El Gobierno ha introducido una modificación en la Ley General de la Seguridad Social para ampliar el compromiso de mantenimiento del empleo asociado a los beneficios empresariales en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y al mecanismo RED.

En concreto, las empresas en ERTE o acogidas al mecanismo RED que disfruten de la exención del pago de cotizaciones a la Seguridad Social deberán mantener el empleo un mínimo de seis meses y un máximo de dos años siguientes al periodo de vigencia del ERTE, frente a la redacción actual que asegura el mantenimiento de la plantilla sólo durante los seis meses siguientes a la finalización del ERTE.

Este cambio, incorporado al Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social aprobado este lunes en el Consejo de Ministros y en vigor desde este miércoles, persigue «permitir una mejor adaptación a las circunstancias particulares de cada caso y de garantizar un compromiso reforzado de mantenimiento de los puestos de trabajo», según recoge el texto.

Así, el Gobierno establece que esa obligación de mantener el empleo se extenderá durante un mínimo de seis meses y un máximo de dos años siguientes al periodo de vigencia del ERTE o del mecanismo RED.

«Resulta necesario (…) ampliar la duración del compromiso de mantenimiento del empleo y dotar al mecanismo RED de la flexibilidad necesaria para que su funcionamiento se ajuste con eficacia a situaciones que hasta la fecha podrían no recibir un tratamiento adecuado bajo el marco vigente», expone el Gobierno.

Ello, alega, se ha puesto de manifiesto a la vista de las experiencias en materia de regulación temporal de empleo que han tenido lugar desde la aprobación del mecanismo y que «revelan que, en determinadas situaciones, es necesario ampliar la duración del compromiso del mantenimiento del empleo para garantizar que realmente redunda en beneficio de las personas trabajadoras».

«Y ello porque la estructura productiva de determinados sectores exige actuaciones a medio y largo plazo que requieren garantías de mantenimiento del empleo correlativas. Esto último, a su vez, resulta urgente para permitir que el mecanismo RED pueda adaptarse a la realidad cambiante e imprevisible de los sectores productivos en transición mediante una fórmula flexible que pueda aplicarse de forma inmediata para que el mecanismo mantenga su utilidad y versatilidad», señala el Gobierno.

Las empresas que incumplan el compromiso de mantenimiento del empleo deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con respecto al trabajador con el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. Todo ello previa comprobación del incumplimiento de este compromiso y la determinación de los importes a reintegrar por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador y tampoco se considerará incumplido por el fin del llamamiento de los trabajadores con contrato fijo-discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

En particular, en el caso de contratos temporales, no se entenderá incumplido este requisito cuando el contrato se haya formalizado por circunstancias de la producción o para sustituir a un trabajador y se extinga por finalización de su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

El PP ha denunciado que el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es «ridículo», por lo que urge a agilizarlo para resolver la «gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España».

Según los cálculos del PP, a 30 de septiembre de este año, de los 4.454 millones que tiene presupuestados la partida de Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación, sólo hay obligaciones reconocidas netas por valor de 404 millones de euros.

«Es decir un ridículo 9%, cuando solo quedaban tres meses para que finalizara el año», denuncia la formación en una proposición no de ley, a la que ha accedido Europa Press.

A esto hay que añadir, dice el PP, que ya en 2023 dicha partida sólo ejecutó el 49% de los 5.033 millones presupuestados que tenía, dando como resultado «uno de los porcentajes más bajos de ejecución presupuestaria de entre las diferentes políticas que lleva a cabo el Gobierno.

Además, los ‘populares’ destacan que en las partidas financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el grado de ejecución presupuestaria sigue siendo «preocupamente bajo», habiéndose ejecutado 349 millones de euros de los 3.448 presupuestados, lo que supone un «pobre 10%», según información publicada la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

En este escenario, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo considera que el Ejecutivo «está convirtiendo la vivienda en un bien de lujo y los principales perjudicados son los jóvenes y las familias con menos recursos», pues la edad media de emancipación supera los 30 años y siguen sin materializarse las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez.

Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso insta al Ejecutivo a agilizar la ejecución del presupuesto del Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez, dado el «bajo grado de ejecución que arrastra a pesar de la gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones creará en el plazo de tres meses una comisión estatal, integrada por Gobierno, sindicatos y empresarios, para analizar la incapacidad temporal (IT) por enfermedades comunes, incluyendo el seguimiento de las causas, la incidencia y duración de los procesos.

