Iberdrola elevará a 6.000 millones de euros su inversión en redes eléctricas en España hasta 2030. La cifra duplica el esfuerzo inversor de la compañía en distribución y digitalización, y se reparte entre 2027 y el final de la década con un primer tramo de 1.200 millones previsto para el próximo ejercicio.
El anuncio no es una declaración de intenciones de despacho. La eléctrica reunió el pasado 10 de noviembre a cerca de 300 responsables de sus principales empresas proveedoras y contratistas en su Campus de Formación e Innovación, en San Agustín de Guadalix (Madrid), para trasladarles el calendario que viene.
El mensaje fue explícito. El presidente ejecutivo, Ignacio Galán, habló de ‘un nuevo ciclo de crecimiento que va a durar muchos años’ y advirtió de que ‘los grandes planes de inversión solo se pueden ejecutar si detrás existe una cadena de suministro fuerte y preparada.
La jornada se celebró bajo el lema ‘Impulsando juntos la electrificación’ y se centró en la planificación conjunta: capacidad productiva de los proveedores, disponibilidad de recursos humanos y técnicos, suministro de materiales críticos, necesidades de ingeniería y captación de profesionales cualificados.
Un ciclo de 6.000 millones entre 2027 y 2030
Los números concretos son estos. Iberdrola destinará 6.000 millones de euros a redes eléctricas en España entre 2027 y 2030, lo que supone duplicar el esfuerzo inversor de la compañía en distribución. El primer ejercicio del plan, 2027, absorberá 1.200 millones.
El objetivo declarado es doble: reforzar las infraestructuras eléctricas para atender el crecimiento de la demanda y facilitar la electrificación de hogares, empresas e industrias. Traducido a la práctica, que exista capacidad de red disponible cuando un cliente —industrial, comercial o doméstico— quiera conectarse.
Todo pasa por el cable.
La red eléctrica ha dejado de ser un coste a gestionar para convertirse en el cuello de botella que decide quién puede electrificar y a qué velocidad.
La compañía enmarca el movimiento en la necesidad de contar con ‘empresas eléctricas con masa crítica y capacidad financiera’ y con ‘proveedores fiables, competitivos, innovadores y con capacidad de ejecución’, en palabras de su presidente ejecutivo.
La distribución es el segmento menos visible del negocio eléctrico y, a la vez, el que más peso estratégico ha ganado en los últimos años. Mientras la generación renovable afronta precios bajos y vertidos crecientes, la red regulada ofrece una rentabilidad más estable y ajena al vaivén del mercado mayorista. Las grandes utilities europeas han reorientado hacia allí buena parte de sus planes de capital.
Trescientos proveedores en el mismo salón
A la cita acudieron representantes de ABB, Arteche, Eiffage, Elecnor, Faramax, General Electric, Ingeteam, Ormazabal, Hitachi, Siemens y Schneider. También estuvieron el director de Compras de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, y la consejera delegada de i-DE, Eva Mancera.
El peso económico de esa cadena no es menor. Iberdrola realiza compras anuales por 14.000 millones de euros a su cadena de suministro en todo el mundo, de los que más de 2.500 millones corresponden a España. Según los datos que publica la propia compañía, esa actividad sostiene alrededor de medio millón de empleos a escala global y unos 120.000 puestos en territorio nacional.
La elección del foro tampoco es casual. Reunir a 300 contratistas antes de lanzar el plan inversor sirve para sincronizar capacidades: quien no amplíe plantilla o taller en 2027 se quedará fuera del reparto. En un sector donde los pedidos se planifican con años de antelación, esa señal vale tanto como el contrato.
Para las empresas industriales y de servicios que fabrican equipos, desarrollan proyectos de ingeniería o mantienen infraestructuras, el nuevo ciclo abre una ventana de contratos que no se veía desde el plan anterior. El calendario de pedidos es la prueba real.
El cuello de botella de la distribución
La lectura de fondo es que la electrificación ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una factura de capital. Cada nueva conexión industrial, cada punto de recarga, cada bomba de calor doméstica exige kilómetros de red que hasta hace poco no se consideraban rentables. Iberdrola mueve ficha antes de que ese cuello se cierre del todo.
Hay un riesgo evidente en el plan. La cadena de suministro española no fabrica todo lo que el despliegue necesita: aparamenta, transformadores y cable de alta tensión dependen de un puñado de proveedores globales con carteras ya comprometidas en Europa y Estados Unidos. Los fabricantes de equipos eléctricos vienen señalando plazos de entrega superiores a los de hace tres años, una tensión que no se resuelve ampliando fábrica de un trimestre para otro.
La segunda incógnita es regulatoria. La retribución de la actividad de distribución se fija por periodos regulatorios y determina cuánto de esos 6.000 millones acaba reconocido en la base de activos. Los marcos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia condicionan la rentabilidad final del despliegue, y ningún plan de inversión de este tamaño es ajeno a esa variable.
Un plan de 6.000 millones solo se sostiene si el regulador reconoce la inversión y si los proveedores entregan a tiempo. Cualquiera de las dos patas puede fallar.
Hay además un contexto corporativo que conviene no perder de vista. El sector asiste al frenazo del plan de desinversión de Acciona Energía, una operación que no llegó a cerrarse y que ha enfriado las expectativas de rotación de activos en el mercado español. En ese escenario, crecer en red regulada resulta más previsible que vender parques renovables. La decisión de Iberdrola encaja con esa lógica.
Queda el detalle del empleo cualificado. Un despliegue de esta magnitud exige ingenieros, técnicos de alta tensión y operarios especializados que el mercado laboral español no tiene en abundancia. La propia jornada del 10 de noviembre incluyó entre sus ejes la captación de profesionales, lo que da una idea de dónde están las costuras del proyecto.
La próxima prueba de fuego llegará con las primeras adjudicaciones de obra del ejercicio 2027. Si los pedidos se formalizan a tiempo, el plan de 6.000 millones tendrá base física y se notará en la actividad de un centenar largo de empresas auxiliares. Si no, quedará en una cifra de presentación. La diferencia entre ambos escenarios no está en el balance de Iberdrola, sino en la capacidad de la industria que le surte.
