El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el Gobierno pretende introducir el debate de la venta a pérdidas, es decir, de la «destrucción de valor» en relación con ese tema para reforzar la Ley de Cadena Alimentaria, en un contexto marcado por el papel del comercio europeo y su marco regulatorio.

Así lo ha manifestado este jueves el titular de Agricultura en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado, donde ha asegurado que es un elemento «absolutamente fundamental» y que «estaba en la preocupación europea».

Esta intervención se ha producido un día después de que Planas y el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, firmaran el acuerdo para activar las medidas de apoyo al campo, formada por 43 medidas que responden a las principales preocupaciones del sector agrario.

En esta línea, Planas ha señalado que UPA «ha sido la primera organización que ha completado su trámite interno en modo y forma correspondiente de cara a completar y a llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Ante ello, ha asegurado que «en los próximos días», tal y como espera el Gobierno, «se unirán otras organizaciones agrarias una vez completados los trámites internos de consulta y de toma de decisión».

El ministro de Agricultura ha incidido en que en las 43 medidas que ha puesto sobre la mesa se incluye «una promesa, un compromiso por parte del Gobierno, bastante avanzado».

En concreto, «en aquellos productos donde la Unión Europea (UE) no haya fijado un límite máximo de residuos (LMR), España se compromete a aplicar un límite cero, un rechazo en frontera», ha especificado Planas.

ORGANIZACIONES AGRARIAS Y MOVILIZACIONES

Planas ha afirmado que tiene «la intención de modificar los mecanismos de representatividad en España para que el conjunto de las organizaciones presentes en la actividad real en España puedan estarlo también desde el punto de vista del diálogo y formal en la interlocución con el Ministerio de Agricultura.

En el Comité Asesor Agrario están representadas actualmente la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

El ministro se ha referido al «importante» papel representativo que hoy tiene también en algunas comunidades autónomas la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que también ha participado en el diálogo con el ministerio a un nivel técnico.

«Hago un llamamiento a ello», ha expuesto el titular de Agricultura, quien considera que «esto puede hacerse en beneficio del sector, de la forma más tranquila y consensual posible», dado que cree que la «interferencia de la política en estos elementos no es positiva».

Además, Planas ha afirmado que tiene la intención de ampliar la representatividad existente «para que las organizaciones integradas en Unión de Uniones puedan sentirse también parte de ese diálogo».

Con todo, Planas ha destacado que el propósito del Ministerio que dirige «es mantener el diálogo abierto de forma permanente con todas las organizaciones del sector con el propósito común de mantener una actividad agrícola y ganadera que sea rentable, tenga futuro y genere confianza a quienes tienen en ella su medio de vida».

En resumen, el ministro ha considerado que abrir la representatividad a las cuatro grandes organizaciones del sector es un elemento positivo que redundaría en beneficio del sector.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN

Planas ha reiterado el anuncio de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Alimentación, un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, y que tiene como objetivo asegurar el acceso a una alimentación sana, producida de forma sostenible, y que resulte asequible al conjunto de la población.

Para elaborar esta estrategia, el ministerio contará con la participación de las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y de todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria.

Además, Planas ha explicado que entre las iniciativas legislativas también la Ley de Prevención de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, cuya tramitación parlamentaria quedó en suspenso por la disolución de las Cortes en la anterior legislatura y que el Consejo de Ministros aprobó de nuevo el pasado 9 de enero y que en los próximos días iniciará su proceso de convalidación.

Ha destacado que esta ley es «muy importante» desde el punto de vista económico, social, ambiental y ético y tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos. «El alimento más caro es el que acaba en la basura», ha enfatizado.

El ministro también ha anunciado la promulgación a lo largo de esta legislatura de una Ley de Agricultura Familiar, con la que el Gobierno pretende establecer un marco normativo modernizado que siente las bases para el futuro de la agricultura familiar y profesional y de la Política Agraria Común (PAC) que defenderá España a partir de 2027.

APLICACIÓN DE LA «NUEVA PAC»

Respecto a la «nueva» PAC, Planas ha opinado que es «magnífica» y que «plantea claramente sus nuevos objetivos», aunque ha destacado la «complejidad» de su puesta en funcionamiento.