Así lo recoge el Real Decreto-ley para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo aprobado este lunes por el último Consejo de Ministros del año y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta comisión estudiará el impacto que la respuesta del Sistema Nacional de Salud, en cada uno de los ámbitos, tiene en los procesos de incapacidad temporal, y establecerá líneas de actuación dirigidas a proteger la salud de los trabajadores y reducir el número de procesos y su duración, incluido el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones.

Asimismo, según precisa el texto, esta comisión estatal se encargará de vigilar y controlar la ejecución de los convenios de los servicios públicos de salud con las mutuas, así como de evaluar el funcionamiento operativo de los mismos, estudiar y proponer la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación.

Igualmente, en cada comunidad autónoma se constituirá una comisión de seguimiento de los convenios para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de asistencia sanitaria entre la respectiva Consejería competente en materia de Sanidad, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la que formarán parte cada uno de los agentes sociales que tengan representación en las comisiones ejecutivas del INSS en ese territorio.

REFORMA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL Y ACTIVA

El Real Decreto-ley que incluye la creación de esta comisión incorpora la reforma que acordó el Ministerio de Elma Saiz con los agentes sociales para mejorar la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y de la jubilación demorada.

Con esta mejora, se busca que los trabajadores puedan realizar una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible y más adaptada a las condiciones y situaciones de cada trabajador.

Respecto a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa para facilitar su acceso.

Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore, de manera que cada año de demora en la jubilación activa, se incrementará el porcentaje a aplicar en el percibo de la pensión e irá del 45%, cuando la demora sea de un año, hasta el 100% de la pensión si el acceso a la misma se ha demorado cinco años o más.

Además, el porcentaje de la pensión se irá incrementando cinco puntos por cada 12 meses de actividad profesional ininterrumpida, sin que, en ningún caso, se supere el 100% de la pensión.

Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se establece ampliar de dos a tres los años la posibilidad de anticipo de acceso a la edad de jubilación, eso sí, con adaptaciones en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista: su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo.

Estas modificaciones introducidas en la jubilación parcial y activa entrarán en vigor el 1 de abril de 2025.

LA JUBILACIÓN PARCIAL EN INDUSTRIA MANUFACTURERA SE PRORROGA HASTA 2029

Respecto a la regulación especial de la jubilación parcial para los trabajadores de la industria manufacturera, se prorroga el marco actual hasta 2029 incluido.

Esta prórroga incluye algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en lo que respecta a la organización de la jornada del relevista y del jubilado parcial.

Además, se prevé que el Gobierno realice en el último trimestre de 2028 una evaluación del impacto de la reforma de la jubilación parcial.

JUBILACIÓN DEMORADA

Asimismo, la reforma mejora la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de demora a partir del segundo año. Este complemento adicional será compatible con la jubilación activa.

En el plazo de seis meses, el Gobierno deberá modificar el régimen jurídico del complemento económico por demora, con el fin de adaptar la fórmula mixta para el percibo del complemento económico a los cambios operados por esta reforma.

Estas medidas, que se encuentran en el marco del Pacto de Toledo, y en concreto en su recomendación 12 sobre la edad de jubilación, completan el proceso de reformas iniciado en 2021 que buscaban acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal ordinaria y establecían un nuevo abanico de opciones para el trabajador de cara a la jubilación.

Además, el Real Decreto-ley se establece un mandato para el Gobierno para que en un plazo de seis meses analice los requisitos de la jubilación flexible para incentivar esta modalidad.

El texto también incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real-Decreto-ley por que el se aprueba la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para el desarrollo e implementación de una política de vivienda asequible, así como la prorroga hasta finales de 2025 de las deducciones por obras de mejora energética de las viviendas.

En concreto, dicha aportación a Sepes, que entrará en vigor mañana miércoles 25 de diciembre, se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación corresponde a Sepes, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial.

Por ello, desde el Ministerio se ha indicado que corresponde a la Entidad Pública del suelo «su regularización registral y catastral».

PROTECCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO

Los inmuebles de los que Sepes dispondrá en su patrimonio proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional.

Además, estas dos últimas entidades mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a Sepes su gestión «en virtud del convenio que suscriban las entidades». Desde el Ministerio de Vivienda se ha recordado que su titular, Isabel Rodríguez, recalcó en el Congreso y en «numerosas intervenciones durante el último año» que el carácter público de todas las viviendas patrimonio del Estado estará blindado «a perpetuidad para la protección del parque público».

