La gestión de la autopista de peaje AP-9 en Galicia ha sido un tema de constante debate y lucha política durante los últimos ocho años. Tras varios intentos fallidos, los principales grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de Vox, han expresado su apoyo a tramitar una iniciativa del Parlamento gallego para transferir la administración de esta infraestructura a la comunidad autónoma. El objetivo principal es lograr la gratuidad de la AP-9 para los usuarios, una demanda que ha cobrado cada vez más fuerza entre la ciudadanía y las fuerzas políticas gallegas.
La propuesta del Parlamento gallego busca que el Estado anule la concesión a la empresa Audasa hasta 2048 y posteriormente impulse la transferencia de la autopista a Galicia. Esta iniciativa representa el cuarto intento en ocho años de acometer dicha transferencia, una batalla que ha estado marcada por prórrogas y la falta de acuerdo entre las diferentes partes involucradas.
LA IMPORTANCIA DE LA GRATUIDAD Y LA TRANSFERENCIA DE LA AP-9
El PSOE ha destacado que la gratuidad de la autopista es lo más importante, a pesar de la necesidad de que Galicia sea quien gestione la carretera. Por su parte, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha instado a que la iniciativa sea aprobada en los términos que demanda la comunidad autónoma y en los plazos razonables que esperan los gallegos.
La líder del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Ana Pontón, ha urgido a transferir la AP-9 a Galicia para librarla de los peajes, recordando que el Parlamento Gallego lleva desde 2016 solicitando esta transferencia a través de diferentes proposiciones de ley remitidas al Congreso. Pontón se ha cuestionado si esta vez la iniciativa será definitivamente aprobada o si se seguirá «burlando» a la ciudadanía gallega.
Desde el Grupo Parlamentario de Sumar, el diputado Manuel Lago Peñas ha advertido que la simple transferencia de la autopista no es suficiente para resolver la «grave distorsión» que supone que la principal arteria de comunicación de Galicia sea explotada por una empresa privada propiedad de fondos de inversión. Por ello, considera que lo ideal sería que el Estado recuperase la autopista y posteriormente la transfiriera a la comunidad autónoma, evitando que Galicia siga siendo la única que pague peajes hasta 2048.
La única formación que se ha desmarcado expresamente de la iniciativa gallega ha sido Vox. La portavoz adjunta de Vox en la Comisión de Transportes, Carina Mejías, ha manifestado que su partido no apoya la propuesta, argumentando que el traspaso de competencias y de titularidad «no es necesariamente sinónimo de una gestión eficaz» al servicio de la ciudadanía. Además, Mejías ha admitido que los fondos titulares de la concesionaria «pretenden aprovecharse» de los beneficios que dejan los peajes.
UN LARGO CAMINO POR RECORRER
La batalla por la transferencia y la gratuidad de la AP-9 en Galicia ha sido una constante durante los últimos ocho años. A pesar de los numerosos intentos y las diferentes proposiciones de ley presentadas en el Congreso, la iniciativa sigue pendiente de aprobación, lo que ha generado frustración y desconfianza entre la ciudadanía gallega.
Los principales grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han expresado su apoyo a la tramitación de la iniciativa del Parlamento gallego, lo que podría representar un paso importante hacia la consecución de los objetivos de transferencia y gratuidad de la autopista. Sin embargo, la complejidad del proceso y los intereses de los diferentes actores involucrados hacen que el camino por recorrer aún sea largo y lleno de incertidumbres.
La resolución definitiva de este conflicto y la satisfacción de las demandas de los ciudadanos gallegos dependerán de la capacidad de los diferentes grupos políticos para encontrar un acuerdo que permita avanzar hacia una gestión más eficiente y equitativa de esta importante infraestructura de transporte en la comunidad autónoma.
