La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que el veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit supondrá restar capacidad de gasto por casi 5.000 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos.

«Con el voto del Partido Popular podrán gastar 5.000 millones de euros menos, simple y llanamente por una política de tierra quemada», ha criticado la ministra en Pleno del Senado que se celebra este miércoles para volver a debatir y votar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el periodo 2024-2026.

El pasado 7 de febrero, el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.

Pero tras volver a presentarse los mismos objetivos por parte del Gobierno y pese al aval del Congreso, esta senda podría decaer definitivamente ya que el Partido Popular mantiene su posición de rechazarlos, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación de los Presupuestos de 2024.

Y es que, independientemente del resultado de la votación de este miércoles, la tramitación de los Presupuestos podrá seguir su curso y el proyecto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante en las Cortes Generales.

De hecho, Montero ha confirmado este miércoles que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 pese al veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y ha advertido a los ‘populares’ que «se les va a hacer esta legislatura muy larga».

«Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales», ha asegurado Montero.

La titular de Hacienda ha cargado contra la política de obstrucción del Partido Popular, que «es realmente triste». «Su único objetivo es retrasar la presentación y la tramitación de los Presupuestos Generales para 2024», les ha afeado. Según Montero, el PP sigue instalados en esa «dinámica perversa» que su predecesor, Cristóbal Montoro, instaló ya hace unos años: «Que caiga España que ya la levantaremos nosotros».

Y es que la ministra ha advertido de que el voto en contra del esta senda impide que las comunidades autónomas y que los ayuntamientos tengan la posibilidad de tener mejor financiación y, por tanto, mayor capacidad de gasto para los servicios públicos que prestan de cara a los próximos tres años. «Lo que se hace desde Génova es restringir el espacio fiscal a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos», ha avisado la ministra.

Montero ha acusado al Partido Popular de intentar «disfrazar esta negativa con una engañosa oferta de diálogo». Su «único plan», según la ministra, lo que el Partido Popular propone es una bajada indiscriminada de impuestos para poder votar esta senda.

Todo ello, mientras en Andalucía perdonan 6.000 euros al año al 0,2% de la población más rica al eliminar el impuesto sobre el patrimonio o en Madrid, un trabajador que gana 1.500 euros al mes paga más impuestos que una persona que hereda 2 millones de euros.

Además, ha preguntado al PP que si rechazan esta senda propuesta por el Gobierno qué van a hacer en Andalucía o Castilla y León que han elaborado un presupuesto con el objetivo de déficit que hoy votan en contra.

Pese a todo, intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.

Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026.

En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.

OBJETIVOS MÁS EXIGENTES PARA CCAA Y AYUNTAMIENTOS SI DECAEN

Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.

En concreto, los objetivos que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

LA TRAMITACIÓN DE LOS PGE PUEDE SEGUIR SU CURSO

En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero si ocurre, Hacienda tiene un ‘plan B’, que consiste en un informe de la Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con esa senda remitida a Bruselas en abril.

El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024.

«Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público», llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.

Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.

Grupo Fuertes, holding empresarial líder en España y propietario de más de veinte empresas, y Satocan, con presencia en los principales sectores de Canarias, se han unido para adquirir el Hotel Tenerife Golf, de categoría 4 estrellas, situado en primera línea de mar en el municipio de San Miguel de Abona, y cuya propiedad hasta ahora era de Tecamira (Vincci Hoteles).

El hotel se encuentra en uno de los complejos con mejor ubicación turística de Tenerife en la zona sur, apenas a 1.000 metros de distancia del campo Amarilla Golf y Golf del Sur y a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto Reina Sofía, según han informado fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

El alojamiento, que en la actualidad consta de 125 habitaciones, se va a someter a un proyecto de reforma integral, tanto de habitaciones como de zonas comunes, previsto para 2025, con el objetivo a crear un concepto turístico que realce todas las virtudes del hotel y de su ubicación única en primera línea del mar.

Con esta remodelación se atenderán nuevos perfiles de clientes y mercados. Durante esta fase, y hasta que se dé a conocer la nueva identidad corporativa, se denominará ‘Hotel Tenerife Golf & Sea View’. El inmueble, que mantiene a la plantilla actual de 70 empleados, está gestionado desde el pasado primero de marzo por Grupo Satocan.

SOBRE GRUPO FUERTES

Grupo Fuertes, de capital cien por cien español, agrupa a más de 20 empresas cuyo core business es el agroalimentario. El grupo empresarial cuenta con más de 8.700 empleados directos y 50.000 mil indirectos y su volumen de negocio superó los 2.300 millones de euros en 2022.