En cuanto a las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética de las viviendas, estas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

AHORRO DE 319,70 MILLONES DE EUROS EN EL IRPF

En el período de aplicación en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 se han llevado a cabo deducciones por obras de mejora energética en un total de 122.862 viviendas, que han supuesto un ahorro de 319,70 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según ha destacado el Ministerio.

Dichos datos reflejan la concienciación creciente de la ciudadanía con la rehabilitación energética de las viviendas para reducir el consumo de combustibles fósiles, que se observa en la evolución que han tenido dichas deducciones», ha subrayado el Departamento que dirige Isabel Rodríguez.

En concreto, en 2021 se presentaron un total de 2.535 declaraciones, pasando a 55.761 en el año 2022 y elevándose hasta las 110.940 en 2023, lo que da un total de 169.236 declaraciones presentadas en los tres años de aplicación.

VIVIENDA DIGNA

«Con esta ampliación se siguen estableciendo instrumentos clave para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio en favor de la rehabilitación residencial, al servicio del ejercicio del derecho constitucional a la vivienda digna, sumándose al conjunto de actuaciones ya en curso, en el contexto de la oportunidad de la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación», defiende el Ministerio.

La norma extiende hasta finales de 2025 el periodo de aplicación de la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual.

Debe tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual, y podrán acogerse a ella las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación y mejora en las que se obtenga una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración, según certificado de eficiencia energética de la vivienda.

DEDUCCIÓN DEL 20% HASTA UN MÁXIMO DE 5.000 EUROS POR VIVIENDA

El porcentaje de deducción es de un 20% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda. Dicho decreto prorroga también hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras ‘A’ o ‘B’ en vivienda habitual.

Podrán acogerse las personas físicas que realicen actuaciones de rehabilitación o mejora en las que se reduzca al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejora de la calificación energética. El porcentaje de deducción es de un 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.

Por último, la norma prorroga hasta finales del próximo año la deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras ‘A’ o ‘B’ en edificios residenciales, debiendo tratarse de actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

A esta deducción podrán acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, acreditable. El porcentaje de deducción es de un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

El nuevo gravamen temporal sobre los principales operadores energéticos para 2025 contará con una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas.

Se considerarán como tales aquellas inversiones que sean «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización y que, por su magnitud, contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.

Dichas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

Así lo recoge el Real Decreto-ley aprobado este lunes por el último Consejo de Ministros del año y que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor este miércoles.

En el texto se recoge el compromiso del Gobierno de «revisar» en el ejercicio fiscal 2025 la configuración de este gravamen temporal para convertirlo en un impuesto permanente que «se concertará o conveniará» con País Vasco y Navarra.

En concreto, según consta en la norma aprobada, el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen en el último trimestre de 2025 para evaluar su mantenimiento con carácter permanente. Para ello, explica, se considerará la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades.

La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG. Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.

En este escenario, el Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año para aprobar un nuevo gravamen energético, que tendrán que satisfacer en el ejercicio de 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.

El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.

Al igual que el gravamen a las energéticas que ha quedado derogado, el nuevo impuesto grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

BONIFICACIONES POR INVERSIONES ESTRATÉGICAS, PRINCIPAL NOVEDAD

La novedad principal respecto al impuesto anterior son las bonificaciones que podrán aplicarse las empresas si realizan inversiones estratégicas.

En concreto, el impuesto a pagar y, en su caso, el pago anticipado del mismo, se minorará «en el importe de la dotación de una reserva indisponible para la realización de inversiones estratégicas», sin que la reserva indisponible dotada pueda generar más de una deducción en el gravamen temporal energético.

Dichas inversiones deberán formar parte de un plan de inversiones estratégicas para la transición ecológica y, para aplicarse la bonificación fiscal, las energéticas obligadas a pagar este gravamen podrán solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones recogidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas.

El Ministerio para la Transición Ecológica deberá notificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya producido notificación alguna, se entenderá que el silencio es negativo.

La reserva indisponible deberá ser dotada contablemente y se entenderá que el importe de las inversiones comprende el precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales en que se materialice la reserva, con exclusión de los intereses e impuestos indirectos, sin que pueda resultar superior a su valor de mercado.

Esta reserva indisponible podrá ser dotada entre mañana, 25 de diciembre, y hasta el 20 de septiembre de 2025. Dicha reserva figurará en los balances de la energética obligada al pago o de la entidad de su grupo, fiscal o mercantil, que la haya dotado, con separación y título apropiado, y será indisponible durante el plazo en que deba mantenerse la materialización de las inversiones que financie.

