Feijóo suprimirá el Ministerio de Vivienda si es investido tras el 29N y llevará la política del ramo a una vicepresidencia estratégica.
El líder del PP lo confirmó en el podcast The Wild Project, un día después de que la Diputación Permanente aprobara el ‘decreto Maricarmen’, el paquete de medidas por la vivienda que los populares ya han anunciado que derogarán. Su Gobierno, dijo, tendrá menos altos cargos: Igualdad y Vivienda se quedarán sin ministerio propio.
El argumento de fondo es de jerarquía. Si la vivienda ‘es el principal problema del país’, en palabras de Feijóo, debe gestionarse desde una vicepresidencia capaz de sentar a Transportes, Economía y Hacienda en la misma mesa. La objeción va en dirección contraria: sin cartera propia se pierde asiento en el Consejo de Ministros, peso en la Conferencia Sectorial y mando sobre los fondos europeos que financian suelo.
No sería la primera vez. El Ministerio de Vivienda existió entre 2004 y 2010 y se disolvió en plena crisis, cuando el Ejecutivo lo integró en Fomento con el argumento de la austeridad; la cartera tardó más de una década en recuperar el rango. En Reino Unido la competencia ha cambiado de departamento media docena de veces desde 2001, con equipos técnicos reinventados en cada mudanza. El organigrama nunca ha construido una sola vivienda.
De ministerio a vicepresidencia: qué cambia en el mapa institucional
En la práctica, una vicepresidencia gana lo que un ministerio pequeño no tiene: capacidad de cruzar competencias. La vivienda depende del suelo (Transportes y ayuntamientos), de la financiación (ICO y banca), de la fiscalidad (Hacienda y comunidades) y de la obra (industria y formación). Un rango superior puede acelerar esa coordinación. Lo que no puede es suplir la falta de una autoridad clara cuando toca adjudicar un suelo.
El pulso inmediato es otro. El PP ha hecho de la derogación de la Ley de Vivienda de 2023 una bandera: eliminaría las zonas de mercado residencial tensionado —las áreas donde la norma topa la renta del alquiler— y el índice de precios de referencia. Su sustitución por incentivos fiscales vertebra el discurso y, a la vez, concentra las dudas técnicas: el efecto sobre el precio del alquiler no es automático en ninguno de los países donde se ha probado.
Ninguna reorganización administrativa ha bajado un solo euro el precio del metro cuadrado: la vivienda se pelea con presupuesto, suelo y licencias, no con organigramas.
Lo que el PP promete por escrito: IVA del 4%, aval del 20% y un millón de viviendas
El programa concreta la letra pequeña. El IVA del 4% —frente al 10% actual— para la primera vivienda de los menores de 40 años, con pago fraccionado al ritmo de la hipoteca, y una rebaja del ITP (el impuesto autonómico que se paga al comprar vivienda usada) pactada con las comunidades. Se amplía de dos a cuatro años el plazo para reinvertir y mantener la exención en el IRPF, y el aval público del 20% se extiende hasta los 40 años, con la puerta abierta a los 50.
A eso se suma la ‘hucha hogar joven’: hasta 2.000 euros anuales con deducción del 20% y tope acumulado de 40.000. En oferta, el compromiso es de un millón de viviendas, con nueva Ley del Suelo, licencias resueltas en tres meses y silencio administrativo positivo (si el ayuntamiento no contesta en plazo, la licencia se entiende concedida), vivienda social en suelo dotacional, cambio de uso de oficinas y flexibilización de alturas y edificabilidad.
La crítica se concentra en dos puntos. El silencio positivo no resuelve la falta de arquitectos y jurídicos en los ayuntamientos pequeños y puede judicializar licencias. Y la rebaja de seis puntos de IVA tiene coste fiscal justo en el tramo donde el grueso de los compradores que se acoge a estas ayudas tienen ya capacidad de endeudamiento. En vivienda protegida, Feijóo añadió otro criterio: valorar los años de censo en el municipio y las cotizaciones del solicitante antes que el arraigo.
La Ficha del Inversor
La métrica clave está en el IVA. Sobre una vivienda de 200.000 euros, pasar del 10% al 4% rebaja la factura fiscal de 20.000 a 8.000 euros: 12.000 euros de ahorro, el 6% del precio. El aval del 20% sobre un piso de 180.000 euros libera 36.000 euros de entrada, el porcentaje que hoy decide entre firmar o seguir alquilando.
La tendencia a seis meses es de compás de espera. Hasta el 29 de noviembre y la investidura posterior, el mercado descontará dos escenarios y las compras de primera vivienda se retrasarán. El perfil al que habla esta reforma es el comprador menor de 40 años que aún no ha firmado; en segunda fila, el inversor patrimonial que calcula cuánto vale la derogación de las zonas tensionadas. Para el promotor mediano, la variable decisiva es otra: si las licencias bajan de doce meses a tres.
Queda un riesgo de fondo. Suprimir el rango abarata el organigrama y complica la interlocución: la vivienda se negocia con Bruselas, con las autonomías y con la banca, y cada mesa exige una firma con competencias propias. La próxima cita son las urnas; después, el calendario lo marcará quién gobierna y con qué mayoría.