Con esta alianza con Grupo Satocan, Grupo Fuertes confirma su apuesta por la diversificación. Así, en el último año ha realizado importantes inversiones en el sector inmobiliario y hotelero que contribuyen a relanzar al sector turístico nacional.

SOBRE GRUPO SATOCAN

En esta operación han ido de la mano con una empresa local, también de origen familiar y con 40 años de historia, Satocan: El grupo empresarial canario que inició su actividad en la construcción y la promoción inmobiliaria ha acabado liderando otros sectores como el turismo, con hoteles y apartamentos turísticos, campos de golf, transporte aéreo, puertos deportivos, centros comerciales, aparcamientos subterráneos, y producción de energía.

Un grupo fuertemente diversificado que se encuentra entre los líderes de Canarias con más de 70 empresas, casi 900 empleados e impulsor del primer fondo privado canario de inversión para startups, Archipiélago Next, que ya ha superado las 30 empresas tecnológicas participadas.

Referente y premiado por su compromiso sostenible y en especial, reconocido por su labor social gracias a su Fundación Júnguel Sanjuán, Satocan siempre ha tenido como objetivo crecer comprometidos con Canarias y abordar proyectos que aporten valor a las islas.

En Grupo Satocan han logrado que cada complejo tenga su propia identidad teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: impulsar el entorno en el que se encuentran y liderar los índices de satisfacción de cliente. Esto les ha servido para certificar todos sus complejos Biosphere y situar a sus hoteles en los rankings de los más deseados del mundo.

Telefónica Europe ha lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos de 1.300 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el precio pagado por la compañía por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos ha sido de 100.300, con una rentabilidad del 4,375% y con fecha de rescate de 6 años.

La oferta arrancará este miércoles, 6 de marzo, y finalizará el 13 de marzo de 2024 a las 17.00 horas, salvo que se extienda, se reabra, se retire o se cancele, a la entera discreción del emisor.

El objetivo de la oferta es, entre otros fines, gestionar de «forma proactiva» la base de capital híbrido de Telefónica Europe, al tiempo que la recompra ofrece a los «bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los bonos nuevos con anterioridad a la primera fecha de amortización de los mismos».

Del calendario planteado por Telefónica, la fecha límite de aceptación será el próximo 13 de marzo, y el resultado de la oferta se planteará alrededor de las 10.00 horas del día siguiente, al tiempo que la liquidación está prevista para el 18 de marzo.

Las acciones del holding aeronáutico IAG se disparaban a primera hora de este miércoles más de un 4% en el selectivo Ibex 35 (+4,10% a las 9.20 horas) después de que los analistas de JP Morgan elevaran un 72% su precio objetivo.

El banco estadounidense levantaba de este modo el freno activado el pasado mes de diciembre, cuando rebajó su recomendación sobre IAG a ‘infraponderar’. Desde entonces las acciones de la aerolínea habían rozado el 10% de caída.

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Tres meses después de esta rebaja, JP Morgan considera que el holding al que pertenece Iberia está en el buen camino y eleva su valoración dos escalones hasta ‘sobreponderar’. Hoy ha llegado a cotizar a 1,73 euros por acción en los primeros compases del día

La mejora emitida hoy dispara su precio objetivo hasta los 2,50 euros por acción. Este nivel representa un potencial alcista del 50% respecto a los 1,66 euros con los que partía en la sesión de este miércoles.

Iberia Express cierra 2023 con el récord de 7 millones de pasajeros, un 22,6% más

Se suma así al consenso de otros analistas económicos sobre las perspectivas bursátiles de la aerolínea. Con anterioridad al banco estadounidense, los analistas de Santander y Sabadell también habían establecido ya un precio objetivo de 2,50 euros, mientras que los de Intermoney situaron su estimación un escalón por encima, en 2,60 euros por acción.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles estar «muy contenta» con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de interinos en las administraciones públicas españolas y ha instado a aplicar en el sector público la misma reforma que se ha hecho en el privado para favorecer la estabilidad en el empleo.

Según el fallo del TUE, conocido el pasado 22 de febrero, la legislación española no disuade adecuadamente a las administraciones públicas del abuso de la contratación temporal, lo que puede llevar a emplear a trabajadores de forma precaria «durante años». Una de las posibles soluciones que apuntaba el Tribunal era la de hacer fijos a estos trabajadores.