Si el importe de la inversión es igual o inferior al impuesto a satisfacer, las empresas energéticas podrán deducirse el 10% de lo que inviertan, pero si inviertan más de la cuantía del gravamen que les tocaría pagar, la deducción puede alcanzar el 30%.

En todo caso, habrá un límite para la deducción, que será variable, pues dependerá de la proporción entre lo que se invierta y el importe del gravamen. Cuanto más se invierta, mayor será la deducción, pero como máximo, la bonificación final podrá llegar hasta el 60% de la cuantía del gravamen.

El importe de la reserva indisponible deberá materializarse en las inversiones estratégicas entro del plazo de aplicación del plan, y, en todo caso, deberán ser realizadas en el plazo de dos años desde la dotación contable de la reserva indisponible. Se entenderá producida la materialización de la reserva en el momento en el que los activos entren en funcionamiento.

La bonificación del gravamen energético será compatible con las deducciones que pudieran resultar de aplicación en el Impuesto sobre Sociedades.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real-Decreto-ley por el que se aprueba la regulación del procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, para crear un registro único de arrendamientos de corta duración.

De esta manera, finalmente el registro entrará en vigor el 2 de enero de 2025, pero su aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025, finalizado el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma.

Con la aprobación de dicha norma España se convierte en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha el reglamento Europeo por el que se establece la obligación a los Estados miembros de crear un sistema de información en materia de alquileres de corta duración, a través de un sistema de registro y de obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración de una vivienda.

RODRÍGUEZ SE COMPROMETIÓ A PONERLO EN MARCHA ANTES DEL FIN DE 2025

Hasta la aprobación de un régimen sancionador para las infracciones que se regulen derivadas de la presente norma, resultarán de aplicación los regímenes sancionadores y obligaciones contemplados en la normativa estatal, autonómica y local.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se comprometió en mayo de este año a ponerlo en marcha antes de que terminase el año 2025, un año antes de lo que mandata el Reglamento europeo. El Real Decreto establece una serie de obligaciones y regulaciones en materia de información que se aplican a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración cuando los Estados miembros han establecido procedimientos de registro para las unidades situadas en su territorio.

El ámbito objetivo comprende tanto los servicios prestados por las plataformas en línea a anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en España, independientemente del lugar de establecimiento de dichas plataformas, como los servicios de alquiler que prestan los anfitriones.

OPERARÁ SOBRE ALQUILERES TURÍSTICOS, DE TEMPORADA O HABITACIONES

El objeto de la norma es la regulación del procedimiento de Registro Único de Arrendamientos la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos a modo de pasarela digital para la transmisión electrónica de datos entre las plataformas en línea de alquiler de corta duración y las autoridades competentes, así como para informar sobre los diferentes usos, regulación y destinos de las unidades dedicadas a alquiler de corta duración en todo el territorio nacional.

La norma opera sobre los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre y cuando se oferten a través de plataformas en línea transaccionales.

Los servicios de alquiler de corta duración pueden recaer sobre la totalidad de una finca urbana o parte de ella, también comprenderán el alojamiento en buques, embarcaciones o artefactos navales, siempre que aquel no esté vinculado a un servicio que posibilite o determine la navegación, en cuyo caso se regirá siempre por la legislación aplicable.

De esta manera, la norma se aplicará si la vivienda tiene como destino primordial uno distinto del de arrendamiento de vivienda regulado en el artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) derivándose de causas de carácter temporal, tales como las vacacionales o turísticas, las laborales, de estudios, de tratamiento médico o cualquier otra que no suponga una necesidad de vivienda de carácter permanente de la persona arrendataria.

De igual manera, si cuenten con equipamiento, mobiliario y enseres adecuados para atender el uso de la unidad de carácter temporal de acuerdo con el Reglamento.

LOS ARRENDADORES DEBERÁN OBTENER UN NÚMERO DE REGISTRO

Los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida, atender los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en algunas de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles.

Las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas, garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que éste sea visible en los anuncios; realizar comprobaciones aleatorias y periódicas e informar a la Ventanilla de los resultados de dichas comprobaciones cuando sean negativos.

También deberán informar a las personas arrendadoras del procedimiento de registro; recoger y transmitir mensualmente a la Ventanilla los datos de actividad por unidad, junto con el número de registro facilitado por las personas arrendadoras, la dirección de la unidad y las URL de los anuncios publicados por medios de comunicación máquina a máquina.