«Hay que reconocer que la complejidad de su puesta en funcionamiento, sobre todo para el agricultor o el ganadero de a pie en las declaraciones, pues ha constituido un elemento de preocupación sincera. Creo que lo hemos tenido en cuenta», ha manifestado.

Además, Planas ha insistido en que ha estado «permanentemente» en contacto con la Comisión Europea, en particular para lograr algo que es «muy importante», como lo ha sido la simplificación de la PAC.

LEY DE LA CADENA «PIONERA»

En este contexto, Planas ha ensalzado el papel de la Ley de Cadena Alimentaria española. «A veces somos pioneros sin saberlo. O lo sabemos. En España hacemos cosas bien y, en ocasiones, hasta muy bien», ha comentado el titular del ramo.

«Cada uno tiene su punto de vista político, no quiero condicionar a la oposición en su punto de vista, pero, evidentemente, yo creo que las cosas cuando se hacen bien, y uno recibe una delegación de parlamentarios polacos, alemanes, italianos y todo el mundo pregunta por la Ley, pues algo habrá», ha comentado.

PLANAS PIENSA EN EL «POST-2027»

Planas ha manifestado que dentro de los mercados internacionales de materias primas y de productos como cereales o fertilizantes, el Gobierno «ha utilizado los fondos de reserva de la Unión Europea (UE), «válido para los desarrollos de mercado, pero no para los climáticos».

«¿Por qué?», se ha preguntado el titular de Agricultura, quien manifiesta que es por «la cuantía del fenómeno al que nos encontramos», señalando que «este es un tema» que no va a tratar este jueves, pero que lo deja como «una pista» de cara al futuro.

«Evidentemente estoy pensando en el post-2027», ha subrayado Planas, afirmado que hasta ese año van a continuar en el Gobierno.

SEGUROS AGRARIOS

El ministro ha hecho hincapié en el mantenimiento de una de las líneas que forman parte de la columna vertebral de las políticas del ministerio, el apoyo a la contratación de seguros agrarios, una herramienta imprescindible en un escenario de cambio climático.

En los dos últimos años se ha batido el récord de pago de indemnizaciones por fenómenos adversos que han dañado cosechas y explotaciones –en 2023 se superaron los 1.200 millones de euros– lo que, según Planas evidencia que se expone a nuevos retos en sus 40 años de historia.

Clarel se ha aliado con la comercializadora Gesternova Energía para abastecerse exclusivamente de energía verde en todas sus tiendas, almacenes y oficinas, según informa en un comunicado.

En concreto, desde el pasado 1 de abril y hasta finales de 2024, la cadena de perfumerías que ya pertenece al grupo colombiano Trinity tras cerrar la compra al Grupo Dia, reducirá sus emisiones de CO2 en un 40%. En los años siguientes, sus emisiones se reducirán aún más, alcanzando un 53%.

Con esta iniciativa, Clarel ha neutralizado por completo las emisiones de alcance 2, que representan una parte considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El origen 100% renovable de la energía suministrada por Gesternova está certificado con la etiqueta A (mínimo impacto ambiental) por el Sistema de Garantías de Origen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta decisión se suma a otras medidas de Clarel para reducir al mínimo su huella de carbono como el suministro de cajas de regalos, bolsas, cestas de compra y folletos procedentes de fuentes sostenibles y con certificados FSC o PEFC.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reconocido este jueves que la reforma de la financiación autonómica es «una tarea pendiente», y ello después de que el presidente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), haya firmado este jueves una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, reclamándole que en la próxima Conferencia de Presidentes firme un compromiso de Estado con el objetivo de compensar los gastos que sus políticas tienen para las cuentas de las comunidades autónomas.

En una atención a medios durante un encuentro en la Diputación de Sevilla con su presidente, el socialista Javier Fernández, la ministra, que es diputada del PSOE por Ciudad Real y fue también alcaldesa de Puertollano, se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicha carta que el presidente castellanomanchego ha dirigido a Pedro Sánchez.

Isabel Rodríguez ha comentado que «la financiación autonómica es sin duda una tarea pendiente», y ha agregado que «el Gobierno», y su propio presidente, Pedro Sánchez, ya han manifestado su «voluntad de querer abordar el nuevo modelo de financiación autonómica».

