El escudo antidesahucios tumbado en el Congreso tiene respaldo mayoritario entre los votantes de PP, Vox y Junts. Una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es sitúa el apoyo a vetar la compra de vivienda por grandes fondos por encima del 60% en el electorado de la derecha. Para las socimis y las inmobiliarias cotizadas, la brecha entre lo que quieren los ciudadanos y lo que deciden sus representantes se traduce en prima de riesgo regulatorio.
Los datos son difíciles de esquivar. El 70% de los encuestados respalda proteger de los desahucios a las personas vulnerables sin alternativa habitacional. Entre votantes del PP el apoyo alcanza el 55%; entre los de Vox, el 53%; y entre los de Junts, el 70%. En la izquierda, el respaldo sube al 85% en el PSOE y al 86% en Sumar.
La segunda pata del decreto —prohibir hasta 2028 que los grandes fondos compren vivienda para especular— genera aún más consenso. La apoyan el 62% de los votantes del PP, el 57% de los de Vox y el 76% de los de Junts. Sin atender al color político, hasta un 75% de los 1.500 encuestados está de acuerdo.
Las prórrogas de alquiler hasta 2028 y las renovaciones automáticas despiertan más rechazo en la derecha, pero conservan apoyos notables. Un 44% de los votantes del PP y otro 44% de los de Vox respaldan las prórrogas, porcentaje que sube al 78% en el PSOE y al 82% en Sumar. El 59% de los ciudadanos considera buena la renovación automática de los contratos.
Hay un matiz que conviene no pasar por alto. La muestra de Junts es de 30 personas sobre un total de 1.500 encuestados. Es un tamaño demasiado reducido para equiparar su rigor al de los grandes partidos estatales, así que sus porcentajes debe leerse con cautela.
El respaldo transversal a las medidas de vivienda convierte cada decreto tumbado en el Congreso en un riesgo regulatorio latente para las socimis cotizadas.
Por qué la encuesta importa a la bolsa española
El mercado no reacciona a un sondeo como reacciona a un Hecho Relevante remitido a la CNMV, pero sí a la probabilidad de que una norma acabe viendo la luz. La encuesta mide justo eso: la distancia entre el ánimo del votante y la posición de su grupo parlamentario. Cuando un 75% respalda vetar a los grandes fondos, el coste político de mantener el bloqueo sube en cada negociación.
Las socimis cotizadas son el eslabón más sensible. Su régimen fiscal —tributación reducida a cambio de repartir al menos el 80% del beneficio— depende de una legislación que ha estado varias veces en el punto de mira. Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, las dos socimis del IBEX 35, cargan con el riesgo de un cambio de reglas para todo el sector.
Quién está expuesto: socimis, promotoras y fondos buitre
El veto a la compra de vivienda por grandes fondos golpea al comprador institucional que ha sostenido buena parte de la demanda residencial. Nombres como Blackstone, Cerberus o Lone Star han sido el rostro visible de ese inversor, en su mayoría fuera de la cotización oficial pero con vehículos ligados a socimis y promotoras que sí cotizan. En el Mercado Continuo, Aedas Homes, Neinor Homes y Metrovacesa operan expuestas al mercado residencial, no al alquiler.
La prórroga de los alquileres hasta 2028 añade una segunda capa de incertidumbre. Limitar la capacidad del propietario de recuperar la vivienda o actualizar el contrato reduce la rentabilidad esperada del activo y encarece el capital que financia nueva oferta. Para un inversor institucional, el cóctel se resuelve de dos maneras: exigir más rentabilidad o frenar la inversión.
Análisis: una prima regulatoria que el mercado todavía no descuenta
Llevo años cubriendo la vivienda como activo cotizado y hay un patrón que se repite. El mercado descuenta los beneficios con precisión y los riesgos políticos con lentitud. Cuando la regulación de vivienda entra en el radar, el sector inmobiliario cotiza con un descuento frente a sus comparables europeos que tarda en cerrarse. La encuesta no cambia ninguna ley, pero eleva la probabilidad de que la próxima votación salga distinta.
A mi juicio, el error sería tratar el sondeo como ruido. Los votantes de PP, Vox y Junts no solo apoyan el escudo antidesahucios: también respaldan el veto a los fondos y las prórrogas, medidas que sus partidos rechazaron en bloque. Esa contradicción es combustible político, y el combustible político termina convertido en normativa. Para el inversor en socimis, la pregunta ya no es si el régimen actual es sostenible, sino cuánta prima exigir por el escenario en que deje de serlo.
Conviene señalar una contradicción más. El 53% de los encuestados culpa al Gobierno de la crisis de la vivienda y solo un 22% señala a las comunidades autónomas, que son las competentes. Ese reparto explica por qué el Ejecutivo empuja medidas visibles y por qué las socimis, sin ser el principal señalado —un 31% apunta a los grandes propietarios—, pagan el coste reputacional de un problema mucho más amplio.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Ningún valor inmobiliario del Mercado Continuo ha registrado un movimiento atribuible al sondeo, que es una encuesta y no un Hecho Relevante remitido a la CNMV. El respaldo del 75% al veto a los fondos eleva la probabilidad percibida, pero el mercado aún no la ha traducido en precio.
Clave técnica: El punto a vigilar es el régimen fiscal de las socimis, con tributación reducida y obligación de repartir el 80% del beneficio. Un anuncio que ponga en duda ese marco obligaría a revisar las valoraciones de Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, las dos socimis del IBEX 35.
Apunte sectorial: El 53% de los encuestados culpa al Gobierno y solo un 22% a las comunidades autónomas, las competentes en vivienda. Ese reparto mantiene el tema en la agenda legislativa y eleva la probabilidad de que las medidas regresen al Congreso.