Por último, deben dar cumplimiento en un plazo de 48 horas a las resoluciones administrativas que ordenen la eliminación o inhabilitación de anuncios vinculados a un número de registro suspendido o retirado.

LA SOLICITUD SE HARÁ A TRAVÉS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES

El procedimiento para solicitar el número de registro se realizará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en el Registro de la Propiedad o Bienes Muebles competente.

La solicitud contendrá la dirección específica de la finca y su código registral único, su referencia catastral o si es una embarcación u otro tipo de alojamiento recogido en el Real Decreto; también si se alquila una finca en su totalidad o una parte y el número máximo de arrendatarios que se pueden alojar en ella.

Por otro lado, si esta unidad está sujeta a algún régimen de autorización o inscripción previa administrativa, tales como una licencia, el documento que lo acredite.

Asimismo, detallar la identificación de la categoría y los tipos de arrendamiento, donde se encuentran tres grupos: fincas, habitaciones o unidades parciales de una finca destinada al alquiler de corta duración no turístico; por otro lado, igual que el anterior, pero con destino turístico; y, en tercer lugar, para embarcaciones flotantes u otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración.

Cada unidad solo podrá tener un número de registro por categoría y tipo de arrendamiento. Una vez realizado este procedimiento, el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles procederá a la asignación automática e inmediata de un número de registro.

Tras ser comprobado que se cumple con los requisitos, se hará constar el número de registro y se comunicará al interesado.

PLAZO DE SUBSANACIÓN DE 7 DÍAS Y PERMISO RENOVABLE ANUAL

Si existiesen defectos en la documentación aportada y la persona interesada no los subsanase dentro de los siete días hábiles siguientes, se suspenderá la validez del número de registro, que la Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana comunicará a todas las plataformas en línea de alquiler de corta duración para que eliminen o inhabiliten el acceso sin demora.

Cada doce meses se debe aportar un modelo informativo de arrendamientos de corta duración para cada categoría y tipo de arrendamiento y que recogerá, al menos, un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos, así como de aquellas que tengan como destino primordial uno distinto al de carácter temporal.

La prórroga por seis meses de los descuentos que se vienen aplicando al transporte público desde 2022 entrará en vigor mañana miércoles tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley que los regula.

Estos descuentos serán aplicables sólo hasta junio de 2025, fecha a partir de la cual se creará un abono único de Cercanías de 20 euros para toda España, al mismo tiempo que se seguirá descontando en, al menos, un 40% el transporte autonómico.

De esta forma, de enero a junio de 2025 continuará la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, y de los autobuses estatales, así como los descuentos mínimos del 50% en el transporte urbano y metropolitano (el Estado financia un 30% y las comunidades y ayuntamientos el resto).

Además, los Cercanías de Cantabria y Asturias y el transporte público terrestre de Canarias y Baleares serán gratis durante todo el año, y los Avant también conservarán el descuento del 50% hasta diciembre de 2025.

Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y A Coruña seguirán siendo gratuitos hasta el 30 de junio de 2025, al igual que las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca, usando el abono de Media Distancia. En el Avant Express de Barcelona a Tortosa, excluido el origen/destino Barcelona-Tarragona también serán válidos estos bonos gratuitos.

A partir del 1 de enero también se activará un sistema de descuentos de al menos el 50% para promover el uso de la bicicleta compartida (el Estado financiará el 30% y los ayuntamientos el otro 20%).

A PARTIR DE JULIO DE 2025

Por su parte, los descuentos actuales decaerán en junio del próximo año y a partir de julio entrará un nuevo sistema en vigor, incluyendo la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores de 15 años.

Respecto al nuevo abono de 20 euros para los Cercanías de toda España, los jóvenes de entre 15 y 26 años, ambos incluidos, pagarán sólo 10 euros, y los menores de 15 años, nada.

Los abonos de media distancia convencional tendrán descuentos del 40% y serán gratis para los niños. Para los jóvenes de entre 15 y 26 años, la rebaja sube al 50%. Los servicios de autobús de titularidad estatal tendrán descuentos de entre el 40% y el 70% en función de la edad y el tipo de abono que se adquiera.

En cuanto al transporte urbano y metropolitano de titularidad autonómica y local (como los abonos que se usan en Madrid), el Ministerio financiará su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos joven. Para el resto de los títulos, salvo los turísticos, los sencillos y los de ida y vuelta, se promueve un descuento de, al menos, el 40%, que deberá ser cofinanciado al 20%.