Es una de las grandes prioridades del Gobierno«, ha remarcado la ministra de Vivienda antes de apostillar que, al respecto de esta reforma, «tampoco hemos encontrado» desde el Ejecutivo «voluntad» en el «principal partido de la oposición», en referencia al PP, que «sin duda es necesario para abordar una reforma de estas características», según ha remarcado.

Tras ello, Isabel Rodríguez ha defendido que, en «el ámbito de la financiación de las políticas públicas de vivienda, en España, las comunidades autónomas están financiando sus políticas de vivienda, más allá de los ingresos ordinarios que reciben del Estado, gracias al impulso decidido y sin precedentes del Ministerio» que ella dirige, «con un presupuesto como nunca antes en la historia, con más de 3.500 millones de euros que van destinados y dirigidos fundamentalmente a las comunidades autónomas», según ha puesto de relieve.

El expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, que permaneció en el cargo durante todo 2023 hasta su cese el pasado 27 de diciembre, recibió una retribución bruta de 207.077,65 euros el año pasado, según consta en el portal de transparencia de la empresa pública postal.

Este sueldo está en línea con los 208.513 euros recibidos el año anterior, aunque supone un incremento del 16% respecto a la retribución del año 2019 y del 8,4% en comparación con los 191.052 euros que cobró su predecesor en el cargo, Javier Cuesta, en 2017.

Serrano también recibió una indemnización de 25.335,8 euros al ser cesado, algo superior a los de 24.616 euros que obtuvo Cuesta cuando fue sustituido en julio de 2018 tras la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez en mayo de ese año y después de estar en el cargo desde el año 2012, con el ascenso de Mariano Rajoy a la presidencia.

El nuevo presidente, Pedro Saura, cobró 1.440 euros por los apenas cinco días que estuvo en el cargo en 2023.

Juan Manuel Serrano fue desde el año 2014 jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de Pedro Sánchez. Tras su cese como presidente de Correos, pasó a ser director general de Seitt, la empresa pública que gestiona las auopistas estatales.

La asociación Promarca, junto con la organización The Brattle Group y Kantar, han concluido que las cadenas de distribución aplican un margen comercial «muy superior» a las marcas de fabricante (MDF) y reducen «drásticamente» su presencia en los lineales, según han informado este jueves en un comunicado.

Las conclusiones han sido obtenidas mediante la comparación de los informes ‘Cómo crece la Marca de la Distribución’ (2022), realizado por Kantar y ‘Márgenes de Comercialización en el sector de la Distribución Alimentaria’ (2012), elaborado por The Brattle Group.

En esta línea, el informe más reciente refleja que en los últimos 5 años un 23% de las marcas de fabricante han sido eliminadas de los lineales de las cadenas de distribución, mientras que su marca de distribución ha crecido un 13%, sumado a una reducción «drástica» de innovación en el sector de gran consumo.

Asimismo, los márgenes aplicados por las cadenas de distribución a las marcas de fabricante (MDF) son entre 2 y 18 veces superiores a los aplicados a las marcas de la distribución (MDD).

En concreto, en el sector de gran consumo (alimentación, bebidas, droguería y cuidado personal), las cadenas de distribución aplican mayores márgenes a las MDF frente a las MDD con el fin de incitar al consumidor final a comprar las MDD, según los datos recogidos en el estudio de 2012.

DESAPARICIÓN DE LAS MARCAS DE FRABRICANTE

Por ello, Promarca, The Brattle Group y Kantar han alertado de que las prácticas de las MDD están «distorsionando la competencia» entre MDF y MDD, dándole «mayor poder» de negociación a los distribuidores, y han señalado que estas actividades «están provocando la desaparición de las marcas y su incentivo a innovar».

El presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, ha señalado que cada año el fabricante tiene menos incentivos para seguir innovando y salen menos productos innovadores en los mercados.

Si las distribuidoras dejasen a un lado estas prácticas «discriminatorias», y aplicaran márgenes a la MDF equivalentes a los de la MDD, se reduciría el precio de las MDF entre un 4% y un 41%, disminuyendo el diferencial de precios en un 48%, según el comunicado de Promarca.