Al ser preguntada por esta sentencia, Díaz, en declaraciones a RNE, ha denunciado que el nivel de temporalidad de las administraciones públicas en España supera el 30%.

«Es una indignidad que tengamos profesionales como los que imparten docencia a nuestros hijos e hijas, o los que nos cuidan, con precariedad en el trabajo. No es mi competencia y bien que lo siento», ha señalado la ministra, que ha añadido que «la misma reforma que hemos hecho de la estabilidad en la empresa privada, hay que hacerla en el trabajo público».

«Ha cambiado el criterio aquí el TJUE sobre esta materia, pero nos venía condenando ya a nuestro país, y soy clarísima, lo mismo que se ha hecho en el ámbito privado, hay que hacerlo en el ámbito público«, ha insistido.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 9.248 en 2023, cifra un 21% inferior a la de 2022 y la más baja desde 2020, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, mucho más pronunciado que el que se registró en 2022 (-3,7%), las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales encadenan dos años de retrocesos después de que en 2021 y 2020 se dispararan un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Durante el cuarto trimestre de 2023 se registraron 2.287 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 32,9% más que en el trimestre anterior, pero un 24,8% menos que en el cuarto trimestre de 2022.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2023 se iniciaron 19.270 ejecuciones hipotecarias, un 26,7% menos que en 2022. De ellas, 18.397 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 873 a fincas rústicas (-33,5%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 26,4% en relación a 2022. Dentro de las fincas urbanas, 13.053 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 23,8% menos que en 2022, y de ellas 11.285 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,3% inferior a la de 2022.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas disminuyeron un 36,6% el año pasado, hasta las 1.768, mientras que las realizadas sobre solares cayeron un 21,6% y totalizaron 498.

Las acciones de Grifols se desplomaban casi un 13% en Bolsa este miércoles cercanas las 9.25 horas y marcaban su precio más bajo desde febrero de 2012, a la espera de la publicación de sus cuentas auditadas por KPMG, cuyo plazo vence este viernes, 8 de marzo.

Así, Grifols lideraba los descensos del Ibex 35 con una caída del 12,91%, con sus acciones intercambiándose a un precio de 6,770 euros por título, lo que le lleva a acumular por ahora una caída del 56,2% en lo que va de año.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, incidió este martes en que al análisis del supervisor bursátil acerca de Grifols le queda todavía semanas por delante para concluir.

El jefe de la CNMV se ha mantenido así en la misma línea discursiva que la expresada hace una semana con motivo de la presentación del plan de actividades del organismo público para este ejercicio.

Buenaventura señaló entonces que habían pedido nuevas aclaraciones e informaciones complementarias a la empresa catalana de hemoderivados y que, por tanto, precisaban de más tiempo para concluir su investigación.

«Los acabamos de recibir hace pocos días y todavía requerimos unas semanas más», explicó Buenaventura durante la rueda de prensa celebrada la semana pasada y en una línea argumentativa en la que se mantuvo ayer.

Así, desde que la firma bajista Gotham City Research publicase el pasado 9 de enero un informe en el que acusaba a la compañía catalana de maquillar sus cuentas, Grifols ha perdido cerca de la mitad de su capitalización bursátil.

Preguntado entonces por el análisis del comportamiento de Gotham, recordó que ya en un primer momento la CNMV afirmó que analizaría si el fondo bajista cumplió los requisitos de la normativa sobre difusión de información engañosa; no obstante ese análisis, explicó Buenaventura, depende del primer análisis de la información publicada por la propia Grifols.

En este sentido, Buenaventura indicó que la CNMV está en contacto con sus «homólogos norteamericanos», la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) respecto a información sobre Gotham City Research.

REMUNERACIÓN DE GRIFOLS

A la espera de comunicar sus cuentas auditadas al mercado, Grifols comunicó que casi triplicó la remuneración de los miembros su consejo de administración y el personal de alta dirección de la compañía de hemoderivados en 2023, hasta un total de 22,3 millones de euros, antes de la ofensiva de Gotham.

En concreto, de este importe, 17 millones de euros corresponden a la alta dirección y los 5,33 millones de euros restantes al consejo de administración, lo que supone un 156,3% más que en 2022 (6,2 millones de euros y 2,5 millones de euros), según figura en el informe anual de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la presentación de sus resultados no auditados.

Así, los miembros del consejo de administración de Grifols con funciones ejecutivas –Thomas Glanzmann, Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu– percibieron en 2023, antes de la ofensiva del fondo bajista Gotham City Research, 5,33 millones de euros, más del doble (+113,2%) que los 2,5 millones devengados en 2022.