COSTE DE 1.609 MILLONES

A la financiación de todas estas medidas, tanto las del primer semestre como las del segundo, el Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, como medio «más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible», tal y como se recoge en el Real Decreto-ley aprobado este martes en el último Consejo de Ministros del año.

«Con esta prórroga se inicia un periodo de transición para dar el impulso definitivo al transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, ahondado en el uso de alternativas más sostenibles que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, las emisiones contaminantes», ha defendido el Ministerio de Transportes.

En 2024, la previsión de cierre apunta a un incremento del 10% de los viajes, constituyendo otro récord en el uso del transporte público. Además, solo en el último cuatrimestre del año, se han expedido 1.683.934 abonos gratuitos de Cercanías, 616.878 de Media Distancia y 106.204 de Avant.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real-Decreto-ley por que el se prorroga durante dos años más el blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo ‘antiopas’.

Así, esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, según la norma aprobada este lunes en el último Consejo de Ministros y en vigor desde mañana miércoles.

En 2020, en plena pandemia por la Covid-19, el Ejecutivo puso en marcha este blindaje con el fin de proteger a las consideradas empresas estratégicas tras el castigo en Bolsa que estaban recibiendo entonces.

Tras esto, el Gobierno ha ido extendiendo una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

El régimen se aplica a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Además, este régimen transitorio incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios.

En cualquier caso, desde el Gobierno defienden que la actual regulación española sobre control de inversiones extranjeras guarda un marco flexible y equilibrado que permite que España siga siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, al mismo tiempo se salvaguarden los intereses estratégicos del país.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real Decreto-ley que prolonga las medidas del escudo social para los consumidores vulnerables en materia de energía, como la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.

Eso sí, a finales de año expirará la aplicación de la posibilidad de un IVA reducido en el recibo de la luz, volviendo a ser así de un 21% permanente.

La norma, que entrará en vigor mañana y que fue aprobada este lunes en el último Consejo de Ministros del año 2024, mantiene actuaciones para fomentar la movilidad sostenible, con la prórroga de ayudas y de la exención fiscal vigente, y para fomentar el ahorro de energía.

En primer lugar, se mantiene un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables establecida en 2021. La medida permanecerá vigente, por tanto, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Igualmente, el decreto prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

Estos descuentos, originalmente fijados en el 25% y el 40%, se incrementaron hasta el 65% y el 80%, respectivamente, como parte de la respuesta integral del Gobierno, que incluyó, entre otras medidas, la denominada ‘excepción Ibérica’, que supuso un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura de los consumidores.

Analizada la evolución de la situación en los mercados, el pasado junio se estableció una vuelta a la normalidad progresiva que terminaría en julio de 2025, con unos nuevos y reforzados descuentos: los consumidores vulnerables tendrán una reducción del 35% en lugar del 25% anterior a la crisis, y los vulnerables severos de 50% en vez del 40% previo.

El Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico ha destacado que esta norma «da mayor margen a este progresivo ajuste, de modo que alcanzarán este nuevo y reforzado nivel de normalidad a partir del 1 de enero de 2026».

Así, a partir del próximo 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.

DESCUENTO PEAJES PARA LOS ELECTROINTENSIVOS

Además, la norma mantiene el descuento del 80% de los peajes hasta el 31 de diciembre del próximo año para las industrias electrointensivas.

En lo que respecta al recibo de la luz, fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a Europa Press que, en el caso de los impuestos de la electricidad, se hará lo que estaba previsto, por lo que a finales de año decae la rebaja que se adoptó en su fiscalidad, como en el caso del IVA, como medida para combatir la crisis energética por la guerra en Ucrania.

De esta manera, el IVA en el recibo de la luz vinculado al precio del mercado mayorista de la electricidad decaerá a partir del 1 de enero y se volverá al 21% permanente en la factura eléctrica.

Después de las rebajas excepcionales del IVA del recibo que se adoptaron durante la crisis, a lo largo de 2024 este impuesto había ido variando del 21% con carácter general o del 10% en el caso de que el precio del mercado eléctrico superara el umbral de los 45 euros por megavatio hora (MWh) en el mes anterior.

Ya a finales de 2023 se comenzó a desmontar la rebaja fiscal que se había adoptado durante la crisis para la luz y, además del IVA, en el caso del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) se estableció una regularización pasando al 2,5% durante el primer trimestre de 2024 y al 3,8% durante el segundo. Para el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) se estableció ya un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.