CRECIMIENTO DE LA MARCA DE DISTRIBUCIÓN

Según el último informe de Kantar, el principal factor que explica el crecimiento de la MDD está relacionado con la competencia entre retailers, reflejando que el surtido es uno de los factores principales que determina la cesta de la compra.

El ‘Consumer Insights director’ de Kantar, división Worldpanel, César Valencoso, ha explicado que la estrategia competitiva de los retailers está «menoscabando» la presencia de las marcas de fabricante en los lineales, y ha añadido que la reducción de surtido es «el principal motivo» por el que disminuye la cuota de mercado de las MDF, ya que «no hay opción de escoger marca de fabricante».

En esta línea, el informe de Kantar señala que la cuota de mercado del surtido de la MDD de las cadenas de distribución alcanza el 65% en el 80-100% de sus categorías, como en es caso de «Mercadona, Carrefour y Lidl».

El ‘principal’ de The Brattle Group, José Antonio García, ha explicado que en los resultados de los estudios realizados en el 2022 y 2012, las diferencias «son pequeñas y las conclusiones similares», añadiendo que la CNMC «vuelve a identificar concentración en el mercado».

De su lado, Ignacio Larracoechea ha denunciado de que esta competencia «desleal» tiene consecuencias «negativas» para el sector, como la reducción de la competencia en los lineales, la disminución de la innovación y la pérdida de empleo e impuestos, por lo tanto, propone que las MDF y MDD compitan en igualdad de condiciones.

Alcoa ha trasladado en la reunión de seguimiento de este jueves que prevé tener a mediados de junio ofertas vinculantes de compradores del complejo industrial de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

Al término del encuentro en Madrid, el comité de empresa ha informado de que Alcoa ha expuesto que ya han comenzado los contactos con potenciales compradores, por lo que la compañía estima que a mediados de mayo habrá ofertas no vinculantes, las cuales serán vinculantes a medidos de junio.

Así, Alcoa les ha presentado una situación financiera a cinco años con líneas de actuación para garantizar la viabilidad, en un contexto en el que se augura que en la segunda mitad del año se terminarían los fondos y se podría llegar a considerar una posible situación de insolvencia.

Por su parte, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha explicado que se ha pedido «concreción» a la compañía en los plazos de esa venta, por lo que la empresa ha puesto el horizonte de junio para las ofertas vinculantes. Muestra el «compromiso» de la Xunta para «acompañar, examinar y ayudar» para conseguir «seriedad» y «solvencia» en el comprador.

Ahora, Xunta y Gobierno se han emplazado a cerrar un acuerdo de confidencialidad la próxima semana con Alcoa de cara a una comunicación entre compañía y ambos ejecutivos «en el examen de ofertas» y «seriedad de empresas» que sean posibles compradoras.

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Entre otras cuestiones, la empresa ha pedido una flexibilización del rearranque de las cubas en función de la viabilidad, ha demandado usar el depósito de garantías para compensar pérdidas, se ha referido a un retraso en la inversión del horno de ánodos hasta 2026 ligado a la viabilidad de la operación y ha apostado por un programa de bajas voluntarias.

Mientras, el comité ha remarcado que no van a modificar el acuerdo de viabilidad firmado ni tampoco va a «permitir que Alcoa acceda al depósito financiero».

«Los diferentes mecanismos de los gobiernos deben participar y garantizar el proceso de venta. Es vital que el proyecto de construcción del horno de cocción de ánodos se inicie cuanto antes para garantizar la carga de trabajo de las empresas auxiliares y para la viabilidad de la empresa a largo plazo», asegura el comité en un comunicado.

En esta línea, el presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, indica que el plan a cinco años presentado por Alcoa no presenta «ninguna garantía», con 600 millones en pérdidas los primeros años, por lo que «no tiene salida ninguna económica». Por ello, la «única solución que se ve es la venta», pero incide en que «tiene que realizarse por el Gobierno y la Xunta vigilando todo el proceso, siendo parte y los responsables en cualquier decisión final de venta. «No podemos permitir que sea Alcoa quien decida a quién vende», pues «lo más importante es buscar viabilidad a largo plazo».