Por su parte, la alta dirección de la compañía, formada por 15 miembros –datos de 2022–, devengaron una remuneración global de 17 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 174,2% respecto a la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior.

El consejo de administración de la empresa de hemoderivados está formado, hasta la fecha, por doce miembros. En concreto, tres de ellos tienen cargos ejecutivos; seis, independientes; uno, dominical, y otro, externo. La firma ha explicado en declaraciones que la duodécima persona que completa su consejo es Nacho Abia.

En este sentido, Abia figura temporalmente en la categoría de otros consejeros externos, a la espera de que pase a ser consejero ejecutivo una vez asuma el puesto de consejero delegado con efectos desde el 1 de abril.

La compañía catalana ha subrayado que Glanzmann, Grifols Roura y Grifols Deu no cobran por ser miembros del consejo, sino que perciben su sueldo «por sus funciones ejecutivas», según han explicado las mismas fuentes, al tiempo que han precisado que el resto del consejo gana hasta 150.000 euros brutos anuales.

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,11%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 10.106,4 puntos, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de nuevo de Grifols, que aún no ha presentado sus cuentas auditadas, y de Indra, que ha expuesto su nuevo plan estratégico, denominado ‘Leading the future’.

En concreto, Indra ha destacado que prevé facturar 6.000 millones de euros en 2026 y alcanzar un volumen de negocio de 10.000 millones de euros en 2030, una cifra esta última que supone más de doble que los 4.343 millones de euros que ingresó el pasado ejercicio.

Por su parte, los inversores también estarán atentos a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell.

En el terreno macroeconómico, este miércoles se dará a conocer la balanza comercial de Alemania y las ventas minoristas de la eurozona, entre otras magnitudes.

En los primeros compases de esta sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban IAG (+2,56%), Colonial (+1,27%), Indra (+0,97%) y Solaria (+0,6%), mientras que los ‘farolillos rojos’ eran Grifols (-7,9%), Ferrovial (-1,16%) y Fluidra (-0,84%).

Las principales Bolsas europeas abrían este miércoles con tendencias mixtas. En concreto, París y Londres cedían un 0,1% y un 0,05%, respectivamente, al tiempo que Milán y Francfort subían un 0,16% y 0,03%.

En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, subía un 0,26%, hasta los 82,25 dólares, al tiempo que el de Texas se situaba en 78,44 dólares, un 0,37% más.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar avanzaba hasta los 1,0861 ‘billetes verdes’, en tanto que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años escalaba hasta el 3,175%.

La economía española está creciendo a un ritmo del 0,6% en el primer trimestre de este año, lo que en términos anualizados se traduciría en un avance del 2,4% anual, según ha afirmado este miércoles el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, que ha adelantado así una mejora de las previsiones del organismo para la economía española.

Este aumento trimestral del PIB del 0,6% supondría mantener el mismo ritmo de crecimiento con el que se cerró 2023, pues, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aún por confirmar, la economía española registró en el último cuarto del año pasado un avance trimestral del 0,6%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

En declaraciones a RNE, Doménech ha afirmado que la economía española, y también la europea, se van a ver beneficiadas de las «tímidas» bajadas que han empezado a experimentar algunos tipos de interés, como el Euríbor, y del descenso de los precios del petróleo y del gas, que se encuentran «muy por debajo» de los niveles de hace unos trimestres.

En todo caso, Doménech, que hoy participará en la presentación del informe ‘Situación España de BBVA Research’, ha advertido de que «hay muchas incertidumbres por delante», empezando por las geopolíticas, y de que el año se presenta «bastante complicado», pues se celebran elecciones en todo el mundo, pero también en Europa.

Preguntado por si la mejora de las estimaciones del PIB se traducirá en una mejor previsión de la reducción del déficit público, Doménech ha asegurado que ahí tiene «alguna duda», pues una de las razones por las que «se sesga al alza el crecimiento económico en 2024 es precisamente una política fiscal más expansiva» de lo que BBVA Research había previsto para este año.

«El anuncio de extender las medidas de apoyo para hacer frente a la guerra de Ucrania se han extendido también a 2024, al menos a la primera mitad de este año, y esto hace que la política de gasto esté siendo más expansiva. Por un lado, es cierto que tenemos más crecimiento económico y eso puede ayudar a los ingresos, pero por otro lado, también estamos teniendo más gasto por esta extensión de los estímulos fiscales», ha explicado.