento”, señala el BCE. “Dichos costes incluirán: cualquier otro coste real asociado al préstamo en cuestión, incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda», añade el supervisor.
La proposición de ley establece que el importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica
Otro punto que quiere aclarar es sobre la no repercusión del impuesto a los clientes. La proposición de ley establece que el importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, lo que significa que la prestación no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito y financieras afectadas.
EL CRÉDITO Y LOS CLIENTES
El incumplimiento de esta prohibición se considera una infracción grave sujeta a una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido a los clientes de la entidad. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) garantizar el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de su deber de colaboración a este respecto. Pues bien, el BCE está en contra porque “una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades”.
Por ello, “el BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda. Asimismo, debe aclararse qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito”. “Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo, parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no”.
EL ROL DEL BANCO DE ESPAÑA
En este punto, es cuando el BCE pide claridad sobre el papel del Banco de España a este respecto. “No está clara cuál será la función de colaboración del Banco de España para garantizar el cumplimiento por parte de las entidades de crédito del requisito establecido en la proposición de ley de no trasladar el importe del gravamen temporal a sus clientes”, dice. “Sobre este punto, el BCE subraya que esta cuestión podría aclararse más, en particular, indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España”.