Paralelamente, los representantes de los trabajadores requieren la creación inmediata de una mesa técnica que aborde la urgencia de las tramitaciones de las ampliaciones de la balsa de lodos (DBR) y parques eólicos, con técnicos de ministerios de Transición Ecológica e Industria, así como de las consellerías de Industria, Medio Ambiente y Sanidade de la Xunta.

Por su parte, Lorenzana expone que tanto el comité como la Xunta emplazaron a Alcoa a que «continúe en el cumplimiento del acuerdo» y ejecute las inversiones, principalmente el horno de ánodos, que «son imprescindibles para garantizar viabilidad y competitividad de la fábrica».

La conselleira avisa de que es «muy importante» que se cumpla con la «garantía económica hecha para que se pueda cubrir esa inversión en caso de que no se llegase a realizarse», además para un futuro comprador que «coja la compañía en la mejor de las condiciones posibles». Deja claro que estarán «vigilantes» para que se garantice el «mantenimiento» de la actividad industrial y puestos de trabajo.

GOBIERNO: «EL COMPRADOR DEBE TENER VOCACIÓN DE PERMANENCIA»

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha explicado que «se ha abierto una nueva opción que es la que ha puesto la empresa encima de la mesa que es una posible venta de Alcoa a cualquier otra empresa».

Subraya que Xunta y Gobierno analizarán el proceso de venta, en el que el Ministerio de Industria va «a participar activamente» desde el Ministerio de Industria con este proceso.

«Sí que hemos dejado claro por parte del Ministerio de Industria que hay una condición importantísima y es que el futuro comprador, si es que lo hay, tiene que tener muy claro una vocación de permanencia», asevera Torró, de forma que la producción «siga en Galicia».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado «positiva» la reunión bilateral mantenida con el titular de Transporte francés, Patrice Vergriete, a primera hora de este jueves en Bruselas.

Se trata de un encuentro del que no han trascendido más detalles, pero sobre el que Puente adelantó que exigiría «reciprocidad» en el acceso al mercado ferroviario galo y «responsabilidad» por el modelo de precios bajos de Ouigo, filial de la empresa pública de ferrocarril francesa (SNCF).

«Una reunión positiva para avanzar en las cuestiones pendientes en materia de movilidad entre ambos países», ha escrito Puente, sin dar más detalles de lo discutido, en un breve mensaje publicado en su perfil oficial de X para acompañar varias imágenes del encuentro.

Vergriete tampoco ha hecho declaraciones tras el encuentro –de unos 45 o 50 minutos de duración– y se ha limitado a publicar en su perfil de la misma red social el mensaje de Puente sin añadir comentarios propios.

Fuentes diplomáticas galas apuntan a «avances positivos» en las cuestiones que preocupaban a España pero evitan ahondar en detalles de lo discutido.

El encuentro ha tenido lugar en los márgenes de una reunión informal de dos días en la que participan los ministros de Transporte de toda la Unión Europea en Bruselas y, ya el día anterior, Puente apuntó en declaraciones a la prensa las claves de la agenda de la bilateral con su colega francés.

También reveló que España hubiera querido que a este encuentro asistiera también la Comisión Europea pero que finalmente fue sólo entre los dos ministros porque Francia no accedió a que intervinieran representantes comunitarios.

Así, Puente aseguró el miércoles que aprovecharía la reunión para exigir a Francia «reciprocidad» en el acceso de las empresas españolas al mercado ferroviario galo y «responsabilidad» ante modelos de negocio como el de Ouigo, compañía a la que el propio ministro ha reprochado en las últimas semanas su política de precios bajos y su impacto en Renfe.

Además, España quería abordar otro asunto espinoso en las relaciones bilaterales como es la intención del Gobierno francés de aplazar hasta 2042 el desarrollo de la conexión de alta velocidad con la península por el corredor Atlántico, un trazado que forma parte de la red transeuropea de transportes común con el compromiso de culminarlo en el horizonte de 2030.

Hace un año, Bruselas pidió explicaciones a París por el retraso e instó al Gobierno de Emmanuel Macron a tomar medidas para cumplir los plazos, pero por el momento Francia no ha anunciado cambios.